26/7/09

Barack Obama, socialista

JOAQUÍN ESTEFANÍA
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Entre las cosas más pintorescas figura la acusación al presidente de EE UU de ser un socialista oculto (como Fidel Castro antes de 1959), dirigida por los mismos que han llevado al mundo a la debacle económica actual y al darwinismo social que padecemos. Los principales escenarios internos en los que se mueven los neocons para atacar a Obama son sus dos reformas estrella: la de la sanidad y la de la regulación del sistema financiero.

Barack Obama
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A FONDO
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Nacimiento:
04-08-1961
Lugar:
Honolulu
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"Obama no busca una sanidad universal gratuita del tipo europeo"
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"El gasto sanitario de EE UU, muy ineficiente, absorbe el 16,5% del PIB"
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Obama ha decidido mejorar a Roosevelt, que creó la Seguridad Social y el seguro de desempleo en los años treinta, y a Johnson, que en 1965 instauró el perfil básico del sistema sanitario estadounidense que ha durado básicamente hasta hoy con la creación de los programas Medicare y Medicaid: seguro a cargo del Gobierno para ancianos, pobres y veteranos de guerra (ejecutado a través de estructuras sanitarias privadas), seguro médico privado pagado por la empresa para los empleados con buenos puestos de trabajo, seguro particular -si pueden permitírselo- para quienes no tienen la suerte de poder acceder a la modalidad anterior, y una vida de zozobra sin seguro de ningún tipo para 50 millones de ciudadanos (una población equivalente a algo más de un país como España).

Bill Clinton también quiso aliviar el hecho de que EE UU, caso único entre los países ricos, no garantice una asistencia sanitaria básica a sus habitantes, pero entre los republicanos más recalcitrantes y la presión de las aseguradoras privadas se cargaron aquella reforma.

A pesar de las limitaciones actuales, el gasto sanitario de EE UU -muy ineficiente- absorbe una cantidad similar al 16,5% del PIB americano. El 85% de la población tiene seguro, y muchos temen que extender la cobertura al 15% restante genere déficit (que habrá de pagarse con subidas de impuestos) y signifique perder calidad en las prestaciones que ya existen.

Obama no busca una sanidad universal gratuita del tipo de los países europeos más avanzados, sino extender la cobertura mediante un seguro público que pueda ser contratado por cualquier persona de modo voluntario, con lo que aumentaría la competencia y obligaría al sector privado a mejorar los servicios y reducir su precio.

Paul Krugman, que en las primarias demócratas apoyó a Hillary Clinton por considerar que ella sería la más consecuente con la voluntad de aplicar la reforma sanitaria y mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, ha descrito del siguiente modo la actuación de las aseguradoras privadas: "... no ganan dinero pagando por la asistencia sanitaria, sino cobrando primas y no pagando por ellas, si les resulta posible. Tanto es así que en el seno del ramo de seguros de salud los pagos en concepto de asistencia, por ejemplo en el caso de una operación pública importante, se designan, literalmente, como pérdidas médicas" (Después de Bush, editorial Crítica).

Cuenta nuestro economista que en la medida en que está en sus manos hacerlo, las aseguradoras privadas someten a examen a sus posibles clientes a fin de comprobar si habrán de necesitar tratamientos costosos, considerando a tal fin su historial familiar, el tipo de actividad profesional que desempeñan y, por encima de todo, las condiciones previas. De ese modo, el más mínimo indicio de que un individuo pueda llegar a generar gastos médicos en mayor medida que el promedio bastará para que su solicitud para contratar una póliza médica a un precio razonable se vea desestimada sin más. Si alguien que supera ese proceso de selección de riesgos acaba, no obstante, requiriendo asistencia, aún habrá de franquear una segunda línea defensiva: los intentos de la compañía por buscar formas de no pagar. Así, las aseguradoras revisarán detenidamente el historial del paciente, a fin de comprobar si se da alguna condición previa de la que no hubiera llegado a informar y que permitiera, por tanto, anular su póliza. Más significativo resulta, en la mayoría de los casos, el recurso a poner en cuestión los dictámenes de médicos y hospitales, tratando de hallar motivos que excluyan el tratamiento ofrecido por éstos de las prestaciones que la aseguradora tiene responsabilidad de cubrir.

Krugman concluye que "las compañías no actúan así por maldad, sino porque el propio funcionamiento del sistema apenas les deja otra elección". Resulta patético que a tratar de solucionar ese infierno se le denomine "socialismo". Indica hasta dónde hemos retrocedido.
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El Pais - España/26/07/2009

Los límites del consejo económico y social

OPINION
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Por José Natanson
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Aunque su origen puede rastrearse hasta los gremios medievales, el corporativismo moderno surgió en Europa a fines del siglo XIX y cobró impulso con las dos guerras mundiales, ante la necesidad de consensuar pactos de convivencia entre la burguesía y el proletariado para enfrentar al enemigo común. El sesgo corporativo del nazismo –y, sobre todo, del fascismo italiano– lo convirtió en una categoría vergonzante, muchas veces no reconocida, aunque muy útil en la práctica. De hecho, la representación corporativa se fue afianzando en la Europa continental de posguerra, en un contexto de altísimo crecimiento y consolidación del Estado de bienestar.

En este marco, muchos países europeos desarrollaron mecanismos neocorporativos –según la clásica definición de Philippe Schmitter– para sumar a los sectores económicos y sociales no sólo en la fase de consulta, sino incluso en la formulación e implementación de políticas públicas. El objetivo era triple: atenuar los choques de clase, transparentar los intereses que defiende cada sector (que ya no lo haría desde las oscuras sombras de los lobbies sino de manera institucional y pública) y comprometerlos con las decisiones del Estado, lo que contribuiría a reforzar el consenso social y la legitimidad de la democracia.

A veces limitados a la negociación de precios y salarios, a veces comprometidos con decisiones más amplias (planes de infraestructura, políticas de estímulo sectorial y hasta la regulación de la inversión privada), los países europeos construyeron diferentes consejos o mesas corporativas. En 1957 se inauguró en Austria el sistema de cámaras en las que los grupos organizados tienen la obligación de participar en tanto “corporaciones públicas”, con representación igualitaria de trabajadores y empresarios. En Alemania, las organizaciones de intereses se encuentran regularmente en la Konzertierte Aktion, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y que contribuye a la definición de las grandes líneas de políticas. Y hay otros casos, como las mesas corporativas noruegas o el Consejo Económico y Social español.

No es lo mismo
La experiencia europea ha demostrado que la representación corporativa no sólo no es incompatible con la democracia representativa sino que, bien utilizada, puede ayudar a complementarla (las credenciales democráticas de estos países son impecables). Pero en América latina las cosas son más difíciles. El primer problema es la debilidad organizativa de las entidades que se sientan a la mesa, tanto del lado de los trabajadores como del lado de los empresarios, en ambos casos afectadas por la fragmentación y la heterogeneización de la economía, lo que impide hablar, como en algunas naciones de Europa, de actores más o menos unificados.

Veamos caso por caso. En los países en desarrollo como el nuestro, el factor trabajo no es una entidad monolítica y uniforme, sino un magma heterogéneo de trabajadores en blanco, empleados en negro, tercerizados, desocupados, subocupados, pobres e indigentes. E incluso dentro del –relativamente pequeño– universo de los trabajadores formales, las cosas son bastante confusas: el hecho de que en Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, convivan malamente siete sindicatos, o que los docentes porteños se dividan en ¡14 gremios! son muestras de la fragmentación por la que atraviesa al mundo sindical.

Algo similar ocurre con los empresarios. La apertura económica de los ’90 y el ingreso de la inversión extranjera reconfiguraron el mundo de los negocios, lo que se reflejó en sus representaciones corporativas. Así, hoy existe la Cámara Argentina de la Construcción, pero también la Unión Argentina de la Construcción; la Asociación de Bancos de la República Argentina (APRA), pero también la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Asociación de Bancos Privados Argentinos (Abapra). En cuanto a las pymes, está la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, pero también la Confederación General de la Industria y el Consejo Argentino de la Industria.

