EL PAIS › RECLAMAN A LOS EXPORTADORES 1763 MILLONES DE DOLARES
.. El Gobierno reclamará a los exportadores 1763 millones de dólares y estudia una reforma a la ley de granos, que permitió la elusión fiscal. CFK rechazó las renuncias de Alberto Fernández y De Vido. El primer cambio de gabinete sería la designación en Agricultura del presidente del INTA, ingeniero Carlos Cheppi. ¿Qué futuro le aguarda a un gobierno derrotado en el Congreso? La cadena de inconsistencias que culminó con el insólito voto de Cobos.
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Por Horacio Verbitsky -
El Poder Ejecutivo comenzará esta semana procedimientos administrativos tendientes a recuperar 1763 millones de dólares que los exportadores de maíz, trigo, soja y girasol en granos, pellets, aceite y harina vendieron pagando una alícuota inferior a la vigente, entre ellos la Aceitera General Deheza, del senador justicialista cordobés Roberto Urquía, Cargill, Bunge, Nidera, Vicentín, Noble, ADM y la Asociación de Cooperativas Argentinas. La suma exacta del reclamo la determinarán la AFIP y la Aduana, a partir del cálculo en toneladas que realizó la ONCCA. En algún caso el procedimiento administrativo podría ser también el prolegómeno de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos, como el que la AFIP ya impulsó contra uno de los dirigentes de la Sociedad Rural que encabezaron los cortes en la provincia de Buenos Aires, René Ducret.
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Declaraciones sin respaldo
En todos los casos, el procedimiento para esta elusión impositiva consistió en registrar operaciones por adelantado, anticipándose a los aumentos en las alícuotas. Para ello bastaba una declaración jurada. Esta maniobra, permitida por la ley de granos, permitía congelar el precio y la alícuota al día del registro y una resolución de la Secretaría de Agricultura otorgaba un plazo de 365 días al exportador para concretar la operación con aquellos valores. Sólo los granos y sus subproductos están exceptuados de pagar al nivel y al precio del día de la exportación. En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Ricardo Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 días y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana. Desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento y Agricultura dejó abierto el registro. El incremento se formalizó el 9 de noviembre. En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alícuota anterior. A raíz de ello el diputado demoprogresista Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley que su Cámara aprobó, estableciendo que además de la declaración jurada sería necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberían pagar en forma retroactiva, “el mayor nivel de derechos de exportación”, es decir con la alícuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro. Por iniciativa del senador cordobés Roberto Urquía, la cámara revisora lo convirtió en “la mayor alícuota de derechos de exportación”, es decir con la nueva alícuota de retenciones pero al precio del día del registro. El Secretario de Agricultura Javier de Urquiza nunca reglamentó la ley que lo convertía en autoridad de aplicación. Recién el 13 de mayo, por decreto presidencial, la ley fue reglamentada y esas competencias asignadas a Echegaray. La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas. Para ello cotejó las cifras de esas declaraciones con las que informan a la ONCCA los productores y acopiadores cuando realizan las ventas. De este modo detectó que el 89 por ciento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior no estaba respaldado por la tenencia o adquisición de granos. Esto equivale a un 85 por ciento de las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo, o sea 22,5 millones de toneladas. Además, las declaraciones juradas decían que las operaciones anotadas correspondían a granos de la cosecha 2007-2008, que todavía no se había levantado. La elusión continuó después del 11 de marzo.
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Los grandes
Estas son algunas de las grandes exportadoras que deberán enfrentar el reclamo:
- Cargill declaró sin tenerlas ni haberlas adquirido 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol (en ambos casos a granel y pellets), 25.000 toneladas de maíz, 120.000 de aceite de girasol y 436.000 de aceite de soja.
- Aceitera General Deheza, la empresa de Urquía, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja.
- Bunge, 2.400.000 toneladas de soja y 625.000 de aceite de soja.
