ESPAÑA

Corrupción urbanística: la punta del iceberg
Toni García

En los últimos meses se han generalizado los casos de corrupción urbanística destapados bien sea por la oposición política en ayuntamientos o comunidades autónomas, bien sea por periodistas o por movimientos vecinales o ecologistas. Algunos voceros políticos y periodísticos han intentado mostrarse tristemente sorprendidos por estos episodios de inquina moral y política, y se han apresurado a desmarcarse de estos "casos particulares", en ocasiones incluso tomando medidas ejemplarizantes como la expulsión automática de estas personas de sus cargos en los respectivos partidos políticos. El propio presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, se ha involucrado en la cuestión, proponiendo uno de esos pactos de Estado con la oposición que tanto le gustan, en este caso contra la corrupción en los partidos políticos y las instituciones públicas.

Todo ello no debe nublarnos la vista sino inducirnos a la sospecha sistemática y a la creencia popular generalizada de que prácticas tales como el desempeño simultáneo o consecutivo de cargos públicos con puestos de dirección en empresas privadas, la adjudicación irregular o manifiestamente ilegal de obras y contratas, la recalificación masiva de suelo (práctica amparada, en ocasiones, por la Ley del Suelo promulgada por el PP en 1998), el tráfico de información privilegiada, etc., son más habituales de lo que pudiera parecer.

Lo verdaderamente preocupante son todas las complejas repercusiones sociales que comporta esta situación, a menudo dramáticas. Uno de los casos más flagrantes es el de la ya célebre Marbella, donde este tipo de prácticas son constantes desde hace más de veinte años. Actualmente se está desarrollando una operación judicial (Malaya) por la que ya se encuentran imputadas varias decenas de personas, vinculadas a varios partidos políticos y a numerosas empresas constructoras e inmobiliarias. Las implicaciones sociales que los sucesivos escándalos de este tipo han provocado son muy grandes, llegando literalmente a dividir a la población en dos bandos enfrentados: los perjudicados por las actuaciones ilegales de los poderes públicos y por las prácticas mafiosas, y los beneficiados por ellas, en forma de empleo, favores, bonanza económica, etc. Es decir, que existe una gran cantidad de personas que, directa o indirectamente, se han visto beneficiadas por esta situación.

Otra situación preocupante es la que se produce en la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno se ha visto recientemente salpicado por sospechas de corrupción en los planes de ordenación urbana de gran cantidad de municipios de la región, y que ha desembocado, de momento, en la dimisión del Director General de Urbanismo, Enrique Porto Rey, que, mientras ocupaba este cargo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, recibía pagos de la sociedad Plarquin, impulsora de numerosos proyectos de urbanización descontrolada en muchos municipios. La cuestión del desarrollo urbanístico es especialmente grave en los municipios de la sierra del Guadarrama, donde está planificado crear un nuevo Parque Nacional, en torno al cual se podrían construir varios miles de nuevas viviendas, zonas vacacionales, etc. Estos planes también dividen a los ayuntamientos y a las poblaciones de la zona, entre quienes se encuentran los partidarios de la urbanización sin control en aras del desarrollo económico de la zona y quienes apuestan por la conservación del patrimonio natural y las formas rurales de vida.

Un último ejemplo de los problemas que desencadena el actual modelo urbanizador lo encontramos en el municipio toledano de Seseña, donde también está de actualidad el conflicto entre el actual equipo municipal dirigido por IU y el principal empresario de la localidad, Francisco Hernando, conocido como "el Pocero", que comenzó a construir, con el beneplácito del anterior gobierno municipal y del gobierno autonómico, ambos del PSOE, una nueva ciudad de más de 13000 viviendas en una localidad que actualmente cuenta con tan solo 9000 habitantes. Esta "Manhattan" toledana, como se la conoce popularmente, se encuentra actualmente paralizada por las dudas del ayuntamiento sobre las licencias concedidas tras una recalificación de 1'8 millones de metros cuadrados, de los cuales el Pocero compró un 44% tan solo dos semanas antes de la aprobación por el anterior gobierno municipal. Pero la lucha del nuevo ayuntamiento se produce casi en solitario, ya que la influencia del empresario sobre la localidad es enorme. Desde que se destapó el asunto, el alcalde y todo su equipo reciben todo tipo de amenazas y extorsiones, y en varias ocasiones han tenido que ser protegidos por la policía. ¿Los atacantes? Los más de 800 empleados y sus familias, que ven peligrar sus puestos de trabajo si las obras no continúan. El pasado 13 de noviembre se volvían a manifestar exigiendo "¡Licencias, ya!", algo de esperar en un país donde las construcción (no sólo de vivienda sino también de infraestructuras megalómanas) ocupa un 12'5% del empleo total, cifra que alcanza un 19% en provincias como Málaga y Almería, cuando la media de la UE no alcanza el 8%.

