Rosario GreenSenadora de la República (PRI)
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Cuántas veces hemos escuchado que la política exterior no es sino la otra cara de la política interna. Y cuántas otras nos hemos encontrado con una realidad que dista mucho de aproximarse a esa noción. Ahora mismo, cuando se están discutiendo los componentes de la reforma del Estado, se nota la ausencia de la política exterior en ese debate.
Aunque dicha situación tiene diversas explicaciones, sobresale el hecho de que por mucho tiempo la política exterior fue materia del exclusivo manejo del Ejecutivo federal y su ejecución estuvo siempre a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, uno de los efectos más directos de la globalización lo constituye el hecho de que, en la actualidad, las relaciones internacionales tienen una extraordinaria dinámica y en ellas interviene un gran número de actores.
Así, nos encontramos con que existen vinculaciones internacionales de la más variada naturaleza en las que, al lado de los gobiernos nacionales, participan los gobiernos locales, sean estatales o municipales, amén de múltiples instituciones e instancias, entre las que sobresalen las académicas y culturales, las cuales suscriben con sus pares de otras latitudes acuerdos de intercambio y colaboración de diversos alcances. Esto acontece en todo el mundo y resultaría utópico, para decir lo menos, tratar de retornar a los tiempos del control por parte del gobierno federal.
Casi es innecesario señalar que como consecuencia de esta situación es sumamente difícil proyectar hacia el exterior una imagen clara de los intereses de México, como lo hacen otros países, entre ellos Brasil, para citar un ejemplo cercano en términos culturales y de grado de desarrollo. Para decirlo de manera franca, en el presente nuestras relaciones internacionales se producen en medio de un gran desorden y, por lo tanto, sus resultados no son todo lo positivo que podrían ser.
En el proceso de reforma del Estado las vinculaciones con el mundo externo tendrían que ser objeto de atención para procurar un grado sensato y manejable de ordenamiento. En este sentido, la aportación del Senado de la República puede resultar significativa, toda vez que bajo su responsabilidad se encuentran tareas legislativas que se relacionan de manera directa con las preocupaciones antes expresadas.
En la agenda de la Cámara Alta están inscritos tanto la revisión de la Ley sobre Celebración de Tratados como el análisis de la iniciativa de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el primer caso, con el objetivo de consolidar el marco jurídico que debe ser tomado en cuenta al momento de suscribir acuerdos interinstitucionales entre cualquier instancia de la administración pública federal, estatal o municipal, y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, asegurando que no se asuman compromisos contrarios el interés nacional. En el segundo, con el propósito de que los importantes esfuerzos de cooperación internacional que hoy realizan de manera dispersa múltiples instancias gubernamentales mexicanas sean apreciados como parte de un todo y puedan constituir un instrumento del mayor valor para la conducción de nuestra política exterior.
No se trata de echar cerrojos ni de cancelar iniciativas institucionales valiosas, sino de crear instrumentos modernos y ágiles para tener el registro de los acuerdos interinstitucionales y de las actividades de cooperación internacional, y generar dispositivos que permitan proyectar de manera ordenada la enorme riqueza y diversidad de los intereses y acciones de México y de los mexicanos en sus relaciones con el resto del mundo. Estoy cierta de que los pasos que se den en esta dirección abonarán el surgimiento de una verdadera política exterior de Estado.
Aunque dicha situación tiene diversas explicaciones, sobresale el hecho de que por mucho tiempo la política exterior fue materia del exclusivo manejo del Ejecutivo federal y su ejecución estuvo siempre a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, uno de los efectos más directos de la globalización lo constituye el hecho de que, en la actualidad, las relaciones internacionales tienen una extraordinaria dinámica y en ellas interviene un gran número de actores.
Así, nos encontramos con que existen vinculaciones internacionales de la más variada naturaleza en las que, al lado de los gobiernos nacionales, participan los gobiernos locales, sean estatales o municipales, amén de múltiples instituciones e instancias, entre las que sobresalen las académicas y culturales, las cuales suscriben con sus pares de otras latitudes acuerdos de intercambio y colaboración de diversos alcances. Esto acontece en todo el mundo y resultaría utópico, para decir lo menos, tratar de retornar a los tiempos del control por parte del gobierno federal.
Casi es innecesario señalar que como consecuencia de esta situación es sumamente difícil proyectar hacia el exterior una imagen clara de los intereses de México, como lo hacen otros países, entre ellos Brasil, para citar un ejemplo cercano en términos culturales y de grado de desarrollo. Para decirlo de manera franca, en el presente nuestras relaciones internacionales se producen en medio de un gran desorden y, por lo tanto, sus resultados no son todo lo positivo que podrían ser.
En el proceso de reforma del Estado las vinculaciones con el mundo externo tendrían que ser objeto de atención para procurar un grado sensato y manejable de ordenamiento. En este sentido, la aportación del Senado de la República puede resultar significativa, toda vez que bajo su responsabilidad se encuentran tareas legislativas que se relacionan de manera directa con las preocupaciones antes expresadas.
En la agenda de la Cámara Alta están inscritos tanto la revisión de la Ley sobre Celebración de Tratados como el análisis de la iniciativa de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el primer caso, con el objetivo de consolidar el marco jurídico que debe ser tomado en cuenta al momento de suscribir acuerdos interinstitucionales entre cualquier instancia de la administración pública federal, estatal o municipal, y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, asegurando que no se asuman compromisos contrarios el interés nacional. En el segundo, con el propósito de que los importantes esfuerzos de cooperación internacional que hoy realizan de manera dispersa múltiples instancias gubernamentales mexicanas sean apreciados como parte de un todo y puedan constituir un instrumento del mayor valor para la conducción de nuestra política exterior.
No se trata de echar cerrojos ni de cancelar iniciativas institucionales valiosas, sino de crear instrumentos modernos y ágiles para tener el registro de los acuerdos interinstitucionales y de las actividades de cooperación internacional, y generar dispositivos que permitan proyectar de manera ordenada la enorme riqueza y diversidad de los intereses y acciones de México y de los mexicanos en sus relaciones con el resto del mundo. Estoy cierta de que los pasos que se den en esta dirección abonarán el surgimiento de una verdadera política exterior de Estado.
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El Universal - México/26/09/2007
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