En Bolivia el neoliberalismo se lo juega todo
La explosiva situación política que vive Bolivia, la cual amenaza con romper el hilo constitucional y hacer saltar la integridad política y geográfica del país, convulsionando a la región entera, es quizá, la dramática expresión de una de las últimas grandes batallas que libra el neoliberalismo en América Latina.
Arraigado en la región más favorecida de ese país, el oriente, y dirigido por poderosas élites económicas, el neoliberalismo boliviano, con el respaldo de EEUU, parece dispuesto a jugárselas todas en su confrontación con el Gobierno de las mayorías indígenas que lidera el presidente Evo Morales.
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Arraigado en la región más favorecida de ese país, el oriente, y dirigido por poderosas élites económicas, el neoliberalismo boliviano, con el respaldo de EEUU, parece dispuesto a jugárselas todas en su confrontación con el Gobierno de las mayorías indígenas que lidera el presidente Evo Morales.
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Aurelio Gil Beroes
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Caracas - Conscientes de que las propuestas autonómicas, tal y como están planteadas, son inconstitucionales, se empeñan en tensar la cuerda al máximo, con ánimo abiertamente desestabilizador.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, el pasado 18 de Abril, subrayó la inconstitucionalidad de los referendos y llamó a sus promotores a dejar a un lado la intransigencia.
Rada dijo a Telesur: “Cuando señalamos intransigencia estamos hablando que hay sectores cívicos y empresariales que, llevados por un afán político de oposición al gobierno de Evo Morales, insisten en una convocatoria ilegal a un acto no vinculante”.
La cuestión legal
En Bolivia hay una Ley Marco de Referéndum que indica que la convocatoria a referendos sólo puede hacerla el Congreso Nacional, y no un prefecto departamental (gobernador), o por una Corte Departamental Electoral (CDE), como pretenden las élites económicas de la llamada “media luna” del este boliviano, compuesta por las provincias de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, cuatro de las nueve que integran a Bolivia.
Esta Ley establece en su Artículo 5 que las iniciativas para la convocatoria a una consulta popular como el referendo sólo pueden provenir del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, siempre, en este último caso, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Esto es desconocido a conciencia por las provincias de la “media luna”, en franco desafío a la institucionalidad democrática del país.
Oligarquías acorraladas
En su accionar, las élites económicas y políticas de las provincias “alzadas”, están presionadas por una doble circunstancia.
En el plano interno se encuentran arrinconadas por la amenaza que significa la creciente inclusión que promueve el gobierno de vocación popular del presidente Evo Morales, y la reafirmación y conquista de nuevos y más derechos de vida para millones de indígenas por siempre relegados y olvidados.
Mientras, en el escenario regional se ven apremiados por los sucesivos triunfos de gobiernos progresistas (el más reciente el de Fernando de Lugo, en Paraguay), que se orientan a la consecución de justicia, igualdad y soberanía para nuestros pueblos.
Por eso la oligarquía boliviana, anticipando el fin de su tiempo, y con el apoyo del Gobierno estadounidense, se aferra con uñas y dientes a sus privilegios de siempre, queriendo perpetuarlos con la separación de Bolivia, de las provincias que controlan económica y políticamente.
Las dos zonas geográficas
Conviene explicar que, geográficamente, Bolivia presenta una clara diferenciación entre la zona central de la alta meseta andina (departamentos de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro) y una zona, al este, de medias y bajas elevaciones y también amplias llanuras.
La zona de la alta meseta, más deprimida económicamente, ha sido tradicionalmente, productora de minerales, mientras que la del este posee las mejores tierras aluvionales, gas y petróleo. Es allí donde están asentadas las élites económicamente poderosas que controlan la agroindustria, el comercio, la banca, los medios de comunicación más importantes, que hoy promueven los referendos autonómicos.
Algunas diferencias
Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Bolivia, menos de un centenar de familias, principalmente asentadas en la zona de la llamada media luna, poseen, aproximadamente, 25 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables, cinco veces más que 2 millones de indígenas y campesinos. Además, controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca, los principales medios de comunicación. Además han desarrollado importantes vínculos con las transnacionales que explotan el petróleo y gas, recursos nacionalizados en el 2005 por el gobierno de Morales.
