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A las clases dominantes en Brasil no les interesa una América Latina fuerte. Prefieren que el “coloso del Sur” esté rodeado por países débiles, a los que se somete a través de imposiciones económicas y presiones políticas. Esta la principal conclusión a la que arriba el primer Ministro de Hidrocarburos y Energía de Evo Morales, Andrés Soliz Rada, en entrevista con el periódico Zero-Hora, de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul. Aclara, sin embargo, que siente profundo respeto y cariño por el pueblo brasileño. Este el diálogo que sostuvo con Marta Sfredo, cuyo texto fue resumido por la entrevistadora.
PREGUNTA (P).- ¿La política de nacionalizar los hidrocarburos en Bolivia fue elaborada por el Presidente Evo Morales o correspondió a usted cumplir un papel decisivo en ese proceso?
RESPUESTA (R).- La decisión de recuperar la propiedad, la posesión y el control de los hidrocarburos corresponde al pueblo boliviano, que, mediante movilizaciones y protestas, enfrentó a las políticas neoliberales. Esa decisión fue fortalecida por fuerzas políticas, como “Conciencia de Patria” (CONDEPA), fundada en 1989 y que desapareció años después, y por el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, que ya tuvo importante desempeño en las elecciones presidenciales del 2002. Fue nutrida por notables aportes teóricos, como los de Carlos Montenegro, ideólogo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del Partido Socialista (PS); y Sergio Almaraz Paz, el maestro en la defensa consecuente del gas y del petróleo. Cabe recordar, así mismo, las dos nacionalizaciones del petróleo realizadas en Bolivia, en 1937 y 1969, por los generales David Toro y Alfredo Ovando Candia, respectivamente. Estos procesos son eslabones de la tradición revolucionaria latinoamericana de la que forman parte el general Lázaro Cárdenas en México y el general Getulio Vargas en Brasil.
P.- ¿Cómo fue el proceso de toma de decisión del Decreto de Nacionalización del primero de mayo de 2006?
R.- El proceso reciente se inicia con la denominada “Guerra del Agua”, librada en febrero de 2000, mediante la cual el pueblo de Cochabamba (al centro del país), expulsa a la norteamericana Bechtel, que pretendía imponer abusivos incrementos de tarifas a regantes y consumidores del líquido vital. Continuó, casi de inmediato, con impresionantes cercos de campesinos aymaras a la ciudad de La Paz, organizados por el dirigente Felipe Quispe, los que debilitaron la influencia de las transnacionales en la orientación de la economía nacional. El punto más alto de estas protestas tuvo lugar el 17 de octubre de 2003, cuando la ciudad de El Alto (vecina de la ciudad de La Paz), encabezó una insurrección popular que, al precio de más de 60 muertos y cientos de heridos, obligó al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a huir a Miami. En julio de 2004, el vicepresidente Carlos Mesa, quien ocupó el cargo de Sánchez de Lozada, tuvo que convocar un referéndum, en el que, por abrumadora mayoría, el país se pronunció por la recuperación del gas y del petróleo. La nueva Ley de Hidrocarburos, de 17-05-05, incrementó las regalías para el país del 18 al 50 %. Con estos antecedentes, Evo Morales ganó las elecciones de diciembre de 2005, con el 54 %, el porcentaje más alto conseguido por un candidato desde hacía 40 años, con la promesa de nacionalizar el gas y el petróleo y al menos el 50 mas uno de las empresas estratégicas enajenadas por ex presidente derrocado. En consecuencia, el nuevo mandatario debía cumplir el mandato de la insurrección de octubre de 2003, del referéndum citado, así como su oferta electoral del año 2005.
P.- ¿En algún momento se pensó comunicar esta medida en forma previa al gobierno de Brasil?
R.- Antes de la nacionalización, me reuní en Brasilia con mi colega Silas Rondeau, a quien hice saber que Bolivia había decidido recuperar los hidrocarburos y que, en el futuro, habría nuevas reglas de juego en las exportaciones de gas al Brasil. Sin embargo, en ningún momento pasó por mi mente detallar el contenido del Decreto, ya que se trataba de una decisión soberana de nuestro gobierno.
