18/3/09

Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires

La justicia argentina descarta la pista islámica
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por Thierry Meyssan*
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En el marco de sus intentos por dar peso a sus acusaciones contra los musulmanes chiítas, Estados Unidos pretende explotar el recuerdo de los atentados cometidos en 1992 y 1994 en la ciudad de Buenos Aires. En efecto, la mayoría de las enciclopedias siguen atribuyendo esos crímenes al Hezbollah o a Irán. A pesar de ello, nadie cree ya en esas acusaciones y la propia justicia argentina se orienta hoy hacia una pista israelí. Como consecuencia, Washington hace presión para que se ponga fin a una investigación que se está haciendo molesta.
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(Ver otros invesigaciones respecto a este tema abajo, al final de este artículo)
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Con el fin de dar peso a sus acusaciones contra el «la media luna chiíta» (Irán, Siria, Hezbollah libanés), Washington ha decido incluir en ellas los atentados cometidos en Buenos Aires a principios de los años 90. En los países atlantistas [1] se da generalmente por sentado que aquellos atentados fueron obra de terroristas musulmanes.
Esa versión de los hechos fue sin embargo desmentida desde entonces por la Corte Suprema argentina que se orientó, por el contrario, hacia una pista israelí. Los neoconservadores han reaccionado con el montaje de toda una operación para invertir las cosas. Luego de una reunión que tuvo lugar en Washington, en mayo de 2006, con la participación de dos altos magistrados de Buenos Aires, el gobierno y la justicia han sido objeto de fuertes presiones. En respuesta, un grupo de ciudadanos argentinos dirigido por el doctor Oscar Abdura Bini [2] acaba de presentar ante un Tribunal de Gran Instancia de Buenos Aires una querella por obstrucción a la justicia contra el American Jewish Committee [3] y los fiscales Nissman y Martínez Burgos.
Para entender las implicaciones de esta polémica es necesario recordar los atentados.

El 17 de marzo de 1992 una violenta explosión destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y ocasionó graves daños a una iglesia católica y una escuela adyacentes. 29 personas murieron y 242 resultaron heridas.
Al principio, la investigación se orientó hacia la pista islámica. Se pensaba que el atentado había sido cometido por un suicida palestino que conducía una camioneta llena de explosivos, que el autor era miembro de la Jihad Islámica y que quería vengar el asesinato cometido por Israel contra el jeque Abbas al-Musawi, jefe del Hezbollah libanés, y su familia. Según aquella versión, la operación de Buenos Aires había sido preparada por un grupo de pakistaníes y coordinada por Moshen Rabbani, el encargado cultural de la embajada de Irán. Este último fue incluso arrestado, años más tarde, en Alemania y liberado posteriormente por falta de pruebas.
El 18 de julio de 1994, otra explosión devastó en Buenos Aires el edificio de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) con saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
La investigación sobre este nuevo atentado también se orientó hacia la pista islámica. El atentado se atribuyó a un kamikaze de 29 años, llamado Ibrahim Husein Berro, al volante de un vehículo lleno de explosivos. Años después, se emitió una orden de arresto contra Imad Mugniyah, miembro del Hezbollah libanés. Más tarde, el ex embajador de Irán en Argentina, Hade Soleimanpur, fue arrestado en el Reino Unido pero tuvo que ser liberado por falta de pruebas.
Todos estos elementos, que parecen ser conclusiones definitivas, aparecen reflejados desde hace años en todo tipo de enciclopedias, aunque nada los confirma. Lo más interesante es que con el paso del tiempo los propios investigadores argentinos han echado abajo las versiones que israelíes y estadounidenses les sugirieron y han construido una hipótesis totalmente contraria: los dos atentados fueron cometidos por agentes israelíes para contrarrestar el antisionismo de la comunidad judía argentina.
Es necesario situar las vacilaciones de los investigadores argentinos en el agitado contexto político de su propio país, constantemente estremecido por cambios de gobiernos e insurrecciones. Hasta la fecha no se ha presentado ningún juicio definitivo sobre ninguno de los dos atentados, lo cual permite que cada cual saque las conclusiones que más le convienen en base a momentos contradictorios de todo el proceso. Como quiera que sea, lo menos que se puede decir al respecto es que la pista del terrorismo musulmán resulta ya inconsistente y que los neoconservadores están haciendo todo lo posible para enterrar definitivamente la investigación.

El 5 de marzo de 2002, el juez de instrucción Alfredo Horacio Bisordio compareció a puertas cerradas ante una comisión investigadora parlamentaria para declarar como testigo sobre el primer atentado. La Red Voltaire obtuvo la transcripción de esa audiencia.
Según el juez Bisordi, el comisario Meni Battaglia dirigió la investigación sobre el atentado contra la embajada. En ella era secundado, aunque de manera no oficial, por un boina verde (no identificado) de la embajada de Estados Unidos y por el jefe de la seguridad de la embajada de Israel, Ronie Gornie. Supuestamente, ambos tenían gran experiencia sobre la realización de ese tipo de atentados en el Medio Oriente. Siguiendo los consejos de ambos «expertos», el comisario adoptó inmediatamente la hipótesis del vehículo lleno de explosivos y reportó que había encontrado fragmentos del motor de una camioneta Ford 100.
Resultó imposible establecer una lista exacta de víctimas ya que resultó que la lista de diplomáticos israelíes acreditados en Argentina no correspondía con el personal real de la embajada, diferencia que nunca se explicó. El juez Bisordi quería que se realizaran autopsias de las víctimas pero el comisario Battaglia se opuso afirmando que las autopsias no aportarían nuevos elementos. Ante la insistencia del juez, el gran rabino de Argentina también se opuso a las autopsias porque, en el caso de las víctimas judías, se trataría de una profanación. En definitiva, no se realizó ninguna autopsia.
El juez planteaba dos interrogantes: ¿Por qué los autores esperaron que la embajada estuviera vacía para realizar el atentado si un centenar de personalidades judías habían sido recibidas horas antes con bombo y platillo en ese mismo recinto? ¿Por qué recurrieron a un kamikaze para lanzar la camioneta contra la embajada siendo esto absolutamente innecesario? Al hacerse cada vez más manifiesto su escepticismo sobre la versión que trataban de imponerle, el juez recibió una visita del director adjunto de los servicios secretos argentinos (SIDE), el doctor Gerardo Conte Grand. La misión de este último era hacerlo entrar en razones.
Al ir en aumento sus sospechas, el juez se presento de improviso en la comisaría durante el interrogatorio de un testigo clave, un chofer de taxi que testimonió haber acompañado al aeropuerto, justo antes del atentado, a un grupo de musulmanes que le dijeron que había que salir rápidamente del lugar antes que se transformara en un infierno. El juez Bisordi interrogó personalmente al testigo. Creyendo que se encontraba ante alguien tan complaciente como los policías, el chofer de taxi se negó a identificarse y se presentó como «el hombre de Israel». Llegó incluso a decir que era coronel del ejército israelí y que había participado en la Guerra de los Seis Días.
Los elementos relacionados con la segunda investigación son tan reveladores como los ya citados e incluyen hasta un verdadero falso policía israelí que se pasea como Pedro por su casa por las comisarías y prisiones argentinas, realizando interrogatorios fuera de todo procedimiento y presionando a los testigos. Este individuo desapareció cuando la justicia argentina le pidió explicaciones sobre su proceder. El gobierno israelí, que empezó por negar la existencia de este individuo, acabó reconociendo que lo había empleado y se negó a que prestara declaración.
La Corte Suprema de Argentina se reunió a puertas cerradas para examinar diferentes elementos del caso de los atentados. Este órgano validó investigaciones científicas que establecen formalmente que, contrariamente a lo que se admitió al principio, no hubo ningún coche-bomba conducido por kamikazes sino que los explosivos habían sido instalados dentro de los edificios volados, tanto dentro de la embajada de Israel como en la sede de la AMIA. Por consiguiente, se invalidó todo lo que se había dicho al principio sobre el origen de los vehículos. Al día siguiente de esa audiencia, el vocero de la embajada de Israel en Buenos Aires deploró esas conclusiones y acusó a los jueces de la Corte Suprema de antisemitismo.
Para aclarar estos atentados la justicia argentina necesitará aún mucha independencia y perseverancia, lo cual suscita ciertos comentarios.
Resulta extraño que se necesite una decena de años para comprobar que un atentado se realizó poniendo el explosivo dentro de un edificio y no mediante la utilización de un coche-bomba conducido por un kamikaze. Se hace necesario señalar de paso que en la actual investigación sobre el asesinato del primer ministro libanés Rafia Hariri la tesis del coche-bomba, considerada como cierta por el enviado especial de la ONU Detlev Mehlis, no constituye actualmente más que una hipótesis de trabajo para el sucesor de este último.
Durante 14 años, numerosos expertos occidentales han redactado obras sobre el terrorismo basándose en una interpretación errónea de los atentados de Buenos Aires. Los autores de estas obras ignoran o fingen ignorar los progresos de la investigación argentina, lo cual es síntoma de incompetencia o de mala fe. Se aferran así a las conclusiones de sus razonamientos aunque sus premisas sean falsas.
Resultar doloroso comprobar que aunque las investigaciones judiciales sobre los grandes atentados terroristas imputados a musulmanes, ya sea en Buenos Aires, New York, Bali, Casablanca, Madrid o en Londres, siguen sin ofrecer resultados concretos ello no impide en lo más mínimo a los gobiernos neoconservadores y sus «expertos» seguir imponiéndonos sus conclusiones generales.
Estados Unidos acostumbra a modificar con carácter retrospectivo la identidad de aquellos a quienes atribuye la autoría los atentados realizados en ese país, con lo que busca siempre acusar a su adversario real o inventado del momento. Y ahora pretende rescribir la historia incluso fuera de su propio territorio.
También es importante mantener la vigilancia con respecto a los guerreristas que explotan descaradamente los atentados de Buenos Aires a favor de sus propios intentos de calificar tal o mas cual partido o gobierno de «terroristas» y que llaman a destruirlos.
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Thierry Meyssan*
Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del Pentagate.
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Juan Gabriel Labaké promueve una instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Ayer he enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA, con sede en Washington, una denuncia contra el Estado Nacional Argentino por la grave vulneración de los derechos humanos que sufren desde hace 12 años dos ciudadanos argentinos.
El 13 de julio de 2006, es decir, el día en que Israel lanzó su ofensiva contra el Líbano, informamos a nuestros lectores que el American Jewish Committee (AJC) presionaba a magistrados argentinos para reescribir la historia de los atentados de Buenos Aires del 92 y 94.
El embajador israelí en Argentina, Rafael Eldad, negó hoy ejercer «presiones» a las autoridades de Canal 7 para que echaran al analista internacional Pedro Briegel, aunque le reclamó al periodista «honestidad» en sus opiniones respecto de la política de ese Estado.
El camarista Alfredo Bisordi, quien fuera el primer (juez) instructor de la causa judicial sobre el atentado a la embajada de Israel, confió hoy que hubo «bastantes influencias» de ese país en la investigación y manifestó que «no» le «consta» que haya existido un coche bomba en el ataque.
El 18 de julio de 1994, pocas horas después de la voladura de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) se acusó de inmediato al Hezbollah, con la instigación de Irán y se había utilizado un coche-bomba/conductor suicida. Hoy las investigacions apuntan a un autoataque israelí. ¿Sólo basta averiguar con que finalidad tan diabólica?
Nuestra investigación sobre la pista israelí de ambos atentados está presentada ante los tribunales competentes. Pero: ¿Cómo se explica la posibilidad de que Israel haya masacrado a su propia gente?
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[1] Países que hacen parte de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, pacto militar de defensa común, engendro estadounidense de la Guerra Fría.
[2] El doctor Oscar Abdura Bini es muy conocido en Argentina debido a que, teniendo como paciente a la esposa del presidente Carlos Menem, se negó a envenenarla prescribiéndole dosis excesivas de medicamentos a pedido del propio presidente. En contra de los deseos de Menem, el doctor Abdura protegió a su paciente de los esbirros del presidente.
[3] Creado después de la Revolución Rusa, el American Jewish Comité fue inicialmente una asociación anticomunista. Actualmente se ha convertido en neoconservadora. Se trata, ante todo, de una organización política interna de la comunidad judía estadounidense, no de una organización comunitaria.
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Todas las versiones de este artículo: français
Países Argentina
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Red Voltaire/18/03/2009

