Remberto Cárdenas Morales *
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Disparos intimidatorios, destrucción de equipos y decomiso de una cinta con material periodístico, insultos y ultrajes físicos contra dos trabajadores de Unitel de Santa Cruz, la semana que concluye, limitan el derecho a la información lo que, además, constituye un accionar propio de los policías formados para servir a otro Estado y acaso algunos de ellos, en algún momento, fueron los que recibieron sueldos o sobresueldos y entregaron o vendieron información a la Embajada de Estados Unidos.
Quizá se trata de infiltrados (o que se comportan como si fueran) los que tendrían el encargo de ejecutar operaciones sucias para desacreditar al gobierno y a los cambios que se abren paso a pesar de la resistencia y de los desatinos de ciertos gobernantes y/o de miembros de los movimientos sociales.
Nos referimos a medios de difusión (es ingenuo esperar otro comportamiento) que al dar cuenta de aquellos hechos incurren en fallas profesionales que, en más de un caso, quizá son cometidos adrede: imprecisión de datos, titularles de noticias que no reflejan ni la realidad ni lo que se dice en la nota informativa, destacan los abusos de los policías e informan poco de los delitos de un actor reincidente, mezclan información con apreciaciones, muestran que creen más en el acusado de cometer delitos que en lo que afirman las autoridades, dicen medias verdades, a los periodistas víctimas les permiten que cuenten y recuenten la tragedia sufrida sin registrar la palabra de la contraparte... La conclusión fácil de esos medios es que, desde el gobierno, se limitan la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Esos medios informan casi nada sobre el procesado, Nelson Vaca Gutiérrez, por delitos de tala y comercio ilegal de recursos forestales, apropiación indebida de tierras fiscales, despojo de campesinos asentados en predios en la provincia Marbán (Beni), ausencia en audiencias del proceso, entre otros. Esos delitos que se le imputa a Vaca Gutiérrez desde 2005 ¿dejaron de ser noticia para esos medios de difusión? Recordemos que el silencio, en periodismo, es lo mismo que mentir, como dijo Luis Espinal y como proclamó algo similar el pensador español, Miguel de Unamuno, durante la dictadura fascista de Franco, al condenar los crímenes del fascismo. Los nazis, cuando establecieron que ciertos diarios callaron el incendio de Lídice y su gente que ellos provocaron (en la ex Checoslovaquia) definieron a esos impresos como a sus amigos. Ahora es imposible que un canal de televisión, como Unitel, informe sobre crímenes de sus dueños y de los que cometan sus socios ganaderos.
El diario La Razón (La Paz) abrió la primera página de la edición de ayer (viernes 4) con un título que dice: "Policías dispararon y/ golpearon a periodistas". En un resumen, a continuación, anota: "Un equipo de Unitel cubría la detención de un agricultor en Santa Cruz. Los agentes -agrega- chocaron contra el vehículo de prensa, dispararon contra él y golpearon a reporteros". "Decomisaron la cinta del video. El gobierno promete sanciones".
Este resumen avisa que los disparos fueron contra el equipo de filmación y no contra los periodistas, como afirma el título (y que los agentes decomisaron la cinta del video con imágenes y audio), todo lo que se reitera en el texto de la noticia.
Una lectura rápida y lineal del título de aquella noticia (la que se hace casi siempre) lleva a entender (mal) que los periodistas al menos fueron heridos con esos disparos. Y las víctimas de las agresiones han demandado a los policías por intento de asesinato.
Esa es una manera de la desinformación, de la subinformación o de propagar medias verdades.
Los detalles en periodismo tienen importancia para desinformar o para callar. En esa línea, La Razón dice por el imputado Vaca Gutiérrez que es agricultor, en la primera página y en los titulares, elementos que son los que más o los que únicamente se leen en un periódico.
La Razón de hoy (4-IX-09), en un tono desinformador quiere que se publiquen los nombres de los agresores a los informadores de Unitel, por ello titula: "No identifican/ a atacantes/ de periodistas". Pero no aparece ninguna autocrítica o rectificación (tampoco las esperábamos) de lo que afirmó un día antes: los presuntos disparos contra los periodistas. Decimos que ese tipo de periodismo se desacredita, ante el pueblo, a pasos acelerados y que más pronto que tarde será superado por un mejor periodismo, como propone la Federación Latinoamericana de Periodistas. Pero si ese descrédito sólo fuera de esos diarios, desde aquí nada tendríamos que lamentar. Sin embargo, no debemos subestimar el perjuicio que ocasionan esos impresos al oficio periodístico y a un proceso como el actual en nuestro país. Ese periodismo degradado cava su propia fosa, no cabe duda, aunque algunos dejan de ver esa realidad. (En un tiempo más pocos serán los diarios dignos de ser leídos, dijo Jorge Canelas Saénz cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo, cuyas ideas políticas compartía precisamente con los editores de La Razón de estos días).
