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Traducido para Rebelión por Anahí Seri y revisado por Horacio Garetto*
Traducido para Rebelión por Anahí Seri y revisado por Horacio Garetto*
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Los cambios son recientes, brutales y veloces, la ideología que los justifica no ha conseguido la hegemonía entre la gran mayoría, y la mayoría de los regímenes electos no han logrado lanzar un nuevo proyecto político. En segundo lugar, las desigualdades, que se están acrecentando, la concentración y centralización de capital que se manifiesta a través del crecimiento masivo de fusiones y adquisiciones (mergers and acquisitions, M&A) y los ingresos multibillonarios de los superricos han creado unas sociedades fuertemente polarizadas. En tercer lugar, las M&A han integrado las economías y han socializado la producción, aún con beneficios privados en aumento, exacerbando las contradicciones entre la propiedad privada y la producción social. En cuarto lugar, la concentración de riqueza en el sector financiero, de seguros e inmobiliario (sectores especulativos) hace que todo el edificio imperial sea más vulnerable. El sector financiero y el inmobiliario, que acumulan rentas sin producir valor, es el sector más parásito (especulación sobre especulación), es un sector que está divorciado de la producción directa y sujeto a la máxima volatilidad y a un mayor riesgo de crisis económica. En quinto lugar, el boom a largo plazo y gran escala de las manufacturas en China, Asia Oriental y el Sudeste Asiático ha dado lugar a unos precios internacionales que han batido récords para los metales básicos (cobre, plomo, estaño, níquel y zinc), productos agrarios (soja, trigo y azúcar) y de energía (gas, petróleo y etanol). Esto ha supuesto ganancias enormes para las élites de la exportación, y un gran incremento de los ingresos para los gobiernos en Latinoamérica.
La "crisis" social en la Latinoamérica de hoy no representa el "estancamiento" del capitalismo, sino un crecimiento basado en una mayor explotación de la mano de obra y la concentración de los ingresos en la clase gobernante y su elite política. Nunca en el pasado reciente se había acumulado tanta riqueza en Latinoamérica, y la clase gobernante nunca había destinado tanta riqueza al consumo conspicuo, a las inversiones en ultramar y a la especulación inmobiliaria. Jamás había visto Latinoamérica encumbrarse a tantos multimillonarios, ni la transformación de millonarios en millonarios que ha tenido lugar a lo largo de la década pasada, a pesar de la "crisis" de finales de los 90.
La combinación de privatización, saqueo y fusiones de los años 90, más los precios mundiales astronómicos de los commodities agro-mineros de los últimos 7 años, han creado inmensos superávit en las balanzas comerciales, del presupuesto y fortunas privadas ingentes.
Están presentes todos los ingredientes básicos para una transformación estructural, como nunca antes había ocurrido. Varios cambios estratégicos son necesarios y factibles. La clave está en la renacionalización de los sectores de exportación agro-minerales lucrativos más dinámicos, los cuales permitirán financiar un sector manufacturero vasto y diversificado, la producción de alimentos a gran escala, en granjas altamente mecanizadas e importantes inversiones públicas para reconstruir los servicios sociales.
La segunda reforma es la adquisición pública del sector dinámico del comercio exterior, que genera los beneficios más elevados, y constituye la mayor fuente de ingresos públicos para las inversiones a largo plazo. Obviamente, el desarrollo orientado hacia la exportación es un motor de crecimiento para el desarrollo social, especialmente en un período de alza de los precios internacionales, si lo dirigen las clases populares. La pregunta decisiva es qué clases sociales dirigen y controlan los beneficios, y cómo se invierten en el mercado local. Los ingresos de la exportación, si se distribuyen equitativamente entre los productores locales, si se invierten racionalmente entre los sectores del mercado doméstico y la exportación, así como los controles de capital, pueden convertirse en el vehículo que financie una transformación social.
