El fenómeno del demopublicanismo

Por Juan Gelman
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Los marchatrases de Obama sorprenden a demócratas y a republicanos. El grupo progresista de los primeros no sabe a qué atenerse y los últimos lo aplauden. La política de Bush, que en su campaña electoral el nuevo mandatario se comprometió a cambiar, vive y colea todavía. Se dirá que es un hecho frecuente: los políticos prometen lo que no cumplirán cuando acceden al gobierno. Sólo que, en este caso, la elección de BO levantó oleajes de esperanza en EE.UU. y en el mundo entero, harto de guerra. El oleaje parece haberse acostado tranquilamente en alguna playa.

Obama prometió, insistente, retirar las tropas estadounidenses de Irak en 16 meses. Fue una promesa de humo: quedarán allí 50.000 efectivos de manera permanente (AP, 26-2-09). Su compromiso de gobernar con transparencia hoy es palabra desvanecida: anuló la decisión del Pentágono de dar a conocer 2006 fotografías que registran las torturas a que fueron sometidos los prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib (The New York Times, 24-4-09). Repitió la censura que el presidente republicano Nixon impuso en 1968 a las fotos de la matanza de 500 ancianos, mujeres y niños que las tropas norteamericanas llevaron a cabo en My Lai, Vietnam. Otra demostración de “transparencia”: los abogados del Departamento de Justicia invocaron el “secreto de Estado” para bloquear una demanda contra el espionaje ilegal de teléfonos y otros medios de comunicación impuesto por la Ley Patriótica de Bush. John McCain y otros líderes republicanos elogian estas decisiones y dicen que BO “ha madurado”, que “ahora sí” se ha convertido en un verdadero gobernante.

La decisión de cerrar Guantánamo conoce su agonía: Obama firmó en enero una orden ejecutiva que suspendió el funcionamiento de los tribunales militares en esa cárcel, teatro de torturas y detenciones ilegales. Hace días resolvió que los tribunales se mantengan, con algunos cambios cosméticos (AP, 15-5-09). El voto de la mayoría de sus conmilitones demócratas, sumado al de todos los republicanos menos uno, anuló en el Congreso una partida de 50 millones de dólares destinada a cubrir los gastos que cerrar Guantánamo demanda. No hay plata, no hay cierre.

Hay cuestiones que rara vez aparecen en los medios. Una es el accionar en Guantánamo de las Fuerzas de Reacción Inmediata (IRF, por sus siglas en inglés). La cadena NBC, amparándose en la ley de libertad de información, solicitó y obtuvo centenares de páginas de informes sobre la represión de las IRF. Cada uno de sus equipos está formado por cinco policías militares que, según una investigación abierta por el juez español Baltasar Garzón, golpean los testículos de los prisioneros, los detienen tres semanas en completa oscuridad sin comer ni dormir, les inyectan una enfermedad de la vesícula de los perros y, desde luego, los someten al submarino (www.drivingcalgary.com, 29-4-09). En Guantánamo nada ha cambiado y, al parecer, nada cambiará.

Otro hecho casi inadvertido es que Obama nombró al general Stanley McChrystal comandante en jefe de las tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. Pese a su apellido, el general estuvo a cargo de las operaciones especiales conjuntas del Pentágono (JSO, por sus siglas en inglés), es decir, encubiertas, desde el 2003 al 2008. Sus equipos de tareas organizan escuadrones de la muerte que se dedican a asesinar a líderes locales en el extranjero, aterrorizar a movimientos sociales que molestan a los gobiernos de países clientes de EE.UU. y a torturar a presos políticos y sospechosos de subversión. La Casa Blanca arguye que el nombramiento de McChrystal era necesario por la “complejidad” de la situación afgana. Dicho de otra manera: los talibán están ganando terreno y la nueva estrategia del general consistirá en aplicar los métodos de las JSO (www.alternet.org, 18-5-09). El general fue un niño mimado de Rumsfeld y Cheney. Ahora lo están mimando de nuevo.