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Rebelión/18/03/2009

17/3/09

Los escuadrones de la muerte de Israel: La historia de un soldado

Un ex miembro de un escuadrón de asesinato israelí ha roto el silencio por primera vez
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Donald Macintyre
The Independent/Global Research
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Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
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La política militar israelí de asesinatos selectivos ha sido descrita desde adentro por primera vez. En una entrevista con The Independent on Sunday, y en su testimonio a una organización de ex soldados, Breaking the Silence [Rompiendo el silencio], un ex miembro de un escuadrón de asesinato, ha hablado de su papel en una emboscada fracasada en la que murieron dos transeúntes palestinos, así como los dos combatientes atacados.

La operación, que tuvo lugar hace poco más de ocho años, al comienzo de la actual Intifada, causó traumas psicológicos al ex francotirador. Hasta hoy no ha contado a sus padres su participación en lo que llamó “el primer asesinato cara a cara de la Intifada.”

A medida que se desarrollaba el levantamiento los asesinatos selectivos se convirtieron en un arma de uso rutinario en el arsenal de los militares israelíes, especialmente en Gaza, donde los arrestos se hicieron más adelante menos fáciles que en Cisjordania. Los más destacados fueron los de los dirigentes de Hamás

Ahmed Yassin y Abdel Aziz Rantisi en 2005, y de Said Siyam en la más reciente ofensiva. Pero los ataques contra militantes de menor rango, como el asesinado en la operación descrita por el ex soldado, se hicieron suficientemente comunes como para provocar pocos comentarios.

El incidente descrito por el ex soldado parece casi trivial en comparación con todo lo que ha pasado desde entonces en Gaza, culminando con las más de 1.200 víctimas palestinas infligidas por la Operación Plomo Fundido en enero de este año. Podría haber sido olvidado por todos, con la excepción de los directamente afectados, si no hubiera sido por el desacostumbrado relato que hizo a Breaking the Silence, organización que ha recolectado testimonios de cientos de antiguos soldados respecto a lo que vieron e hicieron – incluyendo abusos contra palestinos – durante su servicio en los territorios ocupados.

Ese relato, expandido en una entrevista con el Independent on Sunday, y ampliamente corroborado por el testimonio de otro soldado a Breaking the Silence, cuestiona directamente elementos de la versión oficial de la época, y ofrece una nueva perspectiva sobre la táctica de asesinatos selectivos del ejército israelí. Lo mismo hacen comentarios del padre de uno de los palestinos asesinados, y del que sobrevivió, también encontrados por el Independent on Sunday.

Nuestra fuente no puede ser identificada por su nombre, sobre todo porque finalmente decidió hablar sobre lo sucedido, y en teoría podría ser acusado en el extranjero por su papel directo en un asesinato del tipo que la mayoría de los países occidentales considera como una grave violación del derecho internacional. Proveniente de una buena casa, y ahora integrado a la vida civil en el área de Tel Aviv, el ex soldado tiene unos 30 años. Inteligente y articulado, y con una memoria detallada de numerosos aspectos, es escrupuloso al admitir que su recuerdo de otros puntos podría ser defectuoso.

El ex conscripto dijo que su unidad especial había sido entrenada para un asesinato, pero que luego les dijeron que sería una operación de arresto. Sólo dispararían si el hombre en cuestión tenía armas dentro de su coche. “ Nos sentimos bastante molestos porque sería un arresto. Queríamos matar,” dijo. La unidad entonces fue hacia el sur, a Gaza, y se colocó en posición. Era el 22 de noviembre de 2000.

El principal objetivo del escuadrón era un militante palestino llamado Jamal Abdel Razeq. Estaba en el asiento de pasajero de un Hyundai negro conducido hacia el norte en la dirección de Khan Younis por su compañero Awni Dhuheir. Ambos hombres ignoraban por completo la trampa que los esperaba cerca del cruce Morag. Esa sección de la principal carretera Salahadin de norte a sur en Gaza pasaba directamente junto a un asentamiento judío. Razeq estaba acostumbrado a ver un transporte blindado de personal (APC) al borde de la ruta, pero no tenía idea de que su personal regular había sido reemplazado por hombres de una unidad especial de elite de la fuerza aérea, incluyendo a por lo menos dos francotiradores altamente entrenados.