- Nidera, 985.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol y 116.000 de aceite de girasol.
- Vicentín, 370.000 toneladas de soja, 92.000 de girasol, 125.000 de aceite de girasol, 160.000 de aceite de soja y 602.000 de harina de soja.
- Noble 853.000 toneladas de soja.
- ADM, 820.000 toneladas de soja.
- La Asociación de Cooperativas Argentinas, 675.000 toneladas de soja, 65.000 de maíz y 107.000 de aceite de soja.
- Oleaginosa Moreno, 435.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol, 191.000 de aceite de girasol y 41.500 de harina de soja.
Un caso especial es el de Luis Ducret y Compañía, quien figura con mil toneladas de girasol y 2000 de trigo. La AFIP ya había denunciado a este comisionista y consignatario mayorista por evasión tributaria calificada de IVA e impuesto a las ganancias por casi 11 millones de pesos y por apropiación indebida de tributos por 6,5 millones. Su vicepresidente, René Horacio Ducret, es también presidente de la Sociedad Rural de Baradero. La semana próxima será indagado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzzo junto con el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raul Plácido Victores, por la organización de los cortes de rutas y las quemazones en San Pedro junto a Mario Llambías y Eduardo Buzzi, entre otros.
Una solución de fondo, que el gobierno tuvo en consideración en el primer mes del conflicto y que quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos es la reforma de la ley de granos. La propuesta consiste en congelar tanto el precio como la alícuota el día del registro, con la condición de que el exportador pague la retención correspondiente en el momento de anotar la operación. De este modo, productores y exportadores podrán cubrirse mediante el mercado de futuros pero esa timba no ocurrirá a expensas del Estado.
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La mañana siguiente
El tema de discusión al día siguiente de la derrota en el Senado fue si es posible gobernar la Argentina cuando se ha perdido la mayoría en el Congreso y se afilan las hachas de la guerra para cobrar las audacias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en muy diversos campos. Un argumento postuló que de ahora en más sólo sería posible seguir acumulando derrotas o resignarse al rol de facilitador institucional de los intereses económicos más poderosos, y que mejor sería apurar el desenlace para ahorrarse esas opciones vergonzosas. Las versiones sobre una hipotética renuncia presidencial salieron de la residencia de Olivos y fueron amainando con las horas. En tal improbable hipótesis debería convocarse a nuevas elecciones, ya que el vicepresidente sólo se hace cargo si la acefalía se produce después de la mitad del mandato. Ya nada será igual, se regocijan las cámaras patronales, los políticos de la oposición y los medios que los acompañan como la sombra al cuerpo. El argumento opuesto replica que, como le pasó a Lula en Brasil, sólo se ha perdido una votación, por un margen muy estrecho y que ni siquiera hay que dar por perdidos en forma definitiva a todos quienes contribuyeron a ese resultado. Ni la legitimidad institucional ni la fortaleza política del gobierno habrían sido afectadas. A este razonamiento se suman otros, de ética y de conveniencia: abandonar el gobierno y la presidencia partidaria desencadenaría una crisis institucional muy negativa para el país y desampararía a las personas y los sectores que, dentro y fuera del PJ, se jugaron por el proyecto kirchnerista. Además, si la derecha se hiciera cargo del gobierno recibiría una sólida situación económica y favorables condiciones internacionales. Esto le permitiría capitalizar los logros de la gestión kirchnerista, controlar la inflación con un típico ajuste liberal sobre los más débiles y cargar en la cuenta de Kirchner y CFK todos los problemas que subsistieran, con el viejo truco de la pesada herencia.
En la presentación de lo sucedido también se destacan dos visiones contrapuestas. Una describe un desafío épico a intereses poderosos que tienen una historia perversa, como la oligarquía pampeana, y que aliados con los principales medios de comunicación mostraron capacidad de veto sobre una política balbuceante pero progresiva. La otra sostiene que sólo con una gran incompetencia es posible dilapidar un enorme capital político en pocos meses. A primera vista parecen lecturas tan excluyentes como si provinieran de países distintos. Pero en una consideración más cuidadosa es posible armonizarlas. La síntesis sería que no se contó con la calidad técnica y las alianzas políticas imprescindibles para desafiar a una coalición de semejante poderío.
