Ana Esther Ceceña *
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El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio de un nuevo ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control de su espacio vital: el Continente americano.
Era el momento de creación de plataformas regionales de ataque bajo el velo de la guerra preventiva contra el terrorismo. Pero si en Palestina y el Medio Oriente había ya costumbre de recibir las ofensivas del Pentágono aderezadas con los propósitos particulares de Israel, en América no había ocurrido un ataque unilateral de un Estado a otro “en defensa de su seguridad nacional”.
El ataque perfiló las primeras líneas de una política de Estado que no se modificó con el cambio de gobierno (de Bush a Obama) sino que se adecuó a los tiempos de la política continental que, en esa ocasión, dio lugar a un airoso reclamo de Ecuador, secundado por la mayoría de los Presidentes de la región en la reunión de Santo Domingo.
Prudentemente se detuvo esta escalada militar para bajar las tensiones y dar paso al cambio de gobierno en Estados Unidos pero la necesidad de detener el crecimiento del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y la búsqueda de caminos seguros para intervenir en la región, sobre todo frente a Venezuela, Ecuador y Bolivia, llevó nuevamente a Estados Unidos a involucrarse en proyectos desestabilizadores o directamente militaristas.
El golpe de Estado en Honduras, uno de los eslabones más frágiles de ALBA, conducido por un militar hondureño formado en la Escuela de las Américas, tramado en vinculación con la base de Palmerola, consultado con el personal de la Embajada norteamericana y asumido por la oligarquía hondureña -que si existe es por el auspicio de los intereses norteamericanos que requieren parapetarse en socios locales-, es el primer operativo de relanzamiento de esa escalada.
Mal precedente el de un gobernante legítimo, derrocado por un golpe espurio, que termina siendo acusado de violar la Constitución y por ese subterfugio es equiparado con el gobierno de los golpistas. Tan defensor como violador de la Constitución es uno como el otro en el esquema de diálogo que se impuso después del golpe.
Buen precedente el de un pueblo que se moviliza por el restablecimiento de la constitucionalidad y en contra de un golpe de Estado y de la militarización renovada que recuerda situaciones de un pasado cercano.
No obstante, el golpe en Honduras sólo anuncia lo que se vislumbra para esos gobiernos que han osado desafiar al imperio y que no cesan de ser acosados. Honduras resultó atropellado en una búsqueda por alcanzar objetivos de mayor importancia geoestratégica: Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Mientras la nebulosa levantada por Honduras desvió la mirada, se volvieron a desatar los montajes para acusar de cómplices de las FARC-catalogadas como grupo terrorista en las listas del Pentágono-, a los Presidentes de Venezuela y Ecuador; y se revive un viejo acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que otorga inmunidad a las tropas estadounidenses en suelo colombiano y permite la instalación de 7 bases militares norteamericanas que se suman a las seis ya reconocidas por el Pentágono en su Base structure report, sancionado por el Congreso.
Honduras constituyó el elemento desencadenador o, mejor, con todo y su gravedad, la cortina de humo que dio paso a la reactivación del proyecto interrumpido después del ataque a Sucumbíos: el establecimiento de una sede regional de la llamada guerra preventiva en América, justo al lado del Canal de Panamá y en la entrada misma de la cuenca amazónica pero, lo más importante en términos estratégicos coyunturales, en las fronteras de los procesos incómodos para los grandes poderes mundiales liderados por Estados Unidos.
Parar la militarización
Está en curso un proyecto de recolonización y disciplinamiento del Continente completo. Con la anuencia y hasta entusiasmo de las oligarquías locales, con la coparticipación de los grupos de ultraderecha instalados en algunos gobiernos de la región, se construye en América Latina mucho más que un nuevo Israel, desde donde el radio de acción se debe medir con las distancias que los aviones de guerra y monitoreo alcanzan en un solo vuelo, sin necesidad de cargar combustible; o con los tiempos de llegada a los objetivos circunstanciales, que son muy reducidos desde las posiciones colombianas; o con la capacidad de respuesta rápida ante contingencias en las principales ciudades de los alrededores: Quito, Caracas y La Paz; o con la seguridad económica que les da establecerse al lado de la franja petrolera del Orinoco, equivalente a los yacimientos de Arabia Saudí, al lado del río Amazonas, principal caudal superficial de agua dulce del Continente, al lado de los mayores yacimientos de biodiversidad del planeta, frente a Brasil y con posibilidades de aplicar la técnica del yunque y el martillo, contando con la cooperación de Perú, a cualquiera de los tres países que en Sudamérica han osado desafiar al hegemón.