En palabras de Lautaro Lissin (“Acción colectiva empresaria, ¿homogeneidad dada o construida”, Idaes), “si bien el empresariado argentino ya se caracterizaba por la heterogeneidad de sus intereses, la apertura fragmentó aún más el campo empresarial, desplazando a las entidades y debilitándolas en su capacidad de presentar propuestas articuladas y representativas”.

Esta heterogeneidad estructural se refleja en la debilidad organizativa de las entidades empresariales y sindicales y en la dificultad para expresar cabalmente los intereses de quienes supuestamente deberían representar. Así como suena curioso que Hugo Moyano se defina como el representante de “todos los trabajadores”, también resultan notables las dificultades de las entidades agropecuarias para contener a eso que ellos llaman sus “bases”, como han demostrado los reiterados episodios de desobediencia de Alfredo De Angeli.

Este cuadro bien tercermundista se agrava por una tendencia mundial, que Zygmunt Baumann definió como “modernidad líquida”: un contexto en el cual las estructuras sociales ya no duran lo suficiente como para gobernar las costumbres de los ciudadanos, los grandes referentes desaparecen o se debilitan y las sociedades pierden su centro, en un mundo que asume la principal característica de los líquidos –la fluidez– y donde las cosas mutan acelerada, inesperada y permanentemente.

Un último dato complica aún más la representación de intereses en países como el nuestro. Como escribieron Mario Grossi y Mario R. Dos Santos (“La concertación social. Una perspectiva sobre instrumentos de regulación económico-social en procesos de democratización”), existe una diferencia fundamental con las iniciativas corporativas europeas. En Argentina, como en el resto de la América latina, no se trata de gestionar o perfeccionar un modelo de desarrollo en funcionamiento, alrededor del cual existe un razonable consenso, como en Alemania o Austria, sino de crearlo. Y eso es siempre mucho más difícil.

Lejos de la mesa
Pero quizá la mayor dificultad para crear una mesa de diálogo inclusiva y con una mínima efectividad radique en la (i)representatividad de los sectores no organizados. Hay, en efecto, sectores cuya representación es difícil, si no imposible de determinar, como los jubilados, los pequeños empresarios y negociantes informales, los consumidores –una categoría cada vez más importante– y los trabajadores en negro. En un país en el que alrededor del 40 por ciento de la población trabaja de manera informal, con una tasa de sindicalización que no supera el 37 y que se reduce al 20 si se cuentan los empleados no registrados, sólo un peronista muy antiguo puede pensar que los sindicalistas son los “verdaderos” representantes de los trabajadores.

Y está también el tema de quienes no sólo carecen de un empleo formal o una obra social, sino que se encuentran directamente excluidos del sistema. Categoría indefinible pero no por eso menos real, los excluidos son, como señala Robert Castel (Las trampas de la exclusión, Topía), una sumatoria de trayectorias individuales, una agregación de historias de vida dispersas, paralelas, que no dan forma a un todo unitario. No conforman una clase, ni siquiera una clase en sí: no se encuentran en la fábrica todos los días a compartir sus penurias y tienen orígenes e intereses muy diferentes (convive la ex clase media con los pobres estructurales, con los migrantes internos, con los migrantes externos, con los desocupados, con los informales...).

Todo esto crea serias dificultades para la articulación de los excluidos y enormes problemas para traducir su desventajosa situación en acción colectiva. Un caso interesante es el de Luis D’Elía, a quien habría que criticarlo no tanto por sus pintorescos exabruptos televisivos a lo Guido Suller, sino más bien por el hecho de que se reivindique como el líder de un sector que a todas luces no lo sigue (al menos electoralmente). En su última incursión como candidato, en las elecciones de gobernador bonaerense del 2003, D’Elía obtuvo el 0,7 por ciento de los votos.

Y es que al final los excluidos casi siempre terminan volcándose por el peronismo: en los ’90, Carlos Menem ganaba sobre todo en los sectores más empobrecidos, el duhaldismo construyó su hegemonía bonaerense a partir del segundo cordón y en la última elección sus votos se dividieron entre Kirchner y Francisco De Narváez. Hasta ahora, la idea de que los excluidos podrán constituirse en un actor político autónomo y potente no se ha verificado sino en los papers de algunos intelectuales extraviados, lo que hace muy difícil sumar a estos sectores a una mesa de diálogo.

Dentro del Estado de bienestar
La representación corporativa es más compleja que la democrática, que tiene muchos problemas pero que finalmente se reduce a la fórmula básica de un hombre-un voto, sobre la cual descansa en ultimísima instancia el vínculo representativo. Pero en el caso corporativo, como no se trata de representar voluntades individuales sino intereses, el voto no es una opción, por lo que se apela a diferentes instancias, como consejos, mesas de negociación o cámaras.

La larga tradición histórica y la eficacia que han alcanzado estas instituciones en algunos países de Europa alientan las expectativas de que el proyecto del gobierno de crear un consejo económico y social genere resultados alentadores. Sin embargo, la realidad argentina es muy distinta de la alemana o la española, lo que sugiere la necesidad de moderar las expectativas y al mismo tiempo explorar alternativas innovadoras que permitan dar cuenta de la heterogeneidad, la fragmentación y la exclusión que caracterizan a nuestra sociedad.

El problema no es nuevo. Desde su asunción, el kirchnerismo ha sido muy activo en la tarea de redistribuir recursos hacia adentro del Estado de bienestar. Para ello apeló a diferentes instrumentos: aumentos del salario mínimo y las asignaciones familiares, rebajas del impuesto a las ganancias, incrementos jubilatorios. Produjo algunos avances, también, en la tarea, mucho más difícil, de incorporar a los sectores excluidos, empujándolos dentro de los límites de las instituciones de bienestar, a través de la extensión de los beneficios jubilatorios a quienes no los tenían, la creación de empleo y el énfasis en las obras de infraestructura.

Su mayor asignatura pendiente siguen siendo sectores que se encuentran irremediablemente excluidos y que quizá nunca podrán insertarse de manera permanente en el sistema. La idea de incorporación social mediante el trabajo es excelente, pero insuficiente para atender las necesidades de una sociedad cuya economía excluye estructuralmente a un porcentaje importante de la población. La política social kirchnerista, su inexplicable obstinación en descartar programas masivísimos como el brasileño Bolsa Familia, nunca pudo dar cuenta de este problema, que la inflación fue agravando en los últimos años.

Con el consejo económico y social sucede lo mismo. El riesgo es que se convierta en una entidad limitada a las fuerzas organizadas, aquellas que de un modo u otro se mueven dentro de los límites de nuestro maltrecho Estado de bienestar, dejando afuera a vastos sectores sociales, lo que le daría a la buena iniciativa un sesgo elitista que le restaría legitimidad y eficacia y que, al final, podría convertirla en un instrumento decorativo.
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Página/12 - Argentina/26/07/2009

ESPAÑA: Los regalos proliferan por la falta de castigo

En España, al contrario de lo que ocurre en el norte de Europa, no hay presión social que sancione a los políticos que aceptan obsequios
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LUIS CALVO
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Rita Barberá y Francisco Camps, dos políticos acusados de aceptar caros regalos de la trama Gürtel.
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Cestas de navidad, botellas de vino, quesos, anchoas de Santoña, trajes, bolsos de lujo... Casi a diario, los políticos españoles reciben regalos, la mayoría inocentes, simples detalles marcados por el protocolo institucional, pero también otros de mayor valor, obsequios que tratan de inclinar la balanza en decisiones millonarias.

Lo ideal sería marcar el límite entre ambos. Permitir los primeros al tiempo que se atajan por completo los segundos. La pregunta es cómo. Los expertos consultados por Público difieren en la forma de abordar el problema: desde la regulación estricta a la despenalización del cohecho. En lo que sí coinciden es en señalar la presión social como el mejor arma contra la corrupción. La permisividad social, por contra, fomenta las prácticas corruptas.

El 38% de los ejecutivos españoles considera lícito el soborno

Ese es, precisamente, la base de la última estrategia del PP. Aunque en un primer momento negaron rotundamente cualquier tipo de dádivas, los conservadores han optado ahora por apelar a la comprensión social. Durante semanas se han sucedido declaraciones quitando hierro a los caros presentes que presuntamente recibían los políticos valencianos de la trama corrupta.