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El último eslabón
Cargar las tintas sobre el insólito voto del vicepresidente Julio Cobos contra el proyecto de la presidente con la que hace pocos meses integró la fórmula de la Concertación es la respuesta más fácil frente a la derrota crucial que el gobierno sufrió en el Senado. El mendocino fue apenas el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias, que arranca con el texto de la propia resolución 125, continúa con las sucesivas modificaciones que se le introdujeron y culmina con el tratamiento legislativo. Esto incluye la relación del secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, con su correligionario radical Cobos, el provocativo paso del secretario de Comercio Guillermo Moreno por el Congreso y la penosa actitud de muchos senadores oficialistas. Uno de los especialistas enviados por el Poder Ejecutivo para ilustrarlos sobre los aspectos técnicos del proyecto en debate se quejó por la escasa concentración que prestaron a sus explicaciones y la cantidad de papelitos que le pasaron con pedidos de favores para empresas de sus provincias. Urquiza fue compañero de colegio de Néstor Kirchner, quien le tiene confianza personal. Ello no impedirá que sea la primera baja del gabinete, reemplazado por el presidente del INTA, ingeniero Carlos Cheppi. Julio De Vido y Alberto Fernández fueron los primeros ministros en poner sus renuncias a disposición de la presidente quien, en todos los contactos que ha tenido con miembros de su gabinete les dijo que siguieran trabajando normalmente, por lo que no parece que asomen otros cambios en el horizonte. La estabilidad de Moreno y Ricardo Jaime fue conseguida por los reclamos de Clarín, La Nación y la Unión Industrial para su relevo.
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Conflicto de intereses
Dos senadores kirchneristas prepararon un informe sobre varios de sus colegas a los que vinculan con el cultivo e industrialización de la soja, lo que afectaría su independencia de criterio: los justicialistas Urquía, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero y Carlos Reutemann y el radical Gerardo Morales. Urquía es gran productor, transportista, molinero, aceitero, portuario y comercializador. En comparación con él, Reutemann puede presentarse como un pequeño productor. El jujeño Morales desmintió la información, difundida por fuentes del radicalismo transversal, según la cual canalizaría inversiones en un fondo de siembra de Santiago del Estero a través de su hermano Freddy. Morales dijo que no produce soja, ni en forma directa ni a través de otra persona, y que así consta en la declaración jurada que presentó en cumplimiento de la ley de ética pública. “Si fuera productor lo diría y estaría orgulloso de serlo”, sostuvo. Si se lee con atención, no niega que su hermano tenga inversiones en esa actividad. El nombre que llamó la atención en la lista porque nunca había sido mencionado es el de la senadora Escudero. Está casada con el empresario, productor rural y ex senador australiano Kenneth Warren Reed. El libro La Tierra, editado por la Federación Agraria en 2005, sostiene que un consorcio australiano compró 42.000 hectáreas en Salta. Escudero estaba en Australia, de donde regresó justo a tiempo para la sesión decisiva del Senado. La impugnación señala que esos senadores violarían la ley de ética pública al oponerse a un proyecto de ley que hubiera mermado sus ingresos. Ese conflicto de intereses colocaría en un botón del tablero su propia conveniencia y en el otro la del resto de la sociedad. Una vez que los dos senadores pusieron todos esos elementos a su disposición, el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, les pidió que no los utilizaran durante el debate, sino que se los dejaran a él, por si debía recurrir a ellos “como último recurso”. Después de la votación de la madrugada del jueves no quedan dudas de que ese extremo se produjo. Sin embargo, las carpetas con los datos sobre estos senadores no fueron abiertas por Pichetto.
