Ernesto López Portillo*
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En México los narcotraficantes repre-sentan una estructura de poder que se desarrolló subordinada al poder político y protegida por el mismo (Astorga, 2007). Ésta ha funcionado como una de las hipótesis mejor informadas con respecto a la relación entre la esfera política y la del narcotráfico. Y de ella se ha seguido otra: los narcotraficantes en México no buscan apoderarse de las estructuras formales del poder del Estado porque no necesitan hacerlo, ya que los círculos de protección desde éstas garantizan la salud del negocio ilícito.
Sin embargo, la información más reciente nos obliga a revisar los planteamientos anteriores, desde luego con enorme cautela, dada la dificultad extrema para retratar de manera objetiva cualquier mercado ilegal organizado y sus estructuras de soporte. ¿Hay ahora sectores en el narcotráfico operando directamente para capturar estructuras del Estado? Imposible responder con precisión, pero la pregunta es oportuna. ¿Hay acaso proyectos locales, nacionales, regionales y globales desde el narcotráfico controlado por grupos mexicanos, que incluyen la captura de instituciones del poder público?
Declaró el secretario general del PRD, a propósito de las elecciones de ayer domingo en Michoacán, que “es la primera vez en la historia del país que el narcotráfico se quiere meter en política y quiere gobernar territorios; quiso influir incluso desde la selección de candidatos” (EL UNIVERSAL, 9/11/07). La acusación es extremadamente grave y se suma a otras que se han hecho públicamente entre varios partidos políticos, unos diciendo que los otros reclutan como candidatos a representantes del narcotráfico. Pero, como suele suceder, en general la responsabilidad de los políticos sobre sus palabras es débil o nula y luego de estas acusaciones no hay consecuencias.
En todo caso, parece inverosímil quedarnos con los brazos cruzados cuando hay crecientes señales que fortalecen la idea según la cual crece la lucha por el apoderamiento de la delincuencia organizada sobre espacios de gobierno, en el marco de lo que los teóricos llaman etapa predadora, en la cual se pierde la capacidad de distinguir los límites entre los intereses legítimos y los ilegales en las mecánicas de operación de sectores crecientes del Estado. ¿Somos testigos de un desplazamiento silencioso de los primeros intereses por los segundos? ¿Los poderes de facto organizados en torno a mercados ilegales están ocupando los vacíos dejados por la crónica debilidad de las instituciones públicas? ¿El dinero del narcotráfico penetra cada vez más y de manera reticular las campañas políticas? ¿Las estructuras policiales ceden aún más a la presión de las organizaciones criminales? ¿Qué nivel de penetración hay en cuanto al Poder Judicial? ¿Cuál en el sector financiero?
La extrema debilidad de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal a lo largo del país, sumada a los también exiguos mecanismos internacionales de justicia, prácticamente neutralizan las posibilidades de que existan consecuencias legales de tipo penal que al menos intenten con seriedad contener el poder del narcotráfico. Para muchos, además, el problema no es principalmente penal, sino de desarrollo, oportunidades, educación y salud, sectores todos en medio de crisis estructurales, al menos en casi la totalidad de Latinoamérica. Ahí están las señales y es posible que este fenómeno avance, aun a la par de grandes golpes al narcotráfico. La alerta está prendida.
Sin embargo, la información más reciente nos obliga a revisar los planteamientos anteriores, desde luego con enorme cautela, dada la dificultad extrema para retratar de manera objetiva cualquier mercado ilegal organizado y sus estructuras de soporte. ¿Hay ahora sectores en el narcotráfico operando directamente para capturar estructuras del Estado? Imposible responder con precisión, pero la pregunta es oportuna. ¿Hay acaso proyectos locales, nacionales, regionales y globales desde el narcotráfico controlado por grupos mexicanos, que incluyen la captura de instituciones del poder público?
Declaró el secretario general del PRD, a propósito de las elecciones de ayer domingo en Michoacán, que “es la primera vez en la historia del país que el narcotráfico se quiere meter en política y quiere gobernar territorios; quiso influir incluso desde la selección de candidatos” (EL UNIVERSAL, 9/11/07). La acusación es extremadamente grave y se suma a otras que se han hecho públicamente entre varios partidos políticos, unos diciendo que los otros reclutan como candidatos a representantes del narcotráfico. Pero, como suele suceder, en general la responsabilidad de los políticos sobre sus palabras es débil o nula y luego de estas acusaciones no hay consecuencias.
En todo caso, parece inverosímil quedarnos con los brazos cruzados cuando hay crecientes señales que fortalecen la idea según la cual crece la lucha por el apoderamiento de la delincuencia organizada sobre espacios de gobierno, en el marco de lo que los teóricos llaman etapa predadora, en la cual se pierde la capacidad de distinguir los límites entre los intereses legítimos y los ilegales en las mecánicas de operación de sectores crecientes del Estado. ¿Somos testigos de un desplazamiento silencioso de los primeros intereses por los segundos? ¿Los poderes de facto organizados en torno a mercados ilegales están ocupando los vacíos dejados por la crónica debilidad de las instituciones públicas? ¿El dinero del narcotráfico penetra cada vez más y de manera reticular las campañas políticas? ¿Las estructuras policiales ceden aún más a la presión de las organizaciones criminales? ¿Qué nivel de penetración hay en cuanto al Poder Judicial? ¿Cuál en el sector financiero?
La extrema debilidad de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal a lo largo del país, sumada a los también exiguos mecanismos internacionales de justicia, prácticamente neutralizan las posibilidades de que existan consecuencias legales de tipo penal que al menos intenten con seriedad contener el poder del narcotráfico. Para muchos, además, el problema no es principalmente penal, sino de desarrollo, oportunidades, educación y salud, sectores todos en medio de crisis estructurales, al menos en casi la totalidad de Latinoamérica. Ahí están las señales y es posible que este fenómeno avance, aun a la par de grandes golpes al narcotráfico. La alerta está prendida.
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*Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, ACErnesto López Portillo
*Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, ACErnesto López Portillo
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PERFIL
Experto en seguridad pública y modelos policiales comparados, es el Presidente fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde).
En 1994 fue coautor del primer libro especializado en seguridad pública dado a conocer en México (UNAM). Desde 1997 realiza visitas de investigación a instituciones policiales en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, Inglaterra, Sudáfrica, Turquía y República Checa.
Su trayectoria profesional incluye actividades de investigación, docencia y asesoría en instituciones públicas diversas tales como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Senado de la República. También ha asesorado al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y a Democracia Social Partido Político Nacional.
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Festín de transparencia
PERFIL
Experto en seguridad pública y modelos policiales comparados, es el Presidente fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde).
En 1994 fue coautor del primer libro especializado en seguridad pública dado a conocer en México (UNAM). Desde 1997 realiza visitas de investigación a instituciones policiales en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, Inglaterra, Sudáfrica, Turquía y República Checa.
Su trayectoria profesional incluye actividades de investigación, docencia y asesoría en instituciones públicas diversas tales como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Senado de la República. También ha asesorado al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y a Democracia Social Partido Político Nacional.
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El Universal - México/12/11/2007
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