Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
-Said Villavicencio
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El próximo 6 de Agosto, cuando Bolivia cumpla 184 años de vida republicana, debe ser el momento en el que la conciencia ciudadana de todos/as quienes habitamos sus nueve departamentos y 327 municipios, dé un salto y despierte a la realidad integral del país para interpelar al Estado (Gobierno Central, Prefecturas y Municipios, además de instituciones y empresas estatales) sobre la administración de la cosa pública, donde su parte más sensible está en el manejo de sus recursos financieros.
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Por lo tanto el mejor regalo que podemos hacerle a Bolivia en su natalicio, es recordar el sacrificio de sus héroes y heroínas por legarnos una país libre e independiente, pero sin olvidar que cuando nació a la vida republicana en 1825, la hija predilecta del Libertador Simón Bolívar lo hizo, ya con dos deudas (síndrome social de los/as pobres -personas y países-): "un saldo de 200 mil dólares al Bajo Perú y 700 mil dólares que forman el saldo de un millón votados por la Asamblea General de las Provincias del Alto Perú en 1825 como recompensa al Ejército Libertador" (Joseph Barclay Pentland. Informe sobre Bolivia 1826. p. 141) y que en la actualidad, ese lastre histórico sigue como una sombra maligna que oscurece el porvenir de sus hijos/as, que hace necesario bañarlo de luz. Este debe ser el objetivo central a partir de ahora y tiene que cuestionarnos, porque nos afecta a todos/as y es uno de los mayores peligros para la realización de las futuras generaciones.
Al respecto cabe subrayar que la deuda por sí misma no es buena ni mala, dentro del contexto general del sistema capitalista; por lo tanto, dentro del marco de referencia de esta sociedad, no debiera ser preocupante si los/as gobernantes adquieren créditos con diferentes fines. Sin embargo, lo que preocupa de las deudas fiscales, está en que se desconoce casi todo respecto a las condiciones en que se contrataron desde el Siglo XIX, a lo largo de todo el Siglo XX y, desde luego, en los años que corren en el presente Siglo XXI, por lo cual es urgente y necesario saber quiénes fueron -y son- los/as responsables (con nombres y apellidos concretos) de todas y cada una de esas contrataciones y, por supuesto, de sus manejos, para saber si dichos recursos fueron invertidos, gastados, despilfarrados, desviados, apropiados. que es lo más seguro, dadas las denuncias recurrentes a los largo de los años, de un sinfín de actos de corrupción conocidos a través de los medios de información.
En consecuencia, urge revisar, analizar, estudiar. todos los documentos, evidencias, procesos, resultados, gestiones, cuentas. de las deudas para comprender sus procedimientos y, por supuesto, revelar errores e identificar a los/as responsables para saber cuáles son legítimas (tienen respaldo de los/as ciudadanos/as por haber sido éstos/as consultados/as para su contratación) o ilegítimas; legales (respetan las leyes) o ilegales; y, por supuesto lícitas o, en su caso, ilícitas (están vinculadas a hechos de corrupción).
Lo anterior implica auditar la deuda pública y esto abre la posibilidad para inundar de claridad y transparencia esta caja negra en el manejo de los recursos financieros del Estado. Así, de comprobarse comisión de delitos (por acción u omisión de uno/a, algunos/as o todos/as los/as responsables de un caso determinado), la auditoría puede y, sobre todo, debe conducir a la apertura de procesos judiciales tendientes a la recuperación de dichos recursos y, por supuesto, de hacerles pagar daños y perjuicios.
Hasta ahora, lo tradicional, común y recurrente en la historia del país es que los/as gobernantes de turno -sin excepción alguna- (Presidencia de la República, Prefecturas, Alcaldías.) han hecho una costumbre el tomar créditos, sin consultar ni tomar en cuenta a quienes con sus privaciones y pobreza permanentes, son los/as eternos/as pagadores/as de todas las deudas de Bolivia. Por lo tanto, aquellos préstamos contraídos a nombre del país, pero sin haber consultado a sus ciudadanos/as son ilegítimos.
Otros gobiernos, por encima de las leyes vigentes y violando el espíritu de la Constitución Política del Estado, además se han dado a la tarea de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones al contratar más préstamos, lo que significa que éstos son ilegales. Todos ellos, sin excepción, corresponden a los gobiernos de facto.
Junto a los anteriores créditos, están los que tienen vinculaciones directas con hechos de corrupción, muy frecuente en las dictaduras, además de otros, como los neoliberales, donde "los ladrones de instituciones públicas (provocaron) daño(s) al Estado, por 300 millones de dólares, cada año" (Opinión, Cochabamba, 3 de septiembre de 2000).
