Migrantes centroamericanos descansan junto a las vías del tren que va a Tenosique, Tabasco, desafiando a la PFP, Migración y la Policía Estatal, con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Imagen de archivo. Foto Víctor Camacho
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La organización impugna nuevas reglas de operación de las 48 estaciones migratorias
Propuestas de grupos civiles conforman 70% del reglamento, responde Gobernación
Propuestas de grupos civiles conforman 70% del reglamento, responde Gobernación
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Fabiola Martínez
-Fabiola Martínez
La relación actual entre organizaciones civiles y el gobierno “es complicada, el diálogo es tenso”, advirtió Fabienne Venet, directora general de Sin Fronteras, al referirse a los planes oficiales para imponer nuevas reglas a los extranjeros que transitan por nuestro país.
Dijo que, en materia de trato a indocumentados, “México está terriblemente mal calificado”, en especial por preservar una legislación altamente violatoria de las garantías básicas y por carecer de una política de Estado en materia de migración.
Venet se reunió ayer con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, a quien entregó diversos documentos que fundamentan las propuestas y críticas de grupos civiles al proyecto oficial de nuevas normas para el funcionamiento de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.
El encuentro toma relevancia al persistir la advertencia de un grupo de organizaciones no gubernamentales respecto a las deficiencias y los excesos del reglamento para los centros de aseguramiento.
Las normas en referencia podrían recibir en los próximos días el visto bueno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, último tramo administrativo para su publicación y entrada en vigor.
El funcionario de Gobernación presentó, a su vez, un estudio en el cual el gobierno afirma que tomó 70 por ciento de las propuestas de grupos civiles para el proyecto.
Sin embargo, dijo la directora de Sin Fronteras, “creemos que esto no es un asunto de porcentajes sino de sustancia”, especialmente en lo que se refiere al periodo de aprehensión y las trabas que se imponen para que los migrantes se defiendan o busquen alternativas, “porque hemos detectado –dijo–, que el Instituto Nacional de Migración (INM) aplica un trato y conclusiones diferenciadas en función de la nacionalidad.”
Venet ofreció también al funcionario un documento acerca de las condiciones de detención en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula, de acuerdo con la investigación de la propia organización no gubernamental, en un corte que llega hasta julio pasado.
La directora de Sin Fronteras señaló que los argumentos del INM, para redactar el anteproyecto, representan “un discurso desinformado”.
Si bien el gobierno tiene facultades para el diseño de la política migratoria, los reglamentos no pueden estar por encima de la propia Constitución y de múltiples convenios internacionales firmados por México, agregó.
Ante el fenómeno migratorio nuestro país no puede exigir a Estados Unidos trato digno para los connacionales que buscan cruzar la frontera común y, al mismo tiempo, en la franja sureña, ignorar los derechos humanos de los extranjeros que pasan por aquí.
“No se trata de un canje. Todos deberíamos estar convencidos de que las personas tienen derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio. En México no tenemos calidad moral (para criticar la política aplicada por Estados Unidos) porque aquí persisten violaciones graves y abusos de todo tipo para los migrantes”, dijo en entrevista.
Dijo que, en materia de trato a indocumentados, “México está terriblemente mal calificado”, en especial por preservar una legislación altamente violatoria de las garantías básicas y por carecer de una política de Estado en materia de migración.
Venet se reunió ayer con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, a quien entregó diversos documentos que fundamentan las propuestas y críticas de grupos civiles al proyecto oficial de nuevas normas para el funcionamiento de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.
El encuentro toma relevancia al persistir la advertencia de un grupo de organizaciones no gubernamentales respecto a las deficiencias y los excesos del reglamento para los centros de aseguramiento.
Las normas en referencia podrían recibir en los próximos días el visto bueno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, último tramo administrativo para su publicación y entrada en vigor.
El funcionario de Gobernación presentó, a su vez, un estudio en el cual el gobierno afirma que tomó 70 por ciento de las propuestas de grupos civiles para el proyecto.
Sin embargo, dijo la directora de Sin Fronteras, “creemos que esto no es un asunto de porcentajes sino de sustancia”, especialmente en lo que se refiere al periodo de aprehensión y las trabas que se imponen para que los migrantes se defiendan o busquen alternativas, “porque hemos detectado –dijo–, que el Instituto Nacional de Migración (INM) aplica un trato y conclusiones diferenciadas en función de la nacionalidad.”
Venet ofreció también al funcionario un documento acerca de las condiciones de detención en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula, de acuerdo con la investigación de la propia organización no gubernamental, en un corte que llega hasta julio pasado.
La directora de Sin Fronteras señaló que los argumentos del INM, para redactar el anteproyecto, representan “un discurso desinformado”.
Si bien el gobierno tiene facultades para el diseño de la política migratoria, los reglamentos no pueden estar por encima de la propia Constitución y de múltiples convenios internacionales firmados por México, agregó.
Ante el fenómeno migratorio nuestro país no puede exigir a Estados Unidos trato digno para los connacionales que buscan cruzar la frontera común y, al mismo tiempo, en la franja sureña, ignorar los derechos humanos de los extranjeros que pasan por aquí.
“No se trata de un canje. Todos deberíamos estar convencidos de que las personas tienen derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio. En México no tenemos calidad moral (para criticar la política aplicada por Estados Unidos) porque aquí persisten violaciones graves y abusos de todo tipo para los migrantes”, dijo en entrevista.
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La Jornada - México/14/12/2007
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