Desde que dejó su casa en Rafah esa mañana, Shin Bet – el servicio de inteligencia israelí – había estado monitoreando cada movimiento de Razeq con especial exactitud, gracias un comentario continuo desde los teléfonos móviles de dos colaboracionistas palestinos, entre ellos uno de sus propios tíos. El hombre que debía matarlo dice que le “sorprendió” el detalle transmitido al comandante de la unidad desde Shin Bet: “Cuánto café tenía en su vaso, cuándo partía. Sabían que tenía un conductor [y]… dijeron que tenía armas en el maletero, no en el coche. Durante 20 minutos supimos que iba a ser un simple arresto, porque no tenía armas en el coche.”

Pero entonces, dice, las órdenes cambiaron repentinamente. “Dijeron que faltaba un minuto para que llegara, y recibimos la orden de que después de todo sería un asesinato.” Piensa que provino desde un cuarto de operaciones establecido para la operación y su impresión fue que “todos los grandes jefes estaban allí”, entre ellos un brigadier general.

Los dos palestinos seguramente todavía no sospechaban nada al aproximarse al cruce, incluso cuando un gran camión de aprovisionamiento del ejército israelí salió de un lado, girando para cortarles el camino. No tenían modo de saber que el camión estaba repleto de soldados armados, esperando ese momento. Un todo terreno fue enviado por la carretera, sólo en caso de que sucediera “algo realmente malo.”

Pero algo anduvo mal: el camión salió demasiado rápido, y bloqueó no sólo a los militantes en su Hyundai negro, sino al taxi Mercedes blanco que iba frente a ellos. Llevaba a Sami Abu Laban, de 29 años, panadero y a Na'el Al Leddawi, 22 años, estudiante. Iban en camino desde Rafah a Khan Younis para tratar de comprar algo de escaso diesel para operar sus hornos para pan.

Al acercarse el momento crítico, el francotirador comenzó a temblar de la cintura hacia abajo. “Lo que pasa entonces es que estoy esperando que venga el coche y pierdo control de mis piernas. Tengo un M16 con digicom (mira especial para francotirador]. Fue una de las cosas más extrañas que jamás me hayan pasado. Me sentía completamente concentrado. Así que mientras contábamos los segundos, comenzamos a ver a los coches, y vimos que venían dos coches, no uno. Había un primer coche muy cercano al siguiente y cuando vino el camión, un poco temprano, ambos coches se detuvieron. Todo se detuvo. Nos dieron dos segundos y dijeron: “¡Disparen! ¡Fuego!” ¿Quién dio la orden y a quién? El comandante de la unidad… a todos. Todos oyeron ‘¡Fuego!’”

El objetivo, Razeq, iba en el asiento de pasajero, más cercano al APC. “No dudo de que lo tengo en la mira. Comienzo a disparar. Todos comienzan a disparar y pierdo el control. Disparo durante uno o dos segundos. Conté después – disparé 11 balas a su cabeza. Podría haber disparado un solo tiro y basta. Fueron cinco segundos de disparos.”

“Miré por el visor, vi la mitad de su cabeza. No tenía motivo para disparar 11 balas. Pienso que tal vez haya sido por miedo, tal vez para encarar todas las cosas que están sucediendo. Seguí disparando.”

“Si mal no recuerdo, la orden de disparar no fue específica para los francotiradores en el APC. No puedo saber con seguridad si los soldados en el camión pensaron incorrectamente que parte de los disparos iban dirigidos contra ellos desde los coches.” Pero dijo que después que se detuvo “los disparos se hicieron aún peores. Pienso que la gente en camión comenzó a llenarse de pánico. Disparan y uno de los coches comienza a partir y el comandante dice: “¡alto!, ¡alto!, ¡alto!” Tarda un par de segundos en detenerse por completo y veo después que ambos coches están llenos de agujeros. El primer coche, también, el que estaba allí por coincidencia.”

Razeq y Dhuheir, los militantes, estaban muertos. También Abu Laban y Al Leddawi. Milagrosamente; el conductor del taxi, Nahed Fuju, estaba ileso. El francotirador sólo recuerda uno de los cuatro cuerpos que yacían por el suelo. “Me horrorizó ese cuerpo. Era como un saco. Estaba lleno de moscas. Y preguntaron quién disparó al primer coche [el Mercedes] y nadie respondió. Pienso que todos estaban confundidos. Era obvio que había sido un desatino y nadie lo admitía.” Pero el comandante no realizó un interrogatorio formal hasta que la unidad volvió a su base principal.

“El comandante entró y dijo: ‘Felicitaciones. Recibimos un llamado telefónico del Primer Ministro y del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor. Todos nos felicitaron. Tuvimos un éxito perfecto en nuestra misión. Gracias.’ Y desde ese momento, comprendí que estaban muy contentos.” Dice que la única discusión fue sobre el riesgo real que podría haber habido bajas entre los soldados por fuego amigo en el tiroteo, en el cual por lo menos uno de los vehículos del ejército israelí fue alcanzado por el rebote de balas, y al final de lo cual por lo menos un soldado incluso salió del todo terreno y disparó a un cuerpo inerte en el suelo.

Dijo que su impresión era que “querían que la prensa o los palestinos supieran que dábamos un paso más en nuestra lucha,” y agrega: “El sentimiento fue de un gran éxito y yo esperaba un interrogatorio que hiciera todas esas preguntas, que mostrara algún pesar por alguna falla, pero no ocurrió. Lo único que sentí es que los comandantes sabían que había sido un gran éxito político para ellos.”

El incidente causó inmediatamente una cierta conmoción. Mohammed Dahlan, entonces jefe de la Seguridad Preventiva dirigida por Fatah en Gaza, lo llamó “un asesinato barbárico.” El informe presentado entonces a la prensa por el brigadier general Yair Naveh, a cargo de las fuerzas del ejército israelí en Gaza, fue que iba a ser una operación de arresto, pero que al darse cuenta de que algo andaba mal, Razeq había sacado un rifle

Kalashnikov e intentado de abrir fuego a las fuerzas israelíes, y entonces los soldados dispararon contra su vehículo. Aunque Razeq era el principal objetivo, se afirmó, las dos víctimas en el taxi eran también activistas de Fatah “con vínculos con Razeq.”

El señor Al Leddawi dijo la semana pasada que la presencia de su hijo fue un trágico accidente de coincidencia y que la familia nunca había oído hablar de los otros dos hombres. “Fue todo por coincidencia que hayan estado allí,” dijo. “No tenemos nada que ver con la resistencia en esta familia.” Fuera de decir que no había recibido “ni un solo shékel” en compensación, el taxista, señor Fuju, no quiso hablar con nosotros en Rafah la semana pasada. “¿Queréis entrevistarme para que los israelíes bombardeen mi casa?”

Los militares israelíes dijeron en respuesta a consultas detalladas sobre el incidente y las discrepancias entre su informe de la época y el de los palestinos, y ahora el del ex soldado, que “toman muy en serio las violaciones de los derechos humanos” pero que “lamentan que Breaking the Silence no les suministre detalles o testimonio sobre los incidentes de los que habla a fin de permitir una investigación exhaustiva.” Agregan que “esos soldados y comandantes no abordaron a sus comandantes superiores… con sus quejas durante su servicio.”

Nuestras revelaciones en breve: unidad secreta en una misión para asesinar

Independent on Sunday ha obtenido un informe que, por primera vez, detalla el servicio en uno de los escuadrones de asesinato de las fuerzas armadas israelíes.

Un ex conscripto ha informado al IoS y a una organización de ex soldados de su participación en una emboscada que salió mal, matando accidentalmente a dos hombres así como a los dos milicianos que eran su objetivo.

El ex soldado, francotirador entrenado, dice que disparó 11 balas a la cabeza del miliciano cuya muerte había sido ordenada por sus superiores. Al escuadrón le habían dicho inicialmente que iba a una misión de arresto, pero un minuto antes le ordenaron que dispararan a matar.

En lugar de que se discutieran posteriormente los defectos de la operación, al escuadrón le dijeron que “había tenido un éxito perfecto” y fue felicitado por el Primer Ministro y el Jefe del Estado Mayor.
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© Copyright Donald Macintyre, The Independent, 2009
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http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12549
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Rebelión/17/03/2009

La CIA pronostica el fin del Estado de Israel en 20 años

Un informe de la CIA afirma que Israel caerá en 20 años
Así lo reveló el abogado de Derecho Internacional Franklin Lamb
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Timeturk
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Un estudio realizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA en sus siglas en inglés) ha arrojado dudas sobre la supervivencia de Israel más allá de los próximos 20 años.