Los trajes a medida de Francisco Camps y los bolsos de lujo de Rita Barbera pasaron de no existir a ser parte de la normalidad española. "Todos los políticos reciben regalos", certificó la alcaldesa valenciana, clamando al cielo por "la persecución" de la era objeto.

Incluso los billetes gratuitos de avión de los que disfrutaba uno de los vicepresidentes de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, se convirtieron en parte de una política empresarial hacia "líderes de opinión".

Castigo social

"Sin que exista un castigo social a ese tipo de prácticas, ninguna otra medida tendrá éxito", vaticina Gema Sanchez, doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Universidad Complutense, que se declara partidaria de prohibir cualquier regalo no institucional. A su juicio, falta en España la percepción de que lo público es de todos y el daño repercute a todos. "En todas las esferas sociales, no sólo en política", especifica. El extendido fraude fiscal o la corrupción local son buenos ejemplos. "Los Gobiernos y alcaldes investigados por irregularidades salen reelegidos con mayorías absolutas", se lamenta Sánchez: "En otros países es impensable que no haya coste político".

Efectivamente, en muchos países occidentales, el control público ha entrado de lleno en el intercambio de regalos. En Estados Unidos, por ejemplo, ningún obsequio a un cargo público puede costar más de 20 dólares. En diversos Estados del norte de Europa se contemplan límites parecidos y los comisarios europeos tienen vetado aceptar nada cuyo coste supere los 150 euros.

Los comisarios europeos deben rechazar regalos de más de 150 euros

"Ese sería el límite que, como máximo, debería permitirse en España", sostiene Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien se queja de las enormes sombras que deja la legislación española: "La gente sabe que existen esos comportamientos grises, no penalizables pero poco estéticos, y no pasa nada. La diferencia fundamental es que se dé algo a cambio del regalo".

Fracaso de los códigos

Villoria, representante de Transparencia Internacional en España, es partidario de regular y sancionar en lo posible cualquier irregularidad a través del Código Penal. "Los Códigos de Buen Gobierno se han quedado en España en meros adornos, nadie los cumple. Es más, ni los leen", critica.

El del Gobierno central tiene, además, un problema extra. "La agencia que debe controlar el Código depende del Gobierno, no tiene independencia", denuncia Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia. "Si aumentara la transparencia del sistema, incluso con códigos propios de los partidos, también lo haría la confianza en los políticos", explica. Es la función que cumplen en otros países comisiones independientes formadas por políticos retirados de la primera línea, como en el Reino Unido. "Son soluciones baratas, con sólo un grupo de técnicos a su cargo, y que permiten una fiscalización estricta", asegura Jiménez.

En estos casos, la mayor de las sanciones es la publicidad de las actividades irregulares, algo que suele acabar con las carreras políticas de los implicados. De hecho, el escándalo que sacudió recientemente al Parlamento británico se llevó por delante a varios ministros y condenó a dejar la política a muchos diputados que habían abusado de sus gastos profesionales. Fernando Jiménez cree que "esa transparencia diaria tiene más efecto que las sanciones sin más".

Pero si algún país ha hecho bandera del control a sus funcionarios públicos, ese es Suecia. Victor Lapuente, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Gotemburgo, sostiene que la legislación nórdica permite "la interacción pero no el intercambio de influencias". Existe, además, "una clara diferencia entre la permisividad del sur y el norte de Europa en temas relacionados con la corrupción".

Activar la alarma

Además de limitar el coste de los obsequios, la legislación sueca establece medidas de control para quien se salte las restricciones. Así, cualquier funcionario que se anime a denunciar ante los medios las irregularidades de sus superiores cuenta con protección especial. La figura del whistle-blower (quien facilita información desde dentro de una organización) pasa a ser secreta y no puede ser investigada por el denunciado bajo pena de sanciones gravísimas.

Los políticos no pagan en las urnas por los escándalos que les afectan

Esa misma línea, de máxima transparencia y bolsillos de cristal, es la que defiende Javier Lorenzo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal del Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos. En su caso, Lorenzo extiende la necesida de controles al mundo empresarial: "La diferencia estriba en el peso y la intención de los regalos. Una cosa es el intercambio de banderines entre dos equipos, como la anchoas del Gobierno cántabro, y otra distinta una prima por un fichaje, como una gratificación por servicios prestados. La primera en política es comprensible, la segunda condenable en todos sus aspectos". A juicio de Lorenzo, el origen del problema está en la creencia instaurada de que las decisiones políticas no son ecuánimes y responden a intereses ocultos.

Un dato refuerza su argumento. Según un estudio de la consultora Ernst & Young, uno de cada cuatro ejecutivos de empresas europeas considera el soborno una herramienta lícita para mantenerse en el mercado. En España, el índice aumenta a casi dos de cada cinco, el 38%.

"Si no hay nada que ocultar, hagamos públicos el patrimonio y sueldos de quienes toman las decisiones y las cuentas de las empresas", propone Lorenzo. "Al menos, así la clase política no pagará los errores de unos pocos".

Jorge Vizueta, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, propone en cambio despenalizar el cohecho y limitar las sanciones al ámbito disciplinario. Además de poner en duda que se puedan reflejar de forma concreta todas las prohibiciones, Vizueta cree que "lo que realmente asusta a los corruptos es asumir la responsabilidad política". A su juicio, son los partidos quienes deberían evitar cualquier regalo. A tenor de lo que ocurre con el caso Gürtel, salta a la vista que no es así.
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Público - España/26/07/2009

Honduras y la SIP

Atilio Boron*
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La prolongación de la crisis en Honduras no tiene un efecto neutro pues juega a favor de los golpistas. El repudio y el asilamiento universales no conmueven a los usurpadores. Todo lo contrario: confirman su visión paranoica de un mundo dominado por comunistas, subversivos y revolucionarios que conspiran sin cesar para frustrar su patriótica empresa. Tanto los militares como los civiles hondureños comparten ese delirio que sigue siendo alimentado, día a día, por el Pentágono, la CIA y buena parte del establishment político del imperio, para los cuales la guerra no ha terminado ni va a terminar jamás. Guerra sobre todo contra todo ese inmenso e inesperado movimiento social que se ha puesto en marcha a partir del golpe y que rebasa amplia –y tal vez irreversiblemente- los estrechos marcos de la mal llamada “democracia representativa” en Honduras. Bastó que aquél pretendiese honrar esa fórmula para que la santa alianza abandonase en tropel las cavernas y saliera a dar batalla: allí se juntaron, para unir fuerzas, los representantes militares y políticos del imperio con la corrupta oligarquía local, la perversa jerarquía de la Iglesia Católica, las diversas fracciones del patronato y el poder mediático que este conglomerado de la riqueza y el privilegio controla a su antojo, haciendo de la libertad de prensa una broma sangrienta.

No es casualidad que el sitio web de la benemérita Sociedad Interamericana de Prensa, siempre tan atenta ante todo lo que ocurra con los medios en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, haya ocultado arteramente lo que está aconteciendo en Honduras. La resolución mas importante sobre el tema de los medios, adoptada el 24 de Julio, es una condena ... ¡al presidente Rafael Correa por alentar el “incesante clima de confrontación y epítetos contra periodistas, propietarios de medios de comunicación y sus empresas!” Ni una palabra sobre Gabriel Fino Noriega, periodista hondureño de Radio Estelar, asesinado por fuerzas paramilitares, de la cual informa la Misión de la ONU enviada a investigar la situación de los derechos humanos en Honduras.

La misma delegación comprobó que en Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas, constatándose asimismo el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a Internet. La misión también corroboró el ametrallamiento de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Johnny J. Lagos Enríquez así como contra el periodista Luis Galdanes. En la ciudad de Progreso los militares silenciaron las trasmisiones de Radio Progreso, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita Ismael Moreno, detenido temporalmente uno de sus periodistas mientras otros recibían amenazas de muerte.

