Oscar Ugarteche*
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Para comprender mejor las bases de Estados Unidos en Colombia y las ahora 872 bases militares de que tiene alrededor del mundo hay que mirar algunos elementos adicionales y sintetizar la política real.
En América Latina hemos tenido el secuestro en México, en mayo del 2009, del profesor colombiano de literatura de la UNAM, Ángel Beltrán Villegas, y su reaparición en Bogotá en una cárcel de alta seguridad. Esto ha sido un apéndice de la política de secuestrar a presuntos terroristas de Al Qeda y llevarlos a Guantánamo para su tortura mientras los mantienen sin acusación por un periodo indefinido. Lo único que se asemeja a eso es el Plan Cóndor de los años 70. Los acusados de entonces eran secuestrados en un país, remitidos a otro y torturados por el ejército de dicho país. Esa política terminó con la doctrina Carter de Democracia y Derechos Humanos en 1979 y ha reaparecido con la doctrina Bush de seguridad.
En julio del 2008 se revitalizó la IV Flota naval creada en 1943 durante la segunda guerra mundial, primero para asegurar que los Nazis no penetraran el hemisferio y, luego, para evitar la llegada de los comunistas. “La IV Flota concentrará sus esfuerzos en la lucha en contra del tráfico ilícito, y en proveer ayuda humanitaria y socorro en casos de desastres”[1] dicen los marinos ahora. La IV Flota se desbandó e integró en la II Flota en 1950 sustituyéndose la seguridad naval hemisférica por los programas UNITAS[2] de cooperación naval a partir de 1959. UNITAS ya cumplió 50 años de existencia y ahora es la articulación de las marinas de guerra de países suramericanos, con excepción de Venezuela y Cuba. La reaparición de la IV Flota, en este marco, es redundante pero sugerente si se considera que fue tres meses después del ataque colombiano en la frontera ecuatoriana a una unidad de las FARC donde murió Raul Reyes, el mediador de paz de dicho grupo.
Existe entonces, el asunto de la narcotización de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, más con unos países que con otros, pero en general subrayados por la lucha contra el narcotráfico que en Colombia y México incluyen presencias militares grandes y abiertas, pero en el Perú implican presencias encubiertas como en los valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)
La percepción del gobierno de Estados Unidos en América Latina con el desenvolvimiento de la primera década del siglo XXI se ha visto complicada. Tras haber sostenido una política de derechos humanos, aunque contradictoria, en la primera década la abandonó e implementó la tortura como instrumento en la lucha contra el terrorismo. Los defensores de derechos humanos lucharon contra la tortura en todas sus formas por lo ocurrido en los años 70 durante las dictaduras sudamericanas. La injustificada invasión a Irak, ejecutada claramente para asegurar petróleo y hacer negocios en un momento crítico de la economía del país del norte, le ganaron más adversarios y el espacio creado por la concentración de la política exterior en Oriente Medio dieron lugar a gobiernos independientes de la política exterior de Washington. Con las excepciones de México, Colombia y el Perú, con el triunfo de Funes en el Salvador, toda Latinoamérica continental más Cuba tienen políticas independientes de Washington y están sumidos en algún proyecto de integración subregional: ALBA, Mercosur, UNASUR.
Dentro de este encuadre de seguridad hay que comprender el golpe militar de Honduras y las declaraciones del departamento de Estado sobre ello: “Lo que hemos dicho es que legalmente no le podemos calificar como golpe militar” What we have said is that we legally can’t determine it to be a military coup”[3].Cuando el golpe a Chávez en el año 2002, ni siquiera Washington, instigador del mismo, pudo retrotraerse de la carta democrática de la OEA. Cuando el intento de derrocamiento de Morales en Bolivia en setiembre del 2008,[4] el presidente de dicho país expulsó al embajador de Estados Unidos y Washington enmudeció.[5] Finalmente el golpe de Honduras es el tercer intento y el primero con alguna permanencia a pesar de la oposición de toda Latinoamérica y la OEA al mismo.
Distinta de la posición del Presidente Obama, quien censuró el golpe, Hillary Clinton no lo define como un golpe y por lo tanto no toma represalias, en suma lo apoya. La situación entonces es que la OEA no tiene la garra para impedir un golpe de Estado y si los golpistas persisten, ganan. Si tiene éxito Micheletti, Obama podrá decir que Micheletti “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” (“is a son of a bitch, but our son of a bitch”), como dijo Eisenhower de Somoza en los años 50. Washington pelea su debilitado poder en la región en Honduras y si tiene éxito, seguirá ese camino para recuperarlo en otros lados. Lo que no ganó con el fracasado ALCA ni con los golpes a Chávez o Morales, lo logrará en Honduras. Centroamérica otra vez juega el papel de espacio para la definición del poder del país del norte. El reto latinoamericano es impedirlo. Lo que está claro es que la doctrina de democracia y derechos humanos se enterró con Bush y sus secuaces y Obama no lo ha podido desenterrar.
