Elites y poder: el caso Bolivia

Un simpatizante del presidente boliviano Evo Morales marcha hacia La Paz para demandar al Congreso que convoque a un referéndum sobre la propuesta para una nueva constitución

Bloqueo a la ciudad de Santa Cruz, en apoyo al gobierno de Evo Morales. Imagen del 20 de septiembre pasado

Relaciones de víctima y verdugo, dialéctica siniestra: hay una estructura de humillaciones sucesivas que empieza en los mercados internacionales y en los centros financieros y termina en la casa de cada ciudadano”
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Eduardo Galeano
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América Latina ha sido una región fundamental en el desarrollo del actual sistema mundo. Desde que fue descubierta por el mundo europeo en el siglo XV se convirtió en una de las periferias más importantes y más ricas en recursos naturales del planeta. Pareciera que desde aquel entonces su destino fue marcado como gran proveedora de materias primas al centro: primero Europa, después Estados Unidos, hoy, al sistema-mundo capitalista cuyo eje primordial es el mercado operado por las empresas transnacionales.

En la contraparte, existen en América Latina movimientos que han logrado llegar al poder con proyectos nacionales, que buscan encontrar una lógica distinta a la del sistema-mundo capitalista. De esta manera, se pretende romper con una dinámica en donde unos pocos tienen todo, mientras que la mayoría de su población sobrevive en la miseria. Estos proyectos fragmentan las estructuras impuestas, cuestionan la legitimidad y la coherencia de la dinámica económica, política y social no sólo en el exterior sino en el interior, con las elites nacionales.

Uno de los casos más excepcionales actualmente es el de Bolivia. Bolivia, el segundo productor de gas en América Latina, que cuenta con una de las poblaciones indígenas más grandes del continente, con sus incesantes luchas sociales y con un 60% de su población viviendo en pobreza y un 38% en pobreza extrema. Bolivia, que eligió en 2006, aún con las declaraciones en contra del embajador de Estados Unidos en el país, y de las elites de la llamada Media Luna, a Evo Morales Aymá como el primer Presidente indígena del país, y que enfrenta actualmente un reto importantísimo no sólo para sus habitantes, sino para la democracia en Latinoamérica.

Desde que Evo Morales asumió el poder, las relaciones de dependencia dentro y fuera del país se hicieron aún más evidentes, y las de tensión se han ido acrecentando. Lo anterior derivado de los tres grandes programas del actual gobierno: el reparto de la tierra, la nacionalización de los hidrocarburos y la nueva asamblea constituyente. Todas ellas, reformas consideradas imprescindibles por el gobierno central para sacar a Bolivia de la condición de pobreza en la que se encuentra, y sobre todo, para terminar con la insoportable iniquidad en la distribución de la riqueza.

La resistencia en contra de las reformas del proyecto nacional de Evo Morales proviene principalmente de dos frentes: del centro de la periferia y del centro. Por un lado, los departamentos “autonomistas” de Bolivia, es decir, de la Media Luna: Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; y por el otro, las empresas transnacionales y la embajada de Estados Unidos.

El centro de la periferia: la Media Luna

En Bolivia, como en otros países de América Latina, las desigualdades desgarran, no alcanzan a esconderse ni se maquillan con las cifras. La tierra es quizá uno de los ejemplos más dramáticos. Según datos de UDAPE, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas en Bolivia, 686 fincas, es decir, el 0,22 % del total de unidades agropecuarias posee la mayoría de las tierras con un 66% de éstas, mientras que 86% de las propiedades cubren sólo el 2.4% de la tierra. Además, informes de la Asamblea Constituyente de Derechos Humanos han denunciado que en la zona de la Media Luna, específicamente en Santa Cruz, prevalecen condiciones de esclavitud en donde los campesinos reciben su sueldo en especie y donde las deudas se heredan.

Enfrentado a esta situación, el gobierno nacional ha impulsado una ley para el saneamiento de las tierras, en donde éstas son sometidas a un proceso para comprobar que están siendo utilizadas. Además, se ha buscado marcar un límite a la propiedad que un individuo pueda poseer para disminuir el control de la tierra por unos pocos. Éstas, como es de suponerse, no son medidas que agraden a quienes por decenas de años han consolidado su poder a través de la acumulación de enormes extensiones de tierra, así como de la explotación de quienes no poseen este valiosísimo recurso.

La oposición ha reunido a cinco de los nueve departamentos que componen el país; sin embargo, no fue suficiente como para vencer al SÍ que un 67% de la población le dio a Evo Morales en el referendo de agosto de este año.

¿Cuáles son los factores que han permitido e impulsado la conformación de este bloque opositor? Lo anterior puede ser analizado si se observa que las condiciones socio-económicas y culturales de la mayoría de estos departamentos son distintas a las de regiones como por ejemplo Potosí u Oruro. El departamento que lo ilustra mejor es Santa Cruz, que además de ser el más extenso territorialmente, es el más poblado del país y uno de los que cuentan con menor población indígena.

