Gerardo Honty*
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Si América Latina sigue la senda del aumento de la oferta energética, tendrá más problemas ambientales, sociales y económicos. Pero si invierte en eficiencia, reducirá los impactos negativos; y con los ahorros, podrá llevar energía a todos los que no la tienen (ni tendrán). El BID puede hacer mucho más para contribuir a cambiar esta senda energética continental, y este debe ser uno de los temas que merece ser analizado con detenimiento en su próxima asamblea en Colombia.
Precisemos que según la Agencia Internacional de la Energía, la tasa de crecimiento de la oferta de energía promedia el 2,3% anual en el caso latinoamericano, con lo que se duplicará su abastecimiento, pasando de los 484 Mteps (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 2004, a un estimado de 845 Mteps en 2030. Dos tercios de esta energía provendrían de fuentes no renovables y emisoras de gases de efecto invernadero: petróleo, carbón y gas natural.
Según el mismo informe, para lograr un suministro de esta envergadura la región deberá invertir una cifra enorme en infraestructura energética: US$ 1.374 miles de millones a lo largo de más de veinte años. La inversión en proyectos convencionales, como represas, usinas termoeléctricas o centrales nucleares, desencadenará los más diversos impactos ambientales y sociales, acarreando costos adicionales en una escala seguramente mayor.
Por lo tanto es urgente pensar en otro tipo de inversiones volcadas a potenciar programas de eficiencia y conservación energética. Si bien casi todos los países tienen algún programa de este tipo, su número y cobertura todavía es modesta. Pero dejan en claro sus grandes potencialidades en reducir el consumo energético y en muchos casos aminorar sus efectos ambientales, así como en lograr beneficios económicos. En Brasil, por ejemplo, el programa PROCEL nacido en el año 1986, ha invertido hasta el año 2005 aproximadamente US$ 461 millones, logrando un ahorro de electricidad de 21,753 GWh anuales, lo cual significó beneficios por US$ 8,027 millones. Estos y otros ejemplos indican que, en el futuro, las inversiones en eficiencia serían muy redituables. Incluso la propia Organización Latino Americana de Energía estima que el continente podría ahorrar 156 mil millones de dólares en los próximos 15 años si invirtiera en eficiencia energética.
El reporte sobre inversiones y flujos financieros para combatir el cambio climático publicado por la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, indica que el abastecimiento de energía de América Latina, al año 2030, requerirá de US$ 120 mil millones en inversiones. Pero si esa inversión fuese en eficiencia energética, los fondos requeridos caen a US$ 89 mil millones, es decir 31 mil millones menos, sin sacrificar la satisfacción de las necesidades de energía.
El propio BID ha encomendado estudios que dejan en claro los beneficios de invertir en eficiencia energética. Un reciente análisis reconoce que América Latina y el Caribe necesitarán generar 143 mil GWh/año hacia el 2018, donde el costo para alcanzar ese potencial será de US$ 53 mil millones (excluyendo los gastos de combustibles y mantenimiento). Pero si se actuara desde el lado de la demanda a través de medidas de eficiencia energética, los costos serían solamente de US$ 17 mil millones. Los ahorros generados por medidas como esas también podrían ser dirigidos a solucionar el caso de unos 45 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a la electricidad.
El BID ha ido incorporando los temas de Energía Renovable y Eficiencia energética en los últimos diez años. No obstante, el porcentaje de fondos de su portafolio dedicado a estos temas sigue siendo pequeñísimo. En un documento especialmente preparado para el BID por la Corporación Internacional Econergy, se afirma que en el portafolio total de préstamos del banco el sector de energía limpia apenas representa el 2,5%.
Si bien el banco ha impulsado nuevas áreas de inversión, no desanda los viejos caminos. La nueva Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático desde donde se promueven actualmente las iniciativas en eficiencia energética y energías renovables, está localizada dentro del banco en el Sector de Infraestructura y Medio Ambiente. En esa misma oficina, actualmente se preparan proyectos que van en un sentido diametralmente opuesto, como son las usinas termoeléctricas en base a carbón de Pecem y Termo Maranhao en Brasil.
