Uno de los cinco arrestados ayer fue secretario de Organización del PP gallego Garzón ordena registros en Madrid, Valencia, Cádiz y Marbella Requiere documentos a dos alcaldes del PP y al Gobierno valenciano
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MADRID - El PP vivió ayer un auténtico viernes negro ya que la corrupción acorraló a los conservadores por partida triple. Mientras en la Asamblea de Madrid las críticas de la oposición llovían sobre el PP por imponer una investigación a su medida sobre la trama de espionaje y presunta corrupción -el Aguirregate-, la Policía peinaba once domicilios y despachos en Madrid, Valencia, Sotogrande (Cádiz) y Marbella. Y detenía por orden del juez Baltasar Garzón a cinco presuntos miembros de una red destinada a lograr contratos en administraciones gobernadas por el PP a través de un entramado societario. El tercer mazazo llegó por la tarde, cuando el PP divulgó que, a una semana del arranque de la campaña electoral gallega, ha apartado a su cabeza de lista en Ourense, Luis Carrera, quien no declaró a Hacienda 240.000 euros que le fueron ingresados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
A los cinco arrestados por orden de Garzón se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Entre los detenidos figuran Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y que ocupa cargos en al menos ocho sociedades; Carmen Rodríguez Quijano, hija de Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya (ya fallecido) y ex asesora del anterior alcalde de Majadahonda, municipio madrileño regido por el PP y que, junto con el de Boadilla del Monte, centró las primeras pesquisas . Según la Cadena Ser , el número de imputados se eleva a 30 personas.
Quijano era asesora del alcalde de Majadahonda; luego recibió
El detenido a quien los investigadores conceden mayor importancia es Francisco Correa Sánchez, pareja de Rodríguez Quijano, testigo de boda de Alejandro Agag y Ana Aznar y señalado como cerebro de la trama y conseguidor. De hecho, la operación se denomina Gürtel, que en alemán significa correa. La única sociedad en la que aparece Francisco Correa, en el Registro Mercantil, es FCS Formación Comunicación y Servicios, que ofrece actividades de apoyo turístico y de la que es presidente, administrador único y consejero delegado, aunque al menos desde 2003 no deposita las cuentas anuales.
Completan el quinteto de detenciones Antoine Sánchez, primo de Correa, y Felisa Jordán Goncet, pero las fuentes consultadas dan por hecho que la lista de imputados aumentará en los próximos días. En su denuncia, Anticorrupción solicita muchas más imputaciones, aunque ninguna de responsables políticos en activo.
Un alud de documentación
Orange Market gestionará los stands de Valencia por 915.000 euros
Ayer, la Policía requirió documentación a ambos consistorios, gobernados por el PP, así como a la Conselleria de Turismo de Valencia, comunidad gobernada por el conservador Francisco Camps y que en 2009 ha adjudicado a Orange Market SL, una de las empresas supuestamente adscritas a la red corrupta, el diseño y montaje del stand oficial de la Generalitat de cuatro ferias turísticas. El importe 915.000 euros,. Tras los registros de ayer, los investigadores deben analizar la abundante documentación incautada.
Además de Orange Market, cuya sede valenciana registró ayer la Policía hasta las ocho de la tarde, en el punto de mira de Garzón aparecen las empresas Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral y Technology Consulting Management.
Tanto Special Events SL como Pasadena Viajes SL tienen como administradora única a Carmen Rodríguez Quijano, que en el momento de creación de sendas compañías no suscribió ni una sola acción. Constituidas en 1994 con un capital social de 3.000 y 60.000 euros, respectivamente, ambas sociedades figuran en el mismo domicilio que el aportado por Pablo Crespo para constituir otras sociedades, que no figura en el accionariado. Al menos Special Events ha cambiado de domicilio para trasladarse a otra dirección en la capital madrileña.
