por Miguel Santibáñez
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El Gobierno de Chile ha propuesto el tema de la "cohesión social" para debatir en esta próxima Cumbre Iberoamericana de Santiago. Este es un momento propicio, porque el debate latinoamericano sobre pobreza, desigualdad y protección social, ha desembocado justamente en cuestiones mayores que las que originalmente se pensaban y que constituían un simple diálogo sobre políticas sociales. Y son esos aspectos más profundos los que debatirán 70 organizaciones de la sociedad civil iberoamericana en el Encuentro Cívico que se realizará los días 7 y 8 de noviembre previo a la Cumbre. Es importante reconocer que la política de cohesión social en otros países y en Europa fundamentalmente, ha sido una tarea mayor. Se estructuró sobre una base institucional, financiera y de integración que permitió la transferencia de activos y de recursos financieros en base a lógicas inclusivas de países, sectores económicos, territorios y grupos excluidos del sistema "moderno europeo". Como estas bases institucionales no existen en la América Latina actual, muchos consideran que la "lectura local" de la cohesión social se reduce a la transferencia de activos a los grupos más pobres de la población, en base a un sentido de humanitarismo básico de mínimos sociales y de políticas públicas tecnocráticas y focalizadas. Este esfuerzo, que muestra sus logros en una reducción residual y discontinua de la pobreza, está mostrando sus límites en la mantención de la desigualdad en nuestras sociedades, que no ceden en el dibujo de la estructura social y económica de Latinoamérica. Por lo tanto, el tema de la equidad aparece como el gran tema de nuestro tiempo en Latinoamérica. Equidad, por cierto, en la distribución de ingresos, pero también en el reconocimiento de derechos humanos de los grupos marginados, excluidos, o discriminados. Reconocimiento de lo que la sociedad civil llamó –hace unos años-, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos. Reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes; derechos de las mujeres como grupo históricamente postergado; de los grupos con orientaciones sexuales diversas, de los discapacitados, derechos de los niños y de las personas mayores. La ciudadanía latinoamericana hoy se pregunta cómo caminar hacia sociedades más igualitarias. Y es que el modelo que se encuentra en retroceso en América Latina ha tenido como base el predominio del capital financiero, la dominancia de la dinámica exportadora de commodities, la centralidad en la exclusiva idea del crecimiento económico y en la concentración del capital. También una fe excesiva en la apertura unilateral aduanera y el privilegio de tratados de libre comercio como única política exterior. Esto ha mostrado sus limitaciones en términos del tipo de sociedad desigual que se ha consolidado en América latina. Desde la perspectiva de la Sociedad Civil, son tres los puntos que se colocan como centrales en el debate actual para pensar un futuro mejor: el alcance, profundidad, tipo y densidad de la democracia; el trabajo decente como categoría que representa una nueva centralidad en nuestras sociedades; y, finalmente, las condiciones estructurales de la organización de la economía, en tanto modelo de desarrollo. Hoy día las exigencias de la sociedad civil son mayores, y no pasan sólo por mejorar la calidad de la democracia representativa, con sus instituciones en crisis como sistemas constitucionales, sistemas electorales, partidos políticos y parlamentos. Pasan por incluir y fortalecer dinámicas de democracia directa o participativa, sobre la cual las organizaciones y movimientos tienen una larga tradición en Latinoamérica. Pero ahora la democracia se ve exigida por un nuevo componente, el de la solidaridad institucionalizada con implicancias en el campo de la tributación y el financiamiento del desarrollo. Ello en base a la recuperación de la idea de la democracia como la construcción de una comunidad solidaria entre pares. Al mismo tiempo, un pilar insoslayable para las nuevas políticas de desarrollo, es la promoción de trabajo decente para todas las personas, sin exclusión. Trabajo decente como noción que implica trabajo productivo con utilidad social, en condiciones de libertad y de reconocimiento de derechos. En este contexto, se requiere una nueva concepción del desarrollo que afecten el núcleo de reproducción de las desigualdades y avanzar hacia formas de "crecimiento económico sistémico" que involucren al conjunto de la población, en sus territorios y actividades productivos, para que estos se constituyan en beneficiarios de la globalización. Se requiere priorizar crecimiento de la economía en los que están abajo, es decir, mejorar la capacidad de inserción en la economía de los informales, de los grupos cooperativos y de economía social, de los trabajadores en condiciones precarias de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas. Todo esto es utilizable con una nueva visión productivista muy intensa en la generación de empleo decente y en la reducción de la precariedad. Hacia ese horizonte avanzan las propuestas de la ciudadanía que se discutirán en el III Encuentro Cívico ligado a la Cumbre. Es el nuevo debate que estos días tendrá como escenario la ciudad de Santiago.
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Miguel Santibáñez. Presidente Asociación Chilena de ONG Acción
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El Mostrador - Chile/06/11/2007
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