Gobierno brasileño enfrenta segundo caso de corrupción
Fraudes monetarios le cuestan al país 715 millones de dólares al año
A cinco meses de iniciado el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el fantasma de la corrupción, que en 2005 provocó la dimisión de dos ministros, regresa para ponerlo a prueba.
La renuncia del ministro de Energía y Minas, Silas Rondeau, acusaciones contra el presidente del Senado, Renán Calheiros, y la investigación a 47 personas por fraudes monetarios, protagonizan la más reciente crisis de corrupción de Brasil.
El escándalo comenzó cuando la televisora Globo transmitió un video en el que se ve a una empleada de la empresa constructora Gautama, María Palmeira, entregarle un maletín con dinero al asesor de Rondeau.
De inmediato, la Policía Federal, cuya Operación Navaja busca desmontar el desvío de dinero público, acusó a Rondeau de haber aceptado un soborno de 50.000 dólares para aprobar un contrato de suministro eléctrico a zonas rurales.
Rondeau, quien llegó a la cartera de Energía y Minas en julio de 2005 durante el escándalo de corrupción que forzó la renuncia de José Dirceu, dimitió al cargo el pasado 22 de mayo, defendiendo su inocencia.
También renunciaron su asesor, Ivo Costa, y el director de Luz para Todos, José Ribamar.
Los tres, junto a otras 44 personas, entre ellos el dueño de Gautama, Zuleido Vargas, fueron detenidos y luego puestos en libertad provisional.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Tarso Genro, indicó que "no existen pruebas físicas contra Rondeau", por lo que analistas aseguran que el caso no trascenderá.
El escándalo alcanzó también al presidente del Senado, Renán Calheiros, cuando la revista brasileña Veja publicó una investigación que lo acusa de haber recibido beneficios económicos de la constructora Mendes Junior.
Según Veja, Claudio Contijo, lobbista de Mendes Junior, le pagaba a Calheiros el alquiler de un apartamento y la manutención de una hija que tuvo fuera del matrimonio, por un valor total de 8.000 dólares mensuales.
Aunque Calheiros admitió recibir el dinero, aseguró que Contijo era su amigo desde hace 20 años y que era algo personal.
La Comisión de Ética del Senado evaluará esta semana el caso de Calheiros, pero los medios brasileños auguran su permanencia en el cargo.
La constructora Mendes Junior, al igual que Gautama, participan en un proceso de licitaciones para el desarrollo de obras públicas, en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), anunciado por Lula en enero y que incluye inversiones por 234.000 millones de dólares hasta 2010.
Para el polítologo español Bruno Ayllon, especialista en Integración Regional de la Universidad de Sao Paulo, el impacto general del caso se evidencia en tres elementos.
Reintroduce el tema de la corrupción dentro de la opinión pública brasileña, lo que afecta la agenda política de Lula.
Ayllon explica que el hecho de que Rondeau y Calheiros formen parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal minoría en el Congreso y tolda de la coalición gubernamental, compromete al Ejecutivo.
El escándalo afecta además el plan de obras públicas PAC porque pone en riesgo la aprobación de los proyectos.
En este sentido, Gary Duffy, de BBC Mundo, esboza en un texto que la corrupción perjudica el apoyo político de otros partidos a proyectos de obras públicas, "que son un elemento central en los planes del gobierno".
En tercer lugar, Ayllon revela que el trabajo del Congreso se verá influenciado por el temor al descubrimiento de nuevos casos de fraude monetario.
Así, "en lugar de legislar y aprobar proyectos, los parlamentarios dedicarán su tiempo en resguardarse de investigaciones sobre corrupción".
De hecho, ya se ha dicho que existe una lista de diputados involucrados en el escándalo de fondos públicos.
Con tres ministros fuera de sus carteras desde el primer mandato presidencial, una tradición corrupta -que según especialistas como Rogelio Nuñez, del portal electrónico de análisis Infolatam, se remonta a la época colonial- y el temor de un futuro en el que diputados y más funcionarios se vean involucrados en escándalos -la Policía Federal investiga a 250 personas más-, el Gobierno de Lula se enfrenta a la tarea de sobrevivir a la corrupción, que le cuesta a Brasil $715 millones al año, según O Estado de Sao Paulo.