Y éste es el complejo panorama en el que nos movemos. Por eso nos cuesta creer que simplemente persiguiendo los casos de corrupción urbanística (es decir, aquellos en los que aparecen actuaciones ilegales) se puedan solucionar los graves problemas que afectan a todo el Estado español en lo que se refiere a urbanismo y vivienda. Los casos de corrupción son tan solo la punta del iceberg del boom constructor y especulador de los últimos años, que a menudo también ha venido promovido por la legislación vigente, y no tanto contra ésta. La Ley del Suelo de 1998 prometía que agilizando la conversión de prácticamente todo el territorio a la condición de urbanizable se conseguiría abaratar el suelo y, por tanto, fomentar la construcción y solucionar el problema de gran parte de la población española para acceder a una vivienda. La falsedad de este objetivo último además de la incorrección de la cadena lógica quedan manifiestas cuando se miran los datos sobre la cuestión: precisamente desde finales de 1997 hasta hoy los precios de la vivienda han subido en un 177%, a pesar de las recalificaciones masivas y de un crecimiento increíble de la construcción: desde 1998 a 2005 se han construido unas 600.000 viviendas nuevas por año, de las cuales tan solo un pequeño porcentaje era adquirido en condición de primera vivienda.

El error en la diagnosis del verdadero problema es evidente. Desde las administraciones públicas, desde las constructoras e inmobiliarias, desde los bancos y cajas de ahorros, se nos hizo creer que había un problema de escasez de viviendas, cuando lo que realmente ocurre es que hay un problema en la distribución de las mismas, y en el propio modelo urbanizador. Según el censo de 2001, en todo el Estado existían más de 3 millones de viviendas vacías, sin contar las "segundas residencias". Y a pesar de ello, los precios de venta y alquiler no han dejado de aumentar hasta el momento actual, cuando parece que se van, cuanto menos, ralentizando.

Por eso la disyuntiva ante la que nos encontramos es la de denunciar y criticar simplemente los casos de conductas ilícitas o ir al fondo del asunto y poner en cuestión todo un modelo de desarrollo urbanístico y económico. El naciente pero potente movimiento por el acceso a una vivienda digna que se está desarrollando en todo el Estado tiene claro que el cada vez mayor problema para el acceso a la vivienda entre multitud de sectores sociales (jóvenes, familias, inmigrantes…) no obedece a factores más o menos coyunturales ni es consecuencia de la corrupción, sino de un modelo económico y urbanístico estructural, el que privilegia la acción privada frente al interés público, el que ningunea los derechos de las personas (recogidos incluso en la Constitución española) a disponer de una vivienda digna y de un medio ambiente saludable en beneficio de unos pocos que quieren hacer de ellos un negocio.

En los últimos meses se han generalizado los casos de corrupción urbanística destapados bien sea por la oposición política en ayuntamientos o comunidades autónomas, bien sea por periodistas o por movimientos vecinales o ecologistas. Algunos voceros políticos y periodísticos han intentado mostrarse tristemente sorprendidos por estos episodios de inquina moral y política, y se han apresurado a desmarcarse de estos "casos particulares", en ocasiones incluso tomando medidas ejemplarizantes como la expulsión automática de estas personas de sus cargos en los respectivos partidos políticos. El propio presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, se ha involucrado en la cuestión, proponiendo uno de esos pactos de Estado con la oposición que tanto le gustan, en este caso contra la corrupción en los partidos políticos y las instituciones públicas.

Todo ello no debe nublarnos la vista sino inducirnos a la sospecha sistemática y a la creencia popular generalizada de que prácticas tales como el desempeño simultáneo o consecutivo de cargos públicos con puestos de dirección en empresas privadas, la adjudicación irregular o manifiestamente ilegal de obras y contratas, la recalificación masiva de suelo (práctica amparada, en ocasiones, por la Ley del Suelo promulgada por el PP en 1998), el tráfico de información privilegiada, etc., son más habituales de lo que pudiera parecer.

Lo verdaderamente preocupante son todas las complejas repercusiones sociales que comporta esta situación, a menudo dramáticas. Uno de los casos más flagrantes es el de la ya célebre Marbella, donde este tipo de prácticas son constantes desde hace más de veinte años. Actualmente se está desarrollando una operación judicial (Malaya) por la que ya se encuentran imputadas varias decenas de personas, vinculadas a varios partidos políticos y a numerosas empresas constructoras e inmobiliarias. Las implicaciones sociales que los sucesivos escándalos de este tipo han provocado son muy grandes, llegando literalmente a dividir a la población en dos bandos enfrentados: los perjudicados por las actuaciones ilegales de los poderes públicos y por las prácticas mafiosas, y los beneficiados por ellas, en forma de empleo, favores, bonanza económica, etc. Es decir, que existe una gran cantidad de personas que, directa o indirectamente, se han visto beneficiadas por esta situación.