El abogado de Derecho Internacional Franklin Lamb señala que el informe de la CIA predice un inevitable avance hacia una solución de un Estado desde la solución de dos Estados - un esfuerzo encabezado por Washington y Occidente para ver a los palestinos y los colonos israelíes conviviendo en los territorios ocupados.

El informe prevé el regreso de todos los refugiados palestinos a los territorios ocupados, y el éxodo de dos millones de israelíes - que se trasladarían a EE.UU. en los próximos quince años.

"Hay más de 500.000 israelíes con pasaporte estadounidense y más de 300.000 viven sólo en la zona de California ", dijo Lamb en una entrevista con Press TV el viernes, agregando que los que no tienen pasaporte estadounidense o de un país occidental, ya los han solicitado.

“Por lo tanto pienso que, al menos entre la opinión pública israelí, está claro…lo que sugiere que tarde o temprano la historia rechazará la empresa colonial”, subrayó Lamb.

Dijo que la CIA, en su informe, alude a la inesperada y rápida caída del gobierno del apartheid en Sudáfrica y recuerda la desintegración de la Unión Soviética a principios de 1990, sugiriendo el fin del sueño de una "tierra de Israel" que pasaría "mucho más temprano "que tarde.

El estudio prevé además el regreso de más de un millón y medio de israelíes a Rusia y otras partes de Europa, y denota una disminución de los nacimientos israelíes mientras que un aumento de la población palestina.

Lamb dijo que es posible que, dada la conducta de Israel hacia los palestinos y la Franja de Gaza en particular, el público estadounidense - que ha estado expresando su protesta contra las medidas adoptadas por Tel Aviv en los últimos 25 años - "no la tolere más".

Algunos miembros del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. han sido informados de este informe.

Fuentes:

Traducido por Nadia Hasan y revisado por Germán Leyens
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Kaosenlared/17/03/2009