Según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, Santa Cruz aporta el 28.2% del PIB total de Bolivia; no obstante, otras fuentes como El Clarín, señalan que la aportación de Santa Cruz al PIB nacional llega a ser de 31%, mientras que la oferta rural alcanza 50%. En este estado de las cosas, no es de sorprenderse que ante la iniciativa del gobierno nacional para disminuir el fortísimo subsidio al diesel importado, los grandes terratenientes de Santa Cruz se opongan y utilicen el argumento de la autonomía para presionar al gobierno: el costo al subsidio del diesel en 2007 fue del 6% del presupuesto nacional, del cual el 40%, es decir, 135 millones de dólares, se destina para el departamento cruceño. Millones de dólares que benefician, de acuerdo con un artículo publicado en Bolpress en noviembre de 2006, a 14 familias de políticos y empresarios opositores al gobierno que son dueños de 313, 000 hectáreas en Santa Cruz y Beni.

Otro caso ejemplar que muestra algunas de las causas de la oposición férrea e intransigente de este bloque, es representado por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, quien tiene entre sus propiedades tierras que comprenden, según lo publicado por la BBC, alrededor de 12,000 hectáreas de tierra.

Este modelo se replica en los demás departamentos cuyas poblaciones indígenas son las menos numerosas del país, y cuyos recursos naturales son los más abundantes: Tarija cuenta con el 60% de las reservas de gas y su PIB es del doble de la media nacional.

La llamada lucha por la autonomía, se descubre entonces, como la disputa de una elite por conservar sus privilegios históricos, por esconder las condiciones de miseria que están detrás de la aparente opulencia del departamento y que sostienen la riqueza de una minoría. Las reformas encaminadas a obtener una mayor recaudación fiscal para re distribuir los recursos afectan sus intereses. Como resultado, los grupos opositores no están dispuestos a caminar con el resto del país hacia una organización social y económica más justa que si bien no será fácil alcanzar y cuyo éxito no está asegurado, intenta dar sus primeros pasos.

El centro: las trasnacionales, presión por parte de EUA

Para hablar del lugar que ocupan tanto las empresas transnacionales como otros países en el desarrollo del actual conflicto boliviano es necesario enmarcarlo dentro de la lógica de la economía-mundo capitalista. La economía-mundo capitalista se define como una enorme zona geográfica cuya estructura no se limita a una unidad política. Por el contrario, ésta se expande a lo largo del planeta dentro del mercado mundial. Entonces, las compañías y su relación con el estado juegan un papel fundamental en su dinámica.

Lo anterior cobra un nuevo sentido en el caso de Bolivia ya que, como en la mayor parte de los países latinoamericanos, las transnacionales se han beneficiado de gobiernos que les han brindado todas las facilidades, en el caso de Bolivia durante los años 90s, para entrar en los mercados nacionales y extraer materias primas de gran valor en el mercado mundial, mismas que terminan por convertirse, como lo señala Wallerstein, en una simple renta para el país.

En Bolivia el caso de los hidrocarburos resulta impactante: la tasa de éxito con el fin de hallar petróleo es el 50%, mientras que en otros países es del 20%. Entonces se abre una enorme posibilidad para la inversión dado que ésta se encuentra hasta cierto punto asegurada, situación que no ocurre a menudo en el mundo, y que es aprovechada por los grandes conglomerados comerciales.

Antes de la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, según la publicación Global Upstream Performance Review de 2003, la producción a nivel mundial de un barril de petróleo en Bolivia era de 1 dólar para Repsol y 0.97 para Amoco, mientras que la producción a nivel mundial era de más de 5 dólares. De esta forma estas empresas contaban con costos de producción de los más bajos a nivel internacional. La situación no era distinta para las otras empresas tales como: Total, Maxus, Shell o Panamerican Gas.

Además de costos de producción irrisorios, las petroleras pagaban apenas el 18% del valor de la producción hidro-carburífera de impuesto, cuando los consumidores nacionales pagaban como si los hidrocarburantes fueran importados. Era una situación ganar – ganar para transnacionales, pero desventajosa para el país cuyos recursos naturales no estaban siendo aprovechados para remediar las condiciones sociales de gran parte de su población que hasta hoy, vive en la miseria.

La nacionalización de los hidrocarburos estipuló que 82% de las utilidades derivadas de las empresas petroleras, ahora en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, estarían en manos del Estado, que pretende canalizarlas a los departamentos más pobres para aliviar las necesidades más urgentes de quienes viven en extrema pobreza.

