Diálogos y ambiente para la paz

08/05/2007
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Insurrección

En los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano, está sobre la mesa la discusión de la agenda para generar “ambiente de paz”.

Si miramos en el trasfondo de los acontecimientos y las dificultades surgidas en el inicio de la sexta ronda, queda en evidencia que las partes estamos hablando dos lenguajes diferentes y la paz la concibe, cada parte, desde orillas distintas y propósitos distantes.

Para el gobierno de Uribe Vélez, generar ambiente para la paz significa someter al ELN y llevarlo a que se encorrale en una zona, se desmovilice y desarme sin tener que ocuparse de abordar y buscar salida a las causas generadoras del conflicto social y armado.

Para el ELN la paz es otra cosa. Es esencial su contenido de justicia y bienestar social.

En este proceso, si hay voluntad política, es indispensable una fase en que se deben generar confianzas y crear condiciones para avanzar en la construcción de la paz estable y verdadera, para lo cual es lo fundamental la participación activa de la sociedad colombiana y el acompañamiento de la comunidad internacional.

Un acuerdo para propiciar el ambiente para la paz, es eso y no el acuerdo de paz definitivo, como algunos lo están interpretando. El ELN entiende que llegar a un acuerdo base para generar dicho ambiente para la paz, es el paso previo para entrar a abordar los problemas gruesos e históricos que originaron y alimentan el conflicto social y armado interno.

En la construcción de este ambiente cada parte tiene que aportar, pero el gobierno pretende que sea solo el ELN.

Un cese al fuego y las hostilidades tiene que ser bilateral, ubicando con precisión las actividades que están afectando a la sociedad en general, así como al ELN y al gobierno en particular; establecer qué deben cesar el uno y el otro y llegar a acuerdos en esta materia.

Necesariamente se tienen que abordar los problemas que afectan a las grandes mayorías de la nación, tanto los que son de la responsabilidad del gobierno, como los que son responsabilidad del ELN.

El gobierno cuando trata de imponer su concepción recurre a mecanismos de presión indebidos y reprochables, convirtiéndose en un serio obstáculo para que el proceso avance.

La dura realidad que continúa viviendo el pueblo colombiano no se puede ignorar en la mesa de los diálogos y menos cuando siguen rondando la macabra estrategia de las ejecuciones extrajudiciales y la satanización de las voces críticas al gobierno, y se siguen empleando todo tipo de acciones para desarticular el tejido social.

Hay ejemplos recientes, entre los que podemos citar los asesinatos de varios maestros en Caldono, Santander de Quilichao y Popayán, departamento del Cauca, que luchaban contra el recorte presupuestal a la educación, las reformas estatutarias, académicas y reglamentarias que son de corte excluyentes y ajustadas a las exigencias del modelo neoliberal.

También siguen los asesinatos, intentos de homicidio y amenazas reiteradas a dirigentes sindicales en la Costa Atlántica y otras regiones del país. Durante el 2006 fueron asesinados 79 sindicalistas, que se agregan a la lista de los 4 mil asesinados en los últimos 20 años.

En lo que va corrido del año han sido asesinadas 13 personas en diferentes municipios del departamento de Arauca, todos ellos ejecutados por miembros del grupo GAULA adscrito al ejército, la Brigada Móvil 5 y paramilitares a su servicio.

Se continúa feriando el patrimonio nacional, cambiando de razón social y liquidando empresas del Estado, exterminando las organizaciones sindicales y despidiendo a los trabajadores. En el año 2006 se suprimieron 36 mil puestos de trabajo y hacen fila para ser liquidados 64 hospitales públicos que van a ser entregados a inversionistas privados.

Aumenta a diario el número de los desplazados. Los campesinos, indígenas y afro colombianos en el departamento del Chocó están siendo expulsados por la presión del Ejército y paramilitares, para abrirle campo a los empresarios de la palma africana y los megaproyectos en las selvas tropicales de la reserva biológica del Pacífico y el Urabá Chocoano.

Igual siguen los asesinatos y amenazas contra las comunidades y dirigentes del Sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño, para posesionar a las multinacionales del Oro (como KEDADA) y permitirles que saqueen las reservas auríferas de la Serranía de San Lucas, calculadas como las más ricas del continente. En esta criminal tarea participan coordinados el ejército colombiano y los paramilitares que hoy se hacen llamar “Aguilas Negras”, quienes se pasean impunemente en el casco urbano de Santa Rosa del Sur, en Cerro de Burgos y otros caseríos de la región.

Siguen muriendo niños afro colombianos e indígenas por hambre y enfermedades curables en extensas regiones del Chocó y otras regiones del país, mientras que funcionarios del gobierno roban los dineros del mínimo presupuesto destinado a la salud pública.

Estos problemas y otros, son el resultado de las políticas neoliberales y de la guerra sucia y terrorista de Estado, por tanto tienen que abordarse para que la vida se respete y vuelva a tener valor, para que se pueda materializar la democracia real, para que regresen los 4 millones de desplazados con garantías y se devuelvan las tierras a sus dueños originarios; que se esclarezcan los asesinatos sistemáticos de sindicalistas, de otros líderes sociales y políticos de oposición, para que haya verdad, justicia y reparación a las víctimas de la guerra sucia.