El re-desarrollo urbano y rural popular obliga a revertir la propiedad de la tierra, pasando de las elites de los negocios agrarios y la industria inmobiliaria a los agrónomos del sector público, aliados con campesinos y habitantes urbanos de bajos ingresos. Revertir las tierras confiscadas ilegalmente requiere unos cambios fundamentales en el estado, la ley de propiedad y especialmente el sistema jurídico. Las oficinas y apartamentos de lujo pueden reconvertirse en instalaciones públicas para servicios sociales, actividades culturales y viviendas protegidas. Las plantaciones a gran escala originadas por el desplazamiento violento, ilegal o arbitrario de granjeros y campesino pueden convertirse en empresas de trabajadores públicas, de campesinos, rurales, que generen beneficios.
La paradoja del actual sistema económico injusto es que ha creado todas las condiciones necesarias para una transformación social, bien entendida. Las fusiones y compras de empresas han limitado las bases económicas de la clase gobernante. El crecimiento del capital especulativo ha minado todas las formas paternalistas y hegemónicas de la explotación mediante la cual los capitalistas históricamente manipularon la conciencia de los trabajadores y los campesinos. El crecimiento de grandes fortunas ha distanciado aún más a los superricos de las grandes masas de personas, acabando con las ilusiones de las masas de "alcanzar a los ricos". Del cuento de la Cenicienta. La racionalización de la economía basada en la introducción de nuevas tecnologías facilita el flujo de información para la planificación pública. El crecimiento de una multitud de nuevos mercados (como los asiáticos), con sus demandas de bienes estratégicos, debilita los boicots y bloqueos imperiales.
Desde una perspectiva histórica, los estrategas del desarrollo actual se benefician de las lecciones negativas procedentes de las experiencias con el capitalismo neoliberal y el colectivismo burocrático. La privatización concentra los beneficios, financia la especulación inmobiliaria y la fuga de capital al extranjero. Los rendimientos desiguales de las inversiones deja en paro a una enorme cantidad de fuerza laboral y hace que millones de profesionales y trabajadores especializados abandonen el país.
El colectivismo burocrático no consiguió gestionar adecuadamente el equilibrio entre la producción de bienes del capital y el consumo privado, la disciplina del trabajo colectivo y la productividad. Unas estructuras políticas arbitrarias fomentaron la pasividad y desanimaron de la innovación.
La promesa y las contradicciones de la experiencia bolivariana venezolana brinda experiencias y lecciones adicionales para repensar el desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, a pesar de las diferencias en cuanto al legado de recursos y las idiosincrasias históricas y culturales.
Repensar el desarrollo de Latinoamérica a la luz de la experiencia bolivariana
Estas características también sugieren que andemos con cautela porque, si bien se han producido profundos cambios, éstos no se han consolidado aún del todo. Sin embargo, podemos destacar varias características importantes que contribuyen a que repensemos los dogmas recientes.
Hagamos un resumen de la contribución del proceso bolivariano (PB) a la inauguración del debate sobre el desarrollo.
En primer lugar, el PB ha demostrado que la propiedad privatizada se puede renacionalizar con éxito. La privatización no es "irreversible", no es la "única dirección" del desarrollo económico. En segundo lugar, la inserción a gran escala en la economía internacional no es incompatible con la creación de programas avanzados de asistencia social y las empresas públicas. En otras palabras, la "globalización" no "requiere" toda la parafernalia de una economía neoliberal. La inserción y una participación más profunda en la economía internacional es compatible con una variedad de mezclas de propiedad privada y pública, unas pautas más equitativas de distribución de los ingresos, así como un incremento en el consumo público y privado.
El PB pudo demostrar que las ganancias imprevistas debidas a los altos precios de los commodities no conducen necesariamente a unos enclaves de riqueza en un mar de pobreza si, como ocurre en Venezuela, el gobierno controla los ingresos del comercio y reasigna fondos en beneficio de las clases populares en forma de programas masivos de educación, salud y alimentos subvencionados.