P.- ¿En aquellos días, se preveía que Petrobrás podría salir de Bolivia?
R.- En caso de cortarse de manera abrupta los suministros de petróleo a nivel mundial, se produciría un caos incontrolable e indescriptible. Ese mismo caos se desataría en ese monstruo industrial que es San Pablo, si sufriera el súbito corte del gas boliviano, que atiende el 50 % de sus requerimientos cotidianos. Por esta razón Petrobrás estaba obligada a quedarse en Bolivia. La situación, sin embargo, está en proceso de cambio. A fin de no sufrir las angustias del primero de mayo, Brasilia ha resuelto no depender del gas boliviano, lo que podría ocurrir en los próximos años, mediante el incremento en la producción de agro combustibles, importaciones de LNG, desarrollo más acelerado de extracción de petróleo submarino y de plantas nucleares, ya que, como se sabe, “no existe energía más cara que la que no se tiene”. Por mi parte, estimé, en el momento de la nacionalización, que estaban dadas las condiciones para que Bolivia obtenga mejores condiciones de venta de gas al Brasil. De ahí la firmeza de mis posiciones.
P.- ¿Cómo evalúa hoy el proceso de nacionalización?
R.- El Decreto de nacionalización ha quedado a medio camino y ha sufrido severos retrocesos. En lugar de los contratos de operación anunciados el primero de mayo de 2006, fueron suscritos, en mayo de 2007, contratos de producción compartida, por los que las petroleras se quedan con la propiedad de un porcentaje de la producción, con lo que la propiedad de los hidrocarburos ha sido otra vez enajenada. Después de esa firma, Petrobrás informó que podía volver a inscribir en las bolsas internacionales las reservas que controla en Bolivia. Las auditorias a los campos petroleros dispuestas por el Decreto de Nacionalización para la suscripción de contratos no fueron tomadas en cuenta, aceptándose la cifras de inversiones y amortizaciones declaradas por las petroleras, las que sirvieron de base para determinar nuevos montos impositivos. YPFB incumplió el Decreto al no controlar, de manera inmediata, el 50 % más uno del paquete accionario de empresas como Andina (Repsol), Chaco (Amoco-British Gas) y Transredes (Enron). Lo mismo ocurrió con los depósitos de almacenamiento en poder de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), de capitales peruanos y alemanes. Sólo dos refinerías de petróleo, compradas por Petrobrás en 104 millones de dólares, fueron devueltas a YPFB, mediante el pago de 112 millones de dólares, cifra a la que se debe añadir alrededor de 300 millones de dólares, en pasivos y obligaciones contraídos por la empresa brasileña. Los citados contratos no debieron haberse firmado en tanto las compañías no se comprometan a realizar inversiones para exploración y desarrollo de campos, a fin de garantizar el mercado interno a precios adecuados, concretar los proyectos de industrialización y garantizar los compromisos de exportación a Brasil y Argentina. Sólo ahora se están discutiendo planes de inversión, en los que las petroleras pretenden obtener aún mayores ventajas.
P.- En el universo empresarial se dice que Bolivia sufre de “inseguridad jurídica”, debido a una política poco clara de desarrollo sectorial del gobierno. ¿Esto es un hecho o hace falta que se comprenda mejor la situación del país?
R.- Antes del Decreto de Nacionalización casi no se hablaba de inseguridad jurídica, pese a que las empresas explotaban campos de gas y petróleo mediante contratos que no estaban autorizados y aprobados por el Congreso de la República, como dispone la Constitución Política del Estado, y pese a que Sánchez de Lozada entregó la propiedad de los hidrocarburos de Bolivia en boca de pozo mediante anexos clandestinos del Decreto 24806, de 4-VIII-97, dictado dos días antes de finalizar su primera presidencia. O sea que la inseguridad jurídica es inexistente cuando se saquea a nuestros países, pero nos acordamos de ella cuando se defienden los intereses de nuestros pueblos.