Otro caso es el de Canal 26, TV Atlántica, cuyo directivo declaró ante la misión de la ONU que los militares indicaron a los medios de comunicación del departamento que debían abstenerse de trasmitir otras versiones o informaciones que no emanasen del gobierno de facto. Ante la agresión sufrida por los periodistas de Telesur y Venezolana de Televisión -sin cuya valiente labor el mundo jamás se habría enterado de lo que ocurría en Honduras- la SIP se limitó a emitir un tibio comunicado lamentando los hechos; la resolución dura, en cambio, se tomó en contra de Correa.

Sería muy largo enumerar todas las violaciones a la libertad de prensa y los derechos humanos, aparte del asesinato de Noriega, que pasaron desapercibidas ante los atentos censores de la SIP y sus lenguaraces, Mario Vargas Llosa y la pandilla de los “pluscuamperfectos idiotas latinoamericanos”. Su silencio cómplice revela la descomposición moral del imperio, sus permanentes mentiras y la impunidad con la cual se mueven estos falsos defensores de la “libertad de prensa”. Y frente a este escenario, ¡la Secretaria de Estado Hillary Clinton se atreve a calificar como imprudente el gesto de Zelaya de viajar a la frontera de su país!!, al paso que su vocero, Philip Crowley, advertía contra "cualquier acción que pueda conducir a la violencia" en Honduras. Falta ya muy poco para que Washington comience a declarar que el verdadero golpista es Zelaya y que fue él y no otro quien arrojó a su país a un caos de violencia y muerte. La promesa de nuevas mediaciones a cargo de la Casa Blanca sólo servirá para desfigurar aún más la verdad e inclinar el fiel de la balanza a favor de los golpistas y sus mandantes.
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*Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina
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ALAI/26/07/2009

Avigdor Lieberman: "El de Irán es un régimen demencial y muy peligroso"

Entrevista con Avigdor Lieberman
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Considerado un halcón y convertido en aliado clave del premier Benjamin Netanyahu, el canciller israelí visitó el país en el marco de una gira orientada a contrarrestar la "creciente" influencia iraní en América latina. En una entrevista exclusiva, condenó los vínculos de Teherán con la Venezuela de Chávez, recordó el atentado contra la AMIA y afirmó que la penetración del terrorismo en la Triple Frontera representa una amenaza real
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Por Patricio Bernabe y Francisco Seminario
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Avigdor Lieberman llegó al país precedido por un archivo frondoso. Es un canciller muy poco diplomático, podría decirse. Un hombre que ha hecho de sus frases provocadoras y sus polémicas propuestas un trampolín al poder. Ha dicho, por ejemplo, que la Franja de Gaza debía ser "tratada como Chechenia", y que Israel debía hacer con Hamas "lo mismo que Estados Unidos hizo con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial". Es cierto que todo eso lo dijo antes de convertirse este año en ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Pero el día que asumió, el peso de las nuevas responsabilidades y un entorno internacional signado por la mayor apertura de Estados Unidos al mundo islámico no lo hicieron volver sobre sus pasos. Muy por el contrario, el ministro con fama de halcón pareció acelerar en su marcha marcial: ese día advirtió que "aquellos que quieren paz deberían prepararse para la guerra".

Tres meses en el cargo de canciller pueden tener el poder de domesticar hasta la lengua más desatada. No hubo referencias de este tipo en la entrevista exclusiva que concedió a Enfoques, aunque sí frases contundentes, dirigidas como misiles contra el régimen que concentra los desvelos del gobierno israelí. "El de Irán es un régimen demencial y muy peligroso", advirtió Lieberman en la primera ronda de salvas. "Irán no sólo es una amenaza para Israel, sino que es una amenaza para todo el mundo", añadió en otro momento. Casi con la misma contundencia apuntó también contra el gobierno de Venezuela, cuyos lazos cada vez más estrechos con Teherán son, para Israel, una punta de lanza para la penetración del terrorismo islámico en América latina: "La influencia de Chávez en otros países de la región -afirmó el canciller- lleva un mal mensaje y fortalece a los extremistas".

La lentísima investigación del atentado contra la AMIA, las preocupaciones de la comunidad judía de la Argentina y la porosidad de la Triple Frontera -entre otros supuestos "santuarios" del terrorismo en la región, como Isla Margarita-, no son temas ajenos a sus inquietudes. Pero en todos los casos hizo hincapié en que se trata de asuntos que atañen principalmente al gobierno argentino, cuyo compromiso no puso en duda.

Lieberman llegó al país procedente de Brasil, primera escala en una gira por América latina y una parada en la que aludió -con poca suerte- a la posibilidad de que el presidente Lula da Silva actúe de mediador en el conflicto de Medio Oriente y ejerza presión diplomática para que Irán abandone su programa nuclear. Un sector del gobernante PT repudió su visita y lo calificó de racista y fascista.

Lieberman llegó, pues, precedido por su fama de duro y envuelto en acusaciones de intolerancia y de demagogia. Y es cierto que no parece haber medias tintas en su pensamiento. Su verdad es cristalina y única. Y es compartida por una parte importante del electorado israelí, a juzgar por el tercer puesto que logró su partido Yisrael Beitenu (Israel es Nuestro Hogar, ultranacionalista de derecha) en las elecciones generales de febrero de este año. Convertido desde entonces en aliado clave y canciller del primer ministro Benjamin Netanyahu, su pirotecnia electoral es ahora discurso oficial. Con una salvedad: si las elecciones fueron ganadas al calor de la última ofensiva militar contra Hamas en Gaza, desde entonces la atención de la diplomacia israelí giró decididamente en direccion a Irán.
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Video: Lieberman: ´Irán es una amenaza para todo el mundo´
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-Una de las razones centrales de su visita es la preocupación de Israel por la creciente presencia de Irán en Latinoamérica. ¿De qué manera esta presencia representa un peligro tanto para Israel como para esta región?

-En primer lugar, Irán no es sólo una amenaza para Israel, sino que es una amenaza para todo el mundo. Debe quedar claro que no estamos preocupados por Irán, porque somos un país verdaderamente fuerte y podemos protegernos solos. El mayor problema con Irán, en primer término, es que es una amenaza para los países del Golfo, para los países árabes. El mayor choque que vemos en este momento en Medio Oriente es el del conflicto entre sunitas y chiitas y, por supuesto, entre las alas moderada y radical de la región. Irán es una amenaza para Arabia Saudita, es una amenaza para Egipto y una amenaza para otros países. Arabia Saudita y Egipto dicen abiertamente que, si Irán desarrolla y alcanza capacidad nuclear, no pueden permitir que sea el único poder nuclear en Medio Oriente. Como consecuencia, habría una desenfrenada carrera por las armas nucleares en nuestra región, que sería una verdadera amenaza para el mundo entero. Irán es un gran patrocinador de actividades terroristas en el mundo. Vemos la manera en que Irán está involucrado en los asuntos internos del Líbano a través de Hezbollah, y en la Autoridad Nacional Palestina por intermedio de Hamas y la Jihad Islámica, y por cierto tiene estrechas relaciones con regímenes radicales como el de Hugo Chávez, o el de Corea del Norte, y es un verdadero factor de inestabilidad en el ámbito internacional. Que Irán se involucra en actividades terroristas en Sudamérica es real, y ustedes lo saben mejor que cualquier otro pueblo del mundo. Se han producido dos ataques terroristas en la Argentina, contra la AMIA y contra nuestra propia embajada en Buenos Aires. Detrás de esos actos terroristas está involucrado Irán y hemos visto que el fiscal argentino, el juez a cargo de la investigación, ha acusado claramente a Irán. Más de cien personas perdieron la vida y más de cien resultaron heridas y muchas no eran judías. Eran ciudadanos argentinos, judíos, musulmanes y cristianos. Irán es un régimen salvaje, y en todo el mundo se ha visto por televisión cómo trata a su propio pueblo, a la gente que protestó después de las elecciones. Vimos en tiempo real cómo mataban a una joven. Si es un régimen dispuesto a matar a su propio pueblo, podemos imaginar perfectamente cómo puede abordar los problemas internacionales y actuar con respecto a la comunidad internacional. De igual manera, el presidente de Irán niega semana tras semana la existencia del Holocausto. Cada semana hace una nueva declaración para expulsar al pueblo judío de Israel hacia Europa. Creemos que es un régimen demencial y muy peligroso, y tenemos experiencia por nuestra historia, sabemos cuál será el resultado si la comunidad internacional no pone freno a esta dirigencia extremadamente radical.