Por último, el PB demuestra que un presidente que impulsa un nacionalismo consecuente y el bienestar público puede llegar al poder en unas elecciones, pero sólo puede seguir en el poder con la ayuda de movilizaciones populares masivas y el apoyo de sectores del ejército. La victoria electoral del Presidente Chávez ha estado sometida a pruebas difíciles: un golpe militar apoyado por el gobierno de USA (abril de 2002), un cierre patronal (diciembre de 2002 – febrero de 2003) que paralizó y saboteó la industria del petróleo, y un referéndum financiado por USA. En cada uno de los casos, el proceso electoral sobrevivió debido a la intervención masiva de acción extraparlamentaria: un millón de residentes de las barriadas urbanas hicieron una marcha contra los golpistas, un sector mayoritario de trabajadores del petróleo y una minoría de técnicos volvieron a poner en marcha la industria del petróleo; la inmensa mayoría de las clases populares se movilizó y organizó y derrotó el referéndum. El PB demuestra que, en determinadas circunstancias, la polítiquería electoral puede abrir brechas importantes para el cambio político, pero necesita una acción directa masiva, independiente, que defienda el proceso, apoye el régimen y defienda las industrias nacionalizadas estratégicas.
Asimismo, el PB demuestra la necesidad de que se den unos cambios estructurales profundos en la naturaleza del aparato estatal. Importantes sectores del ejército y la judicatura intervinieron en contra de procesos de cambio estructural. La burocracia civil y diplomática, que en gran medida había sido instalada por los anteriores regímenes neocoloniales, no pone en práctica programas sociales, sabotea la tramitación de asignaciones presupuestarias, retrasa hasta el infinito la reforma agraria, los planes de viviendas, mientras continúa con prácticas corruptas y sobornos.
La nueva realidad de Latinoamérica, con sus florecientes economías de exportación y una estructura de clases muy polarizada, sus regímenes prenacionales y unos sistemas de información modernos, sugiere que los movimientos sociales y los partidos políticos cuentan con todas las ventajas a la hora de desafiar la política distributiva de los regímenes y politizar cada una de las demandas económicas, ya que el Estado desempeña un papel decisivo a la hora de maximizar los beneficios del sector de la exportación y de denegar la asignación de recursos a los trabajadores de los servicios sociales en el sector público.
Hoy, más que en cualquier otro momento del pasado, los regímenes de exportación prenacionales que viven de rentas, royalties e ingresos de actividades económicas coloniales son políticamente vulnerables. El masivo desplazamiento de los ingresos públicos procedente de la inversión pública y los servicios sociales va acompañado de importantes recortes en los salarios y jubilaciones de los empleados públicos, lo cual crea un sector urbano concentrado militante que se enfrenta al descenso social. La expansión de las multinacionales hacia el comercio minorista (centros comerciales) ha llevado a la bancarrota a los minoristas urbanos. La expansión de las "zonas de libre comercio" y de personal contratado ha minado la legislación social y la seguridad para la clase trabajadora industrial urbana. No se trata de meros problemas económicos pasajeros, "sectoriales", sino de problemas políticos nacionales, relacionados con la centralidad del estado y el poder del estado.
En la medida en que los procesos electorales varían la composición del aparato del estado y su orientación, pueden ser útiles. Si lo único que se hace es "injertar" en el estado los funcionarios electos, de ello resulta la continuidad del orden antiguo. Ningún régimen electoral progresista puede llegar al poder a menos que sea el producto de unas luchas intensas de clase y nacionales, que aumenten la concienciación y creen organizaciones de masas extraparlamentarias capaces de apoyar el régimen protegiéndolo de los inevitables golpes postelectorales y del sabotaje. En la mayoría de los casos, la clave del poder político no está en cuestiones electorales, sino en organizar el poder social y político fuera de los canales institucionales establecidos para garantizar un proceso continuo de transformación.
El poder social organizado es necesario, pues incluso la propiedad pública puede ocultar nuevas desigualdades de clase que perpetúan la injusticia y la alienación. Además, las decisiones en materia de inversión pública, asignación de superávit comercial y el equilibrio entre consumo de capital y consumo público / privado requiere la participación de los productores directos y los consumidores de las masas.