16/3/09

Otra vez el salvaje oeste

Caminando sobre sueños
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Por: Michel Balivo
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El pesimismo se está adueñando del universo cultural del capitalismo, sus ilusiones de dominación imperial del mundo se van disolviendo en el océano de la crisis. El último encuentro de Davos, en otros tiempos reunión estelar de la cumbre de la globalización neoliberal, estuvo dominado por las constataciones de impotencia ante una crisis avasalladora. Empresarios transnacionales y dirigentes de las grandes potencias, lloraron sobre los restos de un mundo que llegaron a creer eterno.
Las frases arriba transcriptas son entresacadas del excelente artículo del amigo Jorge Beinstein, “Acople depresivo global (radicalización de la crisis)”; quien espero no se moleste por mi atrevimiento. Pero me parecen muy apropiadas para ilustrar el momento de crisis global que nos toca vivir.
Decimos que esta crisis es global porque lo mismo podemos observarla en todas que en cualquiera parte. Y en ese sentido desborda sus orígenes localizados, históricos, cuando por acumulación hasta umbrales de tolerancia, se aceleran y desencadenan variables que entran en la indeterminación, que se vuelven imprevisibles e incontrolables para los hábitos económicos y creencias culturales del tropismo que las generó.
En ese sentido, ya dejamos de hablar solamente de factores objetivos para comenzar a tomar en cuenta los subjetivos o sicológicos, como un componente estructural e ineludible de los acontecimientos. Porque si hablamos de umbrales de tolerancia, no nos referimos a entelequias abstractas como las supuestas leyes del mercado, sino a seres vivientes, a organismos afectados que tienen registro ingenuo de ello, que pueden o no hacer conciente, reconocer las causas de aquello que afecta sus organismos y formas de vida.
Y hablando de leyes del mercado quiero preguntar a quien se sirva desasnarme, ¿qué hacen, cómo reaccionan las leyes del mercado cuando por especulación con los alimentos, cientos de millones comienzan a sufrir dolores de barriga, a enfermar y morir? Por cierto, Venezuela es un lugar ideal para comprobar lo que son y como operan esas leyes del mercado.
Porque aquí no se trata solo de un tropismo histórico de mecánica acumulación, que desencadena variables imprevisibles e incontrolables por tanto para el conocimiento disponible. Sino que además tenemos un gobierno sensible, que desea e intenta convertir al ser humano en centro de la organización social y sus objetivos.
Motivo por el cual considera las necesidades y derechos humanos como prioridad, y así se asentó en la nueva constitución redactada por la Asamblea Constituyente y aprobada por referendo o plesbicito popular. Para lograr ese objetivo y tras el desabastecimiento intencional de alimentos y servicios, del boicot petrolero hace unos años, reguló los precios de los alimentos de primera necesidad en la dieta del venezolano.
Además de la sensata decisión de impulsar todo un sistema de medidas para la reforma y desarrollo agrario camino de la soberanía alimenticia. Pero resulta que en el caso particular del arroz, uno entre tantos, las “leyes del mercado” redujeron la capacidad de producción de las empresas privadas a la mitad, desabastecieron para presionar el consumo.
De esa mitad solo un 10% es arroz regulado, el 90% restante es saborizado, parbolizado, etc. Que por supuesto con una inversión irrisoria, se vende a dos y tres veces el precio regulado. Y como no hay otra cosa, a los que pueden no les queda sino consumirlo. Ahora hay que esperar para comprobar como operan las leyes del mercado, protegiendo el máximo de ganancia con la menor inversión sin matar de hambre a aquellos que la producen y consumen.
Seguramente a cierto punto cambiarán la conciencia de los productores privados instantáneamente y los sensibilizarán al hambre de la mayoría. A partir de entonces se convertirán en los Robin Hood modernos. Aunque también es posible que esas omnipotentes leyes produzcan comida sintética de igual valor alimenticio.
Hasta son capaces de revolucionar el organismo humano para que se alimente de aire, dejando atrás esta desagradable tarea de trabajar y sudar para sobrevivir. Aunque claro, con ello también quedarían atrás las urgencias y compulsiones fisiológicas y todos los negocios de compra venta que en ellas se apoyaban, y tendríamos que inventarnos nuevas formas para ocupar el tiempo disponible.
Es un interesante juego mental el imaginarse todo ese enorme espacio, energía y tiempo que liberaríamos y quedaría disponible, y reconocer todo lo que esa representación mental va movilizando en nuestras conciencias y cuerpos. Sería quizás casi tan poderoso y sorprendente como la liberación de la energía del átomo y las reacciones en cadena que provocó.
Afortunadamente en Venezuela no tenemos necesidad de esperar por todos esos milagros de las leyes reguladoras del libre mercado, porque solo en una semana las instituciones correspondientes intervinieron una sucursal del banco de inversiones Stanford y dos de las mayores procesadoras de arroz.
Se publicaron en gaceta los porcentajes de una lista de productos de primera necesidad que es obligatorio producir a precios regulados, en el caso del arroz 80%, y el 20% restante puede ser destinado a los productos que deseen presentar. De no cumplir con esos requisitos ya están preparados los decretos para expropiarlas.
Las presentes circunstancias no dejan mucho lugar a discusiones sobre ideologías abstractas que disfrazan intereses concretos. Porque la disyuntiva es clara, si en este punto de concentración de capitales y explotación de los trabajadores, se sigue afirmando la libertad de los propietarios de la producción de alimentos de hacer lo que quieran, cobrar lo que deseen y exportarlo a donde más les convenga, entonces el Estado ya no tiene ninguna utilidad y el gran negocio pasará a ser el de los administradores de cementerios y enterradores.
Cuando esta amenaza se cierne ya sobre grandes números de la población y su sombra se extiende a nivel planetario, es indudable que estamos ante el desmoronamiento de la organización socioeconómica imperante. Supongo que nadie será tan ingenuo como para pensar que todo seguirá igual como si nada pasara.
Ingenuo es creer que un tropismo histórico de acumulación de hábitos y creencias, cambiará sensible, conciente y voluntariamente su dirección cuando las circunstancias de vida así lo requieran. Si eso fuese posible, no serían necesarias las leyes e instituciones del Estado para supervisar las actividades económicas y sociales de las personas y empresas.
Si eso tuviese algún asiento en las actividades humanas, no hubiésemos llegado a las presentes circunstancias de desmoronamiento de todo un modelo mental y operativo, ni harían falta crecientes instituciones que vigilen y supervisen a los que vigilan y supervisan a otros. Tampoco seguiríamos contaminando la tierra cuando hace tiempo que sabemos que es imprescindible el respeto por el medio ambiente para que la vida continúe. Y por supuesto no habría cárceles, represión, torturas ni guerras disfrazadas o explícitas.
Por eso en el caso de Venezuela y las arroceras, se hace necesaria la intervención de las empresas que no respetan la producción de alimentos regulados vitales a la dieta del pueblo venezolano. Se hace necesario superponer la necesidad de la mayoría a los intereses personales que atentan contra y ponen en peligro la existencia.
Y de ser necesario, de no respetarse aún así lo estipulado constitucional y legalmente, el próximo paso será la expropiación convirtiéndola en empresa de producción social. Porque sin el respeto mínimo de los acuerdos convenidos no puede haber ni sostenerse organización social alguna. Menos aún cuando se llega a los extremos groseros de atentar contra las necesidades vitales de la mayoría.
A esa insensibilidad, ignorancia, ausencia de conciencia del entorno existencial, orgánico, no se me ocurre más que llamarle un tropismo o inercia ingenua de acumulación de hábitos y creencias. Podríamos también llamarle simplemente estupidez, pero de ese modo obviaríamos el estado de conciencia general que propicia estas circunstancias límites y la toma de conciencia necesaria para el cambio.
Que es el único modo de que en adelante brote de cada conciencia la decisión de responder con fidelidad, con sinceridad y sencillez a lo que su intimidad le dicta a cada paso y como dirección general o forma de vida. De otro modo tendremos que crear una policía social que le imponga por los medios necesarios las decisiones de la mayoría, a aquellas minorías incapaces de reconocer las exigencias de la vida.
Y por tanto un número creciente de nosotros, tendrá que dedicarse a las actividades de vigilancia y represión que tanto hemos odiado cuando nos ha tocado a nosotros ser sus víctimas. Quitándole además toda esa energía a la creatividad y constructividad necesaria a mejores niveles y/o calidades de vida.
Cuando así hayamos convertido a la vida en desconfianza, vigilancia y represión, ¿dónde quedarán nuestra expectativas y anhelos profundos de felicidad y libertad? Y sin ganar en alegría y libertad, ¿qué sentido puede tener hacer una revolución o cualquier otra actividad personal o social? ¿Reduciremos la vida a comer y evacuar agachaditos, mientras nos vigilamos unos a otros temerosa y preventivamente?
Devolver el poder al pueblo ha de significar necesariamente, quitárselo a las maquinarias burocráticas y corruptas de las instituciones, públicas y/o privadas. Ha de significar liberarnos y aliviarnos de ese peso creciente que significa desconfiar y vigilarnos unos de y a otros, sin importar si unos nos llamamos pueblos y otros autoridades públicas o privadas.
Y para que ese alivio del peso históricamente acumulado sea posible, hemos de reconocer que mientras solo operen en nosotros tropismos acumulativos de intereses, es decir hábitos y creencias sin la menor conciencia ni interés en las consecuencias que esas direcciones de acción acarrean a nuestro entorno lejano, mediato e inmediato, no llegaremos a ninguna otra circunstancia diferente a estas en la que hoy estamos.
Porque fue designando o aceptando la intervención de terceros para dirimir nuestros conflictos de intereses, que se comenzó a esbozar una figura de sabios jueces, tribunales, leyes e instituciones, que terminó convirtiéndose en la anquilosada y pesada estructura del estado burocrático, sin por ello cambiar en nada el tropismo creciente de intereses que la impulsa.
Si a alguien le resulta interesante como estadística, les cuento que he leído que en 2006 el país con menor número de presos por población general es Burkina Faso, con 23 por cada 100.000 habitantes. El que más, con abrumadora diferencia, Estados Unidos, con 738. En términos absolutos, el país con menos población reclusa es Islandia, con 119 personas en sus cárceles y el que más, Estados Unidos otra vez, con más de dos millones.
Parece entonces que cuanto mejor funcionan nuestras democracias liberales y representativas, más se llenan de presos las cárceles. Cárceles que por supuesto se entregan a organizaciones y empresas privadas que las convierten en lo que mejor saben hacer: florecientes negocios.
No queda claro si todos esos presos son personas incapaces de reconocer las bondades de tal sistema perfecto, o si se sienten insatisfechos con la función que les ha tocado cumplir en tal reparto. En todo caso las empresas privadas parece que están llegando a acuerdos con policías y jueces, para que aumente la cantidad de reclusos y con ello el negocio por supuesto.
Con o sin pistola y/o pistoleros, parece que volvemos entonces al salvaje y lejano oeste, aunque los paisajes y vestimentas no correspondan con la época. Pero a cambio tenemos los paraísos fiscales donde los especuladores operan protegidos por la ley y la población pasa a quedar totalmente desprotegida de los engañadores con sus flautas y serpientes.
Si no tuviésemos cuerpitos con necesidades que exigen energía íntima o esfuerzo para satisfacerlas, y ocasionan de no hacerlo algo tan molesto como el dolor, la enfermedad y la nauseabunda y desagradable descomposición de la muerte, es probable que este tan entretenido juego de los lucrativos negocios, que por tendencia mecánica se concentran crecientemente en cada vez menos manos, pudiese continuar divirtiéndonos con su pan y circo ad eternum.
Pero lamentablemente las leyes de vida se obstinan en recordarnos con incipientes dolores de alma y barriga, que somos organismos existentes en un gran y estructural organismo delicadamente regulado, en el que inevitablemente la afección de alguna de su partes o funciones, termina por acumulación y aceleración afectando al todo. ¿Globalización no?
Y para colmo estas estúpidas e insensibles leyes no hacen diferencias entre los buenos y los malos, a los ricos y a los pobres les duelen por igual sus barriguitas, se les mueren sus afectos, les suceden accidentes inesperados por mucho que traten de protegerse de ellos. No, estas leyes no parecen entender que no sabíamos lo que hacíamos y que la culpa siempre la tienen los demás.
Por eso terminamos estrellándonos contra una realidad estructural, que trasciende nuestras concepciones abstractas y sueños compensatorios, para caer duramente a tierra experimentando el dolor de despertar, en la medida de lo alto que volara nuestra afiebrada imaginación, insensible e ignorante del alcance de sus acciones en su medio ambiente.
Por eso no nos queda sino darnos cuenta de que hemos estado caminando sobre sueños de los que la vida nos despierta dolorosamente. Pero ese dolor es también amor de madre, porque nos da la posibilidad de reconocer y corregir nuestros errores de camino, nuestra ignorancia o limitada conciencia.
Libres y felices seremos cuando asumamos las consecuencias que nuestras acciones ocasionan a nuestro entorno natural y humano. Cuando reconozcamos y nos responsabilicemos de que lo que vivimos, no es sino la sumatoria o acumulación histórica de nuestras conductas, de nuestra dirección de vida.
Si no crecemos, si no maduramos, si no ampliamos sobre las espaldas de la responsabilidad de nuestras conductas nuestra conciencia, si inflingimos inútil e innecesario dolor y sufrimiento a nuestro entorno, en pos de igual de inútiles e innecesarios sueños de posesión e impunidad, no podemos aspirar sino a que las consecuencias de nuestros hechos golpeen nuestros cuerpos y conciencias. ¿No sucede así cuando ponemos las manos en el fuego o en un toma corriente?
La felicidad de la libertad, del amor, está al alcance de las manos, pero para ello tenemos que aprender de las leyes de la vida y respetarlas, de otro modo nos quemaremos e inútil será responsabilizar a otros, sean personas, gobiernos o dioses. Que no son más que pesadas maquinarias burocráticas acumuladas en aras de nuestra inconciencia e irresponsabilidad histórica.
Las leyes de vida no necesariamente implican dolor, porque cuando aprendemos a ser fieles a nuestra sensibilidad, podemos escuchar esa queda voz aconsejándonos sentida y hasta verbal, mentalmente, lo que es mejor para todos, es decir, justo y pacificador. Entonces ya no hacen falta autoridades que nos muestren palos y zanahorias.
Simple y únicamente eligiendo la dirección y la responsabilidad de hacer lo que reconocemos correcto, asumiendo sus consecuencias, se van haciendo innecesarias todas esas instituciones y cargas de nuestra insensibilidad e irresponsabilidad históricas.
El desmoronamiento de las superestructuras históricas por ser innecesarias, no se experimentará en consecuencia como generador de temor y caos, sino como liberador, como la afluencia natural de la paz, la justicia, la alegría de vivir, que no estarán represadas ya por nuestra ausencia de responsabilidad y las autoridades que designamos para sustituirla.
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LPyC/16/03/2009

FINANCISTAS DEL TERROR

DEMANDAN A LOS BANCOS QUE FINANCIARON LA DICTADURA
INVESTIGACION ESPECIAL: LOS SOCIOS CIVILES DE LA DICTADURA
Hijos de desaparecidos de la ciudad de La Plata demandarán a los bancos extranjeros que financiaron con sus créditos la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres Los prestamistas de la muerte
Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.
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Por Horacio Verbitsky
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<Varios bancos fueron mencionados en un fallo judicial como prestamistas de YPF, vía de entrada que empleaba la dictadura militar.
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Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.