-¿Cree que a partir de la Venezuela de Hugo Chávez, que mantiene estrechas relaciones con Irán, existe el peligro de que se expanda el mensaje contra Israel?

-En realidad, no nos preocupa Chávez. Está muy lejos de Israel. Creo que se trata primordialmente de un problema para América del Sur. Vemos que hay cada vez más tensiones entre países que tenían una relación muy pacífica. Entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, debido al apoyo de Chávez a las FARC y a otros grupos. Y pensamos que la influencia de Hugo Chávez en otros países transmitirá un mensaje muy negativo y fortalecerá a los radicales de la región. El hecho de que haya sido el primero en reconocer el resultado de las elecciones en Irán significa un verdadero desafío a la comunidad internacional. Eso demuestra cuál es la naturaleza de ese hombre. Para él, los valores de la democracia y la libertad no significan nada. Este hombre trató de exportar sus opiniones y valores prejuiciados en contra de la democracia y de la libertad. Sabemos lo que ha hecho contra los medios de comunicación de su país, contra las emisoras de TV y la libertad de prensa, y creo que es evidente que los que deben preocuparse por el régimen de Venezuela son los países sudamericanos.

-Entonces, ¿no cree que el mensaje de Chávez sea anti israelí?

-No, para él Israel es sólo una excusa. Pero su interferencia en los asuntos internos de diferentes países sudamericanos, con su dinero y su financiación de campañas políticas en otros países, es una influencia muy negativa. Creo que su intención es ejercer dominio en Sudamérica, no en otras regiones del mundo ni en Medio Oriente. Para él lo importante es ser el mayor poder de Sudamérica.

-Aquí en la Argentina hubo sectores estrechamente ligados al Gobierno que manifestaron apoyo tanto a Chávez como a Irán. ¿Teme que también aquí crezca el sentimiento pro iraní?

-Nunca interferimos en los asuntos internos de otros países. Creo que su país debe hacer sus propias elecciones, tomar sus propias decisiones. Hay tres razones para mi visita a Sudamérica. En primer lugar, sentimos gran respeto por la Argentina, por razones históricas y tradicionales. Sudamérica, y la Argentina particularmente, fueron muy amistosas con el Estado de Israel desde el principio, desde 1948 en adelante. Tenemos una relación muy especial con vuestro país, donde hay una gran comunidad judía, la mayor de la región, muy exitosa y muy bien integrada a la sociedad, y hay buenas relaciones con el Gobierno y con la dirigencia. También deseamos transmitir un mensaje de apoyo a nuestra comunidad judía y continuar el diálogo con ella. La tercera razón, por supuesto, es que creo que fue erróneo que la última visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Israel se haya producido hace 23 años. Este es un continente muy importante.

-¿Qué preocupaciones le transmitió la colectividad judía del país?

-Las mismas preocupaciones de la gente común de todo el mundo. Les preocupa la economía, la crisis financiera internacional, su seguridad personal y, por supuesto, tienen grandes esperanzas de que la gente responsable de los ataques terroristas sea procesada. Para ellos eso es muy importante.

-¿Consiguió de las autoridades argentinas algún nuevo compromiso respecto del ataque a la AMIA, 15 años atrás?

-Creo que todo el mundo entiende que el gobierno argentino está comprometido con los afectados. Casi todas las víctimas eran ciudadanos argentinos, y creemos que nuestro diálogo con el gobierno argentino es muy importante. Por supuesto, hablamos de esa tragedia y nosotros también tenemos esperanzas. Israel recuerda el discurso pronunciado por Néstor Kirchner en las Naciones Unidas, un par de años atrás. Le envió a Irán un mensaje fuerte y muy claro, y ahora escuché también un mensaje muy claro en contra de cualquier intento de negar el Holocausto.

-¿Israel ha considerado la posibilidad de denunciar internacionalmente que hubo agentes iraníes involucrados en la organización de ese ataque?

-La Argentina ha denunciado a ocho personas, siete de las cuales son iraníes. Esperaremos los resultados. Hemos establecido claramente nuestra posición en todos los foros internacionales. Ahora esperamos que el Consejo de Seguridad plantee decisiones claras en las próximas tres semanas y que sancione a Irán por la proliferación nuclear. Esperamos un mensaje que exprese la voluntad política de combatir a los extremistas. Eso es muy importante para nuestro futuro.

-En las últimas semanas, Obama ha expresado su voluntad de ofrecerle a Irán oportunidad para un diálogo. ¿Qué podría ocurrir si Irán no manifiesta una actitud positiva?

-Hasta ahora no hemos visto ninguna actitud positiva. Para ellos esta es una oportunidad de estirar las cosas y ganar tiempo. Para ellos, este proceso de negociación es puro bla bla. Por supuesto que tienen la intención de desarrollar armas nucleares. En el mundo hay quienes dicen que los iraníes tienen derecho a disponer de capacidades nucleares pacíficas, pero es raro que Irán, con todo el petróleo y el gas que tiene, necesite tanto la energía nuclear. Y que para ampliar esa capacidad nuclear pacífica tenga que desarrollar también misiles de largo alcance.

-Volviendo a Latinoamérica, se ha señalado que el área conocida como la Triple Frontera de la Argentina, Brasil y Paraguay es una zona en la que se reúnen fondos para Hezbollah y Hamas. ¿Qué respuestas le dieron a Israel los tres países involucrados?

-Tenemos muy buen contacto con las fuerzas de seguridad, y tenemos nuestros propios contactos. No creo que sea necesario hablar sobre este problema. Pero en principio es una situación en la que los tres gobiernos entienden que se trata de un problema de ellos, no de Israel. Esta penetración de grupos terroristas es una verdadera amenaza para los tres países antes que para Israel. En los últimos cuatro o cinco años hemos visto una enorme actividad terrorista en todo el mundo que no estaba relacionada con Israel ni con el conflicto en Medio Oriente. Vimos ataques en Londres, en París, en Bali, hace unos días en Yakarta, por supuesto el ataque del 11 de septiembre. Cada día vemos actos terroristas en Afganistán, en Pakistán, en Bombai, India? La gente debe entender que, si no se combate a esos grupos terroristas, todos terminarán padeciéndolos.

-¿Ese fue su mensaje para los tres gobiernos respecto del caso de la zona de la Triple Frontera?

-Mi mensaje es que la mayor amenaza para el mundo es la Jihad (Guerra Santa), los movimientos terroristas, los movimientos radicales, los prejuicios. El verdadero problema de hoy es que hay un verdadero conflicto entre dos civilizaciones, entre dos clases de convicciones diferentes. Incluso sigue vigente la sentencia de muerte contra Salman Rushdie. La sentencia no fue cancelada, Rushdie todavía debe esconderse entre Londres y París. No conozco a ningún líder político o espiritual del mundo musulmán que haya condenado la destrucción, cometida por los talibanes, de las estatuas de Buda en Afganistán. Y ya vimos cuál fue la reacción del mundo musulmán al discurso del Papa. Según recuerdo, el Papa no es sionista. Y lo mismo ocurrió con las reacciones contra los dibujos de historieta de Mahoma. Lo peor es que no vimos ninguna protesta, ningún líder que condenara esas reacciones típicas de la barbarie. Creo que todo el mundo entiende que nada de eso está relacionado con Israel. Es posible que intenten usar a Israel como excusa, pero el verdadero conflicto es entre dos civilizaciones: la de los extremistas y la de los moderados. Lo mismo ocurre en Medio Oriente. Tenemos diferencias con los palestinos, tenemos desacuerdos, pero el verdadero conflicto en Medio Oriente es el que existe entre los extremistas y los moderados. La mayor amenaza contra Mahmoud Abbas no es Israel sino Hamas y la Jihad Islámica; la mayor amenaza contra el gobierno de Saad Hariri en el Líbano es Hezbollah, no Israel, y la mayor amenaza contra [Hosni] Mubarak en Egipto es la Hermandad Musulmana, y para Afganistán y Pakistán son los talibanes, no Israel. Esto debe quedar claro.

