04/11/2007
Opinión
ANTONIO ÁLVAREZ DE LA ROSA
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La derecha nunca se sintió acomplejada para recordar, festejar y ensalzar su victoria en la guerra civil y en nuestra larguísima dictadura. El Valle de los Caídos, faraónico mausoleo del franquismo, sin equiparación posible en Alemania o Italia, las otras dos cunas del fascismo, empezó a ser construido, recién acabada la guerra y por prisioneros republicanos, para "perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada", según consta en el decreto fundacional de 1 de abril de 1940. Mientras tanto y hasta hace muy pocos años, no se empezó a identificar y enterrar dignamente a algunos de los otros miles de muertos, abandonados en fosas comunes. Ha sido, está siendo una labor emprendida y sostenida por Asociaciones civiles de muchos lugares de España que, en la mayoría de los casos, han tenido que luchar contra la oposición, el desdén y hasta el silencio administrativo de Ayuntamientos y demás instituciones, democráticas, pero amnésicas. Identificar esos cadáveres, reparar ese desgarrón en la memoria de sus familiares, es uno de los puntos negros en la carretera de nuestra transición democrática. Por no saber, no sabemos aún ni cómo asesinaron a García Lorca, quizá el gran símbolo de la barbarie civil y militar de nuestra guerra. En España hay todavía muchos silencios significativos sobre la guerra y la posguerra, miedos directos e indirectos que siguen manteniendo en la oscuridad o en la penumbra sucesos y nombres. Quizá la recién aprobada "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura" pueda contribuir -por supuesto, sin ningún ánimo de revancha- a despejar las brumas de la desmemoria interesada.Una vez que leí y subrayé la conocida, mediática y popularmente, como Ley de la Memoria histórica, no encuentro un solo aspecto, ni en la exposición de motivos ni en su articulado, nada que pueda ser rechazado por un demócrata. Otra cosa es que, de momento, se hayan quedado por el camino parlamentario asuntos como la anulación de juicios, celebrados sin la menor garantía procesal. Lo cierto es que se trata de un gran paso adelante para apuntalar "el espíritu de reconciliación y concordia y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la Transición". En ese mismo sentido, cómo se puede dudar de la necesidad de asumir lo que aprobó por unanimidad el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 al reiterar "que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos". Cómo no incorporar con rango de Ley el Informe del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006 en el que se denunció la violación de los Derechos Humanos cometida en España entre 1939 y 1975.Asombra por ello que las cúpulas dirigentes del PP y de la Asamblea Episcopal -a estas alturas, la iglesia católica española aún no ha condenado el franquismo- sigan con la matraquilla de pasar la página del pasado, mirar solo hacia delante, no abrir heridas ciudadanas como si ya estuvieran cerradas y demás manifestaciones escritas con la tinta engatusadora del calamar. Confieso que la me revolvió más las tripas fue la de Mayor Oreja, uno de los líderes de la derecha. Para él, el franquismo fue una etapa de una extraordinaria placidez. Para los que vencieron y se pudieron aprovecharon de la dictadura, sin duda gran parte de los cuarenta años debieron ser un bálsamo. Olvida, sin embargo, el actual eurodiputado las grandes zonas de sombra de esa etapa. Por no citar, citando, los largos y terribles años de cárcel de quienes solo perseguían la libertad, los campos de concentración que desaparecieron de este país a comienzos de la década de los 60, los represaliados profesionales -¡ay la memoria de esos miles de maestros purgados!-, el exilio obligado y toda la grisalla ambiental. ¿Es posible olvidar que, allá por el año 67, hacía falta un certificado de buena conducta, expedido por la autoridad competente, para hacer el servicio militar reservado a los universitarios, ignorar que era denegado por el simple hecho de que el padre del interesado había tenido, antes de la Guerra civil, un carné de la CNT? ¿Es posible desdeñar, como si se tratara de un desliz burocrático, que hasta 1965 un destacado profesional y honrado ciudadano no pudiera acceder a un pasaporte, cuando ya había cumplido cuarenta años?La tragedia política es que el PP ni siquiera ha sido capaz de asumir lo que sus correligionarios en Europa han digerido hace ya muchos años. Lo importante para España no es lo que vaya a ser, electoralmente hablando, de sus líderes. Lo esencial es la erosión democrática, el retraso colectivo en homologarse con otras derechas modernas. Su pertinaz ceguera llega hasta nuestros días, porque no solo no asumen la Ley que busca el reencuentro de los españoles, sino que ahora, tras la sentencia aclaratoria, se desdicen de lo que dijeron ayer respecto a la matanza del 11 de marzo de 2004. Ante tanta amnesia, no es extraño que ni lo uno ni lo otro pasen el filtro de su interés partidista. Practican la desmemoria, porque solo recuerdan el poder.
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