Educación e infraestructuras, pilares básicos para erradicar la desigualdad en América Latina

universia.pr/inicio /21/05/2007
América Latina ha disfrutado en los últimos tres años de su ciclo más sólido de crecimiento económico de las últimas tres décadas, con una tasa promedio superior al 4%, pero continúa siendo la región más desigual del mundo y arrastra la vergonzosa carga de tener a más de 200 millones de ciudadanos en situación de pobreza.

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¿Cómo se puede cambiar esa realidad? Los más de 400 líderes políticos y empresariales que asistieron al World Economic Forum (WEF) sobre América Latina celebrado a finales de abril en Santiago de Chile afirmaron que la desigualdad social es el principal riesgo de los países latinoamericanos y que uno de los motores para superarlo es la democratización de una educación de calidad y una mayor inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, pero sin perder el foco en el proceso de reformas de liberalización económica. Esos objetivos quedaron plasmados en el denominado Consenso de Santiago, una pauta de ruta para impulsar el crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza.

Si desde finales de los ochenta nos habíamos acostumbrado a escuchar el término Consenso de Washington para definir al paradigma que pretendía potenciar el desarrollo con base en un crecimiento ordenado, cuentas fiscales sanas, inflación bajo control y apertura comercial, hoy el modelo del que se hacen cargo entidades internacionales de apoyo a la libre empresa como el World Economic Forum (WEF) de Davos, Suiza, incorpora un nuevo factor: las políticas sociales. No deja de llamar la atención que en los debates del encuentro del WEF sobre América Latina celebrado recientemente en Santiago de Chile se escucharan conceptos como "cambio social" o "productividad con equidad". "Realmente necesitamos construir políticas sociales en el interior de la región", decía en uno de los debates Pamela Cox, vice-presidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Por su parte José Grubisich, gerente general de la gigante petroquímica brasileña Braskem y co-presidente del WEF para América Latina, afirmó que "no es suficiente llevar crecimiento a nuestras economías. Nos debemos enfocar en cómo proporcionar una posición macroeconómica estable y combinar crecimiento e inversiones para reducir la pobreza".

Durante los últimos tres años, América Latina ha seguido como un buen alumno las tesis de Washington, logrando tasas de crecimiento promedio que exceden el 4%, frente a una tasa anual de crecimiento de sólo 2,2% entre 1980 y 2002. Sin embargo, esta tendencia positiva todavía carga con una pesada mochila en las espaldas. Aunque las últimas estimaciones de pobreza e indigencia dan cuenta de reducciones por tres años consecutivos hasta el 2005 -según los últimos datos disponibles-, ese año el 39,8% de la población de América Latina y el Caribe se encontraba en situación de pobreza (209 millones de habitantes) y un 15,4% (81 millones de personas) estaban en la pobreza extrema o indigencia. Lo positivo es que las cifras representan una caída de más de cuatro puntos porcentuales en relación a 2002, año en que el porcentaje de pobreza se ubicó en el 44% de la población y el de indigencia en 19,4%.

Haciéndose cargo de esa realidad y con anterioridad al encuentro, el WEF publicó el informe Latin America@Risk, elaborado por más de veinte personalidades de empresas, instituciones académicas y think tanks de la región, que estableció que las desigualdades sociales y económicas son "el mayor riesgo global que enfrenta la región". Según el Foro, el fenómeno de la globalización ha venido propulsando tanto las desigualdades reales, como lo evidencia la estratificación del ingreso en América Latina, como las desigualdades aparentes, al observar las poblaciones locales un crecimiento más veloz en otras latitudes. La entidad internacional afirmaba en un comunicado de prensa que "numerosos latinoamericanos continúan sospechando que la prosperidad global los está dejando atrás. Una percepción en apariencia resistente a las disminuciones de la pobreza absoluta". De acuerdo al Latin America@Risk, aunque la desigualdad en la región es compleja y de profundas raíces históricas, no es determinista, "por lo que no existen estructuras inamovibles que impidan a la región seguir los pasos económicos de los exitosos países en vías de desarrollo de Asia".

Claves: educación e infraestructura

¿Cuáles deben ser esos pasos? El 90,4% de los dirigentes empresariales, políticos, académicos y sociales provenientes de América, Europa y Asia que participaron en el Foro consideró que la educación era el principal desafío de los países de la región, seguida por la "protección de la vitalidad de los ecosistemas naturales", con 65,4%, y la "promoción pública y privada de las inversiones en investigación y desarrollo", con 63,5%. Rebeca Grynspan, directora para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enfatizaba en el foro sobre la responsabilidad de la comunidad de negocios de la región en el ámbito educativo. "El sector privado necesita poner a la educación en un nivel mucho más alto de su agenda", decía la funcionaria. "No solo existe insuficiente inversión en educación en la región, sino también un problema de igualdad de recursos entre las escuelas de las comunidades acomodadas y las de menor ingreso dentro de los países, lo cual solo está ampliando la enorme brecha entre ricos y pobres a lo largo de toda Latinoamérica". Muchos participantes del encuentro y autoridades de la región tenían en el punto de mira el ejemplo de Irlanda, donde la inversión en educación ?realizada desde la década de los cincuenta- fue fundamental para sustentar los nuevos requerimientos de capital humano que se generó con la llegada de fuertes flujos de inversión extranjera directa en tecnologías de la información, servicios financieros y productos farmacéuticos.