-Líderes europeos han cuestionado su apoyo a los asentamientos judíos. Opinaron que podría ser un obstáculo para la paz...

-Eso es tan sólo una excusa, un intento de no reconocer los hechos reales. Los asentamientos no son un obstáculo para la paz porque yo le pregunto al mundo: "Muy bien, ¿qué es lo que había allí antes de que nosotros estableciéramos los primeros asentamientos? ¿Qué había allí antes de 1967? ¿Y qué había allí entre 1948 y 1967?" La situación era la misma. Había terror, fricciones, tensión. Los países árabes controlaron durante 19 años todos estos territorios: Judea, Samara y la Franja de Gaza, y nadie estableció ninguna nación palestina durante esos 19 años. Y la organización Al-Fatah y la OLP se constituyeron antes de 1967, no después de la Guerra de los Seis Días. Y también pregunto qué había antes de 1948, antes de que nosotros estableciéramos el Estado de Israel. La situación era la misma. Conflictos, fricciones, tensión. Eso demuestra que la verdadera causa de conflicto no son los asentamientos.
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Traducción de Mirta Rosenberg
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MANO A MANO
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Hombre cerebral y de hablar pausado, Avigdor Lieberman sin duda conoce a esta altura de su carrera política el peso que tienen sus palabras. Las medita y las pronuncia en un tono apenas audible, invariablemente monocorde, como si las sopesara y dejara escapar de a una por vez. Nada en su actitud parece librado al azar ni ninguna de sus declaraciones fuera de un equilibrio dialéctico que, lo sabe, cuando se quiebra produce ecos que resuenan en el mundo entero. La permanente volatilidad de Medio Oriente y la amenaza del terrorismo son, de alguna manera, circunstancias que todo dirigente israelí lleva adheridas a la piel. Y esto vale también para Lieberman, cuyas posiciones muchas veces polémicas han provocado fuegos de artificio en el pasado. Su apego al libreto sólo se interrumpió brevemente cuando al promediar la entrevista hizo una pregunta que él mismo calificó de incorrecta: "¿Puedo fumar?". Acto seguido exhibió un importante habano, lo encendió y retomó el diálogo en el mismo tono de antes.

Lieberman habló con LA NACION durante una estricta media hora, siempre en inglés, en una entrevista concedida en exclusiva y bajo medidas de seguridad que requirieron vaciar bolsillos y revisar zapatos. Varios temas quedaron sin tocar por la estrechez de tiempo en su agenda. No hubo lugar para una repregunta final ni para el amable intercambio que muchas veces se da con el grabador apagado. En su cálculo seguramente todos los temas que traía bajo el brazo habían sido tratados: Irán, la AMIA, la Triple Frontera, la alianza Caracas-Teherán... Habló como lo hace un canciller. Los fuegos de artificio dejaron lugar a las bocanadas de humo.
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LA NACION - Argentina/26/07/2009

LIBANO: Nasrala amenaza con atacar Tel Aviv

Hablando en una reunión a puerta cerrada
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El líder de Hezbollah, el jeque Hasan Nasrala, destacó que su grupo no dudará en atacar Tel Aviv, si Israel bombardea la fortaleza del movimiento en Beirut.

Hablando en una reunión a puerta cerrada, Nasrala afirmó que su organización creó una nueva ecuación con respecto a Israel, diciendo "Tel Aviv, en respuesta a un ataque a Dahiya", el bastión de Hezbollah al sur de la capital libanesa.

En una reunión con exiliados libaneses actualmente de visita en el país, Nasrala comentó que estima que Tzáhal no permanece inactivo, sino más bien, iniciaría un movimiento ofensivo "en algún momento entre finales de este año y la próxima primavera".

Según el informe, Nasrala deseó a sus visitantes un "verano de paz" y dijo que "se niega a alarmarlos".

Más adelante, en la reunión, el jefe terrorista hizo frente a los recientes resultados electorales en Líbano que significaron la derrota del bloque de Hezbollah frente al campamento de Saad Al-Hariri.

"En elecciones que uno gasta mil doscientos millones de dólares no obtuvimos los resultados que esperábamos, pero los aceptamos", dijo.

"Sí, teníamos miedo de ganar las elecciones, y ser culpados de un triunfo bajo la presión de las armas", expresó, agregando que su organización no tiene la intención de llevar a cabo "operaciones de seguridad" fuera de Líbano.
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AURORA - Israel/26/07/2009

Made in Washington

LA CRISIS HONDUREÑA ENTRA EN TIEMPO DE DESCUENTO
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Más allá del alto drama que se vive en Honduras y de la cuidada puesta en escena que lució San José de Costa Rica, la suerte de Honduras se decide en Washington. Lo dijo el canciller de Lula, lo dijo Fidel, lo dice cualquiera que siga con atención los acontecimientos. Y por cómo se viene jugando el partido en ese escenario, no es difícil aventurar que el gobierno de facto de Roberto Micheletti tiene los días contados y que el presidente legítimo, Mel Zelaya, volverá al poder pero a plazo fijo y condicionado.

¿Por qué? Porque Honduras es lo más cercano a lo que puede ser una colonia de los Estados Unidos en el siglo XXI.

Allí tiene la base militar de Soto Cano, plataforma para sus operaciones antiinsurgentes en todo Centroamérica durante la Guerra Fría, a través de la cual ha tejido sólidos vínculos con las fuerzas armadas hondureñas, cuyos jefes son instruidos en instituciones estadounidenses.

Allí tiene a una oligarquía sumisa y trasnacionalizada con casa de verano en Miami, que defiende los intereses de las empresas y gobiernos estadounidenses como propios.

Allí tiene en vigencia un Tratado de Libre Comercio que garantiza el libre acceso a bienes estadounidenses y relega al empobrecido país centroamericano al rol de proveedor de bienes primarios en la periferia del capitalismo global. Hasta allí llegan las remesas de Florida y New York que mantienen viva a la economía local.

Allí tiene la Constitución y el sistema electoral más conservador de la región, prácticamente a prueba de experimentos populistas y/o progresistas, como el que súbitamente decidió encarnar Zelaya durante la segunda mitad de su mandato.

Por todo eso, el Departamento de Estado sabía que se venía gestando un golpe. Se lo venía contando su embajador. Pero el burocratizado Departamento de Estado había cometido un error que terminaría pagando muy caro. Tegucigalpa no es lo que se dice un destino diplomático apetecible. Antes de la conversión de Zelaya, parecía un lugar lo suficientemente inofensivo como para cumplir con la cuota de embajadores republicanos. Entonces había mandado a Hugo Llorens, un clásico ejemplo del diplomático-empresario que usa sus destinos para asegurarse trabajos bien pagos para su retiro, mimetizándose con los sectores más prebendarios de la oligarquía local, donde sus servicios son más útiles.

Como reveló Ernesto Semán en estas páginas, cuando Llorens estuvo destinado acá en Argentina fue lobbista de Ciccone Calcográfica. O sea, trabajó para una empresa especializada en colonizar distintos estamentos del Estado, ya sea aliada con Yabrán, ya sea aliada con Cavallo, siempre cerca de los sectores más retrógrados de la Iglesia que se referencian en políticos como Cacho Caselli, para copar los mejores negocios de impresión de dinero, cuasidinero, billetes de lotería, patentes de autos, pasaportes, cédulas y documentos de los últimos años.

Según fuentes de la diplomacia y de los organismos multilaterales, en Honduras las fuerzas golpistas tenían bastante persuadido a Llorens de que un golpe más o menos prolijo podía funcionar. Que era la mejor manera de prevenir que Zelaya forzara su reelección y Honduras cayera bajo la órbita chavista.

O sea, un disparate: por más que lo intentara, y probablemente lo intentaría, Zelaya no tenía ni los votos ni el poder legal ni el poder institucional ni el poder militar para forzar su reelección, y debía entregar el mando sí o sí en seis meses. La Corte Suprema, la Corte Electoral, el Congreso, los generales, la embajada norteamericana, la Iglesia Católica y las protestantes, dos de las tres principales cámaras empresariales, los diarios nacionales, las cadenas de televisión y hasta su propio partido, el Liberal, se habían manifestado en contra de la reelección y la Carta Magna vigente consideraba un delito siquiera intentarlo. Encima, en las encuestas Zelaya ni siquiera alcanzaba a arañar el cincuenta por ciento de la intención de voto.

