Antonio Peredo Leigue
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Carezco de formación jurídica y, menos aún, constitucionalista. En estos aspectos, apenas soy un ciudadano común y corriente que, como muchos otros, tiene un montón de confusiones en la cabeza. Los sesudos analistas que, con una frecuencia enloquecida debaten los detalles del texto aprobado por la Asamblea Constituyente, contribuyen con mucho entusiasmo a confundir más el panorama legalista.
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Por eso mismo, podría escoger a unas y otras, entrando al ritmo enardecedor de quienes se proclaman estudiosos de la materia. Pero, para bien de todos nosotros, un periódico publica hoy, martes de ch’alla, un rosario de 16 contradicciones que, según la extensa nota periodística, han encontrado estos analistas en la CPE. Ahorrado así el trabajo de hacer una selección por mi cuenta, voy a referirme a éstas.
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El Estado de Sitio
Íver Pereira, abogado constitucionalista, le dedica su preocupación al estado de sitio, dejando entrever –pues no lo dice expresamente– que, el nuevo texto, le daría poderes omnímodos al Presidente. Si uno lee los textos del artículo 111 de la Constitución vigente y el 138 de la aprobada por la Asamblea Constituyente, encuentra que, palabras más o menos, da las mismas facultades al Presidente. Es más: agrega un parágrafo que prohíbe expresamente suspender las garantías de los derechos, los derechos fundamentalísimos (que no se reconocen en la actual CPE), el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Si me dice que la actual Carta Magna preserva esos derechos, le creeré sus susceptibilidades que se refieren al tiempo de duración del Estado de Sitio.
Algo más: si se refiere a tiempos, no tendría argumentos para sustentar la bondad de la CPE, pues la norma vigente da una duración de tres meses, que puede ampliarse por otro periodo igual. Pero, además, esto rige para un año, pues al siguiente puede repetir lo mismo. De allí resulta que, el gobierno puede imponernos un año continuo de Estado de Sitio. ¿Esto es lo que defiende el señor Pereira?
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Idiomas nativos
El mismo analista sube de tono, hasta escandalizarse, cuando trata la obligatoriedad de juzgar, a una persona, en su idioma nativo. Que un angloparlante, o quien hable francés, alemán o italiano, exija un traductor y el juez esté obligado a proporcionarlo, no le molesta. Se indigna porque el juzgador esté obligado a conocer el idioma del procesado, y el defensor, tanto del demandado como del demandante, deban garantizar efectiva defensa en el idioma del procesado.
Habrá que llegar a la conclusión de que, un indígena, no tiene derecho al mismo trato, ¡que hable castellano! Después de todo, el retorcido ministro Muñoz del dictador Melgarejo, le hizo firmar a éste la norma que quitó las tierras a los indígenas, porque no sabían leer y, en consecuencia, no se enteraron que tenían un plazo para demostrar su propiedad. Como no lo hicieron, se quedaron sin tierras. ¿Sigue siendo ése el trato, señor Pereira?
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Autonomías
Al parecer, la autonomía es un beneficio obtenido por unos cuantos y prohibido para el resto. Según la interpretación del abogado Pereira, el artículo 270 de la nueva CPE ubica en un solo nivel a los departamentos que buscan la autonomía regional y a los que votaron por el NO en el referendum del 2 de julio de 2006. ¿Será que el proceso autonómico es sólo para algunos y, en consecuencia, creará departamentos de primera y segunda categorías?
Sin parar mientes en el esperpento que arma, se queja: “la distribución territorial también está en riesgo porque los municipios y territorios indígenas también serán autónomos”. ¿No es que, los municipios, son autónomos desde mucho antes? o ¿se trata de abolir la autonomía municipal para darle todo el poder a los prefectos comiteístas? De otra parte, fueron los indígenas quienes recorrieron todo el territorio nacional, en más de una oportunidad, exigiendo una nueva Constitución, precisamente, para que se les reconociese su derecho a la autodeterminación.
Otra cosa distinta es que, el señor Pereira, quiera que las cosas continúen como hasta ahora para ganancia de unos pocos y miseria de la mayoría.
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Hidrocarburos
Terminado ese tema constitucionalista, se presenta el técnico de los hidrocarburos. Sale a la palestra nada menos que don Francesco Zaratti. Hace un extraordinario descubrimiento: la nueva CPE reemplaza “yacimientos de hidrocarburos” por “hidrocarburos” y “dominio” por “propiedad”. No entendió que, la lucha del pueblo boliviano, en septiembre/octubre de 2003, fue precisamente para hacer ese cambio. El concepto neoliberal de ser dueños de los yacimientos llenos o vacíos, pero no de los hidrocarburos y proclamar el “dominio” dejando la propiedad para las transnacionales era el tema en debate, que se dilucidó en las calles hasta lograr la vergonzosa fuga de Goni y su comparsa. Tampoco quiso ese cambio Carlos Mesa y se vio obligado a renunciar.
