Colombia: La política de seguridad democrática, ni es de seguridad ni es democrática, es guerra
Lilia Solano *
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La preocupación de la seguridad, es una vieja carta que se juega en Colombia para defender los intereses de macroproyectos, la inversión multinacional y el ahora llamado "libre mercado".
Esta estrategia militar de guerra, tiene en el corazón un plan bélico contra los movimientos sociales y la insurgencia y mantiene un hilo conductor con anteriores agendas de guerra contra la gente como han sido el "Plan Lazo", diseñado en 1964 para alcanzar la mal llamada pacificación del país, el "Plan Andes" que en 1968 planteo la guerra contra-guerrillera, el “Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional” (1974), la "Estrategia Nacional” contra la Violencia de Cesar Gaviria (1991), el “Plan Colombia” de Andrés Pastrana, que propicio una enorme influencia militar norteamericana (1998), con una inversión militar norteamericana de millones de dólares.
En el 2002 con Álvaro Uribe llega el programa militar de la llamada "seguridad democrática" incluye lo que han llamado "guerra total", que combina la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social con estrategias de guerra en lo convencional; concepciones militares basadas en despliegues masivos de capacidad artillera, armamento blindado, grandes concentraciones de tropas y organización del ejército en cuerpos, divisiones, brigadas, batallones y otra vez el uso de la población civil.
Es decir lo que cubre la manta de la "seguridad democrática", es otro capítulo de la guerra que nos han impuesto históricamente, una política aparentemente exitosa porque tiene los siguientes logros que la sostienen y resultados que la justifican:
º Afirma un modelo de gobierno criminal, que se apoya en las fuerzas armadas, los paramilitares y los narcotraficantes a quienes les entrega el gobierno de los organismos de control, administración, justicia, embajadas, notarias etc.
º Protege los intereses de las multinacionales europeas y norteamercianas, los negocios de los grupos empresariales locales, los megaproyectos y ofrece Tratados de Libre Comercio.
º Convierte las masacres del estado en falsos positivos y el desplazamiento, violencia sexual, torturas y desapariciones forzadas en trofeos de la seguridad democrática.
º Desprecia el acuerdo humanitario, la salida política negociada al conflicto armado y rechaza la paz, la soberanía, la autonomía y la integración de América Latina.
º Condena lideres a detención arbitraria y los encarcela; les viola el debido proceso y principios como la presunción de inocencia, la investigación imparcial, el derecho de defensa y el juicio justo.
º Ignora obligaciones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, los cuales viola con absoluta impunidad.
º Criminaliza las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, estudiantes, representantes de grupos populares, movimientos sociales, feministas y militantes incómodos de la oposición a quienes llama terroristas.
º Aprueba leyes como la de Desarrollo Rural, legalizando la contrarreforma agraria impulsada por el narcotráfico, el paramilitarismo y los terratenientes para poner la tierra al servicio del gran capital financiero.
º Agrede violentamente a niñas, mujeres, adolescentes y población LGBT.
º Asegura recompensas jugosas y premia a quienes asesinen líderes sindicales.
º Logra el éxodo emprendido por miles de colombianos a diferentes lugares del mundo, y haciendo que muchos de ellos vivan en condiciones de desprotección y vulnerabilidad.
º Persigue a intelectuales dedicados al pensamiento critico y los llama “bloque de intelectuales de la guerrilla”
º Ataca las organizaciones de Derechos Humanos y las descalifica por considerarlas "agentes del terrorismo”.
º Controla la libertad de expresión, convirtiendo la mayoría de los medios de comunicación en antenas repetidoras del discurso oficial.
º Justifica el incumplimiento de los Convenios y Tratados Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos suscritos por Colombia.
º Cataloga como terroristas a los países de la región que no están al servicio de los intereses norteamericanos y por tanto considera que su doctrina seguridad democrática puede ser extraterritorial.
º Impone bases militares norteamericanas, para contribuir a desestabilizar la región con la pretensión de convertir a Colombia en una especie de Israel contra el resto de los pueblos hermanos.
º Borra de la memoria colectiva la historia oculta de la represión en Colombia y aplasta la dignidad de los pueblos y su esfuerzo por construir una verdadera democracia.
Lo que vivimos en Colombia no es política, ni es de seguridad ni mucho menos democrática, es guerra de unas proporciones enormes que a nombre de “la lucha contra el terrorismo”; pretende que ignoremos la pobreza y la miseria crecientes, el desempleo, el rearme de grupos paramilitares y narcotraficantes, el desbordamiento del desplazamiento forzado, la parapolítica, la delincuencia organizada, las privatizaciones de los servicios públicos, las chuzadas del DAS ordenadas por los gobiernos de turno, los asesinatos de jóvenes pobres por parte del ejercito y la policía, la corrupción del gobierno y en general la descomposición de un estado dedicado a la criminalidad.
