MEXICO

Derechos Humanos encarece la transparencia
Si bien el marco legal ha tenido ciertos avances para fomentar la transparencia de las instituciones, en la vida cotidiana los ciudadanos se encuentran con grandes trabas para ejercer su derecho, así lo documenta la investigadora Graciela Rodríguez, de la institución Fundar, quien aseguró que acceder a dos expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un costo de 90 mil pesos.
05-03-2007 (Diario Hispano Mexicano)

Convocadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el pasado 27 de de febrero se realizó una sesión informativa en la que participaron el Programa Atalaya del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Fundar, Centro de Análisis e Información.

Estas instituciones, dedicadas a evaluar la gestión y la rendición de cuentas, en este caso, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentaron un informe crítico respecto al desempeño del organismo nacional protector de los derechos humanos.

Ante un auditorio que no contó con la presencia del ombudsman José Luis Soberanes, Graciela Rodríguez, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, denunció que la CNDH tiene grandes vicios con respecto al derecho de acceso de información.

Como ejemplo de ello indicó que la CNDH cobra 93 pesos las copias testadas, así, dos expendientes generarían un gasto de casi 90,000 pesos, mientras que seis expedientes de queja superarían el medio millón de pesos. Ante este panorama, la investigadora acusó que el organismo hace inviable, en la práctica, el ejercicio del derecho a la información.

A la par del oneroso costo que generaría acceder a la información pública de la Comisión, la investigadora denunció otra grave falta del organismo al querer ocultar los nombres de quienes participan en las sesiones de su Consejo Consultivo, ya que considera que se trata de datos personales. Sin embargo, Graciela Rodríguez aclaró que la sociedad tiene el derecho de conocer y evaluar su desempeño, ya que dichos consejeros ejercen una función pública y protestan su cargo ante el Senado de la República.

Así, más allá de la ambigüedad con la cual trabajan los funcionarios del organismo -como lo afirmaron en la reunión los investigadores del Programa Atalaya-, resulta incongruente que la institución que se encarga de velar por los derechos humanos, descarte en la práctica el acceso a la información pública, al no facilitar la transparencia para los ciudadanos mediante procesos sencillos y económicos.