La Justicia que hay

NICOLE THIBON*
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El jueves 23 de abril, el director de la CIA, Leon Panetta, anunció en un comunicado interno que la Administración Obama se oponía a toda investigación sobre los agentes culpables de torturas en la época Bush. En el mismo se insiste en que Obama ha decidido cerrar las prisiones secretas de la CIA y prohibir el empleo de agentes privados en los interrogatorios. En cuanto a los agentes titulares, para Panetta está claro que serán cubiertos por el principio de obediencia debida. Calificados de “sistema defectuoso”, los procesos de Guantánamo seguirán siendo llevados por las comisiones militares. Y la publicación, antes del próximo 28 de mayo, de un “número importante” de fotos en las que se ve cómo militares
estadounidenses torturan a los prisioneros en Irak y Afganistán ha sido anulada.

Al parecer, una búsqueda seria de responsabilidades involucraría no sólo a los más altos mandatarios del Gobierno Bush sino también al Partido Demócrata, al Congreso y a la prensa estadounidense. Por una parte, no sólo los demócratas sino la misma Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, directamente informada o no por la CIA, sabían de los métodos utilizados y han encubierto todas las violaciones del Derecho Internacional cometidas en nombre de la seguridad y de la Guerra contra el Terror. Y aún la modesta propuesta de una “comisión sobre la verdad”, del senador Patrick Leary, ha sido recientemente abandonada.

Por otra parte, prácticamente todos los medios –progresistas o conservadores– han justificado el uso de la tortura y hasta han hecho campaña en su defensa. The New York Times, The Washington Post, por no hablar de las cadenas de televisión, presentaban el fenómeno sin la mínima reserva. Newsweek llegó a publicar un artículo titulado “Es el momento de pensar en la tortura”. Muy diferente es ahora su discurso. Paul Krugman ironiza en The New York Times del 24 de abril: “Personas que habrían debido pronunciarse contra lo que pasaba y no lo hicieron, ahora declaran que más vale olvidar toda esa época –por el bien del país, desde luego–”.

Lo que hasta ahora no era sino uno de los últimos avatares de la belicosa política de seguridad esta-
dounidense se convirtió, sin embargo, en un asunto interno español a partir del encuentro en la Audiencia Nacional del fiscal jefe, Javier Zaragoza, con William Duncan, consejero político de la embajada de EEUU, acompañado por un miembro de su asesoría jurídica.
El encuentro tenía un objetivo: conseguir que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazara la querella presentada por el juez Baltasar Garzón contra la Administración Bush –entre ellos el ex procurador general de Justicia, Alberto Gonzales–, en relación con la detención y torturas de cuatro islamistas, uno de ellos, Ahmed Abderraman Ahmed, español y absuelto por el Tribunal Supremo. El encuentro fue el resultado de conversaciones privadas producidas durante Semana Santa entre los presidentes Rodríguez Zapatero y Barack Obama, en las cuales Obama, probablemente, explicó sus intenciones.
Nadie duda de la sensibilidad de Obama respecto a la tortura “que corroe lo que hay de mejor en la gente”, como dijo en Londres, y de la cual su abuelo fue víctima en Kenia. Mas, enfrentándose con la realidad, tuvo que advertir a los parlamentarios demócratas de que toda investigación se extendería probablemente a otras áreas criminales de la Administración Bush.

En EEUU se comienza a dudar de la voluntad de Obama de desmantelar el poderoso Ejecutivo unilateral sin contrapeso, obra de Bush. En efecto, hubo poco movimiento en las altas esferas del Gobierno, desde Robert Gates, secretario de Defensa, hasta el personal militar. Por otra parte, no se conoce todavía la lista de prisiones secretas que deberán cerrar (¿Polonia? ¿Rumanía? ¿Jordania? ¿Marruecos? ¿Tailandia?) ni en qué plazo. Este Ejecutivo tan servicial podría tal vez servir, en particular, en caso de graves desórdenes sociales, en el marco de la crisis económica. Para ello, es indispensable limitar los efectos secundarios políticos de una inculpación de los varios Cheney, Rumsfeld, Condoleezza Rice, Colin Powell y otros que aprobaron todas las prácticas de la CIA.
Pero ¿no es demasiado pronto para que España se pliegue al cálculo político de Obama? Pese a los esfuerzos de un presidente “realista”, es evidente que la sociedad estadounidense, que acaba de despertar de su “largo sueño dogmático” –al ser el dogma la seguridad y la guerra casi religiosa contra el mal–, no olvidará rápidamente sus largos años de sopor moral que desembocaron en las torturas de Abu Ghraib. Ya se ha publicado un informe de la Cruz Roja (CICR) en el que se detallan los métodos especiales utilizados por la CIA en los
interrogatorios.

En mayor o menor grado, la sociedad civil había terminado por comprender y aceptar los imperativos de la Realpolitik, que relega a la categoría de aberración vetusta toda ideología o utopía –aún la más racional, como la idea de un control necesario en la deriva financiera– encaminada a concebir una sociedad mejor. Pero hoy empieza a perfilarse una real justice, según la cual es imperativo arrojar en el mismo vertedero los pocos valores morales, las pocas reglas de ética que tanto nuestros filósofos como el sentido común habían dispensado. De modo que los responsables y autores de encarcelamientos abusivos y de abyectas torturas no serán juzgados ni serán culpables de sus actos.
Después de la Realpolitik, la real justice; un poco más difícil de digerir, admitámoslo.
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*Nicole Thibon es Periodista.
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Ilustración de Enric Jardí

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Público - España/20/05/2009