El BID también está involucrado en varias propuestas energéticas y de infraestructura que claramente contradicen las estrategias de eficiencia energética y energías renovables. El IIRSA, la iniciativa en infraestructura a escala continental, es uno de los casos más claros. El informe de Ecoenergy advierte que parecería que ninguno de los 340 proyectos identificados en el IIRSA se orienta específicamente a temas de energías renovables y eficiencia energética. Otra vez más se marcha en sentido contrario: el portafolio prioritario de proyectos de IIRSA en un 60% corresponde a proyectos carreteros y de transporte, lo que derivará en un mayor consumo de petróleo sin establecerse claramente donde están los beneficios para la sociedad. Otros, que no están en la lista de prioridades pero forman parte de la cartera IIRSA, están siendo cuestionados por las organizaciones sociales debido a sus importantes derivaciones ambientales, sociales y políticas negativas como es el caso de las represas Santo Antonio en el río Madeira o la de Garabí sobre el río Uruguay.
Siguiendo las conclusiones del informe preparado por Econergy para el BID “si las economías emergentes fueran a replicar la orientación fósil de los sectores energéticos típicos de las economías industrializadas, las implicancias en términos de daño ambiental y el potencial para acelerar salvajemente la demanda llevando los precios de la energía a precios record, puede ser significativa. No obstante, a pesar del marcado crecimiento en esta área en la última década, el Banco no ha participado en suficientes actividades de préstamos en los sectores de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y ha fallado en implementar programas sistémicos de gran escala que vayan a ayudar a los mercados financieros locales para el desarrollo de energía limpia”.
Las conclusiones son claras. El BID debe aprovechar su asamblea en Medellín para repensar su estrategia energética, abandonando los emprendimientos y apoyos a la “energía sucia”, para comprometerse realmente con emprendimientos que solucionen específicamente el acceso a los servicios energéticos de quienes hoy carecen de él, apuesten a la conservación y uso eficiente de la energía, promuevan una conversión hacia las energías renovables, y reduzcan nuestra contribución a la emisión de gases contaminantes globales.
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Si América Latina sigue la senda del aumento de la oferta energética, tendrá más problemas ambientales, sociales y económicos. Pero si invierte en eficiencia, reducirá los impactos negativos; y con los ahorros, podrá llevar energía a todos los que no la tienen (ni tendrán). El BID puede hacer mucho más para contribuir a cambiar esta senda energética continental, y este debe ser uno de los temas que merece ser analizado con detenimiento en su próxima asamblea en Colombia.
Precisemos que según la Agencia Internacional de la Energía, la tasa de crecimiento de la oferta de energía promedia el 2,3% anual en el caso latinoamericano, con lo que se duplicará su abastecimiento, pasando de los 484 Mteps (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 2004, a un estimado de 845 Mteps en 2030. Dos tercios de esta energía provendrían de fuentes no renovables y emisoras de gases de efecto invernadero: petróleo, carbón y gas natural.
Según el mismo informe, para lograr un suministro de esta envergadura la región deberá invertir una cifra enorme en infraestructura energética: US$ 1.374 miles de millones a lo largo de más de veinte años. La inversión en proyectos convencionales, como represas, usinas termoeléctricas o centrales nucleares, desencadenará los más diversos impactos ambientales y sociales, acarreando costos adicionales en una escala seguramente mayor.
Por lo tanto es urgente pensar en otro tipo de inversiones volcadas a potenciar programas de eficiencia y conservación energética. Si bien casi todos los países tienen algún programa de este tipo, su número y cobertura todavía es modesta. Pero dejan en claro sus grandes potencialidades en reducir el consumo energético y en muchos casos aminorar sus efectos ambientales, así como en lograr beneficios económicos. En Brasil, por ejemplo, el programa PROCEL nacido en el año 1986, ha invertido hasta el año 2005 aproximadamente US$ 461 millones, logrando un ahorro de electricidad de 21,753 GWh anuales, lo cual significó beneficios por US$ 8,027 millones. Estos y otros ejemplos indican que, en el futuro, las inversiones en eficiencia serían muy redituables. Incluso la propia Organización Latino Americana de Energía estima que el continente podría ahorrar 156 mil millones de dólares en los próximos 15 años si invirtiera en eficiencia energética.