P.- Usted ha dicho que renunció para no firmar una Resolución Ministerial que contrariaba una anterior que había dictado. Esa segunda Resolución Ministerial, hasta donde nosotros sabemos, nunca existió. Usted piensa que se ha retrocedido en la posición del gobierno.
R.- Esa segunda Resolución Ministerial si existió y fue dictada por mi sucesor en el ministerio tres días después de mi renuncia. Con esta última se impidió que YPFB, en cumplimiento del Decreto de Nacionalización, tomara el control del petróleo crudo y de los productos de las refinerías en poder de Petrobrás. La Resolución que dicté tuvo que ser puesta en vigencia ocho meses después, lo que sirvió de base para la recompra de las refinerías de Petrobrás, pero en un momento en el que la fuerza de la nacionalización se había debilitado.
P.- Hasta hoy, la estatal YPFB tiene problemas en el suministro de combustibles, tanto para el mercado interno como para exportar a la Argentina. ¿Eso pasa por falta de experiencia?
R.- Eso pasa por que la nacionalización, repito una vez más, quedó a medio camino, ya que las empresas debían suscribir contratos de operación (o de servicios) sólo en los campos en explotación. Los campos en exploración y retención debían retornar al control de YPFB, los que podían ser desarrollados con 1.300 millones de dólares ofrecidos por el gobierno argentino y por inversiones procedentes de Venezuela e Irán.
P.- ¿Repsol colabora en la operación de las refinerías? ¿Es mejor que Petrobrás?
R.- Repsol no opera en las refinerías. Repsol y Petrobrás se asociaron para estafar a YPFB, en la exportación de gas al Brasil, mediante un contrato suscrito entre ambas compañías a espaldas de YPFB. La estafa asciende a 170 millones de dólares según cifras de Repsol, en tanto que Petrobrás, en informe a su directorio, indica que se benefició por el ilegal contrato con 300 millones de dólares.
P.- ¿Usted cree que no es posible ganar en una asociación con las petroleras?
R.- Creo que es posible, pero a condición de que se suscriban contratos en los que se defiendan los intereses de nuestros países. En este sentido, Petrobrás ha suscrito buenos contratos con trasnacionales, al igual que PDVSA de Venezuela o la State Oil de Noruega.
P.- ¿Bolivia tendrá suficiente dinero para explotar sus recursos de gas y petróleo?
R.- Si YPFB, reestructurada de manera corporativa, como dispone el Decreto de Nacionalización, incumplido también en esta parte vital, inscribe sus reservas de gas y petróleo en las bolsas de valores, en ejercicio de su derecho propietario, está en condiciones de obtener todo el dinero que precisa para el desarrollo de los hidrocarburos de manera autónoma o en sociedad con otras empresas.
P.- ¿Cómo evalúa usted la actuación de Petrobrás en Bolivia? ¿Es Venezuela más confiables como socio estratégico para su país que Brasil?
R.- Deseo aclarar, en forma previa, que tengo un profundo cariño y respeto por el pueblo brasileño. Infelizmente, sus clases dirigentes carecen, casi siempre, de una visión latinoamericana, que permita alcanzar un desarrollo armónico de la región. Prefieren, por el contrario, que Brasil esté rodeado por países débiles, a fin de obligarlos a aceptar las imposiciones de Brasilia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Paraguay tenga una enorme deuda con Braskem, después de 30 años de vender hidroelectricidad de Itaipú? ¿Por qué Brasil ha condicionado su ingreso al Banco del Sur a obtener financiamiento para las carreras interoceánicas que necesita este país? ¿Es adecuado el convenio firmado entre Bush y Lula sobre los agro combustibles? ¿Se están preservando los intereses de los países amazónicos? El pueblo brasileño debe saber que hasta 1996, YPFB controlaba la exploración, explotación, comercialización, transporte e industrialización de los hidrocarburos. Hasta el Decreto de Nacionalización, YPFB fue convertida en empresa residual, en tanto que Petrobrás había tomado el control de toda la cadena productiva de los hidrocarburos en Bolivia. Brasil, al comenzar la importación de gas boliviano, anunció