Chile: El rechazo al plan 'estrella' de Velasco
Opinión
Hugo Fazio (CENDA)
El rechazo sufrido en el Senado por el proyecto de depreciación acelerada reveló que al interior de la Concertación se expresa una oposición más abierta al regresivo esquema de política económica encabezado por el ministro de Hacienda y la Corporación Expansiva. El proyecto es una iniciativa con favorecidos claramente definidos: empresas mineras, eléctricas y LAN, entre otros, mostrando con toda su crudeza el carácter de la política seguida. En definitiva, la diferenciación al interior de la Concertación cuestiona un modelo que viene aplicándose desde los años de dictadura. El gobierno marcó aún más este carácter al poner a hacer lobby a los grandes empresarios. Los parlamentarios de derecha actuando con un oportunismo de corto plazo votaron en contra de un proyecto que, como reconoció Sebastián Piñera, lo consideran “bueno”
A pesar de todos los esfuerzos realizados -incluyendo una reunión de la Presidenta Michelle Bachelet con la cúpula del gran empresariado y el lobby abierto efectuado por éste- el Senado votó en contra de la ley de depreciación acelerada promovido por el Ministro de Hacienda Andrés Velasco . En un esfuerzo de última hora destinado a impedir el rechazo, el gobierno propuso a los partidos de la Concertación y de la Alianza suscribir un protocolo destinado a mejorar la deteriorada situación de la mediana y pequeña empresa. Fue una formulación tardía y muy general, no modificando el abierto carácter a favor de las grandes empresas del proyecto.
El gran derrotado del rechazo en el Senado es precisamente el ministro de Hacienda y su esquema de manejo fiscal a favor de una minoría. También fracasó la política de buscar legislar en acuerdo con la derecha impuesta con más fuerza después del cambio ministerial. En términos más generales, las concepciones neoliberales profundizan contradicciones que se expresan en el plano político y al interior de la Concertación. Se cometió de otra parte el error, atribuido por El Mercurio al “propio Velasco”, de “convocar a los dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio para pedirles que intermediaran con los senadores de la Alianza” (19/04/07). Al propiciar este lobby se recalcó todavía más nítidamente el carácter del proyecto como favorable a los grandes intereses económicos. En cambio, no se buscó considerar las opiniones de los sectores críticos a la iniciativa al interior de la Concertación y tampoco a los dirigentes de los medianos y pequeños empresarios, a pesar de la formulaciones que se buscaba legislar a favor de estos sectores. Con ello se facilitó la maniobra política de los partidos de la Alianza de votar en contra del proyecto.
Velasco en vez de ir a las causas de fondo del rechazo se centró en hablar de falta de lealtad con la presidenta de la República, a la cual por lo demás sumó a su táctica para tratar de impedir la votación negativa. “Que los que intentaron marginarnos -respondió el senador Ominami- no nos digan ahora que nosotros rompimos a la Concertación. La estrategia que siguió el ministerio de Hacienda fue para romper a la Concertación y aislar a los que teníamos puntos de vista críticos a través de un bypass con el empresariado y una alianza con la oposición” (20.04/07)
El presidente del PS, Camilo Escalona, frente a la votación negativa, habló de la “permanente dificultad para sacar adelante nuestras iniciativas, tenemos una dificultad para gobernar y eso hay que reconocerlo públicamente ante el país” (Subrayado por el autor) (19/04/07). Agregando que se produjo una “desafección transversal” que afecta al conglomerado oficialista. Lo que Escalona denomina “nuestras iniciativas” son las propiciadas en el plano económico social por la Corporación Expansiva que tiene como cabeza al ministro de Hacienda, el ala más derecha en esta esfera al interior de la Concertación.
Fue la contumacia por tratar de imponer estas políticas las que provocaron la denominada por Escalona “desafección transversal”. La política del Gobierno - manifestó uno de los opositores al proyecto de Velasco, el senador Nelson Avila - se está haciendo desde el ministerio de Hacienda y lo lamentable es que éste se encuentra totalmente desenfocado respecto del rumbo natural de la Concertación” (19/04/07). “Es evidente -señaló, a su turno, Adolfo Zaldívar, otro de los senadores de la coalición gobernante opositores a la iniciativa- que hay que volver a instalar como eje de la discusión que tipo de sociedad se quiere construir” (19/04/07). La trascendencia del rechazo entre parlamentarios de la Concertación del proyecto de depreciación acelerada reside en que manifiesta un oposición decidida a la política económica impuesta en el gobierno por Andrés Velasco y la Corporación Expansiva, que no ha permitido aprovechar para Chile y la mayoría de los chilenos el periodo de las “vacas gordas”
La forma cerrada en que el ministro de Hacienda ha buscado imponer una política económica, que en sus lineamientos centrales fue impuesto en los años de dictadura, crea estas fisuras al interior de la coalición gubernamental. El senador socialista Carlos Ominami sostuvo que la política económica encabezada por Andrés Velasco no sintoniza bien con el programa social del Gobierno (19/04/07). La presidenta Michelle Bachelet tomó posición abiertamente entregando su pleno respaldo a la gestión de Velasco, afirmando, en contradicción con los hechos, que éste va a continuar trabajando para otorgar “mayor bienestar a todos y en particular a los más vulnerables” (20/04/07). El ministro había declarado reiteradamente que no figuraba en el programa gubernamental modificar la estructura tributaria, pero para otorgar un beneficio en lo fundamental a grandes empresas no vaciló en hacerlo.