Así se comportan esos medios, además, en tiempos anticipadamente electorales como los que vivimos. Así aportan, indirectamente, a la campaña de los políticos que pretenden restaurar el viejo orden que agoniza.
Frente a los citados atropellos, los sindicatos de los trabajadores de la prensa, como los de Santa Cruz, salieron en defensa de sus afiliados, lo que apoyamos desde esta columna, pero manifestamos nuestra reserva debido a que no se asume (desde aquellos sindicatos) un accionar ecuánime. Esas organizaciones, al menos públicamente, nada dicen sobre la forma y el contenido de la información que esos medios entregan ahora sobre el caso que nos ocupa, si se la puede considerar información la que llega a sus lectores.
Los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) descargaron otra vez sus furias contra el gobierno porque no "garantiza" el trabajo de los periodistas, y porque considera amenazada la libre expresión y la libertad de prensa en Bolivia. Asimismo, hicieron conocer que se han quejado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que son parte, denuncia que han planteada, además, ante organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Sin embargo, la ANP condena el atropello de los policías que violan derechos y es comedida frente a los ultrajes del Alcalde cruceño contra otros periodistas.
Asimismo, la ANP, de los dueños de los medios impresos en nuestro país, firmó hace pocos días un pronunciamiento (difundido especialmente en Chile) con sus similares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en el que también denuncian violaciones a la libertad de expresión, y aunque evitan nombrar a país alguno en el que eso ocurriría, de manera implícita se refieren a Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, especialmente. En cambio, nada dicen (tampoco esperábamos) sobre la ocupación y el silencio impuesto a medios de difusión en Honduras sólo porque se negaron a respaldar a los golpistas y porque siguen defendiendo la democracia quebrada en aquel país hermano.
Los atropellos, que nosotros rechazamos con indignación, de los policías de elite contra los trabajadores de Unitel resulta como el anillo al dedo para los opositores al gobierno, también en campaña electoral, los que quizá creen confirmadas sus apreciaciones respecto del régimen político en funciones. Aquellos efectivos, nada menos que de seguridad, hacen lo que con certeza le sirve a la derecha y a los conspiradores externos contra los cambios.
Hace cerca de dos años, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), oralmente primero y por escrito después, le dijo al Ministro de Gobierno, que sigue en el cargo, que los policías (y otras personas) que asumen el tipo de comportamiento denunciado estos días acaso son infiltrados y, si no son, se comportan como si fueran con lo que hacen un daño enorme al gobierno y a las reformas avanzadas de este tiempo.
Compartimos esa sospecha y la reiteramos. Sólo a los enemigos del gobierno les puede interesar que haya policías que ultrajen a periodistas y que esas acciones se las atribuya al gobierno de Evo Morales.
Y este gobierno, aunque no se le pida, tiene que exigir una investigación a fondo, un debido proceso y sanciones que merezcan los policías de marras que muestran que fueron formados para servir a un Estado y a un gobierno, esencialmente, distintos de los que tenemos.
Un añadido es necesario respecto de lo que con alguna frecuencia hacen operadores de justicia y policías: cometen fallas procedimentales sin advertir que aquéllas un día pueden servir para la defensa de los enjuiciados. Es cierto que el Procedimiento Penal, como se reitera, contiene insuficiencias o normas que favorecen a los delincuentes, pero es verdad también que lo violan los encargados de su aplicación. La experiencia reciente y pasada debe ayudar a que se eviten ese tipo de errores que dejan mal parados a los pocos jueces, fiscales y policías que se empeñan en hacer bien o muy bien su trabajo.
Es insuficiente la explicación de gobernantes cuando dicen que no dan órdenes para agredir a nadie sino que reclaman de los policías ocuparse de la seguridad de los ciudadanos. Es necesario que demuestren que no consentirán ninguna conducta como la de esos policías abusivos a los que deseamos verlos fuera de su institución, sancionados o sustituidos por otros policías que necesita el proceso de cambios que -decimos una vez más- ha costado más al pueblo boliviano que a ciertos gobernantes y policías que disfrutan de una victoria ajena por la que poco o nada hicieron. -
* Periodista.
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Bolpress - Bolivia/07/09/2009