Como punto de referencia, Venezuela proporciona algunas lecciones útiles, pero nadie debería construir un modelo basado en el PB. En primer lugar, Venezuela ha sido y sigue siendo una economía rentista a pesar de los esfuerzos del Presidente Chávez por transformarla. En segundo lugar, ninguno de los regímenes autodenominados de "centro-izquierda" (Lula en Brasil, la familia Kirschner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Vázquez-Astori en Uruguay) ha roto con el modelo elitista de exportación agro-mineral, ni ha revertido los sectores económicos estratégicos privatizados. De hecho, Kirschner ha renovado una de las leyes de minería más regresivas en todo el hemisferio, con pagos de royalty que no superan el 2%, y Evo Morales ha entregado el Complejo Mutun de hierro-magnesio al cartel multinacional indio Jindel, en condiciones extremadamente favorables (antinacionales).
La lección que se extrae de los 5 años de experiencia con la economía política de los regímenes de "centro-izquierda" es que no son de "izquierdas" ni de "centro", sino que forman parte inequívocamente de la "tercera ola" de los regímenes neoliberales que llegaron al poder tras el colapso y la crisis de la segunda ola (Menem-De la Rua, Sánchez de Lozada-Mesa, etc.) y han sido favorecidos y apoyados por los precios mundiales y la demanda excepcionales. El ejemplo del fracaso de la reforma estructural progresista bajo los nuevos neoliberales nos muestra que las etiquetas ideológicas pasadas, los orígenes sociales populares y la retórica neoliberal no constituyen un buen indicador de la práctica política económica actual y las alianzas sociales en el poder político. Toda la clase política que se define a sí misma como de "centro-izquierda" está compuesta por profesionales que ascienden de clase social, funcionarios sociales y políticos de clase media baja y líderes de movimientos orientados hacia las elecciones. Usan sus vínculos antiguos con la lucha social para conseguir poder político, riqueza económica y aceptación social por parte de las clases dominantes y homólogos extranjeros. Para evitar el círculo vicioso repetido de comenzar a la izquierda con la gente, pasar al "centro-izquierda" con la clase media y abrazar luego la derecha y las grandes empresas, los movimientos de masas deben ejercer un control democrático directo sobre sus líderes, vigilar de cerca sus programas sociales y las tácticas y estrategias de sus líderes.
La transformación estructural (reforma agraria, nacionalización etc.) debe contar con la mediación de las circunstancias políticas, la aceleración que produce la acción popular política (¿sabotaje?) y la capacidad de administrar las finanzas y ejecutarlas. Para conseguir que el público se adhiera al proceso, son importantes los programas que mejoran las vidas directamente; pero delinear claramente las "reglas del juego" para los diferentes aliados estratégicos entre quienes ostentan pequeñas y medianas propiedades en servicios, manufactura y agricultura es esencial para aislar las elites financieras, inmobiliarias y agro minerales. Es fundamental el fomento estatal de los medios de comunicación de masas, la cultura y el entretenimiento popular como alternativa a la propaganda de los medios de comunicación prenacionales. La seguridad nacional debería excluir a los medios que promueven el derrocamiento violente del régimen democrático popular.
Son obvias las lecciones que se derivan del golpe de estado de Venezuela apoyado por los medios de comunicación. Los paquetes específicos de transformación de medidas y tiempo deberían reflejar las particularidades de cada país; pero el objetivo inmediato es acelerar la transición de una economía prenacional a una nacional, de un mercado inmobiliario especulativa a un programa de viviendas sociales, de una economía de rentas, intereses, royalties y envíos de beneficios basada en pagos del extranjero a un mercado nacional que se autofinancia y que enlaza los recursos locales y las regiones. Las ganancias imprevistas del sector de la exportación deberían dar lugar a un fortalecimiento producción doméstica y a intercambios que expandan los sectores productivos y el consumo local, basados en normas igualitarias que logren una participación política popular uniforme.