En verdad, la política de Velasco no sólo “no sintoniza” sino que se encuentra en oposición a que se produzcan -en un momento muy favorable para el país por la coyuntura externa- avances sociales necesarios. La regla presupuestaria fiscal utilizada limita innecesariamente el gasto público como mecanismo de política económica. La reforma previsional fortalece al sistema de AFP y mantiene el escándalo que los fondos de los imponentes sean utilizados mayoritariamente por un grupo muy reducido de grandes intereses económicos. No es una mera coincidencia que después de los escollos encontrados por el proyecto “estrella” del ministro Velasco, diputados de la Concertación que integran la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de reforma previsional presentaran un conjunto de indicaciones “para que -como expresó Sergio Aguiló, uno de sus miembros- haya una rectificación efectiva del proyecto”. (21/04/07). No puede continuar que en el plano previsional se intente legislar en entendimiento pleno con las Administradoras, así como no puede haber un proyecto económico progresivo en estrecha unión con el gran empresariado. Aguiló agregó que buscan transmitirle a la presidenta Bachelet que con el proyecto de reforma previsional de no introducirle modificaciones podría tener un traspiés similar al sufrido con la iniciativa rechazada en el Senado.
El mecanismo de depreciación acelerada beneficia principalmente a grandes empresas. En su intervención en la discusión en el Senado, Ominami manifestó que de acuerdo a sus informaciones, dos de las empresas que obtendrían “mayores beneficios”, son Lan Chile- uno de cuyas accionistas mayoritarios es el ex candidato presidencial Sebastián Piñera-, y el polémico proyecto minero binacional de Pascual Lama, llevado adelante por la transnacional Barrick Gold.
Los directos beneficiados con el proyecto es tan indiscutible que incluso lo reconoce el investigador de Libertad y Desarrollo, Axel Buchheister. “Es obvio -señala- que el uso del incentivo estará en aquellas empresas que son más intensivas en activo fijo”. Para luego agregar que “cuando la gran empresa se pone en movimiento e invierte tiene un significativo efecto multiplicador… Cuando llueve -concluyó- todos se mojan”. Plantea así una vez más la desprestigiada teoría del “chorreo” que la regresividad distributiva chilena desmiente. Buchheister no considera, de otra parte, que la gran mayoría de las empresas beneficiadas están realizando o van a efectuar la inversión con o sin ley de depreciación.
Velasco, luego del rechazo a su propuesta en el Senado, insistió que “quién dice que este proyecto beneficia a los ricos, no ha leído la iniciativa o no ha querido entenderla”, añadiendo que la depreciación acelerada generaría empleo y estimula la inversión en empresas de todo tamaño, enfatizando que “decir otra cosa es ignorancia” (19/04/07). Velasco olvida o no quiere recordar cosas muy elementales que para poder depreciar aceleradamente y reducir de esa manera el pago de impuestos se requiere tener utilidades ¿Cuántas pymes se encuentran en esa situación? “Hablar de beneficios en materia de impuesto a las utilidades para empresas -dijo Ominami-, que en muchos años no han visto pasar utilidades, no tiene sentido”. Lo principal de la discusión, añadió, “tiene que ver con saneamiento y capital de trabajo de las pymes” (19/04/07).
Una encuesta efectuada en marzo por el Banco Central sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito comprobó, una vez más, que “se han aumentado las condiciones en términos de spread (diferencia entre una tasa de interés de captación y una de colocación)” (19/04/07), lo cual constituye uno de los puntos esenciales cuestionados por los dirigentes de los pequeños y medianos empresarios y forma parte de la explicación de las elevadas utilidades obtenidas por los bancos. ¿En este plano no tiene nada que señalar el ministro Velasco?
La razón de los recargos a las pymes de tasas de interés, que adquieren muchas veces expresiones usurarias, se fundamenta en grado importante- como lo constata el documento del Banco Central.- en “los riesgos” en que dicen incurrir los bancos. El centro para el Emprendimiento y la Innovación de la udista Universidad del Desarrollo estima que las pymes pagan tres veces más en intereses que las grandes empresas. Con la existencia de estas trabas y costos financieros tan elevados a las pymes, es una broma macabra suponer que tienen capacidad de invertir y, por tanto, poder acogerse al mecanismo de depreciación acelerada. “En la práctica -escribió el economista Enrique Goldfarb-, esta franquicia sólo es aprovechable por los únicos que están en condiciones de invertir en el país cuyas decisiones ya estaban tomadas de antemano… Un pago fiscal -añadió- de US$450 millones por algo que se iba a hacer de todas maneras” (20/04/07).
