"Hagamos lo que digo más no lo que ya hice"
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Fernando Del Corro*
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El parlamento nacional estudia la sanción de una nueva legislación en materia de comunicaciones audiovisuales en la Argentina. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) intenta sancionar una nueva normativa que reemplace a la sancionada durante la dictadura terrorista que asoló el país entre 1976 y 1983. La propuesta se ha convertido en un eje determinante de la oleada de ataques políticos que exceden el tema en debate y que apuntan a un cuestionamiento global por parte de sectores que, por razones de lo más diversas, confrontan con el gobierno.
Sectores diversos se han puesto de acuerdo en decir que harán “todo lo posible para evitar que la ley se sancione”. Y van más, dicen que en el caso de que igual la misma se aprobara ella será sujeto de un pedido de anulación cuando se produzca la remoción de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio de la de Senadores y su reemplazo por los elegidos en las elecciones del pasado 28 de junio, de resultas de lo cual la nueva cuantificación de los bloques mejora el poder parlamentario opositor.
Sobre esto último lo que se plantea es la cuestión entre legalidad y legitimidad, aunque no se lo exprese en estos términos. Nadie puede negar que es legal lo que haga esta conformación del Congreso de la Nación, lo que está en juego es si es legítimo que siga aprobando leyes cuando una reciente elección modificará su composición, no sólo en quienes serán legisladores sino también en cuando a que sectores crecerán y cuales disminuirán en su representación.
Precisamente como la discusión se centra en la legitimidad lo interesante es ver cómo se han comportado los actuales reclamantes en otros casos similares en los que no se tocaron intereses de grandes grupos económicos, más allá de que no fueran, en este caso, propios del negocio mediático. Casos de reciente data y de antigua data.
Entre los primeros se puede recordar uno muy reciente como fue el de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Curiosamente los mismos diputados y senadores que hoy cargan contra el tratamiento de la proyectada norma audiovisual no tuvieron empacho alguno en ir a sentarse a sus bancas y votar la ley. Para eso no argumentaron que debían tomarse “vacaciones” hasta su relevo el 10 de diciembre y en ese momento ya habían pasado casi dos meses desde el 28 de junio. Luego, los mismos diputados “ilegítimos” se rasgaron las vestiduras cuando la presidenta Cristina Fernández, con buenas razones o no, vetó esa ley. Para los “ilegítimos” en ese caso sólo valía su condición de “legales”.
Pero si hay un sector de la oposición cuya postura es, al menos, incomprensible, es el de la Unión Cívica Radical (UCR). Hoy, al anunciarse la postura de la “oposición” contra la ley o su revisión cuando lleguen al Congreso los elegidos el 28, fueron algunos dirigentes de ese partido los que lo plantearon, al margen de la derecha machista y sus aliados. Y al respecto vale la pena recordar algo que tuvo a una bancada radical como principal protagonista exactamente dos décadas atrás.
Corría 1989 y el presidente Raúl Ricardo Alfonsín estaba en una agónica situación luego de que su candidato a sucederlo, Eduardo César Angeloz, sufriese una contundente derrota a manos de Carlos Saúl Menem, postulado por el Partido Justicialista (PJ). Faltaba medio año para el recambio presidencial y Alfonsín estaba jaqueado desde diversos flancos, incluso una de las nutrientes de la oposición actual, la Sociedad Rural Argentina (SRA), entonces liderada por Guillermo Alchourón. La hiperinflación y las protestas de todo tipo lo habían puesto contra la pared de manera que acordó con Menem apresurar el traspaso del poder del 10 de diciembre al 8 de julio.
Hasta ahí el tema es recordado por la mayoría, pero no sólo se acordó que Menem se calzase la banda presidencial. También hubo otras cosas en el medio. Alfonsín y Menem pactaron la Ley de Reforma del Estado, la 23.696, por la cual el nuevo presidente tiró por la borda todas sus promesas electorales, como la “revolución productiva” y abrió el camino a la política de destrucción del aparato del estado, al mal llamado “neoliberalismo”, al empobrecimiento y miserabilización de buena parte de la población y todo lo que es archiconocido.