Los cambios son recientes, brutales y veloces, la ideología que los justifica no ha conseguido la hegemonía entre la gran mayoría, y la mayoría de los regímenes electos no han logrado lanzar un nuevo proyecto político. En segundo lugar, las desigualdades, que se están acrecentando, la concentración y centralización de capital que se manifiesta a través del crecimiento masivo de fusiones y adquisiciones (mergers and acquisitions, M&A) y los ingresos multibillonarios de los superricos han creado unas sociedades fuertemente polarizadas. En tercer lugar, las M&A han integrado las economías y han socializado la producción, aún con beneficios privados en aumento, exacerbando las contradicciones entre la propiedad privada y la producción social. En cuarto lugar, la concentración de riqueza en el sector financiero, de seguros e inmobiliario (sectores especulativos) hace que todo el edificio imperial sea más vulnerable. El sector financiero y el inmobiliario, que acumulan rentas sin producir valor, es el sector más parásito (especulación sobre especulación), es un sector que está divorciado de la producción directa y sujeto a la máxima volatilidad y a un mayor riesgo de crisis económica. En quinto lugar, el boom a largo plazo y gran escala de las manufacturas en China, Asia Oriental y el Sudeste Asiático ha dado lugar a unos precios internacionales que han batido récords para los metales básicos (cobre, plomo, estaño, níquel y zinc), productos agrarios (soja, trigo y azúcar) y de energía (gas, petróleo y etanol). Esto ha supuesto ganancias enormes para las élites de la exportación, y un gran incremento de los ingresos para los gobiernos en Latinoamérica.
La "crisis" social en la Latinoamérica de hoy no representa el "estancamiento" del capitalismo, sino un crecimiento basado en una mayor explotación de la mano de obra y la concentración de los ingresos en la clase gobernante y su elite política. Nunca en el pasado reciente se había acumulado tanta riqueza en Latinoamérica, y la clase gobernante nunca había destinado tanta riqueza al consumo conspicuo, a las inversiones en ultramar y a la especulación inmobiliaria. Jamás había visto Latinoamérica encumbrarse a tantos multimillonarios, ni la transformación de millonarios en millonarios que ha tenido lugar a lo largo de la década pasada, a pesar de la "crisis" de finales de los 90.
La combinación de privatización, saqueo y fusiones de los años 90, más los precios mundiales astronómicos de los commodities agro-mineros de los últimos 7 años, han creado inmensos superávit en las balanzas comerciales, del presupuesto y fortunas privadas ingentes.
Están presentes todos los ingredientes básicos para una transformación estructural, como nunca antes había ocurrido. Varios cambios estratégicos son necesarios y factibles. La clave está en la renacionalización de los sectores de exportación agro-minerales lucrativos más dinámicos, los cuales permitirán financiar un sector manufacturero vasto y diversificado, la producción de alimentos a gran escala, en granjas altamente mecanizadas e importantes inversiones públicas para reconstruir los servicios sociales.
La segunda reforma es la adquisición pública del sector dinámico del comercio exterior, que genera los beneficios más elevados, y constituye la mayor fuente de ingresos públicos para las inversiones a largo plazo. Obviamente, el desarrollo orientado hacia la exportación es un motor de crecimiento para el desarrollo social, especialmente en un período de alza de los precios internacionales, si lo dirigen las clases populares. La pregunta decisiva es qué clases sociales dirigen y controlan los beneficios, y cómo se invierten en el mercado local. Los ingresos de la exportación, si se distribuyen equitativamente entre los productores locales, si se invierten racionalmente entre los sectores del mercado doméstico y la exportación, así como los controles de capital, pueden convertirse en el vehículo que financie una transformación social.