Volviendo a la región, mientras la pobreza se reduce en el conjunto, el informe Latin America@Risk señala que las percepciones de creciente desigualdad permanecen. Según datos de Latinobarómetro, encuesta de opinión pública que recoge las actitudes, comportamientos y valores de las sociedades latinoamericanas, el 70% de la población percibe la distribución del ingreso como injusta o muy injusta. Por eso, se incidió en la necesidad de invertir en infraestructura de calidad y eficiente. De esta forma, la región lograría un fuerte impacto en su crecimiento económico y una reducción de sus niveles de pobreza y desigualdad, como sostiene el informe del WEF, "Análisis comparativo del atractivo nacional para inversiones privadas en infraestructura", presentado en la reunión. El estudio analizó doce países de América Latina y concluyó que Chile, Brasil y Colombia son los destinos más atractivos para la inversión privada en puentes, carreteras, caminos, electrificación y puertos. Por el contrario, se citó a Argentina, Venezuela, Bolivia y República Dominicana como el grupo de naciones como los países con peores condiciones para recibir inyecciones de capital privado destinado a infraestructura. Chile resultó el país con la puntuación más alta en el Índice de Atractivo para Inversiones Privadas en Infraestructura (5,43 puntos). Este índice, con un rango de cero a siete puntos, considera el entorno macroeconómico del país, el riesgo político, la estructura legal, y el desarrollo de los mercados financieros.

En las reuniones se acordó que la inversión privada es fundamental para el avance de la infraestructura regional, mientras se asignaba al sector público la tarea de crear una perspectiva de desarrollo de largo plazo que incluya una definición clara de los roles de ambos sectores. Enrique García, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) lo resumió afirmando que "cuando los recursos escasean, el sector público debería invertir sólo donde el sector privado es incapaz o está poco dispuesto".

Más competencia

Durante los debates de Santiago también se puso de manifiesto que las desigualdades reflejan diferencias en la distribución de los activos y el acceso al capital entre los ciudadanos de América Latina. Generalmente, los pobres necesitan de mucha ayuda para convertirse en dueños de propiedades, especialmente por su escaso acceso a mecanismos de crédito.

Fuera del ámbito del foro en cuestión, hay quienes van más allá y plantean que las diferencias de ingreso entre países se deben básicamente a la práctica de conductas anticompetitivas en las naciones más pobres. "Si un país quiere alcanzar el desarrollo haciendo que este ingreso llegue a todos, debe aumentar la competitividad de sus mercados e impedir el desarrollo de prácticas anticompetitivas", sostiene en un análisis sobre el tema el economista Claudio Agostini, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago. En términos prácticos, el rol principal de este tipo de política es proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas que aumentan los precios, reducen la producción y afectan negativamente la innovación y el crecimiento económico. Por ello, Agostini aclara que es importante entender que hay cosas que una política de competencia no puede y no debe hacer. En primer lugar, sostiene que si la libre competencia permite que cada individuo haga el mejor uso de sus habilidades, "no garantiza un ingreso mínimo; la competencia maximiza el ingreso de la sociedad, pero no sirve para redistribuirlo de acuerdo a las preferencias sociales por igualdad o desigualdad. Para ello se debe usar la política tributaria y el gasto social, pero no el marco regulador de la competencia de un país". En segundo lugar, plantea el académico, "dado que el objetivo central de una política de esta índole es la eficiencia económica, el bienestar de algunos participantes específicos en un mercado no es relevante ni debe protegerse". Para concluir, Agostini asegura que las políticas de libre competencia "no deben defender ni a pequeñas empresas ni la generación de empleo ni mejorar la distribución del ingreso. Esto puede llevar a decisiones equivocadas y la historia está llena de hechos que lo demuestran".

Así, los desafíos para América Latina son enormes, pero se ven luces en el camino. Una de las formas de medirlo es el cumplimiento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas: erradicar la pobreza extrema y el hambre para 2015. La disminución proyectada de la pobreza extrema para 2006 corresponde a un avance de 69% hacia la consecución del primer ODM. De esta manera, puede decirse que la región como un todo se encuentra bien encaminada en su compromiso de reducir a la mitad la pobreza extrema para 2015.