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*Lilia Solano es profesora e investigadora colombiana.
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La preocupación de la seguridad, es una vieja carta que se juega en Colombia para defender los intereses de macroproyectos, la inversión multinacional y el ahora llamado "libre mercado".
Esta estrategia militar de guerra, tiene en el corazón un plan bélico contra los movimientos sociales y la insurgencia y mantiene un hilo conductor con anteriores agendas de guerra contra la gente como han sido el "Plan Lazo", diseñado en 1964 para alcanzar la mal llamada pacificación del país, el "Plan Andes" que en 1968 planteo la guerra contra-guerrillera, el “Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional” (1974), la "Estrategia Nacional” contra la Violencia de Cesar Gaviria (1991), el “Plan Colombia” de Andrés Pastrana, que propicio una enorme influencia militar norteamericana (1998), con una inversión militar norteamericana de millones de dólares.
En el 2002 con Álvaro Uribe llega el programa militar de la llamada "seguridad democrática" incluye lo que han llamado "guerra total", que combina la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social con estrategias de guerra en lo convencional; concepciones militares basadas en despliegues masivos de capacidad artillera, armamento blindado, grandes concentraciones de tropas y organización del ejército en cuerpos, divisiones, brigadas, batallones y otra vez el uso de la población civil.
Es decir lo que cubre la manta de la "seguridad democrática", es otro capítulo de la guerra que nos han impuesto históricamente, una política aparentemente exitosa porque tiene los siguientes logros que la sostienen y resultados que la justifican:
º Afirma un modelo de gobierno criminal, que se apoya en las fuerzas armadas, los paramilitares y los narcotraficantes a quienes les entrega el gobierno de los organismos de control, administración, justicia, embajadas, notarias etc.
º Protege los intereses de las multinacionales europeas y norteamercianas, los negocios de los grupos empresariales locales, los megaproyectos y ofrece Tratados de Libre Comercio.
º Convierte las masacres del estado en falsos positivos y el desplazamiento, violencia sexual, torturas y desapariciones forzadas en trofeos de la seguridad democrática.
º Desprecia el acuerdo humanitario, la salida política negociada al conflicto armado y rechaza la paz, la soberanía, la autonomía y la integración de América Latina.
º Condena lideres a detención arbitraria y los encarcela; les viola el debido proceso y principios como la presunción de inocencia, la investigación imparcial, el derecho de defensa y el juicio justo.
º Ignora obligaciones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, los cuales viola con absoluta impunidad.
º Criminaliza las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, estudiantes, representantes de grupos populares, movimientos sociales, feministas y militantes incómodos de la oposición a quienes llama terroristas.
º Aprueba leyes como la de Desarrollo Rural, legalizando la contrarreforma agraria impulsada por el narcotráfico, el paramilitarismo y los terratenientes para poner la tierra al servicio del gran capital financiero.
º Agrede violentamente a niñas, mujeres, adolescentes y población LGBT.
º Asegura recompensas jugosas y premia a quienes asesinen líderes sindicales.
º Logra el éxodo emprendido por miles de colombianos a diferentes lugares del mundo, y haciendo que muchos de ellos vivan en condiciones de desprotección y vulnerabilidad.
º Persigue a intelectuales dedicados al pensamiento critico y los llama “bloque de intelectuales de la guerrilla”
º Ataca las organizaciones de Derechos Humanos y las descalifica por considerarlas "agentes del terrorismo”.
º Controla la libertad de expresión, convirtiendo la mayoría de los medios de comunicación en antenas repetidoras del discurso oficial.
º Justifica el incumplimiento de los Convenios y Tratados Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos suscritos por Colombia.
º Cataloga como terroristas a los países de la región que no están al servicio de los intereses norteamericanos y por tanto considera que su doctrina seguridad democrática puede ser extraterritorial.
º Impone bases militares norteamericanas, para contribuir a desestabilizar la región con la pretensión de convertir a Colombia en una especie de Israel contra el resto de los pueblos hermanos.
º Borra de la memoria colectiva la historia oculta de la represión en Colombia y aplasta la dignidad de los pueblos y su esfuerzo por construir una verdadera democracia.
Lo que vivimos en Colombia no es política, ni es de seguridad ni mucho menos democrática, es guerra de unas proporciones enormes que a nombre de “la lucha contra el terrorismo”; pretende que ignoremos la pobreza y la miseria crecientes, el desempleo, el rearme de grupos paramilitares y narcotraficantes, el desbordamiento del desplazamiento forzado, la parapolítica, la delincuencia organizada, las privatizaciones de los servicios públicos, las chuzadas del DAS ordenadas por los gobiernos de turno, los asesinatos de jóvenes pobres por parte del ejercito y la policía, la corrupción del gobierno y en general la descomposición de un estado dedicado a la criminalidad.
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*Lilia Solano es profesora e investigadora colombiana.
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ALAI/14/08/2009
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