Una de las variables que más utilizados por los bancos para determinar la existencia o no de “riesgos” son los resultados de las empresas y sucede que el mecanismo de la depreciación acelerada deteriora balances que de ser positivos en el caso de las pymes son normalmente muy magros. “Hay muchas empresas que pudiendo hacer uso de una depreciación no lo hacen- señaló el presidente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo, Rafael Cumsille-, ya que sus balances anuales son malos y al utilizar este instrumento serán aún peores, considerando en términos contables se trata de un gasto. De acogerse a este beneficio-enfatizó-, las pymes aparecen como riesgosas por lo que tendrían mayores dificultades para optar a oportunidades de financiamento bancario”. (19/04/07). Por lo demás, existiendo abundancia de recursos fiscales no se precisa de otorgarle un beneficio adicional a grandes empresas para enfrentar la problemática de las pymes, sino desarrollar políticas para mejorar su competitividad, muchas de las cuales se encuentran absolutamente ahogadas por el curso revaluatorio de la moneda nacional -intensificado en el momento que se discutía el proyecto de depreciación acelerada en el Parlamento- y la sistemática reducción de los aranceles promedios.
Aún más, existe actualmente -con carácter permanente- un incentivo en materia de depreciación acelerada, como ha recordado la abogado Alicia Domínguez, socia de Ernst & Young, que concede el beneficio de “rebajar para efectos de impuestos a un tercio la vida útil normal del bien”(19/04/07). Es necesario que se informase por el ministerio de Hacienda a las autoridades de impuestos internos cuántos pequeños o medianos empresarios han podido acogerse a este beneficio. De hacerse así podría entenderse cuáles son el tipo de medidas requeridas para enfrentar realmente la crítica situación de las pequeñas y medianas empresas.
“El ministro habla -manifestó el senador Adolfo Zaldivar- de un estatuto de las pymes, con puras medidas teóricas. No se da cuenta -añadió- de la envergadura del problema a que se ha llevado a este sector gracias a políticas como las que él propicia. Hay que corregir la forma en que se ha aplicado el modelo, porque no tiene nada de social y es fuertemente concentrador del ingreso y la riqueza”. Por ello mismo no se trata de encontrar otra “forma” de aplicarlo, sino, debe modificarse a fondo. Este modelo, de otra parte, no se arrastra desde la crisis asiática, sino es una continuidad del esquema ideado en los años de dictadura.
Una consecuencia positiva del rechazo al proyecto gubernamental es si se comenzase a discutir en profundidad -con la directa participación de las afectadas- la situación de estas capas del empresariado. Ello no se resuelve a través de formulaciones generales de buenos deseos con los cuales a última hora el Ministro Velasco trató de salvar la derrota de su proyecto en el Senado. Ello exige modificar las políticas económicas dominantes que en definitiva han significado que muchas legislaciones basadas en iguales expresiones genéricas de buena voluntad terminasen teniendo un efecto real muy reducido. La presidenta de la República sostiene que su deteriorada situación constituye “una de las preocupaciones fundamentales de mi gobierno” (20/04/07). Ojalá en esta oportunidad ello se exprese en las medidas que se propongan.
El proyecto deberá ser visto en tercer trámite en una comisión mixta conformada por un número igual de miembros de ambas ramas del Congreso. Paralelamente, el rechazo obligó al gobierno a adelantar el anuncio de su llamado Estatuto Pyme, que es de esperar no tenga tan poco impacto real como iniciativas similares en los gobiernos anteriores. Varios parlamentarios de la Concertación plantearon que el gobierno desista de la iniciativa de depreciación acelerada o se postergue su discusión indefinidamente. El senador Jaime Gazmuri manifestó que constituiría un error insistir en un proyecto que no logra concitar acuerdos y los esfuerzos deberían concentrarse en otros proyectos de la agenda económica. Un paso de esta naturaleza dejaría en muy mala posición a la derecha cuyo rechazo a la depreciación acelerada fue expresión de un intento de obtener ventajas políticas a corto plazo aunque son abiertos partidarios de la medida, al favorecer a grandes empresas. Sebastián Piñera ya lo expresó claramente: “El proyecto es bueno”. Es difícil que pensase distinto si LAN Chile -de la cual es uno de los accionistas mayoritarios- se encuentra entre los principales favorecidos. Sin embargo, Michelle Bachelet, Andrés Velasco y Camilo Escalona insisten en que la iniciativa siga su trámite parlamentario y se apruebe, al mismo tiempo, un proyecto a favor de las pymes que cuando va más de un año de gobierno todavía se encuentra en preparación.
ARGENPRESS.info/27/04/2007