Esta actitud es coherente con el contenido de su discurso, cuyo principal argumento no fue el interés del proyecto oficial para la sociedad sino un reclamo a los padrinos menores de una famiglia. Dijo que “no se trata de un debate de intereses, sino de poder”. Dirigiéndose en forma explícita al vicepresidente Julio Cobos y a los ex gobernadores justicialistas Reutemann, Romero, Rubén Marín, Adolfo Rodríguez Saa y Carlos Menem les rogó que no hicieran lo que no les hubiera gustado que les hicieran a ellos. También apeló a una supuesta ley no escrita del peronismo, al que describió como una jauría que siempre sigue al lobo más fuerte. Ni siquiera se privó de entrar en asuntos personales, como su renuncia a la candidatura a gobernador de Río Negro a favor de la Concertación con la UCR. Mientras Cobos fundamentaba su voto sin precedentes, Pichetto se revolvía en la banca y lloraba, acaso por su liderazgo en el bloque. Su autodefensa llegó al punto de atribuir esa fragmentación a la presidente CFK, cuando recordó que hace pocos meses el bloque tenía los 2/3 del cuerpo. “¿Qué pasó con los que la apoyaban cuando tenía el 80 por ciento de popularidad?”, preguntó, sin completar la frase. De este modo, el jefe de la bancada se sirvió de la presidente como fusible, un problema que se repite con algunos miembros del gabinete.
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De ahora en más
El día de la votación, Cristina viajó a Resistencia para la inauguración de un nuevo aeropuerto y manifestó sus primeras reacciones. Dijo que
“nunca nos hemos traicionado” y que su camino irrenunciable es representar los intereses de los que menos tienen, para reconstruir una Argentina más integrada y con menos pobreza y que para eso “hay que tocar intereses”. Cuando escuchó la marcha peronista dijo que la acompañaron quienes “pertenecen a otros partidos, y han defeccionado algunos que pertenecen al nuestro”. En una alusión a los actos del 16 de junio y el 15 de julio dijo que había comprobado “que distintos argentinos, con distintas historias, con distintas identidades, son capaces de unirse tras un proyecto común y caminar juntos”. En la reunión con los intelectuales Kirchner dijo que Cristina le había pedido que asumiera la conducción justicialista. Eso es necesario pero insuficiente, señala ella ahora. En el encuentro con los familiares de la AMIA y en el almuerzo con el presidente de Lituania reivindicó la política de castigo a los crímenes del terrorismo de Estado. En el decreto que ordena limitar la resolución 125 (cuya redacción le pertenece, con algunos agregados y precisiones de Carlos Zannini) insistió en el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y una mejor distribución del ingreso y defendió el uso de las retenciones móviles para estabilizar los precios internos de los alimentos en un contexto de precios internacionales en alza. También objetó el “violento lock out, que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas” y anunció que las dejaba sin efecto para que instituciones exentas de presiones las discutan en democracia y pluralidad. Evaluó que el debate fue un ejercicio democrático al interior de las instituciones, pero objetó las agresiones y presiones ejercidas sobre los legisladores y sus familias, que limitan la calidad institucional. Esta es una alusión al vicepresidente Cobos. La tarde del miércoles, cuando las previsiones indicaban que el gobierno contaría con 37 votos contra 35, Cobos declaró al canal América que si le tocaba desempatar lo haría a favor del gobierno. A las 4 de la madrugada, cuando las “presiones imperceptibles” que refiere el decreto presidencial habían nivelado la cuenta, Cobos habló con el jefe de gabinete y le dijo que “mis hijas están llorando en el despacho. Dicen que si voto por la afirmativa no van a poder caminar por la calle”. Por eso habló de la familia para justificar su voto. En el encuentro en Olivos para agradecer a los diputados y senadores justicialistas y aliados que votaron el proyecto oficial CFK dijo que estaba orgullosa porque por primera vez en el Congreso se discutieron intereses de