Durante la etapa de gobierno en Majadahonda del alcalde Guillermo Ortega (2000-2005), sucesor del ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, el consistorio adjudicó distintos contratos a Special Events. Carmen Rodríguez Quijano había dejado de ser administradora de la sociedad el 6 de noviembre de 2001. Tres meses más tarde, el 6 de febrero de 2002, y cuando Rodríguez Quijano ocupaba el cargo de asesora municipal para relaciones externas, el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a Special Events la edición de un vídeo publicitario -Creciendo en calidad de vida- por importe de 28.571 euros.
Igualmente en Majadahonda, otra empresa supuestamente adscrita a la red corrupta, Technology Consulting Management, obtuvo un año después, el 14 de febrero de 2003, la adjudicación, por 612.552 euros de un contrato de consultoría y asistencia para el diseño e implantación de la oficina de atención al ciudadano.
Boadilla del Monte
Por lo que respecta al consistorio de Boadilla del Monte, Easy Concept Comunicación se alzó con la gestión del servicio de atención al ciudadano. Formada por dos locales, la oficina permanece abierta las 24 horas del día. Para mantener ese servicio, el ayuntamiento de Boadilla (41.807 habitantes censados) paga anualmente 400.000 euros, informa la agencia Europa Press.
Easy Concept fue una de las empresas sobre las que ayer reclamó información la Policía al Ayuntamiento de Boadilla. Servimadrid Integral también ocupó la atención de los investigadores, según Europa Press. En ese caso, el consistorio le otorgó un contrato de 11.086 euros. Los agentes también preguntaron al consistorio de Boadilla sobre una adjudicación de una parcela a la sociedad UFC. El director general del suelo de esta localidad es Tomás Martín Morales, marido de la también concejala Rosalía de Padua.Tras las detenciones, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero,
Fuentes jurídicas explicaron a Público que las investigaciones surgieron a partir de una denuncia con datos, no confusos, pero sí someramente descritos y muy dispares. La Fiscalía Anticorrupción indagó los hechos hasta poder corroborarlos para presentar una denuncia formal. Le ha correspondido al Juzgado Central de Instrucción número 5, al existir cierta conexión con un sumario que Garzón lleva instruyendo desde hace años, el del BBVA Privanza.
El juez interrogará a los detenidos el próximo lunes y en función de sus palabras decidirá sobre la petición del ministerio público. Dos fiscales se ocuparán del caso: Miriam Segura y Concha Sabadell, está última prácticamente recién incorporada a la Fiscalía Especial.
El rol del conseguidor es poner en contacto a los empresarios dispuestos a pagar por un favor y a los políticos dispuestos a cobrar por hacerlo. Éstos se suelen llevar un porcentaje del importe total de la operación y suelen ser los personajes de la corrupción más difícil de implicar en los casos por la dificultad para probar nexos con corrupto y corruptor.
A los cinco arrestados por orden de Garzón se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Entre los detenidos figuran Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y que ocupa cargos en al menos ocho sociedades; Carmen Rodríguez Quijano, hija de Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya (ya fallecido) y ex asesora del anterior alcalde de Majadahonda, municipio madrileño regido por el PP y que, junto con el de Boadilla del Monte, centró las primeras pesquisas . Según la Cadena Ser , el número de imputados se eleva a 30 personas.
Quijano era asesora del alcalde de Majadahonda; luego recibió
El detenido a quien los investigadores conceden mayor importancia es Francisco Correa Sánchez, pareja de Rodríguez Quijano, testigo de boda de Alejandro Agag y Ana Aznar y señalado como cerebro de la trama y conseguidor. De hecho, la operación se denomina Gürtel, que en alemán significa correa. La única sociedad en la que aparece Francisco Correa, en el Registro Mercantil, es FCS Formación Comunicación y Servicios, que ofrece actividades de apoyo turístico y de la que es presidente, administrador único y consejero delegado, aunque al menos desde 2003 no deposita las cuentas anuales.
Completan el quinteto de detenciones Antoine Sánchez, primo de Correa, y Felisa Jordán Goncet, pero las fuentes consultadas dan por hecho que la lista de imputados aumentará en los próximos días. En su denuncia, Anticorrupción solicita muchas más imputaciones, aunque ninguna de responsables políticos en activo.