Fraudes monetarios le cuestan al país 715 millones de dólares al año
A cinco meses de iniciado el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el fantasma de la corrupción, que en 2005 provocó la dimisión de dos ministros, regresa para ponerlo a prueba.
La renuncia del ministro de Energía y Minas, Silas Rondeau, acusaciones contra el presidente del Senado, Renán Calheiros, y la investigación a 47 personas por fraudes monetarios, protagonizan la más reciente crisis de corrupción de Brasil.
El escándalo comenzó cuando la televisora Globo transmitió un video en el que se ve a una empleada de la empresa constructora Gautama, María Palmeira, entregarle un maletín con dinero al asesor de Rondeau.
De inmediato, la Policía Federal, cuya Operación Navaja busca desmontar el desvío de dinero público, acusó a Rondeau de haber aceptado un soborno de 50.000 dólares para aprobar un contrato de suministro eléctrico a zonas rurales.
Rondeau, quien llegó a la cartera de Energía y Minas en julio de 2005 durante el escándalo de corrupción que forzó la renuncia de José Dirceu, dimitió al cargo el pasado 22 de mayo, defendiendo su inocencia.
También renunciaron su asesor, Ivo Costa, y el director de Luz para Todos, José Ribamar.
Los tres, junto a otras 44 personas, entre ellos el dueño de Gautama, Zuleido Vargas, fueron detenidos y luego puestos en libertad provisional.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Tarso Genro, indicó que "no existen pruebas físicas contra Rondeau", por lo que analistas aseguran que el caso no trascenderá.
El escándalo alcanzó también al presidente del Senado, Renán Calheiros, cuando la revista brasileña Veja publicó una investigación que lo acusa de haber recibido beneficios económicos de la constructora Mendes Junior.
Según Veja, Claudio Contijo, lobbista de Mendes Junior, le pagaba a Calheiros el alquiler de un apartamento y la manutención de una hija que tuvo fuera del matrimonio, por un valor total de 8.000 dólares mensuales.
Aunque Calheiros admitió recibir el dinero, aseguró que Contijo era su amigo desde hace 20 años y que era algo personal.
La Comisión de Ética del Senado evaluará esta semana el caso de Calheiros, pero los medios brasileños auguran su permanencia en el cargo.
La constructora Mendes Junior, al igual que Gautama, participan en un proceso de licitaciones para el desarrollo de obras públicas, en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), anunciado por Lula en enero y que incluye inversiones por 234.000 millones de dólares hasta 2010.
Para el polítologo español Bruno Ayllon, especialista en Integración Regional de la Universidad de Sao Paulo, el impacto general del caso se evidencia en tres elementos.
Reintroduce el tema de la corrupción dentro de la opinión pública brasileña, lo que afecta la agenda política de Lula.
Ayllon explica que el hecho de que Rondeau y Calheiros formen parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal minoría en el Congreso y tolda de la coalición gubernamental, compromete al Ejecutivo.
El escándalo afecta además el plan de obras públicas PAC porque pone en riesgo la aprobación de los proyectos.
En este sentido, Gary Duffy, de BBC Mundo, esboza en un texto que la corrupción perjudica el apoyo político de otros partidos a proyectos de obras públicas, "que son un elemento central en los planes del gobierno".
En tercer lugar, Ayllon revela que el trabajo del Congreso se verá influenciado por el temor al descubrimiento de nuevos casos de fraude monetario.
Así, "en lugar de legislar y aprobar proyectos, los parlamentarios dedicarán su tiempo en resguardarse de investigaciones sobre corrupción".
De hecho, ya se ha dicho que existe una lista de diputados involucrados en el escándalo de fondos públicos.
Con tres ministros fuera de sus carteras desde el primer mandato presidencial, una tradición corrupta -que según especialistas como Rogelio Nuñez, del portal electrónico de análisis Infolatam, se remonta a la época colonial- y el temor de un futuro en el que diputados y más funcionarios se vean involucrados en escándalos -la Policía Federal investiga a 250 personas más-, el Gobierno de Lula se enfrenta a la tarea de sobrevivir a la corrupción, que le cuesta a Brasil $715 millones al año, según O Estado de Sao Paulo.
eluniversal.com/Internacional/03/06/2007
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