Esta mirada general a la deuda pública, sin duda alguna, debe obligarnos a ver la necesidad de exigir al Estado nuestro derecho de saber -con total transparencia- todo cuanto tenga que ver con las deudas, por lo menos desde la dictadura de Hugo Banzer Suárez (21 de agosto de 1971 a 21 de julio de 1978), que es el tiempo en el que el volumen de las deudas se multiplican y que hoy -como una secuela perniciosa de esos años fatídicos- seguimos arrastrando, pues cuando el Estado contrata un crédito, la garantía de los pagos es el país con todo lo que tiene: sus recursos económicos, financieros, naturales, ecológicos y, desde luego, humanos, por lo que es nuestro derecho exigir que todas las autoridades y funcionarios/as públicos/as rindan cuenta de lo que hacen o dejan de hacer (en este caso de los préstamos que contraen) a nombre de nuestro país, porque se trata de nuestras vidas y la de nuestras familias.
En conclusión, el mejor homenaje a Bolivia, en su próximo cumpleaños, es demandar del Poder Ejecutivo la aprobación de la auditoría de la deuda pública y para ello el Gobierno Central debe emitir un Decreto Supremo, como sucedió en la hermana República de Ecuador con el Decreto Ejecutivo Nº 472, firmado por el Presidente Constitucional, Rafael Correa Delgado, el 9 de julio de 2007 y que ya dio excelentes resultados para el Tesoro ecuatoriano, frente a sus acreedores.
Esta demanda ciudadana, por lo tanto, puede y debe incorporar también a las autoridades (Presidente, Vicepresidente, Prefectos/as, Alcaldes/as, Senadores/as Diputados/as, Ministros/as, Viceministros/as.), para que pueda ser realizada a la brevedad posible, dado que es un derecho democrático elemental el exigir, a todos/as los servidores/as públicos: autoridades y funcionarios, a rendir cuentas de lo que hacen, o dejan de hacer (en este caso sobre la contratación de créditos) a nombre de Bolivia, cultura que debemos aprender a ejercerla todos/as los/as bolivianos/as, más en los tiempos actuales que muestran profundas reformas que configuran un nuevo rostro: el de la Bolivia plurinacional que se apresta a festejar con sus hijos/as su 184 aniversario patrio y espera un gran y merecido regalo: la auditoría de la deuda pública.
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Bolpress - Bolivia/04/08/2009
El próximo 6 de Agosto, cuando Bolivia cumpla 184 años de vida republicana, debe ser el momento en el que la conciencia ciudadana de todos/as quienes habitamos sus nueve departamentos y 327 municipios, dé un salto y despierte a la realidad integral del país para interpelar al Estado (Gobierno Central, Prefecturas y Municipios, además de instituciones y empresas estatales) sobre la administración de la cosa pública, donde su parte más sensible está en el manejo de sus recursos financieros.
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Por lo tanto el mejor regalo que podemos hacerle a Bolivia en su natalicio, es recordar el sacrificio de sus héroes y heroínas por legarnos una país libre e independiente, pero sin olvidar que cuando nació a la vida republicana en 1825, la hija predilecta del Libertador Simón Bolívar lo hizo, ya con dos deudas (síndrome social de los/as pobres -personas y países-): "un saldo de 200 mil dólares al Bajo Perú y 700 mil dólares que forman el saldo de un millón votados por la Asamblea General de las Provincias del Alto Perú en 1825 como recompensa al Ejército Libertador" (Joseph Barclay Pentland. Informe sobre Bolivia 1826. p. 141) y que en la actualidad, ese lastre histórico sigue como una sombra maligna que oscurece el porvenir de sus hijos/as, que hace necesario bañarlo de luz. Este debe ser el objetivo central a partir de ahora y tiene que cuestionarnos, porque nos afecta a todos/as y es uno de los mayores peligros para la realización de las futuras generaciones.
Al respecto cabe subrayar que la deuda por sí misma no es buena ni mala, dentro del contexto general del sistema capitalista; por lo tanto, dentro del marco de referencia de esta sociedad, no debiera ser preocupante si los/as gobernantes adquieren créditos con diferentes fines. Sin embargo, lo que preocupa de las deudas fiscales, está en que se desconoce casi todo respecto a las condiciones en que se contrataron desde el Siglo XIX, a lo largo de todo el Siglo XX y, desde luego, en los años que corren en el presente Siglo XXI, por lo cual es urgente y necesario saber quiénes fueron -y son- los/as responsables (con nombres y apellidos concretos) de todas y cada una de esas contrataciones y, por supuesto, de sus manejos, para saber si dichos recursos fueron invertidos, gastados, despilfarrados, desviados, apropiados. que es lo más seguro, dadas las denuncias recurrentes a los largo de los años, de un sinfín de actos de corrupción conocidos a través de los medios de información.
