27/07/2007
Rebelión
Rebelión
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Repsol YPF vulnera derechos fundamentales de las poblaciones indígenas de los lugares en los que ejerce su actividad. Estos derechos, recogidos principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están también presentes en el espíritu de las normas internacionales que la compañía petrolera afirma respetar. La vulneración afecta a ámbitos tan amplios como el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultadas y dar su consentimiento antes de comenzar la actividad; la vulneración de derechos laborales o la inexistencia de compensaciones por el daño causado a la comunidad o al medio ambiente del que dependen para subsistir. Estas son algunas de las conclusiones recogidas en dos informes presentados hoy por Intermón Oxfam La industria extractiva: pozos negros para los pueblos indígenas y Pueblos sin derechos. La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía peruana , y el motivo de la campaña de participación ciudadana que comienza hoy para exigir al presidente de la compañía, Antonio Brufau, la puesta en marcha de una política que reconozca y cumpla con los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos. Según los informes, el derecho a consulta previa a la comunidad para obtener su consentimiento antes de comenzar los trabajos de prospección o extracción, es clave, puesto que supone la llave de acceso al resto de derechos internacionales como el de participación de beneficios, la compensación de daños o la capacidad de decidir sobre su propio proceso de desarrollo. Todos ellos están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, principal instrumento internacional que regula el derecho de los pueblos indígenas y tribales. “Imaginemos que una compañía entra en nuestra casa sin nuestro permiso, hace un pozo en el salón y destroza nuestro hogar. Contamina la casa, destroza el huerto y después de 4 o 6 años (lo que dura una estudio de prospección) se marcha sin arreglar el desaguisado ni compensarnos por los daños sufridos. La compañía decide, por su propia voluntad y sin negociación, otorgarnos un juego de cacerolas para compensarnos. Esto es lo que deben sentir las poblaciones indígenas en su relación con Repsol”, afirma Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam. “La compañía afirma respetar los derechos de las poblaciones indígenas y ha hecho de eso una bandera, recogiendo en sus informes el compromiso de respetar y promover declaraciones, iniciativas y normas internacionales. Pero la realidad es muy distinta. Sorprendentemente, hasta el día de hoy, Repsol YPF no sólo no dispone de una política que guíe su relación (y la de sus filiales) con los pueblos indígenas, sino que se ha negado a considerar su creación durante los últimos dos años”, afirma Isabel Tamarit, responsable del área de sector privado en Intermón Oxfam. Los informes ponen de manifiesto, también, que la falta de voluntad por parte de la empresa por dotarse de una política pública y transparente de relación con los pueblos indígenas, tiene como consecuencia que sus filiales desconozcan y no apliquen los derechos que estas poblaciones tienen reconocidas en el derecho internacional. Intermón Oxfam resalta que “los derechos de los pueblos indígenas son parte del Derecho Internacional, cuyo respeto constituye una obligación legal que afecta a todos los actores públicos y privados, incluidos las empresas”. Por ello, pide Repsol YPF que se comprometa a cumplir la legislación española (en materia laboral, ambiental y de derechos humanos) en caso de ser ésta más exigente que la del país de destino. España ha ratificado el Convenio 169 en febrero de 2007. Perú, un caso concreto Una investigación realizada por Intermón Oxfam en tres de los siete “lotes” que posee Repsol YPF en el país andino, sirve de ejemplo de las prácticas de la compañía en territorios con población indígena. Durante la investigación, diversos testimonios han puesto de relieve que:
el derecho de consulta y consentimiento en muchas ocasiones no existe, y cuando se realiza es deficiente.
Repsol YPF no dispone de un programa transparente de compensaciones e indemnizaciones que establezca mecanismos claros para valorar de manera justa los daños causados durante la exploración. De hecho establece habitualmente su valor sin contar con la participación de las comunidades afectadas.
La compañía realiza proyectos de acción social puntuales, pero no atiende la demanda de los pueblos indígenas de llevar a cabo planes de desarrollo comunitarios que surjan de las necesidades reales de desarrollo.
Se vulneran derechos laborales de trabajadores indígenas contratados para trabajar en los lotes, abonándoles salarios por debajo de los pactado, haciéndoles trabajar jornadas más largas de lo legal (12 horas en algunos casos) o no especificando la duración del contrato.
Intermón Oxfam lleva cerca de un año dialogando con Repsol YPF para identificar problemas y promover la adopción por parte de la compañía de una política empresarial sobre este tema. Sin embargo, durante este tiempo, no se ha producido ningún avance verificable.
“Justo antes del lanzamiento de estos informes Repsol YPF ha asegurado que tiene previsto elaborar una política de relación con pueblos indígenas antes de final de año, auque no han concretado en qué términos se llevará a cabo. Dentro de pocos días Repsol YPF tiene la posibilidad de demostrar que se toma en serio su relación con estos pueblos. La Asamblea del Pueblo Guaraní-Itika Guazu, en Bolivia, ha elaborado un convenio que sellaría las disputas que existen desde hace años con esa comunidad en concepto de compensación de daños. Hasta ahora Repsol YPF no ha accedido a ninguna demanda razonable”, concluye Tamarit.