Luego, se enreda en su lenguaje técnico. Si YPFB, representando al Estado boliviano, ejercita la propiedad de los hidrocarburos, ¿qué pasa cuando lo compra el usuario? Entristece que, un respetable intelectual como el señor Zaratti, esgrima tan pobre argumento. Ya sin posibilidad de retorno, llega a la conclusión de decir que, siendo dueño el Estado boliviano de esta riqueza, debe quedarse con ella sin hacer negocios con nadie. ¡Qué torpeza!
Incurriríamos en el mismo facilismo comentando sus apreciaciones grotescas sobre industrialización y medio ambiente.
Elección de jueces
Que los abogados se alcen escandalizados ante la pretensión de que el pueblo elija a los magistrados del Poder Judicial era de esperar. En 2006, reunidos los miembros de la Corte Suprema y las Cortes Distritales de Justicia, propiciaron la carrera judicial y la designación de vocales y magistrados vitalicios. Sostienen desde entonces que, de ese modo, se garantizará una judicatura independiente de presiones políticas.
¿Será así? Basta recordar la “comisión Warren” que investigó el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos y ocultó las evidencias de la conspiración que se tejió para eliminarlo. Warren, presidente de la Corte Suprema de Justicia de USA, era elegido de por vida como todos sus pares, lo que no lo resguardó de las presiones que ejercen los grupos de poder.
No será el ideal, pero es evidente que un control del conjunto de la sociedad, es mayor garantía que la dependencia al sistema de selección por los partidos representados en el Parlamento.
Les parece muy grave que el pueblo intervenga cuando se viole o amenace los derechos colectivos. Por supuesto, para ellos, el derecho es un tema de abogados y solamente de ellos. O ¿no es cierto que ellos hacen todo lo posible por desprestigiar a los tribunales ciudadanos?
Advierten que la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional no es suficiente para reformar la Constitución. Esto demuestra que estuvieron afiliados a la campaña por los dos tercios que fue el caballito de batalla de ese rejunte de partidos tradicionales que dirige Jorge Quiroga Ramírez.
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Competencias
Le toca el turno a los comiteístas. El señor Juan Carlos Urenda reclama por las competencias autonómicas. ¡Cómo no hacerlo!, si el estatuto que ondea desde hace más de un año pretende que el prefecto tenga derechos absolutos sobre la tierra, los recursos naturales, los recursos humanos y hasta las relaciones económicas internacionales. ¿Acaso pensó que podía adquirir tanto poder por interpósita persona?
Más adelante dice que los cinco niveles de autonomía “atomizan el poder departamental”, con lo que pronostica ingobernabilidad. Vamos a ver. Si el poder se centraliza en el prefecto, ¿habrá gobernabilidad? Porque, si de eso se trata, ¿no sería más gobernable un país centralizado?
No contento con eso, dice que el texto de la nueva CPE “otorga como unos 40 puntos a los privilegios de los pueblos originarios que resultan violatorios del principio de igualdad”. ¡Por favor, señor Urenda! De lo que se trata es de restituir derechos que estos pueblos, los pueblos indígenas, vieron negados, pisoteados y despreciados, durante todo el tiempo de la colonia y la república, hasta este momento. ¿Qué pretenden usted y sus mandantes?, ¿una igualdad que les permita seguir arrebatando y expropiando a las minorías originarias de las tierras bajas y también de los valles y el altiplano?
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Plurinacional vs. Integridad
El consejero prefectural cruceño Vermal Méndez sostiene que la plurinacionalidad pone en riesgo la integridad territorial del país. Remata su argumentación descubriendo que, la educación diseñada en la nueva Constitución, “está alineada a una ideología comunitaria” que, según él, sólo es del gobierno.
Eso, simplemente, es ignorar la realidad de nuestro país. Más del 60 % de la población se ha declarado perteneciente a una nacionalidad o etnia. Sin excepción, todas ellas, carecen de derechos como tales. Esa concepción, que les niega derechos a estos pueblos, parte de una ideología minoritaria que ha dominado Bolivia desde su fundación. ¿Acaso pretende que, por ser de tan larga data, es verdad indiscutible?
¿Con qué nos quedamos? La única conclusión a la que puedo llegar, luego de repasar los argumentos de estos analistas, es que todos, absolutamente todos ellos, quieren mantener el modelo liberal de Estado copiado de Europa. No se trata de decirles que se vayan al Viejo Continente, como hicieron los Patiño y Aramayo. Los convocamos a entender el país en que nacieron.
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Antonio Peredo Leigue
Es periodista, profesor universitario. Hasta 1992 fue director del semanario Aquí. Fue candidato vicepresidencial del MAS en las elecciones de 2002. En la actualidad es senador por el oficialista MAS.
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BolPress - Bolivia/09/02/2008
NOTA DE TAPA