El periodista boliviano Alex Contreras Baspineiro, en su artículo Bolivia ¿camino al abismo? (Alai-Amlatina, 23 Abr. 2008) cita un ilustrativo dato del Instituto Nacional de Reforma Agraria de su país: “…sólo 15 familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen en superficie a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz, donde habita un millón de personas”.
División y racismo
El Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, tal y como se denomina este instrumento, guía del afán separatista de las élites bolivianas, fue aprobado el 13 de Diciembre pasado, y consta de 168 artículos, entre los cuales, bajo el lema: “¡Arriba cruceños hagamos historia!”, la oligarquía de esa entidad afirma su intención divisionista.
En el Artículo 7, por ejemplo, se excluye al Estado Nacional de la administración de la industria de los hidrocarburos, porque en materia de recursos naturales no renovables, así como en otras 11 más, “corresponde al Gobierno departamental la potestad de desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”.
El Artículo 3, referido a los derechos políticos, establece la “ciudadanía cruceña”, como condición política, que se hace extensiva a: “Los ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero, que hayan tenido su último domicilio principal en el Departamento Autónomo de Santa Cruz y acrediten dicha condición en el consulado de Bolivia correspondiente…”.
Y el Artículo 161 dice textualmente, lo siguiente: “De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza…” distanciándose de esta forma de la verdadera mayoría del pueblo boliviano, fundamentalmente de origen indígena.
Las fechas como estrategia
Son cuatro las pretendidas autonomías departamentales en Bolivia y sus promotores se han planteado diferentes fechas para sus inconstitucionales referendos.
Así, el departamento de Santa Cruz se propone realizarlo el próximo domingo 4 de Mayo; Pando y Beni lo han definido para el 1 de Junio y Tarija lo fijo el 22 de ese mismo mes.
Esta diferencia de fechas permite a los promotores de estas iniciativas separatistas, medir y analizar reacciones y consecuencias, una vez iniciado la causa con la consulta de Santa Cruz.
La mano del imperialismo
Wilson García Mérida, periodista de la agencia Bolpress, afirma que el proceso autonomista que hoy se verifica en Bolivia, se cumple sobre la base de un guión diseñado en el 2004 por el gobierno norteamericano y escrito por el asesor de la Casa Blanca para asuntos militares, Mark Falcoff.
En su artículo El separatismo que sufre Bolivia comenzó en el 2004, con Carlos Mesa, del 23 de Abril, García Mérida atribuye al ex presidente Carlos Mesa, la ejecución del guión escrito por el estadounidense, quien sostenía que “a Bolivia la dividirán en dos países sus diferencias raciales y geográficas, quizá irreconciliables”. Se refería a las zonas del altiplano y las zonas bajas del este.
Dice el periodista que Falcoff, en el 2005, cabildeó a favor del autonomismo con la oligarquía chilena, a la cual habría dicho que “de ser creada la República de Santa Cruz, tendrá relaciones absolutamente normales con Chile”.
El 8 de Junio de 2004, Falcoff publicó un artículo titulado ¿Los últimos días de Bolivia? (localizable en Internet) en el cual, tras justificar las tesis de las dos Bolivias irreconciliables y ponderar las cualidades de las oligarquías de la media luna geográfica, señala: “De seguir las tendencias actuales, pudiéramos ver la primera alteración de envergadura en el mapa político sudamericano en más de cien años”.
Objetivos y consecuencias
Está claro que la oligarquía boliviana se atreve a tensar la cuerda al extremo, porque cuenta con el respaldo y asesoramiento del Gobierno estadounidense.
Ambos, oligarquía e imperialismo, se proponen sacar provecho de este tenebroso proceso. Los primeros, tratando de asegurar sus privilegios e intereses en el tiempo, fabricando pequeñas repúblicas a su medida, para lo cual intentarán salir, a como de lugar, del “macaco” (como llaman al presidente Morales). El imperialismo, por su parte busca desestabilizar a Bolivia y por su intermedio a la región, para tratar, incluso a través de la guerra, de interrumpir la marcha creciente de pueblos que, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, y ahora Paraguay, buscan recuperar su dignidad y soberanía, obstaculizando, al mismo tiempo, los esfuerzos en pro de la consolidación de la unidad latinoamericana que están en marcha.