Repsol YPF vulnera derechos fundamentales de las poblaciones indígenas de los lugares en los que ejerce su actividad. Estos derechos, recogidos principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están también presentes en el espíritu de las normas internacionales que la compañía petrolera afirma respetar. La vulneración afecta a ámbitos tan amplios como el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultadas y dar su consentimiento antes de comenzar la actividad; la vulneración de derechos laborales o la inexistencia de compensaciones por el daño causado a la comunidad o al medio ambiente del que dependen para subsistir. Estas son algunas de las conclusiones recogidas en dos informes presentados hoy por Intermón Oxfam La industria extractiva: pozos negros para los pueblos indígenas y Pueblos sin derechos. La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía peruana , y el motivo de la campaña de participación ciudadana que comienza hoy para exigir al presidente de la compañía, Antonio Brufau, la puesta en marcha de una política que reconozca y cumpla con los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos. Según los informes, el derecho a consulta previa a la comunidad para obtener su consentimiento antes de comenzar los trabajos de prospección o extracción, es clave, puesto que supone la llave de acceso al resto de derechos internacionales como el de participación de beneficios, la compensación de daños o la capacidad de decidir sobre su propio proceso de desarrollo. Todos ellos están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, principal instrumento internacional que regula el derecho de los pueblos indígenas y tribales. “Imaginemos que una compañía entra en nuestra casa sin nuestro permiso, hace un pozo en el salón y destroza nuestro hogar. Contamina la casa, destroza el huerto y después de 4 o 6 años (lo que dura una estudio de prospección) se marcha sin arreglar el desaguisado ni compensarnos por los daños sufridos. La compañía decide, por su propia voluntad y sin negociación, otorgarnos un juego de cacerolas para compensarnos. Esto es lo que deben sentir las poblaciones indígenas en su relación con Repsol”, afirma Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam. “La compañía afirma respetar los derechos de las poblaciones indígenas y ha hecho de eso una bandera, recogiendo en sus informes el compromiso de respetar y promover declaraciones, iniciativas y normas internacionales. Pero la realidad es muy distinta. Sorprendentemente, hasta el día de hoy, Repsol YPF no sólo no dispone de una política que guíe su relación (y la de sus filiales) con los pueblos indígenas, sino que se ha negado a considerar su creación durante los últimos dos años”, afirma Isabel Tamarit, responsable del área de sector privado en Intermón Oxfam. Los informes ponen de manifiesto, también, que la falta de voluntad por parte de la empresa por dotarse de una política pública y transparente de relación con los pueblos indígenas, tiene como consecuencia que sus filiales desconozcan y no apliquen los derechos que estas poblaciones tienen reconocidas en el derecho internacional. Intermón Oxfam resalta que “los derechos de los pueblos indígenas son parte del Derecho Internacional, cuyo respeto constituye una obligación legal que afecta a todos los actores públicos y privados, incluidos las empresas”. Por ello, pide Repsol YPF que se comprometa a cumplir la legislación española (en materia laboral, ambiental y de derechos humanos) en caso de ser ésta más exigente que la del país de destino. España ha ratificado el Convenio 169 en febrero de 2007. Perú, un caso concreto Una investigación realizada por Intermón Oxfam en tres de los siete “lotes” que posee Repsol YPF en el país andino, sirve de ejemplo de las prácticas de la compañía en territorios con población indígena. Durante la investigación, diversos testimonios han puesto de relieve que:
el derecho de consulta y consentimiento en muchas ocasiones no existe, y cuando se realiza es deficiente.
Repsol YPF no dispone de un programa transparente de compensaciones e indemnizaciones que establezca mecanismos claros para valorar de manera justa los daños causados durante la exploración. De hecho establece habitualmente su valor sin contar con la participación de las comunidades afectadas.
La compañía realiza proyectos de acción social puntuales, pero no atiende la demanda de los pueblos indígenas de llevar a cabo planes de desarrollo comunitarios que surjan de las necesidades reales de desarrollo.
Se vulneran derechos laborales de trabajadores indígenas contratados para trabajar en los lotes, abonándoles salarios por debajo de los pactado, haciéndoles trabajar jornadas más largas de lo legal (12 horas en algunos casos) o no especificando la duración del contrato.
Intermón Oxfam lleva cerca de un año dialogando con Repsol YPF para identificar problemas y promover la adopción por parte de la compañía de una política empresarial sobre este tema. Sin embargo, durante este tiempo, no se ha producido ningún avance verificable.
“Justo antes del lanzamiento de estos informes Repsol YPF ha asegurado que tiene previsto elaborar una política de relación con pueblos indígenas antes de final de año, auque no han concretado en qué términos se llevará a cabo. Dentro de pocos días Repsol YPF tiene la posibilidad de demostrar que se toma en serio su relación con estos pueblos. La Asamblea del Pueblo Guaraní-Itika Guazu, en Bolivia, ha elaborado un convenio que sellaría las disputas que existen desde hace años con esa comunidad en concepto de compensación de daños. Hasta ahora Repsol YPF no ha accedido a ninguna demanda razonable”, concluye Tamarit.
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NOTA: Los medios gráficos pueden descargarse fotografías, citando su procedencia, en este vínculo
[ Pueblos sin derechos. La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía peruana ] 621 Kb
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