Si bien Honduras muestra claramente los límites de la democracia dentro del capitalismo, el trasfondo de Honduras, con el proyecto de instalación de nuevas bases en Colombia y la inmunidad de las tropas estadounidenses en suelo colombiano, convertiría a ese país en su totalidad en una locación del ejército de Estados Unidos que pone en riesgo la capacidad soberana de autodeterminación de los pueblos y los países de la región.
Las acciones de este enclave militar en América del Sur se dirigirán a los Estados enemigos o a los Estados fallidos, que, de acuerdo con las nuevas normas impulsadas por Estados Unidos, pueden ser históricamente fallidos o devenir, casi instantáneamente, Estados fallidos “por colapso”. Cualquier contingencia puede convertir a un país en un Estado fallido y, por ello, susceptible de ser intervenido. Y entre las contingencias están las relaciones de sus gobernantes con algún grupo calificado como terrorista. Es ahí que se explica la insistencia por acusar a los presidentes Chávez y Correa de mantener vínculos de colaboración con las FARC.
Una vez decretado el Estado fallido la intervención puede realizarse desde Colombia, que ya estará equipada para avanzar sobre sus vecinos.
500 años después, los habitantes de América Latina tenemos que seguir deteniendo el saqueo, la colonización y las imposiciones de todo tipo, pero si no paramos la militarización y el asentamiento de las tropas de Estados Unidos en Colombia las luchas de los últimos 500 años habrían sido en vano.
Nuevamente, como en los viejos tiempos, cobra un sentido profundo la consigna: ¡Yankies, go home!
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*Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Méxicowww.geopolitica.ws
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El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio de un nuevo ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control de su espacio vital: el Continente americano.
Era el momento de creación de plataformas regionales de ataque bajo el velo de la guerra preventiva contra el terrorismo. Pero si en Palestina y el Medio Oriente había ya costumbre de recibir las ofensivas del Pentágono aderezadas con los propósitos particulares de Israel, en América no había ocurrido un ataque unilateral de un Estado a otro “en defensa de su seguridad nacional”.
El ataque perfiló las primeras líneas de una política de Estado que no se modificó con el cambio de gobierno (de Bush a Obama) sino que se adecuó a los tiempos de la política continental que, en esa ocasión, dio lugar a un airoso reclamo de Ecuador, secundado por la mayoría de los Presidentes de la región en la reunión de Santo Domingo.
Prudentemente se detuvo esta escalada militar para bajar las tensiones y dar paso al cambio de gobierno en Estados Unidos pero la necesidad de detener el crecimiento del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y la búsqueda de caminos seguros para intervenir en la región, sobre todo frente a Venezuela, Ecuador y Bolivia, llevó nuevamente a Estados Unidos a involucrarse en proyectos desestabilizadores o directamente militaristas.
El golpe de Estado en Honduras, uno de los eslabones más frágiles de ALBA, conducido por un militar hondureño formado en la Escuela de las Américas, tramado en vinculación con la base de Palmerola, consultado con el personal de la Embajada norteamericana y asumido por la oligarquía hondureña -que si existe es por el auspicio de los intereses norteamericanos que requieren parapetarse en socios locales-, es el primer operativo de relanzamiento de esa escalada.
Mal precedente el de un gobernante legítimo, derrocado por un golpe espurio, que termina siendo acusado de violar la Constitución y por ese subterfugio es equiparado con el gobierno de los golpistas. Tan defensor como violador de la Constitución es uno como el otro en el esquema de diálogo que se impuso después del golpe.
Buen precedente el de un pueblo que se moviliza por el restablecimiento de la constitucionalidad y en contra de un golpe de Estado y de la militarización renovada que recuerda situaciones de un pasado cercano.