La cúpula militar ha dicho en La Paz, que no permitirá la división del país. La situación en Bolivia representa un nuevo reto para la unidad y la paz latinoamericanas y un desafío para la madurez y la conciencia de los pueblos de la región.
Caracas - Conscientes de que las propuestas autonómicas, tal y como están planteadas, son inconstitucionales, se empeñan en tensar la cuerda al máximo, con ánimo abiertamente desestabilizador.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, el pasado 18 de Abril, subrayó la inconstitucionalidad de los referendos y llamó a sus promotores a dejar a un lado la intransigencia.
Rada dijo a Telesur: “Cuando señalamos intransigencia estamos hablando que hay sectores cívicos y empresariales que, llevados por un afán político de oposición al gobierno de Evo Morales, insisten en una convocatoria ilegal a un acto no vinculante”.
La cuestión legal
En Bolivia hay una Ley Marco de Referéndum que indica que la convocatoria a referendos sólo puede hacerla el Congreso Nacional, y no un prefecto departamental (gobernador), o por una Corte Departamental Electoral (CDE), como pretenden las élites económicas de la llamada “media luna” del este boliviano, compuesta por las provincias de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, cuatro de las nueve que integran a Bolivia.
Esta Ley establece en su Artículo 5 que las iniciativas para la convocatoria a una consulta popular como el referendo sólo pueden provenir del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, siempre, en este último caso, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Esto es desconocido a conciencia por las provincias de la “media luna”, en franco desafío a la institucionalidad democrática del país.
Oligarquías acorraladas
En su accionar, las élites económicas y políticas de las provincias “alzadas”, están presionadas por una doble circunstancia.
En el plano interno se encuentran arrinconadas por la amenaza que significa la creciente inclusión que promueve el gobierno de vocación popular del presidente Evo Morales, y la reafirmación y conquista de nuevos y más derechos de vida para millones de indígenas por siempre relegados y olvidados.
Mientras, en el escenario regional se ven apremiados por los sucesivos triunfos de gobiernos progresistas (el más reciente el de Fernando de Lugo, en Paraguay), que se orientan a la consecución de justicia, igualdad y soberanía para nuestros pueblos.
Por eso la oligarquía boliviana, anticipando el fin de su tiempo, y con el apoyo del Gobierno estadounidense, se aferra con uñas y dientes a sus privilegios de siempre, queriendo perpetuarlos con la separación de Bolivia, de las provincias que controlan económica y políticamente.
Las dos zonas geográficas
Conviene explicar que, geográficamente, Bolivia presenta una clara diferenciación entre la zona central de la alta meseta andina (departamentos de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro) y una zona, al este, de medias y bajas elevaciones y también amplias llanuras.
La zona de la alta meseta, más deprimida económicamente, ha sido tradicionalmente, productora de minerales, mientras que la del este posee las mejores tierras aluvionales, gas y petróleo. Es allí donde están asentadas las élites económicamente poderosas que controlan la agroindustria, el comercio, la banca, los medios de comunicación más importantes, que hoy promueven los referendos autonómicos.
Algunas diferencias
Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Bolivia, menos de un centenar de familias, principalmente asentadas en la zona de la llamada media luna, poseen, aproximadamente, 25 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables, cinco veces más que 2 millones de indígenas y campesinos. Además, controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca, los principales medios de comunicación. Además han desarrollado importantes vínculos con las transnacionales que explotan el petróleo y gas, recursos nacionalizados en el 2005 por el gobierno de Morales.
El periodista boliviano Alex Contreras Baspineiro, en su artículo Bolivia ¿camino al abismo? (Alai-Amlatina, 23 Abr. 2008) cita un ilustrativo dato del Instituto Nacional de Reforma Agraria de su país: “…sólo 15 familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen en superficie a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz, donde habita un millón de personas”.