Pero Llorens no hacía esa cuenta por afinidad ideológica sino por intereses compartidos. Llorens compraba el análisis paranoico-revanchista de los golpistas y en sus comunicaciones con Washington advertía que Zelaya era un peligro. Mientras tanto, en sus conversaciones con los golpistas a Llorens le costaba bajar la línea trazada por Obama en la última Cumbre interamericana: no más golpes, no más intervencionismo, todos somos socios.

Tom Shannon, subsecretario para la región, tuvo que viajar a Tegucigalpa para transmitir el mensaje a Micheletti y al general golpista Romeo Vázquez con el énfasis que a Llorens tanto le costaba encontrar. Pero en algo coincidieron los norteamericanos y los golpistas: Mel Zelaya no podía seguir más allá de su mandato. Sí o sí había que pararlo. Llorens, Shannon, los militares norteamericanos de la base hondureña, los militares hondureños, los civiles golpistas, todos estaban de acuerdo.

Había que contener la expansión chavista que supuestamente representaba la reelección de Zelaya. Una peligrosa expansión, no sólo a nivel territorial hacia el corazón del poder militar estadounidense en la región sino también a nivel ideológico: si a los aliados de Chávez se les permitía reformar sus constituciones a su antojo para perpetuarse en el poder, el equilibrio regional se perdía y los intereses de Washington quedaban desprotegidos.

Entonces pasó lo que pasó y antes de que Obama pudiera reaccionar, los cancilleres del hemisferio se habían reunido en Wa-shington en el marco de la OEA para pedir el retorno “inmediato e incondicional” de Zelaya, resolución que Estados Unidos no tuvo más remedio que acompañar, atento a los compromisos que Obama había asumido con los demás presidentes de la región. Pero había una palabra que incomodaba a los norteamericanos, “incondicional”. Foggy Bottom, como le dicen allá al Departamento de Estado, no quería un retorno “incondicional”. Aceptaba que vuelva, pero no que se quede.

Shannon seguramente recomendó hacer lo que se viene haciendo en la región en cada crisis desde que él se hizo cargo en el tramo final del gobierno de George W. Bush: bajarle los decibeles a la pelea con Chávez y negociar con Brasil una posición común que contenga a los demás países de la región. Como Lula quería que Zelaya volviera y Obama quería que no se quedara, consensuaron en Moscú que Zelaya volvería pero no se quedaría.

Para pasar de “vuelve sin condiciones” a “vuelve pero se va”, Shannon, Hillary o algún cráneo de Foggy Bottom tuvo la idea de convocar al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para que haga valer el acuerdo entre Obama y Lula.

El anuncio de la mediación fue un baldazo de agua fría para la OEA. “Veníamos invictos y de repente nos dejaron afuera”, graficó una fuente del organismo. Ni lerdo ni perezoso, Arias puso en la mesa su versión light de “vuelta incondicional”: amnistía para todos, gobierno de “unidad nacional”, adelanto de las elecciones, fuerzas armadas bajo las órdenes de la Corte electoral, promesa pública de Zelaya de irse sin tocar la Constitución. Así la OEA quedó rehén de Costa Rica: si había acuerdo, tendría un rol estelar en la puesta en marcha y verificación de los acuerdos; si fracasaba el acuerdo quedaba pintada, a merced de su creciente coro de críticos.

Los países del ALBA tampoco quedaron muy contentos y a través de Fidel Castro acusaron a Arias de querer perpetuar el golpe. En cambio Chávez hizo saber sus reparos, pero después acompañó con sonoros silencios los editoriales rabiosos del comandante cubano. Había decidido bajar el perfil en Costa Rica para jugar fuerte en Washington.

Zelaya aceptó la propuesta de Arias enseguida, Micheletti no. Pensaba que podía dar vuelta a los norteamericanos. Pasaban los días y Arias se mostraba nervioso porque los golpistas no se bajaban del caballo. Cuando el plazo se acabó, el Premio Nobel costarricense reiteró su oferta más algunos chupetines que venían pidiendo los golpistas: elogios para el “profesionalismo” de los militares hondureños, “Comisión de la Verdad”, moratoria por seis meses de cualquier juicio político. Micheletti volvió a decir que no.

¿Y qué estaba pasando en Washington? Pasaba que el lobby anticastrista, con epicentro en Miami, había recobrado los bríos de antaño y había hecho del golpe de Honduras su nueva causa patriótica. Bajo la batuta de los dinosaurios Otto Reich y Roger Noriega, los referentes de Llorens, este pequeño y marginal grupo de presión, que alguna vez fue influyente pero cuya imagen ante la opinión pública norteamericana quedó por el piso tras el caso del balserito Elián González, este lobby invadió despachos y redacciones de los diarios con publicistas y asesores caros que venían a presentar “el caso hondureño” ante los decision-makers de la capital norteamericana. “Si vas al Congreso está lleno de hondureños y gente paga por los hondureños haciendo lobby a favor del golpe”, cuenta Héctor Timerman, el embajador argentino en Washington.

Al mismo tiempo, la atención de Obama estaba en otro lado. El presidente buscaba desesperadamente los votos moderados que necesitaba para el pasaje de su reforma del sistema de salud, un tema decisivo en su pulseada con los republicanos. Lo último que quería era perder votos por una discusión sobre si hubo o no hubo golpe en Honduras. Por eso había un bando muy marginal que hacía mucho ruido contra otro bando con todo el poder que no contestaba, generando un microclima que algún analista confundió con “interna feroz” en el seno del gobierno norteamericano.

Así las cosas, fueron los diplomáticos argentinos y venezolanos quienes llevaron el peso de la campaña a favor de Zelaya, combatiendo en inferioridad de condiciones al lobby anticastrista en las horas decisivas que sucedieron al golpe, armando la agenda de la delegación zelayista cuando ésta finalmente llegó, una semana más tarde.

Esa gestión habría producido el mayor acercamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos que se haya conocido hasta el momento, según confió una fuente que presenció el trabajo conjunto, acercamiento que ambos gobiernos prefieren ocultar por razones obvias de política doméstica: Chávez es mala palabra en Estados Unidos y Estados Unidos es mala palabra en la Venezuela chavista.

Más allá del ruido que generaron, a la hora de contar los porotos, la cosecha de los golpistas fue más bien exigua: dieciocho votos de los más de 400 congresistas norteamericanos para condenar los intentos reeleccionistas de Zelaya, algún editorial favorable en los diarios influyentes y la demora por un par de semanas de las confirmaciones de Arturo Valenzuela (subsecretario para América latina) y Shannon (embajador en Brasil). No mucho más.

Brasil jugó como venía jugando en la región, ya con el tema de las FARC, ya con el intento de golpe en Bolivia: sereno, confiado, sin correr detrás de la pelota, sabiendo que tarde o temprano le iba a llegar. Dejó hacer a Arias como antes había acompañado en la OEA y recién se puso en movimiento el lunes pasado, dos días antes de que venza el plazo de la mediación. Entonces el canciller Celso Amorin llamó a Hillary Clinton y le dijo que era tiempo de apretar a Micheletti para que agarre viaje. Washington tiene juego. Su as de espadas es la facultad de cancelar las visas de los golpistas. Según pudieron constatar una variedad de negociadores, ésa es la pena más temida. De concretarse, los golpistas no podrían visitar por un largo tiempo sus condominios en Miami.

Al día siguiente de hablar con Amorim, Hillary apretó por teléfono a Micheletti. Pero el dictador le juró a la prensa hondureña que el tema de las visas ni siquiera se mencionó. Si Micheletti no miente, Hillary se guardó la carta.