la instalación de 49 termoeléctricas: 25 en Brasil y 24 en Bolivia. Ni una sola fue instalada en territorio boliviano. Petrobrás, después de suscribir contratos para pagar 50 % de regalías por la explotación de los mega campos de San Alberto y Sábalo, descubiertos por YPFB, consiguió, en 1996, una rebaja del 50 al 18 %. Empresas y compañías brasileñas tienen presencia en Bolivia a través de Bancos, empresas camineras y de explotación agrícola. Evo Morales tuvo que expulsar a una empresa brasileña (la EBX) que buscaba instalar hornos siderúrgicos a leña, con una implacable deforestación de nuestros bosques fronterizos. Ahora, el gobierno brasileño ha decidido construir dos enormes hidroeléctricas sobre el fronterizo río Madera, pese a la oposición de mi país. Mediante un tratado y una guerra, que tuvieron lugar en el Siglo XIX, Bolivia perdió en beneficio de Brasil más de 400 mil kilómetros cuadrados (casi la mitad de su actual territorio). Bolivia tiene con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros. La suma de territorio fronterizo con sus demás vecinos (Argentina, Perú, Chile y Paraguay) sólo llega a 3.100 kilómetros. Por esta razón, corresponde adecuar a mi país, como lo hizo en días pasados el internacionalista Fernando Salazar, lo que dicen los mexicanos de EEUU: “La desgracia de Bolivia reside en estar lejos de Dios y muy cerca de Brasil”. Esta es la relación que pretendimos cambiar con la Nacionalización, a fin de que entre Brasil y Bolivia pudieran existir relaciones más fraternas, armoniosas y equilibradas. Pensamos que la idea del Presidente Chávez, de Venezuela, de articular a las empresas estatales de hidrocarburos en América Latina lograría que nos defendamos mejor de las transnacionales. Este ideal no puede ser alcanzado debido a que el 65 % de las acciones de Petrobrás han sido privatizadas, aunque es justo reconocer que el Estado brasileño ha conservado el derecho de adoptar decisiones dentro de la empresa. Debido a la orientación mencionada, PDVSA es, en estas circunstancias, más confiable que Petrobrás.
A las clases dominantes en Brasil no les interesa una América Latina fuerte. Prefieren que el “coloso del Sur” esté rodeado por países débiles, a los que se somete a través de imposiciones económicas y presiones políticas. Esta la principal conclusión a la que arriba el primer Ministro de Hidrocarburos y Energía de Evo Morales, Andrés Soliz Rada, en entrevista con el periódico Zero-Hora, de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul. Aclara, sin embargo, que siente profundo respeto y cariño por el pueblo brasileño. Este el diálogo que sostuvo con Marta Sfredo, cuyo texto fue resumido por la entrevistadora.
PREGUNTA (P).- ¿La política de nacionalizar los hidrocarburos en Bolivia fue elaborada por el Presidente Evo Morales o correspondió a usted cumplir un papel decisivo en ese proceso?
RESPUESTA (R).- La decisión de recuperar la propiedad, la posesión y el control de los hidrocarburos corresponde al pueblo boliviano, que, mediante movilizaciones y protestas, enfrentó a las políticas neoliberales. Esa decisión fue fortalecida por fuerzas políticas, como “Conciencia de Patria” (CONDEPA), fundada en 1989 y que desapareció años después, y por el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, que ya tuvo importante desempeño en las elecciones presidenciales del 2002. Fue nutrida por notables aportes teóricos, como los de Carlos Montenegro, ideólogo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del Partido Socialista (PS); y Sergio Almaraz Paz, el maestro en la defensa consecuente del gas y del petróleo. Cabe recordar, así mismo, las dos nacionalizaciones del petróleo realizadas en Bolivia, en 1937 y 1969, por los generales David Toro y Alfredo Ovando Candia, respectivamente. Estos procesos son eslabones de la tradición revolucionaria latinoamericana de la que forman parte el general Lázaro Cárdenas en México y el general Getulio Vargas en Brasil.
P.- ¿Cómo fue el proceso de toma de decisión del Decreto de Nacionalización del primero de mayo de 2006?