Los demócratas tienen una mayoría de 79 bancas en la Cámara de Representantes y 59 bancas de 100 en el Senado. El presidente Obama es demócrata. Aun así, no se cumple el deseo de muchos que lo votaron para terminar con el estado de guerra incesante que Washington practica. El veterano representante demócrata por Missouri, William Lacy Clay, declaró en una sesión de la Cámara que en miles de personas de su distrito, pertenecientes a diferentes sectores económicos y raciales, incluida la ciudad de Saint Louis y suburbios, “impera un extendido sentimiento contra la guerra” (www.mcclatchydc.com, 16-5-09). Difícil que se concrete.

Es verdad que Obama intentó convencer al premier israelí Benjamin Netanyahu que apoye el establecimiento del Estado palestino y que se abstenga de atacar a Irán por su cuenta. En vano. No es menos cierto que el ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, señaló que EE.UU. aceptaría cualquier posición que Israel adopte. Hasta ahora, siempre ha sido así: el lobby norteamericano pro-israelí es muy poderoso.
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Página/12 Web - Argentina/21/05/2009

Presumir

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN *
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En el mundo del Derecho existen dos tipos de presunciones: las presunciones que admiten prueba en contrario (iuris tantum) y las que no la admiten (iuris et de iure). La presunción de inocencia es, obviamente, una presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada si se demuestra que se han cometido los delitos que se le atribuyen a las personas implicadas en los procesos judiciales de carácter penal. Sin embargo, el PP está actuando en el caso Gürtel como si la presunción de inocencia no admitiera prueba en contrario, como evidencia la afirmación de su presidente en relación con dos de los implicados de ese partido: “Nadie podrá probar que no son inocentes”.

Ciertamente, nadie podrá decir que los implicados del PP son culpables hasta que un tribunal lo declare en sentencia firme. Ahora bien, la presunción de inocencia no opera del mismo modo cuando ya existen indicios racionales de criminalidad. En ese caso, aun cuando sean formalmente inocentes (como también lo es quien se declara culpable hasta tanto se dicte sentencia firme) tienen que desvirtuar esos indicios para no ser condenados. Por ese motivo, la presunción de inocencia no impide que, como se suele afirmar en los medios de comunicación, las personas implicadas se consideren potencialmente culpables en cuanto han cometido “presuntamente” determinados delitos.
Por cuanto estamos hablando de personas que ejercen cargos públicos y que representan a la ciudadanía, la cuestión se complica. Su permanencia en los cargos, una vez que la opinión pública es conocedora de indicios de entidad contra ellos, supone una distorsión importante para el funcionamiento del sistema democrático. Lo embrolla todo, porque provoca una mezcla continua de responsabilidades políticas y judiciales, dificultando incluso la defensa de sus derechos por los implicados.

En efecto, aunque sus posibilidades de dar explicaciones están limitadas por su posición procesal, su obligación como responsables políticos consiste en ofrecer una respuesta detallada y precisa que disuelva cualquier duda en la ciudadanía respecto de su idoneidad para seguir desempeñando un cargo público. Esa contradicción sólo se puede resolver optando entre dos alternativas: aclarar la situación ante la opinión pública –lo que puede debilitar su posición en el proceso– o presentar
la dimisión.

No es ninguna de esas la vía que han elegido los aforados. Los diputados de la Asamblea de Madrid pretenden seguir en el
desempeño normal de sus funciones –más allá de su suspensión de militancia en el PP– sin dar ningún tipo de explicación pública. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, que tendrá que declarar hoy como imputado, ha dicho: “Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada”. Podría parecer una expresión del pensamiento paradójico: explicar todo, que es nada. En realidad, la paradoja consiste en que lo que está haciendo es no explicar nada, que es todo. En esas condiciones, el presidente de la Generalitat Valenciana podrá presumir de muchas cosas, pero no de inocente.
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*Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.
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Público - España/21/05/2009

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