Opinión
Chile
Por: Eduardo Andrade Bone (especial para ARGENPRESS.info)
ARGENPRESS.info/24/05/2007
Realizando un breve sondeo entre la clase trabajadora, los sectores populares y capas medias, con respecto a la alocución de la primera mandataria y su mentada “cuenta anual”, la segunda de su mandato, el pasado 21 de mayo. Podemos concluir, que este fue un discurso con claros fines electorales y que ha buscado recabar apoyo ante el desprestigio que vive el mundo político en general, y la Concertación y su gobierno en lo particular, todo en función de las elecciones municipales del 2008 y las presidenciales del 2009.
Para el ciudadano común y corriente las palabra de la primera mandataria, no son otra cosa “que más de lo mismo” como suelen decir los chilenos, con un marcado signo populista y demagógico, con promesas que se desvanecen en el transcurso del tiempo. Los anuncios de la presidenta han carecido de medidas concretas que en lo fundamental contribuyan a mejorar la calidad de vida de los chilenos y así poder vivir con mayor dignidad. De allí que lo expresado por Bachelet ha sido pobre, muy abstracto, y que no es otra cosa que la mantención de un modelo económico que cada vez irrita más a los chilenos y que ha generado grandes injusticias y desigualdades sociales.
Los anuncios de Bachelet, no es otra cosa que la acentuación del neoliberalismo, no hay compromisos por cambiar el modelo, corregirlo o humanizarlo. Nada nuevo, nada radical o revolucionario en materia económica y que vaya a beneficiar a los sectores sociales que han sido duramente golpeados por el capital neoliberal. El modelo consolida la injusticia y la desigualdad social, consolida la vida indigna y la política de las dádivas para los más pobres.
El país, los electores, el ciudadano común y corriente no logra comprender los anuncios de la presidenta, con una enorme cantidad de cifras y millones de dólares que presuntamente van a tener un beneficio social o que simplemente se van a desvanecer en la corrupción institucionalizada de las altas esferas del gobierno, o de aquellas regiones o municipios que se vean beneficiado con estos dineros.
Los anuncios de la primera mandataria están supeditados a una realidad muy diferente a la que tienen que enfrentar diariamente el común de los chilenos y que está relacionado con el sobrevivir de cada día, con salarios congelados (259 dls) por mes, y que no alcanzan a cubrir la necesidades básica de una familia tipo de cuatro personas. La gran mayoría de los chilenos quieren tener salarios dignos, quieren tener una actividad laboral segura, quiere vivir y sentir los bullados éxitos de la economía chilena, que hasta ahora solo sigue beneficiando a los grandes empresarios, las trasnacionales, los exportadores y la oligarquía económica y financiera nacional.
Con bombos y platillos la mandataria ha anunciado un aumento del gasto social, sin embargo ello por si solo ,no significa que vaya a mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades para los sectores de menores ingresos. Lo que si está claro es que Bachelet y la Concertación seguirán implementando la políticas de parche, de paliativos y la entrega de migajas para los sectores más vulnerables de la población chilena.
Bachelet ha enunciado que los mayores recursos se destinaran a educación, pero todo en el marco de la actual Ley Orgánica Constitucional de Educación , más conocida como LOCE, lo que significa que los recursos que se destinen para educación, serán un nuevo estimulo para los que lucran con la ya deficiente educación chilena, que es considerada una mercancía más, y muy bien administrada por los empresarios de la educación.
Los nuevos anuncios tampoco reflejan una toma de medidas que mejoren eficientemente la economía chilena. Esta sigue supeditada a los vaivenes de la economía y la especulación financiera internacional, la economía chilena funciona a la defensiva y no logra crecer más de lo trazado, con subidas y bajadas que a ratos sube al 6% para luego bajar nuevamente, sin que exista un crecimiento sostenido como ocurre con otros países de la región que crecen entre el 10 y 12 % (Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, etc). Es más, Chile sigue exportando productos tradicionales como cobre, vino salmones, materias primas, etc. Sin embargo los grande empresarios nacionales no invierten en investigación científica-técnica, lo que significa además que Chile es incapaz de producir productos con valor agregado y que puedan competir al mismo nivel de otros países en los mercados internacionales, lo que indica por otro lado que al país del cono sur, no le alcanza ni para un mediano desarrollo.
La presidenta Bachelet desarrolla su labor administrativa y continuista, con grandes contradicciones que emanan de sus asesore y aparato de gobierno. En sucesivas oportunidades la mandataria, ha realizado llamados al empresariado nacional, para que éstos realicen mayores inversiones en el país, cuestión que no suele suceder. Sin embargo cuando se trata de los fondos de pensiones de todos los chilenos y que son administrados por los pirañas de las AFP, la presidenta decide que el 45% de estos dineros sean invertido fuera del país.
Medidas como esta es el reflejo de la inestabilidad económica que vive el país, pues los grandes empresarios, las compañías mineras del cobre, las AFP, no suelen invertir en el desarrollo del país y prefieren tener sus dineros guardados en la banca internacional, con las consecuencias pertinentes en la creación de mayores puestos de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos.
Por ello decimos que el discurso de Bachelet, elaborado por los tecnócratas del neoliberalismo, es “sin luces y con muchas sombras”, pues las principales preocupaciones de la ciudadanía siguen siendo unas de las falencias de las políticas del gobierno y de la Concertación. Ha sido un mensaje emocional, con un llamado a ordenar una erosionada coalición de gobierno, en donde una vez más a quedado reflejado la no existencia de un proyecto de país, donde sigue imperando el espontaneísmo político, aferrado a un modelo económico ampliamente desacreditado y que solo beneficia a la clase dominante del país.
La mandataria ha reiterado la necesidad de la inclusión y la participación, sin embargo esto parece más una “muletilla” que una realidad, pues participación significa democracia, escuchar al otro, significa producir reformas o cambios de fondo, cuestión que los tecnócratas y neoliberales de su gobierno y la Concertación no están dispuestos a aceptar.
Participación y democracia significa dar pasos efectivos en el llamado a crear una Asamblea Constituyente, para la elaboración de una nueva Constitución, representativa de todos los sectores de la vida nacional. Inclusión y democracia significa crear un gran movimiento social para terminar con el sistema electoral anti democrático (binominal) y que beneficia de una manera perversa al pinochetismo representado por la UDI y RN.
Lo cierto es que en el Chile de hoy, cualquier proyecto de ley que envié el Ejecutivo al parlamento y que acoja medianamente las demandas populares está condenado al más completo fracaso, pues éste depende de la legalidad de la Constitución de la dictadura, así ha quedado demostrado recientemente cuando se ha intentado legislar para que los chilenos que residen fuera del país tengan derecho a voto. Recientemente la anti democracia representada por el pinochetismo (UDI-RN), rechazaron dicho proyecto producto de la falta del quórum necesario que se requería para su aprobación, en definitiva la minoría parlamentaria es la que tiene “la salten por el mango”.
De allí que mientras permanezca la institucionalidad heredada de la dictadura, los cambios o reformas a la ley de educación, de reforma previsional, las modificaciones al sistema electoral o cualquier otra que beneficie a las grandes mayorías del país están destinadas al más completo fracaso.
Esto es el reflejo de las graves carencias que aún superviven en la democracia restringida y tutelada chilena, es la herencia de la dictadura que se expresa además en la mantención de toda la institucionalidad política y económica de la dictadura que no permite que en Chile funcione el Estado de derecho de forma integral, y menos que se reestablezca plenamente la soberanía del pueblo chileno.