Un alud de documentación
Orange Market gestionará los stands de Valencia por 915.000 euros
Ayer, la Policía requirió documentación a ambos consistorios, gobernados por el PP, así como a la Conselleria de Turismo de Valencia, comunidad gobernada por el conservador Francisco Camps y que en 2009 ha adjudicado a Orange Market SL, una de las empresas supuestamente adscritas a la red corrupta, el diseño y montaje del stand oficial de la Generalitat de cuatro ferias turísticas. El importe 915.000 euros,. Tras los registros de ayer, los investigadores deben analizar la abundante documentación incautada.
Además de Orange Market, cuya sede valenciana registró ayer la Policía hasta las ocho de la tarde, en el punto de mira de Garzón aparecen las empresas Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral y Technology Consulting Management.
Tanto Special Events SL como Pasadena Viajes SL tienen como administradora única a Carmen Rodríguez Quijano, que en el momento de creación de sendas compañías no suscribió ni una sola acción. Constituidas en 1994 con un capital social de 3.000 y 60.000 euros, respectivamente, ambas sociedades figuran en el mismo domicilio que el aportado por Pablo Crespo para constituir otras sociedades, que no figura en el accionariado. Al menos Special Events ha cambiado de domicilio para trasladarse a otra dirección en la capital madrileña.
Durante la etapa de gobierno en Majadahonda del alcalde Guillermo Ortega (2000-2005), sucesor del ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, el consistorio adjudicó distintos contratos a Special Events. Carmen Rodríguez Quijano había dejado de ser administradora de la sociedad el 6 de noviembre de 2001. Tres meses más tarde, el 6 de febrero de 2002, y cuando Rodríguez Quijano ocupaba el cargo de asesora municipal para relaciones externas, el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a Special Events la edición de un vídeo publicitario -Creciendo en calidad de vida- por importe de 28.571 euros.
Igualmente en Majadahonda, otra empresa supuestamente adscrita a la red corrupta, Technology Consulting Management, obtuvo un año después, el 14 de febrero de 2003, la adjudicación, por 612.552 euros de un contrato de consultoría y asistencia para el diseño e implantación de la oficina de atención al ciudadano.
Boadilla del Monte
Por lo que respecta al consistorio de Boadilla del Monte, Easy Concept Comunicación se alzó con la gestión del servicio de atención al ciudadano. Formada por dos locales, la oficina permanece abierta las 24 horas del día. Para mantener ese servicio, el ayuntamiento de Boadilla (41.807 habitantes censados) paga anualmente 400.000 euros, informa la agencia Europa Press.
Easy Concept fue una de las empresas sobre las que ayer reclamó información la Policía al Ayuntamiento de Boadilla. Servimadrid Integral también ocupó la atención de los investigadores, según Europa Press. En ese caso, el consistorio le otorgó un contrato de 11.086 euros. Los agentes también preguntaron al consistorio de Boadilla sobre una adjudicación de una parcela a la sociedad UFC. El director general del suelo de esta localidad es Tomás Martín Morales, marido de la también concejala Rosalía de Padua.Tras las detenciones, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero,
Fuentes jurídicas explicaron a Público que las investigaciones surgieron a partir de una denuncia con datos, no confusos, pero sí someramente descritos y muy dispares. La Fiscalía Anticorrupción indagó los hechos hasta poder corroborarlos para presentar una denuncia formal. Le ha correspondido al Juzgado Central de Instrucción número 5, al existir cierta conexión con un sumario que Garzón lleva instruyendo desde hace años, el del BBVA Privanza.
El juez interrogará a los detenidos el próximo lunes y en función de sus palabras decidirá sobre la petición del ministerio público. Dos fiscales se ocuparán del caso: Miriam Segura y Concha Sabadell, está última prácticamente recién incorporada a la Fiscalía Especial.
El rol del conseguidor es poner en contacto a los empresarios dispuestos a pagar por un favor y a los políticos dispuestos a cobrar por hacerlo. Éstos se suelen llevar un porcentaje del importe total de la operación y suelen ser los personajes de la corrupción más difícil de implicar en los casos por la dificultad para probar nexos con corrupto y corruptor.
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Público - España/07/02/2009
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