Otra situación preocupante es la que se produce en la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno se ha visto recientemente salpicado por sospechas de corrupción en los planes de ordenación urbana de gran cantidad de municipios de la región, y que ha desembocado, de momento, en la dimisión del Director General de Urbanismo, Enrique Porto Rey, que, mientras ocupaba este cargo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, recibía pagos de la sociedad Plarquin, impulsora de numerosos proyectos de urbanización descontrolada en muchos municipios. La cuestión del desarrollo urbanístico es especialmente grave en los municipios de la sierra del Guadarrama, donde está planificado crear un nuevo Parque Nacional, en torno al cual se podrían construir varios miles de nuevas viviendas, zonas vacacionales, etc. Estos planes también dividen a los ayuntamientos y a las poblaciones de la zona, entre quienes se encuentran los partidarios de la urbanización sin control en aras del desarrollo económico de la zona y quienes apuestan por la conservación del patrimonio natural y las formas rurales de vida.

Un último ejemplo de los problemas que desencadena el actual modelo urbanizador lo encontramos en el municipio toledano de Seseña, donde también está de actualidad el conflicto entre el actual equipo municipal dirigido por IU y el principal empresario de la localidad, Francisco Hernando, conocido como "el Pocero", que comenzó a construir, con el beneplácito del anterior gobierno municipal y del gobierno autonómico, ambos del PSOE, una nueva ciudad de más de 13000 viviendas en una localidad que actualmente cuenta con tan solo 9000 habitantes. Esta "Manhattan" toledana, como se la conoce popularmente, se encuentra actualmente paralizada por las dudas del ayuntamiento sobre las licencias concedidas tras una recalificación de 1'8 millones de metros cuadrados, de los cuales el Pocero compró un 44% tan solo dos semanas antes de la aprobación por el anterior gobierno municipal. Pero la lucha del nuevo ayuntamiento se produce casi en solitario, ya que la influencia del empresario sobre la localidad es enorme. Desde que se destapó el asunto, el alcalde y todo su equipo reciben todo tipo de amenazas y extorsiones, y en varias ocasiones han tenido que ser protegidos por la policía. ¿Los atacantes? Los más de 800 empleados y sus familias, que ven peligrar sus puestos de trabajo si las obras no continúan. El pasado 13 de noviembre se volvían a manifestar exigiendo "¡Licencias, ya!", algo de esperar en un país donde las construcción (no sólo de vivienda sino también de infraestructuras megalómanas) ocupa un 12'5% del empleo total, cifra que alcanza un 19% en provincias como Málaga y Almería, cuando la media de la UE no alcanza el 8%.

Y éste es el complejo panorama en el que nos movemos. Por eso nos cuesta creer que simplemente persiguiendo los casos de corrupción urbanística (es decir, aquellos en los que aparecen actuaciones ilegales) se puedan solucionar los graves problemas que afectan a todo el Estado español en lo que se refiere a urbanismo y vivienda. Los casos de corrupción son tan solo la punta del iceberg del boom constructor y especulador de los últimos años, que a menudo también ha venido promovido por la legislación vigente, y no tanto contra ésta. La Ley del Suelo de 1998 prometía que agilizando la conversión de prácticamente todo el territorio a la condición de urbanizable se conseguiría abaratar el suelo y, por tanto, fomentar la construcción y solucionar el problema de gran parte de la población española para acceder a una vivienda. La falsedad de este objetivo último además de la incorrección de la cadena lógica quedan manifiestas cuando se miran los datos sobre la cuestión: precisamente desde finales de 1997 hasta hoy los precios de la vivienda han subido en un 177%, a pesar de las recalificaciones masivas y de un crecimiento increíble de la construcción: desde 1998 a 2005 se han construido unas 600.000 viviendas nuevas por año, de las cuales tan solo un pequeño porcentaje era adquirido en condición de primera vivienda.

El error en la diagnosis del verdadero problema es evidente. Desde las administraciones públicas, desde las constructoras e inmobiliarias, desde los bancos y cajas de ahorros, se nos hizo creer que había un problema de escasez de viviendas, cuando lo que realmente ocurre es que hay un problema en la distribución de las mismas, y en el propio modelo urbanizador. Según el censo de 2001, en todo el Estado existían más de 3 millones de viviendas vacías, sin contar las "segundas residencias". Y a pesar de ello, los precios de venta y alquiler no han dejado de aumentar hasta el momento actual, cuando parece que se van, cuanto menos, ralentizando.

Por eso la disyuntiva ante la que nos encontramos es la de denunciar y criticar simplemente los casos de conductas ilícitas o ir al fondo del asunto y poner en cuestión todo un modelo de desarrollo urbanístico y económico. El naciente pero potente movimiento por el acceso a una vivienda digna que se está desarrollando en todo el Estado tiene claro que el cada vez mayor problema para el acceso a la vivienda entre multitud de sectores sociales (jóvenes, familias, inmigrantes…) no obedece a factores más o menos coyunturales ni es consecuencia de la corrupción, sino de un modelo económico y urbanístico estructural, el que privilegia la acción privada frente al interés público, el que ningunea los derechos de las personas (recogidos incluso en la Constitución española) a disponer de una vivienda digna y de un medio ambiente saludable en beneficio de unos pocos que quieren hacer de ellos un negocio.