El reporte sobre inversiones y flujos financieros para combatir el cambio climático publicado por la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, indica que el abastecimiento de energía de América Latina, al año 2030, requerirá de US$ 120 mil millones en inversiones. Pero si esa inversión fuese en eficiencia energética, los fondos requeridos caen a US$ 89 mil millones, es decir 31 mil millones menos, sin sacrificar la satisfacción de las necesidades de energía.
El propio BID ha encomendado estudios que dejan en claro los beneficios de invertir en eficiencia energética. Un reciente análisis reconoce que América Latina y el Caribe necesitarán generar 143 mil GWh/año hacia el 2018, donde el costo para alcanzar ese potencial será de US$ 53 mil millones (excluyendo los gastos de combustibles y mantenimiento). Pero si se actuara desde el lado de la demanda a través de medidas de eficiencia energética, los costos serían solamente de US$ 17 mil millones. Los ahorros generados por medidas como esas también podrían ser dirigidos a solucionar el caso de unos 45 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a la electricidad.
El BID ha ido incorporando los temas de Energía Renovable y Eficiencia energética en los últimos diez años. No obstante, el porcentaje de fondos de su portafolio dedicado a estos temas sigue siendo pequeñísimo. En un documento especialmente preparado para el BID por la Corporación Internacional Econergy, se afirma que en el portafolio total de préstamos del banco el sector de energía limpia apenas representa el 2,5%.
Si bien el banco ha impulsado nuevas áreas de inversión, no desanda los viejos caminos. La nueva Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático desde donde se promueven actualmente las iniciativas en eficiencia energética y energías renovables, está localizada dentro del banco en el Sector de Infraestructura y Medio Ambiente. En esa misma oficina, actualmente se preparan proyectos que van en un sentido diametralmente opuesto, como son las usinas termoeléctricas en base a carbón de Pecem y Termo Maranhao en Brasil.
El BID también está involucrado en varias propuestas energéticas y de infraestructura que claramente contradicen las estrategias de eficiencia energética y energías renovables. El IIRSA, la iniciativa en infraestructura a escala continental, es uno de los casos más claros. El informe de Ecoenergy advierte que parecería que ninguno de los 340 proyectos identificados en el IIRSA se orienta específicamente a temas de energías renovables y eficiencia energética. Otra vez más se marcha en sentido contrario: el portafolio prioritario de proyectos de IIRSA en un 60% corresponde a proyectos carreteros y de transporte, lo que derivará en un mayor consumo de petróleo sin establecerse claramente donde están los beneficios para la sociedad. Otros, que no están en la lista de prioridades pero forman parte de la cartera IIRSA, están siendo cuestionados por las organizaciones sociales debido a sus importantes derivaciones ambientales, sociales y políticas negativas como es el caso de las represas Santo Antonio en el río Madeira o la de Garabí sobre el río Uruguay.
Siguiendo las conclusiones del informe preparado por Econergy para el BID “si las economías emergentes fueran a replicar la orientación fósil de los sectores energéticos típicos de las economías industrializadas, las implicancias en términos de daño ambiental y el potencial para acelerar salvajemente la demanda llevando los precios de la energía a precios record, puede ser significativa. No obstante, a pesar del marcado crecimiento en esta área en la última década, el Banco no ha participado en suficientes actividades de préstamos en los sectores de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y ha fallado en implementar programas sistémicos de gran escala que vayan a ayudar a los mercados financieros locales para el desarrollo de energía limpia”.
Las conclusiones son claras. El BID debe aprovechar su asamblea en Medellín para repensar su estrategia energética, abandonando los emprendimientos y apoyos a la “energía sucia”, para comprometerse realmente con emprendimientos que solucionen específicamente el acceso a los servicios energéticos de quienes hoy carecen de él, apuesten a la conservación y uso eficiente de la energía, promuevan una conversión hacia las energías renovables, y reduzcan nuestra contribución a la emisión de gases contaminantes globales.
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*Gerardo Honty es analista de temas energéticos en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
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ALAI/20/03/2009
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