Los tiempos se estiraban y el lobby anticastrista enrarecía el ambiente en Washington. Uribe, el presidente colombiano, envalentonado por las dos bases militares que los norteamericanos le acababan de enchufar, se animaba a tirarleS una soga a los golpistas, rompiendo el consenso en la OEA. Entonces Zelaya decidió que había llegado la hora de presionar a Washington para que acelere el desenlace, y se trasladó a la frontera. Lula le deseó suerte. La Unión Europea pidió “serenidad”. Mercosur apoyó a Zelaya con una fuerte declaración, pero como no había querido invitarlo a la cumbre, Chávez faltó a la cita.

La movida obligó a Washington a usar toda su influencia para evitar que los militares hondureños cumplieran con la orden de Micheletti de meter preso a Zelaya no bien pisara suelo hondureño. Cuando lo pisó, un coronel lo mandó de vuelta a Nicaragua. En sintonía con el coronel, los norteamericanos usaron todo su poder de seducción para lograr que Zelaya retrocediera. Lo invitaron a Wa-shington, le prometieron reuniones top, le juraron que esto se resuelve sin sangre y en cuestión de días. Si lograba entrar sin Arias y sin la OEA, ya no lo podrían controlar.

Y Zelaya quedó ahí, en la frontera, a la espera de que los militares hondureños lo dejen volver. Y los muy profesionales militares hondureños, que antes desobedecieron a Zelaya y ahora desobedecen a Micheletti, también quedaron ahí, mudos y acuartelados. A la espera de que sus verdaderos patrones, los comanders de Soto Cano, les digan lo que tienen que hacer. Al cierre de esta edición, los militares norteamericanos esperaban órdenes de Washington, donde el partido entraba en tiempo de descuento.
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Página/12 - Argentina/26/07/2009

ESCARBANDO en LQ Somos

América Latina:
La irresistible decadencia del progresismo
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El progresismo, corriente política gubernamental que ha dado continuidad al modelo neoliberal enarbolando un discurso similar al de las izquierdas, está acelerando su declive. El resultado de las elecciones parlamentarias argentinas del pasado domingo, que registraron un retroceso del kirchnerismo, puede representar el comienzo de la cuenta atrás de una corriente diferenciada de los procesos de Bolivia y Venezuela, que buscan implementar cambios en una dirección opuesta al neoliberalismo.

En los próximos meses se realizarán elecciones en los otros tres países que completan el grupo de gobiernos progresistas: en octubre se elige presidente en Uruguay y en diciembre en Chile, mientras en octubre de 2010 habrá elecciones en Brasil. En Chile es muy probable que triunfe la derecha, por vez primera desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. En Uruguay el candidato del Frente Amplio, el tupamaro José Mujica, representante de los sectores populares castigados por el ajuste estructural, tendrá dificultades para vencer al neoliberal ex presidente Luis Alberto Lacalle. En Brasil el candidato socialdemócrata José Serra mantiene holgada ventaja, pese a que aún falta un año para las elecciones.
Lo más probable es que la región complete un giro a la derecha de gran impacto, ya que afecta a los principales países. Algo así reflejaron las urnas en Argentina, cristalizando un viraje que ya se había manifestado durante la protesta del campo contra el gobierno de Cristina Fernández en el primer semestre de 2008. Estamos ante tendencias de fondo que no se verán frenadas, aunque en Chile vuelva a ganar la Concertación y en Uruguay lo haga el Frente Amplio. El giro conservador tiene raíces profundas y se proyecta como una sombra negra sobre toda la región, y de modo muy particular sobre los movimientos sociales y los procesos de cambio que se registran en Bolivia y Venezuela. El avance de la nueva derecha, en la que algunos intuyen un estilo similar al de Berlusconi, ha sido alentado, en primer lugar, por las políticas impulsadas por gobiernos progresistas. La continuidad y profundización del modelo neoliberal que han propiciado Lula, los Kirchner, Bachelet y Vázquez han expandido la base social conservadora sobre la que se apoya una derecha cada vez más impaciente por multiplicar sus ganancias. Hoy el modelo se llama minería a cielo abierto en la región andina, monocultivos de soya en las llanuras argentinas y uruguayas, caña de azúcar para biocombustibles y agronegocio en Brasil, además de forestación, especulación financiera y libre comercio en economías volcadas hacia los mercados mundiales.

Es el modelo soyero el que derrotó a los Kichner en las urnas, del mismo modo que la alianza de los capitales brasileños con los capitales globales apartará al Partido de los Trabajadores del gobierno de Brasilia. En estos cuatro países del cono sur nunca existió nada parecido al posneoliberalismo que algunos han creído ver, sino continuidad y profundización del modelo. Bajo Lula, el capital brasileño escaló a los lugares más altos del capitalismo global gracias a fusiones y expansiones bendecidas por Planalto. Es el caso de Petrobras, de los grandes bancos Itaú-Unibanco y Bradesco, que se han colocado entre los 20 primeros del mundo, o de Brasil Foods, producto de la fusión de las empresas alimentarias Sadia y Perdigao. Lula acaba de aprobar el último disparate neoliberal: legalizó la privatización de 67 millones de hectáreas de la Amazonia, parte de su contrarreforma agraria para multiplicar la producción de soya y carne.

En segundo lugar, las políticas progresistas han fracturado el frente antineoliberal que contribuyó a convertir las movilizaciones en gobiernos. El PSOL (Partido Socialismo y Libertad) se creó ante la derechización del PT en Brasil; en Chile surge con fuerza la candidatura de Marco Enríquez Ominami, hijo del fundador del MIR, frente al posible retorno del sector más derechista de la Concertación; en Argentina, una parte sustancial del voto de izquierda optó por la abstención o el nulo, para no apoyar al gobierno.

Las políticas sociales, bonos, subsidios y transferencias monetarias contribuyen a aliviar la pobreza, pero sustituyen los derechos universales de los que están marginados los más pobres. Debilitan y neutralizan a los movimientos sociales, siendo la tercera característica de los gobiernos progresistas. Por ello a corto plazo no es posible una salida por la izquierda. Anulada la capacidad de movilización popular, las derechas revitalizadas están preparadas para recoger el desgaste del progresismo. El ocaso del progresismo y el ascenso de las derechas –algunas vinculadas con mafias, como las argentinas– cierran un ciclo que se abrió a mediados de la década del 90 con masivas movilizaciones, que fueron reconducidas hacia el terreno institucional por una camada de profesionales de la política que consiguieron cooptar y atraer a los movimientos sociales a su terreno. También en este aspecto el progresismo segó la hierba bajos sus pies, ya que sólo la movilización popular es capaz de revertir la ofensiva derechista en curso. El nuevo escenario coloca a los procesos boliviano y venezolano ante un mayor aislamiento internacional, lo que puede alentar a las derechas de esos países a retomar sus ataques a los gobiernos populares. El punto de inflexión mayor será lo que suceda en Brasil, el único que por sí mismo puede marcar tendencias. Aunque como potencia emergente Brasil tiene un rumbo que comparten izquierda y derecha, los matices entre una y otra pueden resultar decisivos a la hora de insuflar vida a proyectos como el Banco del Sur, el Consejo de Defensa Sudamericano o una moneda regional. No habría, empero, que engañarse: aunque el imperio se beneficie de estos cambios, son las opciones del progresismo las que los propiciaron.
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LQSomos/26/07/2009

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Rebelión/26/07/2009

inSurGente

América agredida en Honduras

Durante el acto de conmemoración de los 10 años de elección de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente Hugo Chávez calificó de "muy lamentable" el papel que el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ha jugado en la mediación tras el golpe de Estado sufrido por el presidente José Manuel Zelaya. (…)"¿Cuál es el camino? ¿La rendición? ¿La inmoralidad? Yo le dije a Zelaya por teléfono el día que venía de Washington, cuando la Secretaria de Estado le abrió las puertas a la trampa de Costa Rica, y le abrió las puertas del pantano". (…)"Luego, lo fueron llevando a la trampa. Él salió rápido de la trampa, así lo creo y es evidente". Chávez recordó palabras de Zelaya en una conversación privada que sostuvieron, quien le indicó que al último hondureño que se atrevió a proponer una revolución y la unión de Centroamérica, lo fusilaron en San José de Costa Rica. "No permitas que te lleven y te fusilen moralmente en Costa Rica", le respondió Chávez(…).”
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