22/10/2007
Martxelo Díaz
Gara
-
Una sala formada por tres jueces del Tribunal de Distrito de Tel Aviv condenó el pasado 11 de setiembre a doce años de cárcel a Mohammad Khalaf, carpintero de 56 años y miembro del partido marxista Abnaa el-Balad, que defiende los derechos de la comunidad palestina en los territorios de 1948 sobre los que se fundó el Estado de Israel. Su delito fue contratar a otro palestino, originario de Cisjordania, en su carpintería
La petición de la Fiscalía sionista ascendía a «mucho más de diez años de cárcel» por el cargo de «contacto con un agente extranjero». El «contacto» que Khalaf llevó a cabo fue contratar para que trabajara en su carpintería a Wael Zakleh, otro palestino pero originario de Cisjordania.
Los cargos de los fiscales israelíes se completaban con el de «asistencia al enemigo en tiempos de guerra», «realizar un servicio a una organización terrorista» y «almacenar armas ilegales». Todo ello, únicamente por haber comprado para Zakleh fertilizantes que, siempre según la especial versión de los fiscales sionistas, podrían servir para fabricar explosivos.
La única prueba por la que Khalaf fue condenado fue el testimonio que un único testigo, el propio Zakleh, realizó durante el interrogatorio al que le sometió el GSS (Servicio General de Seguridad). Hay que tener en cuenta que, según la legislación israelí, los detenidos pueden permanecer bajo incomunicación durante 90 días para ser interrogados. Este periodo, incluso, puede ser prorrogado, alcanzándose los 180 días de incomunicación. Durante este tiempo, los agentes israelíes proceden a realizar interrogatorios, mientras el detenido no puede tener acceso a asistencia de abogados ni ponerse en contacto con sus familiares.
Khalaf, que fue condenado por colaborar en un supuesto plan para actuar contra Israel, recibió mayor castigo que Zakleh, acusado de ser el «actor principal» de ese operativo. El Tribunal de Tel Aviv explicó esta aparente paradoja señalando que Khalaf es «un ciudadano israelí» y que los jueces habían querido «enseñar» a los árabes que tienen pasaporte israelí que «no deben unirse a los enemigos de Israel», en referencia a la resistencia palestina.
El caso de Khalaf no es más que uno más de la larga lista de discriminaciones que padecen los ciudadanos palestinos con pasaporte israelí frente a los ciudadanos de religión judía. La Asociación Árabe para los Derechos Humanos, con sede en Nazaret, por ejemplo, ha denunciado que, pese a tener el mismo pasaporte, los ciudadanos árabes se ven obligados a pasar unos controles mucho más intensos que los judíos cuando acuden al aeropuerto de Tel Aviv.
Otra de las razones por las que la sentencia contra Khalaf fue tan severa fue que se negó a llegar a un acuerdo con la acusación, ya que se mantuvo firme en que era inocente de todos los cargos que se le imputaban y se negó a confesar unos hechos en los que no había tomado parte. Por ello, se negó a mostrar remordimiento por estos hechos, tal y como le exigía el tribunal.
Ambiente hostil
El ambiente en el que se celebró el juicio fue terriblemente hostil. Los guardias que vigilaban la sala impidieron a los amigos y familiares de Khalaf hablar con él antes de que comenzara la vista. Cuando su hijo menor, de diez años, que no le había visto desde hace dos, se acercó, fue inmediatamente inmovilizado por dos guardias de seguridad.
Cuando se leyó la sentencia, los allegados de Khalaf comenzaron a gritar que la Justicia no existe y que los tribunales israelíes actúan en base a comportamientos racistas. El propio Khalaf se levantó y proclamó que todos los cargos que se presentaron contra él eran falsos y que el GSS quería encarcelarle como represalia por su militancia política en la formación Abnaa el-Balad.
En este sentido, Khalaf subrayó que, desde su juventud hasta la actualidad, toda su actividad política ha sido de carácter público y que nunca ha llevado a cabo acciones armadas. Añadió que el sistema judicial israelí no es más que «una marioneta al servicio del GSS» y que «es el propio GSS el que redacta los informes, las acusaciones y hasta las sentencias».
«Este estado de terror, represión y encarcelamiento no podrá forzarme a abandonar el camino de lucha que he escogido», añadió Khalaf a los jueces sionistas.
En un comunicado hecho público inmediatamente después de conocer la sentencia contra Khalaf, Suheil Sleiby, vicesecretario general del movimiento Abnaa el-Balad, condenó duramente la decisión y destacó que se había cometido «una gran injusticia».
«Este sentencia no es más que una parte de la persecución y la represión contra la población árabe palestina que vive en los territorios ocupados en 1948 y contra las fuerzas patrióticas que les representan, especialmente contra Abnaa el-Balad. El uso de falsas `confesiones' obtenidas en las oscuras mazmorras del GSS mediante métodos de interrogación que han sido rechazados y prohibidos en el ámbito internacional no es algo nuevo para nosotros», destacó Sleiby.
En este sentido, recordó que el secretario general de Abnaa el-Balad, Mohammad Kana'aneh, fue encarcelado en febrero de 2004 tras padecer un juicio muy similar al que sufrió Khalaf.
Abnaa el-Balad es una formación de ideología marxista que defiende los derechos de los palestinos que viven en los territorios ocupados en 1948 al formarse el Estado de Israel. Es una de las formaciones árabes -junto a los islamistas del norte- que boicotean las elecciones a la Knesset o Parlamento israelí al considerar que esta institución es parte del engranaje para discriminar a los palestinos.