R.- El proceso reciente se inicia con la denominada “Guerra del Agua”, librada en febrero de 2000, mediante la cual el pueblo de Cochabamba (al centro del país), expulsa a la norteamericana Bechtel, que pretendía imponer abusivos incrementos de tarifas a regantes y consumidores del líquido vital. Continuó, casi de inmediato, con impresionantes cercos de campesinos aymaras a la ciudad de La Paz, organizados por el dirigente Felipe Quispe, los que debilitaron la influencia de las transnacionales en la orientación de la economía nacional. El punto más alto de estas protestas tuvo lugar el 17 de octubre de 2003, cuando la ciudad de El Alto (vecina de la ciudad de La Paz), encabezó una insurrección popular que, al precio de más de 60 muertos y cientos de heridos, obligó al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a huir a Miami. En julio de 2004, el vicepresidente Carlos Mesa, quien ocupó el cargo de Sánchez de Lozada, tuvo que convocar un referéndum, en el que, por abrumadora mayoría, el país se pronunció por la recuperación del gas y del petróleo. La nueva Ley de Hidrocarburos, de 17-05-05, incrementó las regalías para el país del 18 al 50 %. Con estos antecedentes, Evo Morales ganó las elecciones de diciembre de 2005, con el 54 %, el porcentaje más alto conseguido por un candidato desde hacía 40 años, con la promesa de nacionalizar el gas y el petróleo y al menos el 50 mas uno de las empresas estratégicas enajenadas por ex presidente derrocado. En consecuencia, el nuevo mandatario debía cumplir el mandato de la insurrección de octubre de 2003, del referéndum citado, así como su oferta electoral del año 2005.
P.- ¿En algún momento se pensó comunicar esta medida en forma previa al gobierno de Brasil?
R.- Antes de la nacionalización, me reuní en Brasilia con mi colega Silas Rondeau, a quien hice saber que Bolivia había decidido recuperar los hidrocarburos y que, en el futuro, habría nuevas reglas de juego en las exportaciones de gas al Brasil. Sin embargo, en ningún momento pasó por mi mente detallar el contenido del Decreto, ya que se trataba de una decisión soberana de nuestro gobierno.
P.- ¿En aquellos días, se preveía que Petrobrás podría salir de Bolivia?
R.- En caso de cortarse de manera abrupta los suministros de petróleo a nivel mundial, se produciría un caos incontrolable e indescriptible. Ese mismo caos se desataría en ese monstruo industrial que es San Pablo, si sufriera el súbito corte del gas boliviano, que atiende el 50 % de sus requerimientos cotidianos. Por esta razón Petrobrás estaba obligada a quedarse en Bolivia. La situación, sin embargo, está en proceso de cambio. A fin de no sufrir las angustias del primero de mayo, Brasilia ha resuelto no depender del gas boliviano, lo que podría ocurrir en los próximos años, mediante el incremento en la producción de agro combustibles, importaciones de LNG, desarrollo más acelerado de extracción de petróleo submarino y de plantas nucleares, ya que, como se sabe, “no existe energía más cara que la que no se tiene”. Por mi parte, estimé, en el momento de la nacionalización, que estaban dadas las condiciones para que Bolivia obtenga mejores condiciones de venta de gas al Brasil. De ahí la firmeza de mis posiciones.
P.- ¿Cómo evalúa hoy el proceso de nacionalización?
