Card. Antonio María Rouco Varela“Educación para la ideología”
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MADRID (ACI/Europa Press) El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, reiteró hoy su advertencia sobre la incompatibilidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con los artículos 16 y 27 de la Constitución sobre libertad religiosa, ideológica y de culto y libertad de enseñanza, en concreto, sobre el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral y apeló a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que apoye su juicio.
“Pienso que no es compatible con el Derecho Constitucional español, con el artículo 16 de la Constitución y con el artículo 27, en su párrafo tercero”, afirmó el Purpurado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, donde impartió la conferencia “Comunidad religiosa y comunidad política”.
Dicho esto, apeló a un posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional que apoye su juicio sobre la inconstitucionalidad de EpC: “Es verdad que para que esta opinión, que muchos compartimos, incluso compañeros y amigos catedráticos de Derecho Constitucional, se tradujese en una regla normativa vigente y vinculante pues tendría que actuar el Tribunal Constitucional”.
De esta forma, el Cardenal Arzobispo de Madrid arremetió contra la asignatura al considerar que “invade totalmente” el principio de libertad religiosa y el derecho de los padres a "determinar" la educación moral de sus hijos al tiempo que reivindicó la "responsabilidad y competencia" de la Iglesia Católica en "los temas que tienen que ver con la fe, la moral y la ética derivada de la fe".
Afirmó además que la institución católica "no rechaza una asignatura obligatoria bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía" sino que reprochó al Gobierno "la forma concreta" en la que éste la ha planteado. El Purpurado criticó que el Ejecutivo no haya reflejado en la asignatura las creencias religiosas de la sociedad española ni respetado el derecho de los padres a la formación religiosa de los hijos.
En su intervención, planteó el diálogo como fórmula para establecer la relación Iglesia-Estado aunque con la condición de la "garantía y promoción positiva del derecho a la libertad religiosa", respetando el servicio ético-social o cultural de la Iglesia al Estado. "Si no se parte de ese derecho –prosiguió– no es posible buscar una buena forma de resolución de las relaciones Iglesia-Estado".
Asimismo, el Cardenal Rouco reivindicó la "autonomía e independencia" de la Iglesia "no solo a la hora de orbitrarse institucionalmente" sino también en su esfera social. "Lo importante de los problemas es que se puedan resolver en un marco de diálogo institucional y de diálogo social respetuoso de todos", reiteró.
Relación Estado-Iglesia
Pidió así entender la libertad religiosa "en toda su amplitud", es decir, no solo como derecho individual, "sino como un derecho de grupos", con lo que, este derecho no se puede "limitar" sólo al ejercicio de culto, sino que también recoge "la posibilidad de promover el que se incluya en la moral social y de lo público", por lo que defendió "un ámbito de garantía y de protección por parte del Estado".
De la misma forma, consideró que la comunidad religiosa también debe tener una "actitud de cooperación, de colaboración, en relación con todos los grandes bienes y retos de las ideas sociales", sobre todo, agregó, "respecto a la idea de la persona en todos sus ámbitos, el favorecer soluciones para problemas sociales en clave de justicia solidaria, de generosidad, de caridad y de búsqueda de la paz".
"Nos encontramos en un campo de relación entre comunidad política y religiosa muy amplio que se encauza debidamente en el marco de la libertad religiosa y con el principio de cooperación entre los ciudadanos y los religiosos", concluyó el Purpurado español.
Por último, preguntado por la relación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado, afirmó que ésta es "buena jurídicamente" porque existe un "marco común". "No podemos mostrarnos quejosos en este punto, sino todo lo contrario", apuntó.
“Pienso que no es compatible con el Derecho Constitucional español, con el artículo 16 de la Constitución y con el artículo 27, en su párrafo tercero”, afirmó el Purpurado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, donde impartió la conferencia “Comunidad religiosa y comunidad política”.
Dicho esto, apeló a un posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional que apoye su juicio sobre la inconstitucionalidad de EpC: “Es verdad que para que esta opinión, que muchos compartimos, incluso compañeros y amigos catedráticos de Derecho Constitucional, se tradujese en una regla normativa vigente y vinculante pues tendría que actuar el Tribunal Constitucional”.
De esta forma, el Cardenal Arzobispo de Madrid arremetió contra la asignatura al considerar que “invade totalmente” el principio de libertad religiosa y el derecho de los padres a "determinar" la educación moral de sus hijos al tiempo que reivindicó la "responsabilidad y competencia" de la Iglesia Católica en "los temas que tienen que ver con la fe, la moral y la ética derivada de la fe".
Afirmó además que la institución católica "no rechaza una asignatura obligatoria bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía" sino que reprochó al Gobierno "la forma concreta" en la que éste la ha planteado. El Purpurado criticó que el Ejecutivo no haya reflejado en la asignatura las creencias religiosas de la sociedad española ni respetado el derecho de los padres a la formación religiosa de los hijos.
En su intervención, planteó el diálogo como fórmula para establecer la relación Iglesia-Estado aunque con la condición de la "garantía y promoción positiva del derecho a la libertad religiosa", respetando el servicio ético-social o cultural de la Iglesia al Estado. "Si no se parte de ese derecho –prosiguió– no es posible buscar una buena forma de resolución de las relaciones Iglesia-Estado".
Asimismo, el Cardenal Rouco reivindicó la "autonomía e independencia" de la Iglesia "no solo a la hora de orbitrarse institucionalmente" sino también en su esfera social. "Lo importante de los problemas es que se puedan resolver en un marco de diálogo institucional y de diálogo social respetuoso de todos", reiteró.
Relación Estado-Iglesia
Pidió así entender la libertad religiosa "en toda su amplitud", es decir, no solo como derecho individual, "sino como un derecho de grupos", con lo que, este derecho no se puede "limitar" sólo al ejercicio de culto, sino que también recoge "la posibilidad de promover el que se incluya en la moral social y de lo público", por lo que defendió "un ámbito de garantía y de protección por parte del Estado".
De la misma forma, consideró que la comunidad religiosa también debe tener una "actitud de cooperación, de colaboración, en relación con todos los grandes bienes y retos de las ideas sociales", sobre todo, agregó, "respecto a la idea de la persona en todos sus ámbitos, el favorecer soluciones para problemas sociales en clave de justicia solidaria, de generosidad, de caridad y de búsqueda de la paz".
"Nos encontramos en un campo de relación entre comunidad política y religiosa muy amplio que se encauza debidamente en el marco de la libertad religiosa y con el principio de cooperación entre los ciudadanos y los religiosos", concluyó el Purpurado español.
Por último, preguntado por la relación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado, afirmó que ésta es "buena jurídicamente" porque existe un "marco común". "No podemos mostrarnos quejosos en este punto, sino todo lo contrario", apuntó.
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ACI Prensa/04/08/2007
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