Complicidad corporativa

Según el tribunal de Nuremberg el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”. Los bancos que otorgaron créditos a la dictadura argentina deberían reparar los daños personales sufridos dada su “responsabilidad por complicidad corporativa”. Una fuente valiosa de información sobre el tema fue una investigación académica en curso de la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Veerle Opgenhaffen, y del jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la misma universidad, donde será presentada el 14 de abril. El estudio consigna que en 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos. A mediados de la década de 1970 los bancos internacionales habían acumulado una enorme masa de petrodólares y presionaron a países de dudosa capacidad económica para que tomaran créditos, que en muchos casos usaron para reprimir a sus pueblos, como en el caso argentino. La caída de la demanda interna y de la actividad industrial provocados por la política de la dictadura militar hizo que el nivel de actividad de 1982 fuera 1,3 por ciento menor que en 1975. Entre 1976 y 1980 el déficit fiscal fue del 7,4 por ciento del PIB y entre 1981 y 1983 del 14,6 por ciento. Con el enfoque monetarista de aquellos años y la tablita de Martínez de Hoz, los ingresos públicos fueron menores que los gastos, como se ve en el cuadro, expresado en millones de dólares:
Ingresos
Gastos
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1975
4.587.700
7.418.788
.
1976
8.242.294
11.682.397
.
1977
16.400.397
18.731.123
.
1978
23.872.867
28.081.505
.
1979
35.570.706
42.942.564
.
1980
54.912.860
67.260.035
.
1981
31.288.550
43.947.663
.
1982
13.361.217
19.666.174
.
Sin embargo, el presupuesto militar creció a más del doble entre 1975 y 1983, tanto en términos absolutos (de 1278 a 2500 millones de dólares), como en porcentaje del Producto Interno Bruto (de 2,04 a 4,39 por ciento). Cuando los bancos exigieron el repago, comenzaron la crisis de la deuda y una fuerte recesión, que a su vez precipitó la transición democrática. El trabajo de los académicos reproduce una afirmación del Congreso estadounidense al analizar el rol del banco Riggs en relación con la dictadura chilena de Pinochet: “El financiamiento es la clave del terrorismo, la corrupción y otros actos delictivos”. Como reconocieron dirigentes blancos sudafricanos que durante décadas resistieron el boicot comercial: la clave es el financiamiento externo, sin el cual el aparato estatal se hubiera paralizado, incluyendo la represión.

Dolo eventual

Los artículos publicados en la prensa internacional, los informes públicos del gobierno de Estados Unidos y de los organismos de derechos humanos no dejaban dudas sobre la gravedad de la situación en la Argentina dictatorial, por lo cual los bancos no pueden alegar ignorancia acerca de los crímenes de lesa humanidad que contribuían a financiar. Lo más significativo fue la negativa del gobierno del presidente norteamericano James Carter a suministrar ayuda militar y financiera a la Argentina, debido a las violaciones a los derechos humanos y a las normas fundamentales del Derecho Internacional y su voto en contra de los créditos multilaterales solicitados por la dictadura al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. En marzo de 1977 el gobierno explicó esta política en el Congreso: Estados Unidos debía usar su voz y su voto en todos los bancos de desarrollo de los que formaba parte para defender los derechos humanos, dijo la subsecretaria de derechos humanos, Patricia Derian. Como consecuencia, en 1978 también la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), decidió no asegurar a empresas que quisieran invertir en la Argentina, debido a las serias violaciones a los derechos humanos. La Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación no incluyó a las empresas privadas que sostuvieron al criminal régimen del apartheid. Pero hay casos recientes tramitados en tribunales de los Estados Unidos que desarrollan ese concepto de la responsabilidad corporativa. Esos procesos fueron presentados contra

- la empresa bananera Chiquita, que contrató paramilitares colombianos para limpiar de sindicalistas sus plantaciones; bancos y empresas de distintos países que ayudaron a la Alemania nazi a prolongar la guerra por lo menos un año más, no devolvieron los depósitos a las víctimas o usaron mano de obra esclava;

- el banco Paris Paribas por haber entregado fondos al régimen de Saddam Hussein en violación del programa de Naciones Unidas Petróleo por Alimentos;

- Yahoo, por entregar información y archivos al gobierno chino que le permitieron identificar y torturar a un activista por los derechos humanos;

- Nestlé, por comprar cacao a plantaciones que usan mano de obra infantil;

- Unocal, por participar en el tendido de un oleoducto y contratar a fuerzas de seguridad responsables de trabajo forzoso, asesinatos y violaciones en Burma;

- el banco Barclays y otras compañías multinacionales que proveyeron de créditos, transporte y otros servicios esenciales para la implementación del apartheid en Sudáfrica.

Un precedente

Los mecanismos de justicia transicional tardaron en tomar en cuenta los factores económicos que permiten a un régimen reprimir a su población, como se aprecia en el “limitado alcance del informe de la CONADEP y en los mandatos de casi todas las comisiones de la verdad posteriores. El hecho de que en este momento se desenvuelvan juicios por aquellos crímenes ofrece una oportunidad única para que la Argentina establezca un precedente, demostrando la necesidad de considerar las complicidades civiles para determinar la verdad sobre el funcionamiento de un régimen determinado”, dice el trabajo de Opgenhaffen y Bohoslavsky. En la Argentina se compensaron los indultos de 1989 y 1990 con el dictado de varias leyes que establecieron el pago de reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y sus herederos, por un monto de unos 225.000 dólares por caso. Otro trabajo académico, realizado en 2005 por Christina Marie Wilson en la Facultad de Derecho de la Universidad Jesuita Fordham, también de Nueva York, analiza el destino de esas reparaciones en el caos económico que vivió la Argentina. El pago prometido se demoró y en 1997 se dispuso por decreto que las indemnizaciones se cancelaran con Bonos de Consolidación de Deuda Pública. En 2002 se pesificó su importe. Los bonos que se emitieron a cambio entraron en el proceso de renegociación de la deuda externa, en el que como los demás bonos sufrieron una quita de dos tercios de su valor. El trato que recibieron fue el mismo que el de los demás tenedores de bonos argentinos, pese a que en este caso no se trataba de inversores que corrieron un riesgo, sino de víctimas de la dictadura que recibieron esos bonos porque el Estado no pudo o no quiso pagarles en efectivo. Pero estas reparaciones, cuya devaluación el Estado explicó por sus dificultades económicas, no obstan para el reclamo a los bancos, que no tienen las limitaciones del Estado. Según Opgenhaffen y Bohoslavsky se trata de obtener “respuestas más completas en términos de enjuiciamientos, reparaciones y otros mecanismos de responsabilidad”, lo cual actuaría como disuasivo para el comportamiento empresarial en el futuro. También “combatiría la noción de que apenas fue la experiencia de un puñado de generales que desarrollaron solos una campaña asesina y plantearía importantes preguntas acerca del papel que jugaron los actores financieros privados para ayudar y prolongar la dictadura”.
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Por Horacio Verbitsky
Los bancos
Por Horacio Verbitsky
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Página/12 Web - Argentina/16/03/2009