R.- El Decreto de nacionalización ha quedado a medio camino y ha sufrido severos retrocesos. En lugar de los contratos de operación anunciados el primero de mayo de 2006, fueron suscritos, en mayo de 2007, contratos de producción compartida, por los que las petroleras se quedan con la propiedad de un porcentaje de la producción, con lo que la propiedad de los hidrocarburos ha sido otra vez enajenada. Después de esa firma, Petrobrás informó que podía volver a inscribir en las bolsas internacionales las reservas que controla en Bolivia. Las auditorias a los campos petroleros dispuestas por el Decreto de Nacionalización para la suscripción de contratos no fueron tomadas en cuenta, aceptándose la cifras de inversiones y amortizaciones declaradas por las petroleras, las que sirvieron de base para determinar nuevos montos impositivos. YPFB incumplió el Decreto al no controlar, de manera inmediata, el 50 % más uno del paquete accionario de empresas como Andina (Repsol), Chaco (Amoco-British Gas) y Transredes (Enron). Lo mismo ocurrió con los depósitos de almacenamiento en poder de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), de capitales peruanos y alemanes. Sólo dos refinerías de petróleo, compradas por Petrobrás en 104 millones de dólares, fueron devueltas a YPFB, mediante el pago de 112 millones de dólares, cifra a la que se debe añadir alrededor de 300 millones de dólares, en pasivos y obligaciones contraídos por la empresa brasileña. Los citados contratos no debieron haberse firmado en tanto las compañías no se comprometan a realizar inversiones para exploración y desarrollo de campos, a fin de garantizar el mercado interno a precios adecuados, concretar los proyectos de industrialización y garantizar los compromisos de exportación a Brasil y Argentina. Sólo ahora se están discutiendo planes de inversión, en los que las petroleras pretenden obtener aún mayores ventajas.
P.- En el universo empresarial se dice que Bolivia sufre de “inseguridad jurídica”, debido a una política poco clara de desarrollo sectorial del gobierno. ¿Esto es un hecho o hace falta que se comprenda mejor la situación del país?
R.- Antes del Decreto de Nacionalización casi no se hablaba de inseguridad jurídica, pese a que las empresas explotaban campos de gas y petróleo mediante contratos que no estaban autorizados y aprobados por el Congreso de la República, como dispone la Constitución Política del Estado, y pese a que Sánchez de Lozada entregó la propiedad de los hidrocarburos de Bolivia en boca de pozo mediante anexos clandestinos del Decreto 24806, de 4-VIII-97, dictado dos días antes de finalizar su primera presidencia. O sea que la inseguridad jurídica es inexistente cuando se saquea a nuestros países, pero nos acordamos de ella cuando se defienden los intereses de nuestros pueblos.
P.- Usted ha dicho que renunció para no firmar una Resolución Ministerial que contrariaba una anterior que había dictado. Esa segunda Resolución Ministerial, hasta donde nosotros sabemos, nunca existió. Usted piensa que se ha retrocedido en la posición del gobierno.
R.- Esa segunda Resolución Ministerial si existió y fue dictada por mi sucesor en el ministerio tres días después de mi renuncia. Con esta última se impidió que YPFB, en cumplimiento del Decreto de Nacionalización, tomara el control del petróleo crudo y de los productos de las refinerías en poder de Petrobrás. La Resolución que dicté tuvo que ser puesta en vigencia ocho meses después, lo que sirvió de base para la recompra de las refinerías de Petrobrás, pero en un momento en el que la fuerza de la nacionalización se había debilitado.
P.- Hasta hoy, la estatal YPFB tiene problemas en el suministro de combustibles, tanto para el mercado interno como para exportar a la Argentina. ¿Eso pasa por falta de experiencia?
R.- Eso pasa por que la nacionalización, repito una vez más, quedó a medio camino, ya que las empresas debían suscribir contratos de operación (o de servicios) sólo en los campos en explotación. Los campos en exploración y retención debían retornar al control de YPFB, los que podían ser desarrollados con 1.300 millones de dólares ofrecidos por el gobierno argentino y por inversiones procedentes de Venezuela e Irán.
P.- ¿Repsol colabora en la operación de las refinerías? ¿Es mejor que Petrobrás?
R.- Repsol no opera en las refinerías. Repsol y Petrobrás se asociaron para estafar a YPFB, en la exportación de gas al Brasil, mediante un contrato suscrito entre ambas compañías a espaldas de YPFB. La estafa asciende a 170 millones de dólares según cifras de Repsol, en tanto que Petrobrás, en informe a su directorio, indica que se benefició por el ilegal contrato con 300 millones de dólares.
P.- ¿Usted cree que no es posible ganar en una asociación con las petroleras?
R.- Creo que es posible, pero a condición de que se suscriban contratos en los que se defiendan los intereses de nuestros países. En este sentido, Petrobrás ha suscrito buenos contratos con trasnacionales, al igual que PDVSA de Venezuela o la State Oil de Noruega.