El re-desarrollo urbano y rural popular obliga a revertir la propiedad de la tierra, pasando de las elites de los negocios agrarios y la industria inmobiliaria a los agrónomos del sector público, aliados con campesinos y habitantes urbanos de bajos ingresos. Revertir las tierras confiscadas ilegalmente requiere unos cambios fundamentales en el estado, la ley de propiedad y especialmente el sistema jurídico. Las oficinas y apartamentos de lujo pueden reconvertirse en instalaciones públicas para servicios sociales, actividades culturales y viviendas protegidas. Las plantaciones a gran escala originadas por el desplazamiento violento, ilegal o arbitrario de granjeros y campesino pueden convertirse en empresas de trabajadores públicas, de campesinos, rurales, que generen beneficios.
La paradoja del actual sistema económico injusto es que ha creado todas las condiciones necesarias para una transformación social, bien entendida. Las fusiones y compras de empresas han limitado las bases económicas de la clase gobernante. El crecimiento del capital especulativo ha minado todas las formas paternalistas y hegemónicas de la explotación mediante la cual los capitalistas históricamente manipularon la conciencia de los trabajadores y los campesinos. El crecimiento de grandes fortunas ha distanciado aún más a los superricos de las grandes masas de personas, acabando con las ilusiones de las masas de "alcanzar a los ricos". Del cuento de la Cenicienta. La racionalización de la economía basada en la introducción de nuevas tecnologías facilita el flujo de información para la planificación pública. El crecimiento de una multitud de nuevos mercados (como los asiáticos), con sus demandas de bienes estratégicos, debilita los boicots y bloqueos imperiales.
Desde una perspectiva histórica, los estrategas del desarrollo actual se benefician de las lecciones negativas procedentes de las experiencias con el capitalismo neoliberal y el colectivismo burocrático. La privatización concentra los beneficios, financia la especulación inmobiliaria y la fuga de capital al extranjero. Los rendimientos desiguales de las inversiones deja en paro a una enorme cantidad de fuerza laboral y hace que millones de profesionales y trabajadores especializados abandonen el país.
El colectivismo burocrático no consiguió gestionar adecuadamente el equilibrio entre la producción de bienes del capital y el consumo privado, la disciplina del trabajo colectivo y la productividad. Unas estructuras políticas arbitrarias fomentaron la pasividad y desanimaron de la innovación.
La promesa y las contradicciones de la experiencia bolivariana venezolana brinda experiencias y lecciones adicionales para repensar el desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, a pesar de las diferencias en cuanto al legado de recursos y las idiosincrasias históricas y culturales.
Repensar el desarrollo de Latinoamérica a la luz de la experiencia bolivariana
Estas características también sugieren que andemos con cautela porque, si bien se han producido profundos cambios, éstos no se han consolidado aún del todo. Sin embargo, podemos destacar varias características importantes que contribuyen a que repensemos los dogmas recientes.
Hagamos un resumen de la contribución del proceso bolivariano (PB) a la inauguración del debate sobre el desarrollo.
En primer lugar, el PB ha demostrado que la propiedad privatizada se puede renacionalizar con éxito. La privatización no es "irreversible", no es la "única dirección" del desarrollo económico. En segundo lugar, la inserción a gran escala en la economía internacional no es incompatible con la creación de programas avanzados de asistencia social y las empresas públicas. En otras palabras, la "globalización" no "requiere" toda la parafernalia de una economía neoliberal. La inserción y una participación más profunda en la economía internacional es compatible con una variedad de mezclas de propiedad privada y pública, unas pautas más equitativas de distribución de los ingresos, así como un incremento en el consumo público y privado.
El PB pudo demostrar que las ganancias imprevistas debidas a los altos precios de los commodities no conducen necesariamente a unos enclaves de riqueza en un mar de pobreza si, como ocurre en Venezuela, el gobierno controla los ingresos del comercio y reasigna fondos en beneficio de las clases populares en forma de programas masivos de educación, salud y alimentos subvencionados.