15/3/09

La democracia en un taxi

Por:José Saramago
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El eminente estadista italiano que tiene por nombre Silvio Berlusconi, también conocido por el apodo de il Cavaliere, acaba de generar en su privilegiado cerebro una idea que lo coloca definitivamente a la cabeza del pelotón de los grandes pensadores políticos. Pretende él que, para obviar los largos, monótonos y tediosos debates y agilizar los trámites en las cámaras, senado y parlamento, sean los jefes de los grupos parlamentarios quienes ejerzan el poder de representación, acabándose al mismo tiempo con el peso muerto de unos cuantas cientos de diputados y senadores que, en la mayor parte de los casos, no abren la boca en toda la legislatura, salvo para bostezar. A mí, debo reconocerlo, me parece bien. Los representantes de los mayores partidos, tres o cuatro, digamos, se reunirían en un taxi de camino a un restaurante donde, alredor de una buena mesa, tomarían las decisiones pertinentes. Tras de sí llevarían, pero viajando en bicicleta, a los representantes de los partidos menores, que comerían en el mostrador, en caso de haberlo, o en una cafetería cercana. Nada más democrático. De camino podría comenzar a pensarse en liquidar esos imponentes, arrogantes y pretenciosos edificios denominados parlamentos y senados, fuentes de continuas discusiones y de elevados gastos que no aprovechan al pueblo. De reducción en reducción supongo que llegaríamos al ágora de los griegos. Claro, con ágora, pero sin griegos. Me dirán que a este Cavaliere no hay que tomarlo en serio. Sí, pero el peligro es que acabemos por no tomar en serio a quienes lo eligen.
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UNA LINEA DE CONDUCTA

LOS ESTUDIOS DE LA DICTADURA QUE LITIGAN CONTRA LA ARGENTINA
INVESTIGACION ESPECIAL:
A 33 años del golpe.
Los mismos estudios de abogados que sirvieron de sostén a la dictadura son los que ahora litigan contra el país por 14.000 millones de dólares ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). La lista completa de los abogados que actúan a favor de las empresas multinacionales en el Ciadi y su pertenencia a las entidades que defienden la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado.

¿Qué te puedo cobrar?
La justicia se ocupa a ritmo cansino de los responsables militares pero sus socios civiles prosiguen la destrucción del Estado. Abogados de las entidades que justificaron los crímenes de lesa humanidad actúan contra la Argentina en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Mano dura con los piqueteros pero apoyo a las patronales agropecuarias. El quien es quien del establishment jurídico que postró al país. Mañana: los bancos que financiaron el terror. Una investigación reveladora.
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Por Horacio Verbitsky
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Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional de París y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional exigen el pago de por lo menos 14.047 millones de dólares, más los intereses correspondientes a los años transcurridos desde la devaluación de 2002. El cálculo es intrincado porque cada contrato fija condiciones diferentes, pero según distintas fórmulas podrían oscilar entre 3000 y 11.000 millones de dólares más. Los casos en los que ya se produjeron condenas contra la Argentina ascienden a 1155 millones de dólares, más los intereses. Otros han sido suspendidos por acuerdo entre las partes que negocian nuevos contratos y algunos fallados a favor del país. Con escasas excepciones los abogados que patrocinan a esas empresas son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar de cuya implantación se cumplirán en pocos días 33 años y cuyos directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Maurizio Macri y Francisco de Narváez. En el cuadro que acompaña esta nota se publica por primera vez completa la nómina de esos abogados y su pertenencia a aquellas organizaciones de lobby económico y difusión ideológica, desde las cuales se defiende hasta hoy la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, la política económica del neoliberalismo y la represión de sus consecuencias sociales, salvo que se trate de las acciones directas emprendidas por las cámaras patronales agropecuarias. El cuadro también incluye a los abogados que actuaron como testigos y peritos en contra del Estado Nacional. En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”. Pero en mayo de 2005, cuando el Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, amagó identificar a quienes litigan contra el Estado en el Ciadi, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo dijo que eso afectaría “sus derechos de defensa y el libre ejercicio de la profesión” y “atentaría contra el régimen democrático” y la posibilidad de resistir “la prepotencia estatal”. ¿Nostalgia por la clandestinidad de la dictadura, tal vez?
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Hecha la ley
Ciadi es la sigla del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado por el Banco Mundial en 1967. Su secretario general es el ex primer ministro del Perú Bobby Dañino (sic). La legislación que permitió derivar a ese organismo la jurisdicción y la competencia que correspondían a los tribunales argentinos fue una de las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar en 1976, que con ese fin modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Su redacción histórica impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. En abril de 1976 el gobierno militar suprimió tal limitación. Ese decreto de un solo artículo se conoce como “Ley Nº 21.305” y fue fundamentado en la necesidad de “promover la cooperación económica y el comercio”. Al mismo tiempo se anuló el impuesto a la herencia, días después de que muriera el padre del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Su hijo homónimo es el director de la revista del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, donde firmó un artículo en defensa de ese sistema de arbitraje, que se consolidó con los tratados bilaterales de protección de inversiones (TPI) firmados durante el gobierno de Carlos Menem. Según Martínez de Hoz (h.) las obligaciones que surgen del Ciadi tienen carácter multilateral, sus laudos son autosuficientes y no pueden ser impugnados ante los tribunales locales. Por eso, agrega, no puede aplicárseles la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso Cartellone, de 2004, “argumentando que son contrarios a la Constitución Nacional o al ordenamiento jurídico interno del país receptor de la inversión”. Por el contrario, Martínez de Hoz (h.) sostiene que un laudo del Ciadi podrá ser invocado como defensa ante una acción dentro del país. Se basa en un nuevo decreto, que el dictador Roberto Viola firmó en 1981 y que ningún gobierno constitucional modificó, por el cual la prórroga de jurisdicción en favor de “jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República” no se aplica “en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley”. Bastaría con una ley de artículo único, que volviera a la redacción histórica del Código Procesal para poner en crisis esta industria del juicio contra el Estado ante árbitros parciales y no sujetos a control alguno, como denunció el ex juez de la Corte Suprema Héctor Masnatta en una presentación en la que consiguió que por disposición del juez argentino Ernesto Marinelli la Cámara de Comercio Internacional de París suspendiera el arbitraje por Yacyretá, en 2005.
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La puerta de servicio
En 1984, mientras la Comisión del Congreso que investigaba la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal, por la puerta y la escalera de servicio escaparon José Alfredo Martínez de Hoz (h.) y Mariano Grondona (h.) con dos valijas cargadas de documentación. Klein fue secretario de Planificación de Martínez de Hoz. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con él. El Estado terminó pagando por la empresa 400 millones de dólares. Dos centenares de carpetas sustraídas por Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas luego en el domicilio de un familiar y permitieron reconstruir también la operatoria de fuga de capitales realizada a través de ese y de otros estudios jurídicos, por la que el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa que condicionó el desenvolvimiento de la economía al concluir la dictadura. El 27 de abril de 1976, Videla y Martínez de Hoz crearon nueve comisiones asesoras honorarias encargadas de proponer soluciones a los litigios con grandes empresas, la mayoría extranjeras. También entonces el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo fue la cantera de reclutamiento para el aporte civil a estas comisiones. En tres de ellas fueron designados sus miembros Alberto Rodríguez Galán (Siemens), Alejandro Lastra (Shell) y Horacio García Belsunce (Compañía Azucarera Tucumana). Además, en cada comisión había un coronel, un capitán de navío y un comodoro con aptitud especial en negocios. Al presentarlas, Martínez de Hoz dijo que esos litigios no debían ser “fácil pasto para la demagogia hecha a expensas de los verdaderos y sanos intereses del país, que están por encima de los intereses sectoriales”. Hasta su designación como ministro de Economía, Martínez de Hoz presidió la Italo. Por esa razón se excusó de intervenir. Sin embargo, la comisión investigadora estableció que el ministro impartió directivas y orientó el trabajo del que por razones éticas no podía participar y que constituye un modelo histórico de prevalencia del interés sectorial sobre el nacional. Ahora su hijo homónimo y el de Mariano Grondona exigieron 1800 millones de dólares en nombre de la eléctrica chilena Enersis y 480 millones en representación de la petrolera alemana Wintershall. Este último caso fue rechazado porque no se agotaron primero los recursos internos. Rodolfo Barra representa ante el Ciadi a dos grupos de bonistas italianos que reclaman 21 millones de euros y medio millón de dólares. Entre tantos cargos públicos olvidó que su paso por la Corte Suprema de Justicia lo inhibe moralmente de litigar contra el Estado Nacional, como le recordaron a Gustavo Bossert cuando firmó un dictamen técnico, que Telefónica usó contra la Argentina en el Ciadi. Como experto o testigo figura el constitucionalista Alberto Angel Bartolomé Bianchi, quien en la década anterior fue procesado junto con Barra por un juicio en el que la provincia de Catamarca, a la que representaban, les reprochó haber actuado a favor de la contraparte. El mismo Bianchi, junto con Héctor Mairal, actúa en la demanda por 4500 millones de dólares iniciada por Giovanna Beccara y otros bonistas italianos. Mairal&O’Farrell es el estudio que representa a British Gas, que reclamó 238 millones de dólares más interés compuesto por la devaluación sin ajuste tarifario y a las eléctricas chilenas, en otro caso en el que Bianchi es testigo. El ex secretario de la Corte Guido Tawill es uno de los representantes del estudio Bomchil que lleva algunos de los casos de mayor envergadura patrimonial: el de Azurix contra la provincia de Buenos Aires (por 566 millones de dólares); el de Enron (639 millones de dólares), Camuzzi Internacional, controlante de las distribuidoras Gas del Sur y Gas Pampeana (337 millones de dólares); el de CMS Gas Transmisson, (243,6 millones de dólares). También figuran en forma destacada en la lista los ex socios Emilio Cárdenas y Juan Carlos Cassagne, quienes pidieron 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia. Cassagne colaboró con Barra y con Roberto Dromi en el diseño de las privatizaciones de los ’90.
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Cuestión de eficacia
Fores es una institución de lobby creada en octubre de 1976, según sus propias declaraciones para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con “el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional”. Sus estatutos contemplan que en caso de disolución sus bienes pasarán al Colegio de Abogados de la Calle Montevideo. Uno de sus fundadores fue Jaime Lamont Smart, quien como ministro bonaerense de gobierno patrocinó las Conferencias sobre la Reforma Judicial que organizó Fores en 1977 y 1978, presididas por los generales Albano Harguindeguy, Manuel Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean y auspiciadas por Acindar y la embajada de los Estados Unidos. “Se ha ganado una guerra y se está alcanzando la paz, a la que contribuimos”, sostuvo el presidente de Fores en las de 1978, luego de fustigar como “factor político espurio al poder sindical, al exagerado crecimiento de las funciones del Estado”. Explicó así la participación de Fores en la formulación del plan político de la Junta Militar: “Los hombres de derecho debemos hacer un imprescindible aporte a los hombres de armas”. En 1979 Fores informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en la Argentina la justicia era “independiente como nunca antes”. En marzo de 2007, en cambio, sostuvo que el Poder Ejecutivo amenazaba y presionaba a los jueces y ponía en peligro la independencia judicial. El 16 de septiembre de 1979, el presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Manuel V. Ordóñez, dijo que la situación de los derechos humanos era mucho peor en los Estados Unidos que en la Argentina, porque “no hay cientos sino miles de presos políticos”. Según contó en el juicio a las juntas en 1985, agradeció al gobierno militar “que hubiera vencido a la subversión”. Su compañero de directiva Ernesto O’Farrell sostuvo que “el país sufrió una agresión terrorista de magnitud desconocida y que las Fuerzas Armadas procedieron en forma eficaz”. Ese tiempo pasado fue mejor: el 3 de marzo de este año el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo afirmó que la investigación del Consejo de la Magistratura sobre ocho jueces de la Cámara de Casación por demorar causas sobre la represión agraviaba la independencia del Poder Judicial.
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A la derecha de la dictadura
En 1983 el presidente de Fores Horacio M. Lynch, publicó en la revista del Colegio de Abogados un elogio de la justicia sudafricana del apartheid y de “la férrea posición anticomunista de su gobierno, jaqueado por vecinos entregados a la órbita soviética”. A la derecha de la propia dictadura, en 1983 Fores cuestionó el Documento Final firmado por la última Junta Militar, porque no analizó “las razones de la renuncia a las vías legales para reprimir”. Con toda coherencia reclamó la estabilidad de los jueces designados por las Fuerzas Armadas y llegó a sostener que “jamás los jueces actuaron con tanta libertad como durante el Proceso de Reorganización Nacional”. En 1985, Fores publicó un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que afirmó que “los maestros que envenenan la mente” son los responsables cuando un grupo armado “arranca a un muchacho de su casa y lo acribilla a balazos”. Quienes hoy escriben “en las paredes consignas terroristas, morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos?”. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas le pareció ideológico, incompleto y deficitario, porque no explica el fenómeno de la violencia subversiva y presenta a las víctimas como “personas inocentes”. Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Fores se opuso a todas sus iniciativas en materia de economía, justicia y seguridad, e impugnó los pliegos con las designaciones de Esteban Righi (la Ley de Amnistía de 1973 y la disolución del Camarón Federal en lo Penal “destruyeron las vías legales de combate al terrorismo, contribuyendo a la posterior represión ilegal”), Raúl Zaffaroni (“centra su preocupación en los derechos de los imputados”) y Carmen Argibay (“realizó imprudentes declaraciones periodísticas sobre el aborto”).
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La nueva generación
El ex director académico de Fores e investigador senior de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, Germán Garavano, es el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesto por el bloque macrista. Unidos por la Justicia fue fundada en 2003 por el empresario De Narváez, como parte de su desembarco político. Además la Fundación Creer y Crecer, que De Narváez creó a principios de siglo y que compartió durante los primeros años con Macri, financió una investigación de Fores, dirigida por Garavano, sobre las Condiciones Legales para el Desarrollo Económico y Social y las regulaciones estatales que obstaculizarían el crecimiento, y otra dirigida por el actual presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Enrique V. Del Carril, y por su antecesor, Horacio M. Lynch, sobre reforma del Poder Judicial. Garavano ni siquiera se privó de participar en un seminario sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto a Julio Alberto Cirino, el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que durante la dictadura fue enlace con la embajada de los Estados Unidos, reconvertido luego en conferencista sobre seguridad y terrorismo, hasta su detención en noviembre pasado para responder por los crímenes de lesa humanidad que para el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo constituyen “un concepto impreciso”.
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Página/12 Web - Argentina/15/03/2009