Es en este punto donde se puede observar como se generan alianzas entre el centro y las elites nacionales de la periferia: las transnacionales han presionado a sus estados para que usen su poder estatal para que éste a su vez presione a Bolivia para que evite establecer programas y proyectos que vayan en contra de sus intereses, todo por supuesto, con la excusa de proteger el libre mercado.

La fuerza de estos países, sobre todo de Estados Unidos, radica en el poder de influencia que tienen sobre los otros. En este caso, Estados Unidos. a través de su Embajada en Bolivia no dudó en intervenir no sólo por defender a sus compañías, sino porque América Latina representa una zona geopolítica de suma importancia en la que a través de alianzas con movimientos opositores nacionales ha intervenido en asuntos internos, violando su soberanía: Chile, El Salvador, Nicaragua son sólo algunos ejemplos.

Bolivia expulsó en septiembre de este año a Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos, lo anterior motivado, según palabras del mandatario porque: “No queremos gente separatista ni divisionista, ni que conspire contra la unidad. No queremos personas que atenten contra la democracia”. La declaración de Goldberg como persona non-grata fue consecuencia de diversas reuniones del embajador estadounidense con los líderes de oposición en Santa Cruz y Chuquisaca.

Sin embargo, la intervención de la embajada de Estados Unidos va más allá y se descubre también en el antecedente de la expulsión de USAID de Cochabamba y en los programas de “ayuda” de la embajada a los distintos departamentos de Bolivia.

En junio del 2008 varias federaciones de productores de coca así como de campesinos en Cochabamba expulsaron USAID, porque denunciaron, a través de programas de “ayuda” se financiaba a grupos opositores cuyo objetivo es derrocar al gobierno de Morales.

Esta situación es aún más evidente si se analizan los comunicados de prensa de la embajada de Estados Unidos, los cuales tratan en su gran mayoría sobre los programas de USAID en Bolivia. Sin tomar en cuenta a La Paz, por ser la capital, de 10 programas de ayuda implementados por la embajada: donaciones de computadoras, equipo médico, apoyo a productores, 8 son destinados a la zona de la Media Luna:

Una de las razones expuestas por Evo Morales en la Asamblea General de la ONU de haber expulsado al embajador estadounidense fue el presunto envío de recursos a los grupos opositores de la Media Luna con el fin de apoyar un posible golpe de estado. Esta no sería la primera vez que Washington interviniera directamente en la política interna de un país latinoamericano a través de la creación de alianzas con los líderes de las elites opositoras. Y es que América Latina, especialmente Sudamérica, se ha convertido en una región geopolítica de suma importancia no sólo por sus recursos naturales, sino por los movimientos que encabezan algunos de sus gobiernos como Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, y recientemente Fernando Lugo en Paraguay. Todos estos gobiernos, con todas sus particularidades representan un bloque, sino de oposición, sí de resistencia a la influencia desmedida de Washington, representan la lucha por generar una dinámica internacional distinta.

Conclusiones

A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido grupos minoritarios, privilegiados cuyas acciones han servido para impulsar grandes transformaciones, o bien, para mantener el status quo. La diferencia de las elites de hoy con respecto a las de ayer es que mientras la influencia y poder de las segundas estaba limitada a una zona geográfica, las de hoy no se encuentran sujetas a una unidad política determinada. Su espacio es el sistema mundo, un sistema que a través de conceptos como libre mercado, les abre las puertas para ejercer su poder en territorios supuestamente soberanos. A veces lo logra por medio de la fuerza, pero en otras ocasiones, las muchas de éstas, a través de alianzas estratégicas con elites nacionales cuyos intereses se ven respaldados por los de las grandes transnacionales, aún en contra de los intereses de la mayoría. Bolivia se encuentra en este supuesto, en el que grupos opositores nacionales son apoyados por empresas extranjeras e incluso por otros estados con el fin de mantener un sistema que les brinda todas las ventajas para la acumulación de capital.

Sin embargo, el actual conflicto en Bolivia también nos ha mostrado que los países que integran América Latina son capaces de realizar esfuerzos conjuntos para defender la soberanía de un país que se ve amenazado por, por ejemplo, un golpe de estado: la Unasur, mostró un completo respaldo al gobierno legal y legítimo de Bolivia.

Si América Latina demuestra que está preparada para hacer valer la voz de la mayoría de sus ciudadanos, y a emprender la construcción de un mundo menos inequitativo, en dejar a un lado las luchas sectarias y clasistas entonces quizá se halle en el camino correcto para emprender la construcción de un mundo nuevo: más justo, más comprensivo y menos sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un mundo donde los poderes centrales no encuentren en los centros de la periferia aliados. Y es que como lo expresa acertadamente Eduardo Galeano: ¿Qué poder tendría la soga si no encontrara pescuezo?

La Jornada - México/22/10/2008