Resulta que Menem no tenía posibilidades para sancionar la ley y debía, cuando menos, esperar al 10 de diciembre para impulsarla. Sin embargo se sancionó el 17 de agosto y ya el 23 apareció publicada en el Boletín Oficial, con el voto de los “ilegítimos” que debían irse a fin de año. Los mismo sucedió con la Ley de Emergencia Económica, la 23.697. El bloque radical, sin cuya facilitación ello no hubiese sido posible, fue el que permitió la aprobación del paquete de leyes menemistas que abrió al nuevo presidente la posibilidad de llevar adelante todo lo que hizo a lo largo de sus casi once años de gestión.
Al menos sería bueno que cuando la oposición radical, como hiciera hoy el diputado nacional Oscar Aguad al exponer en un encuentro con otros grupos opositores, señale que no se debe votar ya la ley, al menos repudie lo que hiciera su mismo bloque, aunque lo integrasen entonces otras personas, cuando abrió las puertas a las políticas que sufrió la Argentina durante la última década del siglo pasado.
Y no está de más un párrafo destinado a la postura adoptada entonces por los grandes medios que se limitaron a propagandizar las normas sin hacer objeciones. Fueron notas centralmente informativas y, de hecho, de apoyo al proceso desmantelador del estado: “Recomposición salarial y retiro voluntario para empleados públicos” (Clarín), “Texto de los decretos de reforma estatal” (La Nación), “Senadores del PJ y la UCR coinciden en la reforma del estado” (Clarín), “Diputados introdujo cambios al proyecto e reforma del estado” (Clarín), “Privatizaciones: valores y empresas en danza” (Clarín), y similares. Ningún título de carácter objetor.
Por último, como acotación postrera para el recuerdo, vale la pena que los “ilegitimizadotes” no dejen de tener en cuenta que sus antecesores que votaron la Reforma del Estado también, mediante esa norma, ya habían retocado la Ley de Radiodifusión 22.285, como parte del paquete. Reforma que, justamente, retoque mediante, abrió la puerta a la conformación de los grandes conglomerados empresarios periodísticos.
¿Ubi fantum tum est? (¿dónde está entonces lo legítimo?).
*Fernando Del Corro es periodista, historiador graduado la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA y subdirector de la carrera de "Periodismo económico" y colaborador de la cátedra de grado y de la maestría en "Deuda Externa", de la Facultad de Derecho de la UBA. Asesor de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para la Conmemoración del Bicentenario 1810-2010.De la redacción de MERCOSUR Noticias. www.mercosurnoticias.com
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El parlamento nacional estudia la sanción de una nueva legislación en materia de comunicaciones audiovisuales en la Argentina. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) intenta sancionar una nueva normativa que reemplace a la sancionada durante la dictadura terrorista que asoló el país entre 1976 y 1983. La propuesta se ha convertido en un eje determinante de la oleada de ataques políticos que exceden el tema en debate y que apuntan a un cuestionamiento global por parte de sectores que, por razones de lo más diversas, confrontan con el gobierno.
Sectores diversos se han puesto de acuerdo en decir que harán “todo lo posible para evitar que la ley se sancione”. Y van más, dicen que en el caso de que igual la misma se aprobara ella será sujeto de un pedido de anulación cuando se produzca la remoción de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio de la de Senadores y su reemplazo por los elegidos en las elecciones del pasado 28 de junio, de resultas de lo cual la nueva cuantificación de los bloques mejora el poder parlamentario opositor.
Sobre esto último lo que se plantea es la cuestión entre legalidad y legitimidad, aunque no se lo exprese en estos términos. Nadie puede negar que es legal lo que haga esta conformación del Congreso de la Nación, lo que está en juego es si es legítimo que siga aprobando leyes cuando una reciente elección modificará su composición, no sólo en quienes serán legisladores sino también en cuando a que sectores crecerán y cuales disminuirán en su representación.
Precisamente como la discusión se centra en la legitimidad lo interesante es ver cómo se han comportado los actuales reclamantes en otros casos similares en los que no se tocaron intereses de grandes grupos económicos, más allá de que no fueran, en este caso, propios del negocio mediático. Casos de reciente data y de antigua data.
Entre los primeros se puede recordar uno muy reciente como fue el de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Curiosamente los mismos diputados y senadores que hoy cargan contra el tratamiento de la proyectada norma audiovisual no tuvieron empacho alguno en ir a sentarse a sus bancas y votar la ley. Para eso no argumentaron que debían tomarse “vacaciones” hasta su relevo el 10 de diciembre y en ese momento ya habían pasado casi dos meses desde el 28 de junio. Luego, los mismos diputados “ilegítimos” se rasgaron las vestiduras cuando la presidenta Cristina Fernández, con buenas razones o no, vetó esa ley. Para los “ilegítimos” en ese caso sólo valía su condición de “legales”.