Bin Laden acusa a los países "moderados" árabes de conspirar contra los musulmanes

El líder de la red terrorista Al Qaeda insta a preparar seriamente la guerra santa
El Cairo - El líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, ha acusado a los países árabes "moderados" de conspirar con la "alianza cruzada-sionista" (Occidente e Israel) contra la nación musulmana en una grabación sonora difundida por la televisión qatarí Al Yazira.

"Está claro que algunos gobernantes árabes conspiran con la alianza cruzada-sionista contra nuestra gente, y EEUU los llama países moderados", remarcó Bin Laden.

Aunque no los nombró, Bin Laden se refería a Egipto, a Jordania y a Arabia Saudí. En ese sentido, dijo que todos los ejércitos "oficiales" del mundo islámico "están bajo el mando de gobernantes hipócritas". Asimismo, subrayó que los ejércitos no oficiales (milicias) controlados por dirigentes islamistas consideran que los gobernantes carecen de legitimidad.
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El "holocausto" israelí
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"Está claro que algunos gobernantes árabes conspiran contra nuestra gente"
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Bin Laden también se refirió al último ataque israelí contra la franja de Gaza y la calificó de "holocausto".

El "holocausto de Gaza fue un importante acontecimiento histórico, una tragedia que confirma la necesidad de que los hipócritas han de ser separados de los musulmanes".

En ese contexto, dijo que no se podía volver a la situación anterior a la operación militar israelí que comenzó el pasado 27 de diciembre

"Lo que se debe hacer es preparar seriamente la guerra santa. El camino para liberar la Mezquita de Al Aqsa requiere dirigentes veraces, independientes, fuertes y honestos, que estén a la altura de los acontecimientos, y conocedores de la religión", dijo Bin Laden.
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"Lo que se debe hacer es preparar seriamente la guerra santa"
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Para ese fin, el líder de Al Qaeda instó a la formación de un órgano con varias sedes regionales que aconseje y conciencie al pueblo islámico política y religiosamente. Igualmente, instó a buscar combatientes fuera del "collar" (los países vecinos de los territorios palestinos) para que liberen a Al Aqsa.

En ese sentido, subrayó que existe una "valiosa oportunidad para quienes desean liberar Al Aqsa. Primero liberando Irak, y luego, trasladándose a Jordania, para, desde ahí, movilizarse a Cisjordania y así abrir las fronteras con la fuerza para liberar todo Palestina".

La última grabación de Bin Laden se remonta al pasado enero, en plena campaña militar israelí contra Gaza, que se prolongó desde el 27 de diciembre hasta el 18 de enero y que causó más de 1.400 muertos palestinos.

Entonces, el máximo líder de Al Qaeda ya instó a declarar la "guerra santa " para defender la franja de Gaza de la agresión israelí.
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Público - España/15/03/2009

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