En consecuencia, urge revisar, analizar, estudiar. todos los documentos, evidencias, procesos, resultados, gestiones, cuentas. de las deudas para comprender sus procedimientos y, por supuesto, revelar errores e identificar a los/as responsables para saber cuáles son legítimas (tienen respaldo de los/as ciudadanos/as por haber sido éstos/as consultados/as para su contratación) o ilegítimas; legales (respetan las leyes) o ilegales; y, por supuesto lícitas o, en su caso, ilícitas (están vinculadas a hechos de corrupción).
Lo anterior implica auditar la deuda pública y esto abre la posibilidad para inundar de claridad y transparencia esta caja negra en el manejo de los recursos financieros del Estado. Así, de comprobarse comisión de delitos (por acción u omisión de uno/a, algunos/as o todos/as los/as responsables de un caso determinado), la auditoría puede y, sobre todo, debe conducir a la apertura de procesos judiciales tendientes a la recuperación de dichos recursos y, por supuesto, de hacerles pagar daños y perjuicios.
Hasta ahora, lo tradicional, común y recurrente en la historia del país es que los/as gobernantes de turno -sin excepción alguna- (Presidencia de la República, Prefecturas, Alcaldías.) han hecho una costumbre el tomar créditos, sin consultar ni tomar en cuenta a quienes con sus privaciones y pobreza permanentes, son los/as eternos/as pagadores/as de todas las deudas de Bolivia. Por lo tanto, aquellos préstamos contraídos a nombre del país, pero sin haber consultado a sus ciudadanos/as son ilegítimos.
Otros gobiernos, por encima de las leyes vigentes y violando el espíritu de la Constitución Política del Estado, además se han dado a la tarea de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones al contratar más préstamos, lo que significa que éstos son ilegales. Todos ellos, sin excepción, corresponden a los gobiernos de facto.
Junto a los anteriores créditos, están los que tienen vinculaciones directas con hechos de corrupción, muy frecuente en las dictaduras, además de otros, como los neoliberales, donde "los ladrones de instituciones públicas (provocaron) daño(s) al Estado, por 300 millones de dólares, cada año" (Opinión, Cochabamba, 3 de septiembre de 2000).
Esta mirada general a la deuda pública, sin duda alguna, debe obligarnos a ver la necesidad de exigir al Estado nuestro derecho de saber -con total transparencia- todo cuanto tenga que ver con las deudas, por lo menos desde la dictadura de Hugo Banzer Suárez (21 de agosto de 1971 a 21 de julio de 1978), que es el tiempo en el que el volumen de las deudas se multiplican y que hoy -como una secuela perniciosa de esos años fatídicos- seguimos arrastrando, pues cuando el Estado contrata un crédito, la garantía de los pagos es el país con todo lo que tiene: sus recursos económicos, financieros, naturales, ecológicos y, desde luego, humanos, por lo que es nuestro derecho exigir que todas las autoridades y funcionarios/as públicos/as rindan cuenta de lo que hacen o dejan de hacer (en este caso de los préstamos que contraen) a nombre de nuestro país, porque se trata de nuestras vidas y la de nuestras familias.
En conclusión, el mejor homenaje a Bolivia, en su próximo cumpleaños, es demandar del Poder Ejecutivo la aprobación de la auditoría de la deuda pública y para ello el Gobierno Central debe emitir un Decreto Supremo, como sucedió en la hermana República de Ecuador con el Decreto Ejecutivo Nº 472, firmado por el Presidente Constitucional, Rafael Correa Delgado, el 9 de julio de 2007 y que ya dio excelentes resultados para el Tesoro ecuatoriano, frente a sus acreedores.
Esta demanda ciudadana, por lo tanto, puede y debe incorporar también a las autoridades (Presidente, Vicepresidente, Prefectos/as, Alcaldes/as, Senadores/as Diputados/as, Ministros/as, Viceministros/as.), para que pueda ser realizada a la brevedad posible, dado que es un derecho democrático elemental el exigir, a todos/as los servidores/as públicos: autoridades y funcionarios, a rendir cuentas de lo que hacen, o dejan de hacer (en este caso sobre la contratación de créditos) a nombre de Bolivia, cultura que debemos aprender a ejercerla todos/as los/as bolivianos/as, más en los tiempos actuales que muestran profundas reformas que configuran un nuevo rostro: el de la Bolivia plurinacional que se apresta a festejar con sus hijos/as su 184 aniversario patrio y espera un gran y merecido regalo: la auditoría de la deuda pública.
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Bolpress - Bolivia/04/08/2009
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