No obstante, el golpe en Honduras sólo anuncia lo que se vislumbra para esos gobiernos que han osado desafiar al imperio y que no cesan de ser acosados. Honduras resultó atropellado en una búsqueda por alcanzar objetivos de mayor importancia geoestratégica: Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Mientras la nebulosa levantada por Honduras desvió la mirada, se volvieron a desatar los montajes para acusar de cómplices de las FARC-catalogadas como grupo terrorista en las listas del Pentágono-, a los Presidentes de Venezuela y Ecuador; y se revive un viejo acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que otorga inmunidad a las tropas estadounidenses en suelo colombiano y permite la instalación de 7 bases militares norteamericanas que se suman a las seis ya reconocidas por el Pentágono en su Base structure report, sancionado por el Congreso.
Honduras constituyó el elemento desencadenador o, mejor, con todo y su gravedad, la cortina de humo que dio paso a la reactivación del proyecto interrumpido después del ataque a Sucumbíos: el establecimiento de una sede regional de la llamada guerra preventiva en América, justo al lado del Canal de Panamá y en la entrada misma de la cuenca amazónica pero, lo más importante en términos estratégicos coyunturales, en las fronteras de los procesos incómodos para los grandes poderes mundiales liderados por Estados Unidos.
Parar la militarización
Está en curso un proyecto de recolonización y disciplinamiento del Continente completo. Con la anuencia y hasta entusiasmo de las oligarquías locales, con la coparticipación de los grupos de ultraderecha instalados en algunos gobiernos de la región, se construye en América Latina mucho más que un nuevo Israel, desde donde el radio de acción se debe medir con las distancias que los aviones de guerra y monitoreo alcanzan en un solo vuelo, sin necesidad de cargar combustible; o con los tiempos de llegada a los objetivos circunstanciales, que son muy reducidos desde las posiciones colombianas; o con la capacidad de respuesta rápida ante contingencias en las principales ciudades de los alrededores: Quito, Caracas y La Paz; o con la seguridad económica que les da establecerse al lado de la franja petrolera del Orinoco, equivalente a los yacimientos de Arabia Saudí, al lado del río Amazonas, principal caudal superficial de agua dulce del Continente, al lado de los mayores yacimientos de biodiversidad del planeta, frente a Brasil y con posibilidades de aplicar la técnica del yunque y el martillo, contando con la cooperación de Perú, a cualquiera de los tres países que en Sudamérica han osado desafiar al hegemón.
Si bien Honduras muestra claramente los límites de la democracia dentro del capitalismo, el trasfondo de Honduras, con el proyecto de instalación de nuevas bases en Colombia y la inmunidad de las tropas estadounidenses en suelo colombiano, convertiría a ese país en su totalidad en una locación del ejército de Estados Unidos que pone en riesgo la capacidad soberana de autodeterminación de los pueblos y los países de la región.
Las acciones de este enclave militar en América del Sur se dirigirán a los Estados enemigos o a los Estados fallidos, que, de acuerdo con las nuevas normas impulsadas por Estados Unidos, pueden ser históricamente fallidos o devenir, casi instantáneamente, Estados fallidos “por colapso”. Cualquier contingencia puede convertir a un país en un Estado fallido y, por ello, susceptible de ser intervenido. Y entre las contingencias están las relaciones de sus gobernantes con algún grupo calificado como terrorista. Es ahí que se explica la insistencia por acusar a los presidentes Chávez y Correa de mantener vínculos de colaboración con las FARC.
Una vez decretado el Estado fallido la intervención puede realizarse desde Colombia, que ya estará equipada para avanzar sobre sus vecinos.
500 años después, los habitantes de América Latina tenemos que seguir deteniendo el saqueo, la colonización y las imposiciones de todo tipo, pero si no paramos la militarización y el asentamiento de las tropas de Estados Unidos en Colombia las luchas de los últimos 500 años habrían sido en vano.
Nuevamente, como en los viejos tiempos, cobra un sentido profundo la consigna: ¡Yankies, go home!
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*Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Méxicowww.geopolitica.ws
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Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento, No. 447 de agosto de 2009
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ALAI/18/08/2009
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