Prensa y derechos humanos: un indígena de derecha agredido conmueve más que un activista de izquierda baleado
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Miguel Lora Fuentes
Miguel Lora Fuentes
Es periodista. Trabajó en los matutinos Presencia, La Prensa, Los Tiempos y el semanario Pulso. Fue profesor en la Universidad Pública El Alto. En la actualidad es editor de Bolpress.com
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Analistas, políticos, intelectuales, la clase media en general y la prensa privada condenaron el "atentado terrorista y criminal" contra la familia de Víctor Hugo Cárdenas el 7 de marzo en Huatajata, y la intolerancia política del gobierno "revanchista, racista y autoritario". Una semana antes el activista de izquierda Miguel Gonzáles fue atacado con armas de fuego en pleno centro de la ciudad de Trinidad y casi nadie se indignó.
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Según las grandes cadenas privadas de televisión, periódicos, radioemisoras y analistas varios, la toma de la vivienda del ex vicepresidente de la República en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 - 1997) quebrantó el estado de derecho y los principios básicos de la democracia, y se constituye en una de las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la libertad de pensamiento.
"Se pasaron de la raya... esto debe merecer la condena del mundo, todo el mundo está con los ojos en este caso, no es un asunto nacional sino mundial. Los embajadores acreditados en nuestro país me llamaron personalmente y me exteriorizaron su sorpresa de que se cometan en Bolivia actos criminales", dijo el agredido Cárdenas.
"¿Qué es lo que haría Víctor Hugo Cárdenas para que sus propios hermanos asuman semejante actitud, para que más de 3.000 agraviados por la presencia de su familia pidan que su chalet pase a manos del sindicato"?, preguntó el Vicepresidente Alvaro García Linera.
La dirigente campesinas de la provincia Omasuyos Beatriz Quispe acusó a Cárdenas de denigrar y traicionar a la cultura aymara: "Se cambió el apellido, se vendió a la derecha e hizo campaña por el no a la nueva Constitución que por primera vez reconoce a las naciones indígenas".
El ex constituyente de Omasuyos Gregorio Mamani explicó que Víctor Hugo Cárdenas no cumplió las promesas que hizo a la provincia cuando fue vicepresidente y por ello fue declarado traidor. Luego, un ampliado de todas las comunidades de la región decidió expropiar su vivienda porque no cumple una función social.
La ministra de Justicia Celima Torrico y el diputado masista Gustavo Torrico enfatizaron que los comunarios de Sak'a Jawira no tienen ningún derecho de expropiar la casa de Cárdenas sólo porque es derechista.
García Linera sospecha que el desproporcionado show mediático "busca victimizar y catapultar a líderes políticos" que intentan "dividir al pueblo indígena, indio contra indio" con miras a las elecciones generales de diciembre.
Doble rasero
Los sectores políticos y mediáticos de la oposición exigen que los responsables del "atentado criminal" contra la familia Cárdenas sean puestos a disposición judicial y luego encarcelados; pero no se han pronunciado sobre las frecuentes agresiones a los activistas políticos de izquierda.
En los últimos cinco años, grupos radicales que responden a prefecturas y comités cívicos del oriente del país atacaron más de 15 veces las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Durante el frustrado golpe cívico prefectural entre agosto y septiembre de 2008, las oficinas y los trabajadores del CEJIS en Trinidad y Riberalta sufrieron el asedio de gente violenta apañada por la Prefectura y los cívicos locales. El 9 de septiembre, grupos irregulares saquearon e incendiaron la sede del CEJIS en la ciudad de Santa Cruz.
El 27 de febrero de este año dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon al vehículo de Miguel Gonzáles, responsable de la oficina del CEJIS en la ciudad de Trinidad, y perforaron el vidrio trasero con un proyectil calibre 22.
Como no se halló la bala dentro del vehículo (se presume que salió por una ventana abierta) la Policía arguyó que tal vez un niño arrojó una canica y perforó el vidrio, justo a la altura de la cabeza de Gonzáles.
"Todo trabajo y cargo tiene sus riesgos, por lo tanto es necesario aprender a sobrellevarlos, y no vale la pena seguir con la denuncia presentada", recomendó la fiscal asignada a la investigación Mabel Martínez Daguer. El fiscal de Distrito Gilberto Adad Suárez separó a Martínez de la investigación, y los dos fiscales que la sucedieron tampoco resolvieron el caso.
Este atentado criminal no ha merecido la atención de la prensa ni de los demócratas que defienden a Víctor Hugo Cárdenas y su derecho legítimo a ser un aymara derechista.
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Según las grandes cadenas privadas de televisión, periódicos, radioemisoras y analistas varios, la toma de la vivienda del ex vicepresidente de la República en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 - 1997) quebrantó el estado de derecho y los principios básicos de la democracia, y se constituye en una de las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la libertad de pensamiento.
"Se pasaron de la raya... esto debe merecer la condena del mundo, todo el mundo está con los ojos en este caso, no es un asunto nacional sino mundial. Los embajadores acreditados en nuestro país me llamaron personalmente y me exteriorizaron su sorpresa de que se cometan en Bolivia actos criminales", dijo el agredido Cárdenas.
"¿Qué es lo que haría Víctor Hugo Cárdenas para que sus propios hermanos asuman semejante actitud, para que más de 3.000 agraviados por la presencia de su familia pidan que su chalet pase a manos del sindicato"?, preguntó el Vicepresidente Alvaro García Linera.
La dirigente campesinas de la provincia Omasuyos Beatriz Quispe acusó a Cárdenas de denigrar y traicionar a la cultura aymara: "Se cambió el apellido, se vendió a la derecha e hizo campaña por el no a la nueva Constitución que por primera vez reconoce a las naciones indígenas".
El ex constituyente de Omasuyos Gregorio Mamani explicó que Víctor Hugo Cárdenas no cumplió las promesas que hizo a la provincia cuando fue vicepresidente y por ello fue declarado traidor. Luego, un ampliado de todas las comunidades de la región decidió expropiar su vivienda porque no cumple una función social.
La ministra de Justicia Celima Torrico y el diputado masista Gustavo Torrico enfatizaron que los comunarios de Sak'a Jawira no tienen ningún derecho de expropiar la casa de Cárdenas sólo porque es derechista.
García Linera sospecha que el desproporcionado show mediático "busca victimizar y catapultar a líderes políticos" que intentan "dividir al pueblo indígena, indio contra indio" con miras a las elecciones generales de diciembre.
Doble rasero
Los sectores políticos y mediáticos de la oposición exigen que los responsables del "atentado criminal" contra la familia Cárdenas sean puestos a disposición judicial y luego encarcelados; pero no se han pronunciado sobre las frecuentes agresiones a los activistas políticos de izquierda.
En los últimos cinco años, grupos radicales que responden a prefecturas y comités cívicos del oriente del país atacaron más de 15 veces las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Durante el frustrado golpe cívico prefectural entre agosto y septiembre de 2008, las oficinas y los trabajadores del CEJIS en Trinidad y Riberalta sufrieron el asedio de gente violenta apañada por la Prefectura y los cívicos locales. El 9 de septiembre, grupos irregulares saquearon e incendiaron la sede del CEJIS en la ciudad de Santa Cruz.
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BolPress - Bolivia/13/03/2009
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