P.- ¿Bolivia tendrá suficiente dinero para explotar sus recursos de gas y petróleo?
R.- Si YPFB, reestructurada de manera corporativa, como dispone el Decreto de Nacionalización, incumplido también en esta parte vital, inscribe sus reservas de gas y petróleo en las bolsas de valores, en ejercicio de su derecho propietario, está en condiciones de obtener todo el dinero que precisa para el desarrollo de los hidrocarburos de manera autónoma o en sociedad con otras empresas.
P.- ¿Cómo evalúa usted la actuación de Petrobrás en Bolivia? ¿Es Venezuela más confiables como socio estratégico para su país que Brasil?
R.- Deseo aclarar, en forma previa, que tengo un profundo cariño y respeto por el pueblo brasileño. Infelizmente, sus clases dirigentes carecen, casi siempre, de una visión latinoamericana, que permita alcanzar un desarrollo armónico de la región. Prefieren, por el contrario, que Brasil esté rodeado por países débiles, a fin de obligarlos a aceptar las imposiciones de Brasilia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Paraguay tenga una enorme deuda con Braskem, después de 30 años de vender hidroelectricidad de Itaipú? ¿Por qué Brasil ha condicionado su ingreso al Banco del Sur a obtener financiamiento para las carreras interoceánicas que necesita este país? ¿Es adecuado el convenio firmado entre Bush y Lula sobre los agro combustibles? ¿Se están preservando los intereses de los países amazónicos? El pueblo brasileño debe saber que hasta 1996, YPFB controlaba la exploración, explotación, comercialización, transporte e industrialización de los hidrocarburos. Hasta el Decreto de Nacionalización, YPFB fue convertida en empresa residual, en tanto que Petrobrás había tomado el control de toda la cadena productiva de los hidrocarburos en Bolivia. Brasil, al comenzar la importación de gas boliviano, anunció la instalación de 49 termoeléctricas: 25 en Brasil y 24 en Bolivia. Ni una sola fue instalada en territorio boliviano. Petrobrás, después de suscribir contratos para pagar 50 % de regalías por la explotación de los mega campos de San Alberto y Sábalo, descubiertos por YPFB, consiguió, en 1996, una rebaja del 50 al 18 %. Empresas y compañías brasileñas tienen presencia en Bolivia a través de Bancos, empresas camineras y de explotación agrícola. Evo Morales tuvo que expulsar a una empresa brasileña (la EBX) que buscaba instalar hornos siderúrgicos a leña, con una implacable deforestación de nuestros bosques fronterizos. Ahora, el gobierno brasileño ha decidido construir dos enormes hidroeléctricas sobre el fronterizo río Madera, pese a la oposición de mi país. Mediante un tratado y una guerra, que tuvieron lugar en el Siglo XIX, Bolivia perdió en beneficio de Brasil más de 400 mil kilómetros cuadrados (casi la mitad de su actual territorio). Bolivia tiene con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros. La suma de territorio fronterizo con sus demás vecinos (Argentina, Perú, Chile y Paraguay) sólo llega a 3.100 kilómetros. Por esta razón, corresponde adecuar a mi país, como lo hizo en días pasados el internacionalista Fernando Salazar, lo que dicen los mexicanos de EEUU: “La desgracia de Bolivia reside en estar lejos de Dios y muy cerca de Brasil”. Esta es la relación que pretendimos cambiar con la Nacionalización, a fin de que entre Brasil y Bolivia pudieran existir relaciones más fraternas, armoniosas y equilibradas. Pensamos que la idea del Presidente Chávez, de Venezuela, de articular a las empresas estatales de hidrocarburos en América Latina lograría que nos defendamos mejor de las transnacionales. Este ideal no puede ser alcanzado debido a que el 65 % de las acciones de Petrobrás han sido privatizadas, aunque es justo reconocer que el Estado brasileño ha conservado el derecho de adoptar decisiones dentro de la empresa. Debido a la orientación mencionada, PDVSA es, en estas circunstancias, más confiable que Petrobrás.
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