Pero si hay un sector de la oposición cuya postura es, al menos, incomprensible, es el de la Unión Cívica Radical (UCR). Hoy, al anunciarse la postura de la “oposición” contra la ley o su revisión cuando lleguen al Congreso los elegidos el 28, fueron algunos dirigentes de ese partido los que lo plantearon, al margen de la derecha machista y sus aliados. Y al respecto vale la pena recordar algo que tuvo a una bancada radical como principal protagonista exactamente dos décadas atrás.
Corría 1989 y el presidente Raúl Ricardo Alfonsín estaba en una agónica situación luego de que su candidato a sucederlo, Eduardo César Angeloz, sufriese una contundente derrota a manos de Carlos Saúl Menem, postulado por el Partido Justicialista (PJ). Faltaba medio año para el recambio presidencial y Alfonsín estaba jaqueado desde diversos flancos, incluso una de las nutrientes de la oposición actual, la Sociedad Rural Argentina (SRA), entonces liderada por Guillermo Alchourón. La hiperinflación y las protestas de todo tipo lo habían puesto contra la pared de manera que acordó con Menem apresurar el traspaso del poder del 10 de diciembre al 8 de julio.
Hasta ahí el tema es recordado por la mayoría, pero no sólo se acordó que Menem se calzase la banda presidencial. También hubo otras cosas en el medio. Alfonsín y Menem pactaron la Ley de Reforma del Estado, la 23.696, por la cual el nuevo presidente tiró por la borda todas sus promesas electorales, como la “revolución productiva” y abrió el camino a la política de destrucción del aparato del estado, al mal llamado “neoliberalismo”, al empobrecimiento y miserabilización de buena parte de la población y todo lo que es archiconocido.
Resulta que Menem no tenía posibilidades para sancionar la ley y debía, cuando menos, esperar al 10 de diciembre para impulsarla. Sin embargo se sancionó el 17 de agosto y ya el 23 apareció publicada en el Boletín Oficial, con el voto de los “ilegítimos” que debían irse a fin de año. Los mismo sucedió con la Ley de Emergencia Económica, la 23.697. El bloque radical, sin cuya facilitación ello no hubiese sido posible, fue el que permitió la aprobación del paquete de leyes menemistas que abrió al nuevo presidente la posibilidad de llevar adelante todo lo que hizo a lo largo de sus casi once años de gestión.
Al menos sería bueno que cuando la oposición radical, como hiciera hoy el diputado nacional Oscar Aguad al exponer en un encuentro con otros grupos opositores, señale que no se debe votar ya la ley, al menos repudie lo que hiciera su mismo bloque, aunque lo integrasen entonces otras personas, cuando abrió las puertas a las políticas que sufrió la Argentina durante la última década del siglo pasado.
Y no está de más un párrafo destinado a la postura adoptada entonces por los grandes medios que se limitaron a propagandizar las normas sin hacer objeciones. Fueron notas centralmente informativas y, de hecho, de apoyo al proceso desmantelador del estado: “Recomposición salarial y retiro voluntario para empleados públicos” (Clarín), “Texto de los decretos de reforma estatal” (La Nación), “Senadores del PJ y la UCR coinciden en la reforma del estado” (Clarín), “Diputados introdujo cambios al proyecto e reforma del estado” (Clarín), “Privatizaciones: valores y empresas en danza” (Clarín), y similares. Ningún título de carácter objetor.
Por último, como acotación postrera para el recuerdo, vale la pena que los “ilegitimizadotes” no dejen de tener en cuenta que sus antecesores que votaron la Reforma del Estado también, mediante esa norma, ya habían retocado la Ley de Radiodifusión 22.285, como parte del paquete. Reforma que, justamente, retoque mediante, abrió la puerta a la conformación de los grandes conglomerados empresarios periodísticos.
¿Ubi fantum tum est? (¿dónde está entonces lo legítimo?).
*Fernando Del Corro es periodista, historiador graduado la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA y subdirector de la carrera de "Periodismo económico" y colaborador de la cátedra de grado y de la maestría en "Deuda Externa", de la Facultad de Derecho de la UBA. Asesor de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para la Conmemoración del Bicentenario 1810-2010.De la redacción de MERCOSUR Noticias. www.mercosurnoticias.com
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ALAI/14/09/2009
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