División y racismo
El Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, tal y como se denomina este instrumento, guía del afán separatista de las élites bolivianas, fue aprobado el 13 de Diciembre pasado, y consta de 168 artículos, entre los cuales, bajo el lema: “¡Arriba cruceños hagamos historia!”, la oligarquía de esa entidad afirma su intención divisionista.
En el Artículo 7, por ejemplo, se excluye al Estado Nacional de la administración de la industria de los hidrocarburos, porque en materia de recursos naturales no renovables, así como en otras 11 más, “corresponde al Gobierno departamental la potestad de desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”.
El Artículo 3, referido a los derechos políticos, establece la “ciudadanía cruceña”, como condición política, que se hace extensiva a: “Los ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero, que hayan tenido su último domicilio principal en el Departamento Autónomo de Santa Cruz y acrediten dicha condición en el consulado de Bolivia correspondiente…”.
Y el Artículo 161 dice textualmente, lo siguiente: “De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza…” distanciándose de esta forma de la verdadera mayoría del pueblo boliviano, fundamentalmente de origen indígena.
Las fechas como estrategia
Son cuatro las pretendidas autonomías departamentales en Bolivia y sus promotores se han planteado diferentes fechas para sus inconstitucionales referendos.
Así, el departamento de Santa Cruz se propone realizarlo el próximo domingo 4 de Mayo; Pando y Beni lo han definido para el 1 de Junio y Tarija lo fijo el 22 de ese mismo mes.
Esta diferencia de fechas permite a los promotores de estas iniciativas separatistas, medir y analizar reacciones y consecuencias, una vez iniciado la causa con la consulta de Santa Cruz.
La mano del imperialismo
Wilson García Mérida, periodista de la agencia Bolpress, afirma que el proceso autonomista que hoy se verifica en Bolivia, se cumple sobre la base de un guión diseñado en el 2004 por el gobierno norteamericano y escrito por el asesor de la Casa Blanca para asuntos militares, Mark Falcoff.
En su artículo El separatismo que sufre Bolivia comenzó en el 2004, con Carlos Mesa, del 23 de Abril, García Mérida atribuye al ex presidente Carlos Mesa, la ejecución del guión escrito por el estadounidense, quien sostenía que “a Bolivia la dividirán en dos países sus diferencias raciales y geográficas, quizá irreconciliables”. Se refería a las zonas del altiplano y las zonas bajas del este.
Dice el periodista que Falcoff, en el 2005, cabildeó a favor del autonomismo con la oligarquía chilena, a la cual habría dicho que “de ser creada la República de Santa Cruz, tendrá relaciones absolutamente normales con Chile”.
El 8 de Junio de 2004, Falcoff publicó un artículo titulado ¿Los últimos días de Bolivia? (localizable en Internet) en el cual, tras justificar las tesis de las dos Bolivias irreconciliables y ponderar las cualidades de las oligarquías de la media luna geográfica, señala: “De seguir las tendencias actuales, pudiéramos ver la primera alteración de envergadura en el mapa político sudamericano en más de cien años”.
Objetivos y consecuencias
Está claro que la oligarquía boliviana se atreve a tensar la cuerda al extremo, porque cuenta con el respaldo y asesoramiento del Gobierno estadounidense.
Ambos, oligarquía e imperialismo, se proponen sacar provecho de este tenebroso proceso. Los primeros, tratando de asegurar sus privilegios e intereses en el tiempo, fabricando pequeñas repúblicas a su medida, para lo cual intentarán salir, a como de lugar, del “macaco” (como llaman al presidente Morales). El imperialismo, por su parte busca desestabilizar a Bolivia y por su intermedio a la región, para tratar, incluso a través de la guerra, de interrumpir la marcha creciente de pueblos que, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, y ahora Paraguay, buscan recuperar su dignidad y soberanía, obstaculizando, al mismo tiempo, los esfuerzos en pro de la consolidación de la unidad latinoamericana que están en marcha.
La cúpula militar ha dicho en La Paz, que no permitirá la división del país. La situación en Bolivia representa un nuevo reto para la unidad y la paz latinoamericanas y un desafío para la madurez y la conciencia de los pueblos de la región.
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ABN - Venezuela/28/04/2008
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