Por último, el PB demuestra que un presidente que impulsa un nacionalismo consecuente y el bienestar público puede llegar al poder en unas elecciones, pero sólo puede seguir en el poder con la ayuda de movilizaciones populares masivas y el apoyo de sectores del ejército. La victoria electoral del Presidente Chávez ha estado sometida a pruebas difíciles: un golpe militar apoyado por el gobierno de USA (abril de 2002), un cierre patronal (diciembre de 2002 – febrero de 2003) que paralizó y saboteó la industria del petróleo, y un referéndum financiado por USA. En cada uno de los casos, el proceso electoral sobrevivió debido a la intervención masiva de acción extraparlamentaria: un millón de residentes de las barriadas urbanas hicieron una marcha contra los golpistas, un sector mayoritario de trabajadores del petróleo y una minoría de técnicos volvieron a poner en marcha la industria del petróleo; la inmensa mayoría de las clases populares se movilizó y organizó y derrotó el referéndum. El PB demuestra que, en determinadas circunstancias, la polítiquería electoral puede abrir brechas importantes para el cambio político, pero necesita una acción directa masiva, independiente, que defienda el proceso, apoye el régimen y defienda las industrias nacionalizadas estratégicas.
Asimismo, el PB demuestra la necesidad de que se den unos cambios estructurales profundos en la naturaleza del aparato estatal. Importantes sectores del ejército y la judicatura intervinieron en contra de procesos de cambio estructural. La burocracia civil y diplomática, que en gran medida había sido instalada por los anteriores regímenes neocoloniales, no pone en práctica programas sociales, sabotea la tramitación de asignaciones presupuestarias, retrasa hasta el infinito la reforma agraria, los planes de viviendas, mientras continúa con prácticas corruptas y sobornos.
La nueva realidad de Latinoamérica, con sus florecientes economías de exportación y una estructura de clases muy polarizada, sus regímenes prenacionales y unos sistemas de información modernos, sugiere que los movimientos sociales y los partidos políticos cuentan con todas las ventajas a la hora de desafiar la política distributiva de los regímenes y politizar cada una de las demandas económicas, ya que el Estado desempeña un papel decisivo a la hora de maximizar los beneficios del sector de la exportación y de denegar la asignación de recursos a los trabajadores de los servicios sociales en el sector público.
Hoy, más que en cualquier otro momento del pasado, los regímenes de exportación prenacionales que viven de rentas, royalties e ingresos de actividades económicas coloniales son políticamente vulnerables. El masivo desplazamiento de los ingresos públicos procedente de la inversión pública y los servicios sociales va acompañado de importantes recortes en los salarios y jubilaciones de los empleados públicos, lo cual crea un sector urbano concentrado militante que se enfrenta al descenso social. La expansión de las multinacionales hacia el comercio minorista (centros comerciales) ha llevado a la bancarrota a los minoristas urbanos. La expansión de las "zonas de libre comercio" y de personal contratado ha minado la legislación social y la seguridad para la clase trabajadora industrial urbana. No se trata de meros problemas económicos pasajeros, "sectoriales", sino de problemas políticos nacionales, relacionados con la centralidad del estado y el poder del estado.
En la medida en que los procesos electorales varían la composición del aparato del estado y su orientación, pueden ser útiles. Si lo único que se hace es "injertar" en el estado los funcionarios electos, de ello resulta la continuidad del orden antiguo. Ningún régimen electoral progresista puede llegar al poder a menos que sea el producto de unas luchas intensas de clase y nacionales, que aumenten la concienciación y creen organizaciones de masas extraparlamentarias capaces de apoyar el régimen protegiéndolo de los inevitables golpes postelectorales y del sabotaje. En la mayoría de los casos, la clave del poder político no está en cuestiones electorales, sino en organizar el poder social y político fuera de los canales institucionales establecidos para garantizar un proceso continuo de transformación.
El poder social organizado es necesario, pues incluso la propiedad pública puede ocultar nuevas desigualdades de clase que perpetúan la injusticia y la alienación. Además, las decisiones en materia de inversión pública, asignación de superávit comercial y el equilibrio entre consumo de capital y consumo público / privado requiere la participación de los productores directos y los consumidores de las masas.