Martxelo Díaz
Gara
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Una sala formada por tres jueces del Tribunal de Distrito de Tel Aviv condenó el pasado 11 de setiembre a doce años de cárcel a Mohammad Khalaf, carpintero de 56 años y miembro del partido marxista Abnaa el-Balad, que defiende los derechos de la comunidad palestina en los territorios de 1948 sobre los que se fundó el Estado de Israel. Su delito fue contratar a otro palestino, originario de Cisjordania, en su carpintería
La petición de la Fiscalía sionista ascendía a «mucho más de diez años de cárcel» por el cargo de «contacto con un agente extranjero». El «contacto» que Khalaf llevó a cabo fue contratar para que trabajara en su carpintería a Wael Zakleh, otro palestino pero originario de Cisjordania.
Los cargos de los fiscales israelíes se completaban con el de «asistencia al enemigo en tiempos de guerra», «realizar un servicio a una organización terrorista» y «almacenar armas ilegales». Todo ello, únicamente por haber comprado para Zakleh fertilizantes que, siempre según la especial versión de los fiscales sionistas, podrían servir para fabricar explosivos.
La única prueba por la que Khalaf fue condenado fue el testimonio que un único testigo, el propio Zakleh, realizó durante el interrogatorio al que le sometió el GSS (Servicio General de Seguridad). Hay que tener en cuenta que, según la legislación israelí, los detenidos pueden permanecer bajo incomunicación durante 90 días para ser interrogados. Este periodo, incluso, puede ser prorrogado, alcanzándose los 180 días de incomunicación. Durante este tiempo, los agentes israelíes proceden a realizar interrogatorios, mientras el detenido no puede tener acceso a asistencia de abogados ni ponerse en contacto con sus familiares.
Khalaf, que fue condenado por colaborar en un supuesto plan para actuar contra Israel, recibió mayor castigo que Zakleh, acusado de ser el «actor principal» de ese operativo. El Tribunal de Tel Aviv explicó esta aparente paradoja señalando que Khalaf es «un ciudadano israelí» y que los jueces habían querido «enseñar» a los árabes que tienen pasaporte israelí que «no deben unirse a los enemigos de Israel», en referencia a la resistencia palestina.
El caso de Khalaf no es más que uno más de la larga lista de discriminaciones que padecen los ciudadanos palestinos con pasaporte israelí frente a los ciudadanos de religión judía. La Asociación Árabe para los Derechos Humanos, con sede en Nazaret, por ejemplo, ha denunciado que, pese a tener el mismo pasaporte, los ciudadanos árabes se ven obligados a pasar unos controles mucho más intensos que los judíos cuando acuden al aeropuerto de Tel Aviv.
Otra de las razones por las que la sentencia contra Khalaf fue tan severa fue que se negó a llegar a un acuerdo con la acusación, ya que se mantuvo firme en que era inocente de todos los cargos que se le imputaban y se negó a confesar unos hechos en los que no había tomado parte. Por ello, se negó a mostrar remordimiento por estos hechos, tal y como le exigía el tribunal.
Ambiente hostil
El ambiente en el que se celebró el juicio fue terriblemente hostil. Los guardias que vigilaban la sala impidieron a los amigos y familiares de Khalaf hablar con él antes de que comenzara la vista. Cuando su hijo menor, de diez años, que no le había visto desde hace dos, se acercó, fue inmediatamente inmovilizado por dos guardias de seguridad.
Cuando se leyó la sentencia, los allegados de Khalaf comenzaron a gritar que la Justicia no existe y que los tribunales israelíes actúan en base a comportamientos racistas. El propio Khalaf se levantó y proclamó que todos los cargos que se presentaron contra él eran falsos y que el GSS quería encarcelarle como represalia por su militancia política en la formación Abnaa el-Balad.
En este sentido, Khalaf subrayó que, desde su juventud hasta la actualidad, toda su actividad política ha sido de carácter público y que nunca ha llevado a cabo acciones armadas. Añadió que el sistema judicial israelí no es más que «una marioneta al servicio del GSS» y que «es el propio GSS el que redacta los informes, las acusaciones y hasta las sentencias».
«Este estado de terror, represión y encarcelamiento no podrá forzarme a abandonar el camino de lucha que he escogido», añadió Khalaf a los jueces sionistas.
En un comunicado hecho público inmediatamente después de conocer la sentencia contra Khalaf, Suheil Sleiby, vicesecretario general del movimiento Abnaa el-Balad, condenó duramente la decisión y destacó que se había cometido «una gran injusticia».
«Este sentencia no es más que una parte de la persecución y la represión contra la población árabe palestina que vive en los territorios ocupados en 1948 y contra las fuerzas patrióticas que les representan, especialmente contra Abnaa el-Balad. El uso de falsas `confesiones' obtenidas en las oscuras mazmorras del GSS mediante métodos de interrogación que han sido rechazados y prohibidos en el ámbito internacional no es algo nuevo para nosotros», destacó Sleiby.
En este sentido, recordó que el secretario general de Abnaa el-Balad, Mohammad Kana'aneh, fue encarcelado en febrero de 2004 tras padecer un juicio muy similar al que sufrió Khalaf.
Abnaa el-Balad es una formación de ideología marxista que defiende los derechos de los palestinos que viven en los territorios ocupados en 1948 al formarse el Estado de Israel. Es una de las formaciones árabes -junto a los islamistas del norte- que boicotean las elecciones a la Knesset o Parlamento israelí al considerar que esta institución es parte del engranaje para discriminar a los palestinos.
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