los grandes capitales y no se construyeron mayorías con la Banelco. “Perdimos la votación pero ganamos como proyecto porque hubo una fuerza política que actuó por convicción, cuando en otras décadas sólo había voces solitarias como la mía”. También les dijo que cuando se habla de distribuir el ingreso hay que preguntar el ingreso de quién, porque todos quieren aumentarle el sueldo a los maestros, construir viviendas o dar un subsidio a cada hijo, pero pocos se hacen cargo de que obtener los recursos para eso implica afectar a quienes más tienen y aguantar su reacción. Entre los asistentes estaba el senador misionero Eduardo Enrique Torres, un ingeniero agrónomo electo por el Frente Renovador, quien en la madrugada del sábado pronunció uno de los mejores discursos de la sesión. Dijo que había escuchado poner como ejemplo de política agropecuaria a Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo, y recordó que en la comisión de trabajo agrario las
cuatro entidades de la Mesa de Enlace se opusieron a la jornada de ocho horas, al premio por terminar la escuela y a la entrega de ropa de trabajo para los peones. “Siempre votaron en contra de la mejora de las condiciones de trabajo agrario. Entonces, la intención de imitar un modelo de mala distribución del ingreso que favorece la concentración deja de llamarme la atención.”
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Fuimos tan felices
Si la derrota esta vez no fue huérfana, la victoria tuvo demasiados padres. Después del alumbramiento, comienzan a mirarse de otro modo. Mario Llambías ofreció su primera conferencia de prensa sin la compañía de sus trillizos desde que empezó la confrontación. Tampoco lo acompañaban, como en el palco de Palermo, la extraña amalgama que forman la Virgen de Itatí y las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Dijo que la Mesa de Enlace no había cortado rutas, realizado un lock out ni desabastecido y atribuyó a la 125 la desaceleración económica motivada por la rebelión que él acaudilló. También dijo que los abogados del grupo estaban estudiando el decreto presidencial y la posibilidad de reclamo judicial por lo pagado entre el 11 de marzo y el viernes 18 de julio. No será sencillo que lo hagan, porque los abogados contratados por la Sociedad Rural dejaron pasar el plazo legal para apelar según la ley de procedimiento administrativo. En tres reuniones realizadas en el Jockey Club se cruzaron recriminaciones por esta omisión que les impedirá definir una estrategia jurídica y llegar con rapidez a la Corte Suprema de Justicia. Por eso debieron llamar a cada productor a presentar su propio recurso, lo cual podría provocar un embotellamiento judicial como con el corralito. Otra paradoja es que Buzzi consiguió su objetivo de voltear la 125, pero ahora en sus propias filas comienzan a preguntarle cuál fue la ganancia para los productores que la integran, ya que con las retenciones móviles también cayeron las compensaciones que el Estado estaba dispuesto a pagar a los productores de hasta 1.500 toneladas de soja, por tonelada y por distancia. Luciano Miguens declara exultante que ha terminado el conflicto, pero Buzzi se propone continuar la agitación por los beneficios que rechazó cuando el gobierno los ofrecía. Claro que ahora que los grandes propietarios han llegado al clímax deseado, los medios comienzan a interrogar a Buzzi como a un común mortal. Un periodista le recordó que él había pedido la suspensión de la 125 y otro que había dicho que las compensaciones no servían porque el Estado no las pagaba. Buzzi lo negó y atribuyó esa afirmación a Alfredo De Angeli. En la primera conferencia de la Mesa de Enlace posterior al voto del Senado, Miguens dijo que en esta “nueva instancia el campo tiene que tener presencia en el Parlamento”. Ante una pregunta aclaró: “Debemos tener gente en el Parlamento que integre las listas de los partidos”. La fiesta terminó y cada uno vuelve a ser cada cual. Los asesores de Miguens son más discretos que Claudio Lozano, pero más eficaces.
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Página/12 Web - Argentina/21/07/2008