Como punto de referencia, Venezuela proporciona algunas lecciones útiles, pero nadie debería construir un modelo basado en el PB. En primer lugar, Venezuela ha sido y sigue siendo una economía rentista a pesar de los esfuerzos del Presidente Chávez por transformarla. En segundo lugar, ninguno de los regímenes autodenominados de "centro-izquierda" (Lula en Brasil, la familia Kirschner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Vázquez-Astori en Uruguay) ha roto con el modelo elitista de exportación agro-mineral, ni ha revertido los sectores económicos estratégicos privatizados. De hecho, Kirschner ha renovado una de las leyes de minería más regresivas en todo el hemisferio, con pagos de royalty que no superan el 2%, y Evo Morales ha entregado el Complejo Mutun de hierro-magnesio al cartel multinacional indio Jindel, en condiciones extremadamente favorables (antinacionales).
La lección que se extrae de los 5 años de experiencia con la economía política de los regímenes de "centro-izquierda" es que no son de "izquierdas" ni de "centro", sino que forman parte inequívocamente de la "tercera ola" de los regímenes neoliberales que llegaron al poder tras el colapso y la crisis de la segunda ola (Menem-De la Rua, Sánchez de Lozada-Mesa, etc.) y han sido favorecidos y apoyados por los precios mundiales y la demanda excepcionales. El ejemplo del fracaso de la reforma estructural progresista bajo los nuevos neoliberales nos muestra que las etiquetas ideológicas pasadas, los orígenes sociales populares y la retórica neoliberal no constituyen un buen indicador de la práctica política económica actual y las alianzas sociales en el poder político. Toda la clase política que se define a sí misma como de "centro-izquierda" está compuesta por profesionales que ascienden de clase social, funcionarios sociales y políticos de clase media baja y líderes de movimientos orientados hacia las elecciones. Usan sus vínculos antiguos con la lucha social para conseguir poder político, riqueza económica y aceptación social por parte de las clases dominantes y homólogos extranjeros. Para evitar el círculo vicioso repetido de comenzar a la izquierda con la gente, pasar al "centro-izquierda" con la clase media y abrazar luego la derecha y las grandes empresas, los movimientos de masas deben ejercer un control democrático directo sobre sus líderes, vigilar de cerca sus programas sociales y las tácticas y estrategias de sus líderes.
La transformación estructural (reforma agraria, nacionalización etc.) debe contar con la mediación de las circunstancias políticas, la aceleración que produce la acción popular política (¿sabotaje?) y la capacidad de administrar las finanzas y ejecutarlas. Para conseguir que el público se adhiera al proceso, son importantes los programas que mejoran las vidas directamente; pero delinear claramente las "reglas del juego" para los diferentes aliados estratégicos entre quienes ostentan pequeñas y medianas propiedades en servicios, manufactura y agricultura es esencial para aislar las elites financieras, inmobiliarias y agro minerales. Es fundamental el fomento estatal de los medios de comunicación de masas, la cultura y el entretenimiento popular como alternativa a la propaganda de los medios de comunicación prenacionales. La seguridad nacional debería excluir a los medios que promueven el derrocamiento violente del régimen democrático popular.
Son obvias las lecciones que se derivan del golpe de estado de Venezuela apoyado por los medios de comunicación. Los paquetes específicos de transformación de medidas y tiempo deberían reflejar las particularidades de cada país; pero el objetivo inmediato es acelerar la transición de una economía prenacional a una nacional, de un mercado inmobiliario especulativa a un programa de viviendas sociales, de una economía de rentas, intereses, royalties y envíos de beneficios basada en pagos del extranjero a un mercado nacional que se autofinancia y que enlaza los recursos locales y las regiones. Las ganancias imprevistas del sector de la exportación deberían dar lugar a un fortalecimiento producción doméstica y a intercambios que expandan los sectores productivos y el consumo local, basados en normas igualitarias que logren una participación política popular uniforme.
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*Anahí Seri y Horacio Garetto son miembros de Cubadebate y Rebelión.
*Anahí Seri y Horacio Garetto son miembros de Cubadebate y Rebelión.
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