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Para comprender mejor las bases de Estados Unidos en Colombia y las ahora 872 bases militares de que tiene alrededor del mundo hay que mirar algunos elementos adicionales y sintetizar la política real.
En América Latina hemos tenido el secuestro en México, en mayo del 2009, del profesor colombiano de literatura de la UNAM, Ángel Beltrán Villegas, y su reaparición en Bogotá en una cárcel de alta seguridad. Esto ha sido un apéndice de la política de secuestrar a presuntos terroristas de Al Qeda y llevarlos a Guantánamo para su tortura mientras los mantienen sin acusación por un periodo indefinido. Lo único que se asemeja a eso es el Plan Cóndor de los años 70. Los acusados de entonces eran secuestrados en un país, remitidos a otro y torturados por el ejército de dicho país. Esa política terminó con la doctrina Carter de Democracia y Derechos Humanos en 1979 y ha reaparecido con la doctrina Bush de seguridad.
En julio del 2008 se revitalizó la IV Flota naval creada en 1943 durante la segunda guerra mundial, primero para asegurar que los Nazis no penetraran el hemisferio y, luego, para evitar la llegada de los comunistas. “La IV Flota concentrará sus esfuerzos en la lucha en contra del tráfico ilícito, y en proveer ayuda humanitaria y socorro en casos de desastres”[1] dicen los marinos ahora. La IV Flota se desbandó e integró en la II Flota en 1950 sustituyéndose la seguridad naval hemisférica por los programas UNITAS[2] de cooperación naval a partir de 1959. UNITAS ya cumplió 50 años de existencia y ahora es la articulación de las marinas de guerra de países suramericanos, con excepción de Venezuela y Cuba. La reaparición de la IV Flota, en este marco, es redundante pero sugerente si se considera que fue tres meses después del ataque colombiano en la frontera ecuatoriana a una unidad de las FARC donde murió Raul Reyes, el mediador de paz de dicho grupo.
Existe entonces, el asunto de la narcotización de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, más con unos países que con otros, pero en general subrayados por la lucha contra el narcotráfico que en Colombia y México incluyen presencias militares grandes y abiertas, pero en el Perú implican presencias encubiertas como en los valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)
La percepción del gobierno de Estados Unidos en América Latina con el desenvolvimiento de la primera década del siglo XXI se ha visto complicada. Tras haber sostenido una política de derechos humanos, aunque contradictoria, en la primera década la abandonó e implementó la tortura como instrumento en la lucha contra el terrorismo. Los defensores de derechos humanos lucharon contra la tortura en todas sus formas por lo ocurrido en los años 70 durante las dictaduras sudamericanas. La injustificada invasión a Irak, ejecutada claramente para asegurar petróleo y hacer negocios en un momento crítico de la economía del país del norte, le ganaron más adversarios y el espacio creado por la concentración de la política exterior en Oriente Medio dieron lugar a gobiernos independientes de la política exterior de Washington. Con las excepciones de México, Colombia y el Perú, con el triunfo de Funes en el Salvador, toda Latinoamérica continental más Cuba tienen políticas independientes de Washington y están sumidos en algún proyecto de integración subregional: ALBA, Mercosur, UNASUR.
Dentro de este encuadre de seguridad hay que comprender el golpe militar de Honduras y las declaraciones del departamento de Estado sobre ello: “Lo que hemos dicho es que legalmente no le podemos calificar como golpe militar” What we have said is that we legally can’t determine it to be a military coup”[3].Cuando el golpe a Chávez en el año 2002, ni siquiera Washington, instigador del mismo, pudo retrotraerse de la carta democrática de la OEA. Cuando el intento de derrocamiento de Morales en Bolivia en setiembre del 2008,[4] el presidente de dicho país expulsó al embajador de Estados Unidos y Washington enmudeció.[5] Finalmente el golpe de Honduras es el tercer intento y el primero con alguna permanencia a pesar de la oposición de toda Latinoamérica y la OEA al mismo.
Distinta de la posición del Presidente Obama, quien censuró el golpe, Hillary Clinton no lo define como un golpe y por lo tanto no toma represalias, en suma lo apoya. La situación entonces es que la OEA no tiene la garra para impedir un golpe de Estado y si los golpistas persisten, ganan. Si tiene éxito Micheletti, Obama podrá decir que Micheletti “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” (“is a son of a bitch, but our son of a bitch”), como dijo Eisenhower de Somoza en los años 50. Washington pelea su debilitado poder en la región en Honduras y si tiene éxito, seguirá ese camino para recuperarlo en otros lados. Lo que no ganó con el fracasado ALCA ni con los golpes a Chávez o Morales, lo logrará en Honduras. Centroamérica otra vez juega el papel de espacio para la definición del poder del país del norte. El reto latinoamericano es impedirlo. Lo que está claro es que la doctrina de democracia y derechos humanos se enterró con Bush y sus secuaces y Obama no lo ha podido desenterrar.
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*Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI e integrante del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org
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Notas
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Notas
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ALAI/12/08/2009
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