Los nuevos mercenarios
21/09/2007
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En febrero de 1997, Julius Chan, jefe de Gobierno del Estado Independiente de Papúa-Nueva Guinea, admitió que no tenía otra alternativa que contratar a Sandline International para someter a las fuerzas insurgentes. La compañía militar privada debía prestar los siguientes servicios: poner a su disposición unidades de mercenarios con vasta experiencia, capacidad de fuego de largo alcance y grupos selectos de combate que instruyeran a las tropas papúas en tácticas militares y operaciones de inteligencia y espionaje. Sin embargo, una desafortunada indiscreción en el gabinete de Julius Chan dio a conocer el contrato a los medios de comunicación. De modo que Australia se interpuso para defender sus importantes inversiones financieras en Papúa-Nueva Guínea, y el ejército nacional papuense se opuso con toda energía al compromiso con Sandline International. El golpe de Estado de los militares papuenses terminó con el contrato; 48 mercenarios fueron detenidos –ingleses, sudafricanos, italianos, franceses, etíopes, noruegos y filipinos–, sus armas, entre ellas cuatro helicópteros de origen bielorruso, fueron decomisadas; pero cuatro semanas después, por presiones políticas inexplicables, los 48 mercenarios fueron puestos en libertad y expulsados de la isla.
Tim Spicer, dueño de Sandline International, presentó ante los tribunales internacionales una demanda por incumplimiento de contrato y, para sorpresa de muchos jueces, se le dio la razón y ganó el litigio: el nuevo gobierno de Papúa debió pagar los 18 millones de dólares restantes. El escándalo levantó un torbellino en la prensa británica; se hablaba de los nuevos mercenarios patrocinados por gobiernos y consorcios financieros. En su autobiografía, Spicer afirmó que el gobierno británico estaba informado con todo detalle de la Operación Bougainville, la intervención mercenaria en Papúa-Nueva Guínea. A principios de 1998, un nuevo escándalo político sacudió a Inglaterra y casi llevó a Robin Cook, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, a presentar su renuncia irrevocable. A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU a Sierra Leona, Tim Spicer y la Sandline transportaron en un Boing 727 de carga 30 toneladas de armas de fuego –de fabricación búlgara– con destino a Freetown, capital de Sierra Leona, país donde la guerra civil se desplegaba con toda furia, un genocidio perpetrado por los señores de la guerra. Spicer había firmado un contrato millonario con el depuesto presidente Ahmad Tejan Kabbah, exilado en Inglaterra para restituir su gobierno.
Tim Spicer fue acusado y se declaró inocente. Por esos días argumentó que no sólo había informado a su gobierno, sino que la política británica era clara y distinta: restablecer el gobierno del presidente Kabbah. Los escándalos no arruinaron los negocios de Spicer, sino, por el contrario, lo acreditaron como “un empresario de una seriedad incuestionable”.
En mayo de 2001 fundó otra compañía militar privada, Trident Maritime, dedicada a la protección de las compañías aseguradoras de navieras; el caso más sonado y espectacular fue su intervención en Sri Lanka. Lloyds of London, la conocida marca de seguros, rehusaba firmar la prima para proteger a la flota mercante de Sri Lanka, porque la guerrilla tamil multiplicaba las condiciones de inseguridad, y la piratería de los Tigers of Tamil Eleam en el océano Índico se había vuelto un verdadero peligro. Los piratas acechaban a las flotas de Sri Lanka, en cualquier momento sucedían los ataques; por ejemplo, en agosto de 1997, el asalto al contenedor Nedlloyd Sao Paolo frente al puerto de Colombo puso en alerta a la compañía de seguros. Seis lanchas se lanzaron al abordaje cuando las alarmas sonaron, los piratas habían saqueado el inmenso contenedor y habían dejado marineros asesinados y heridos.
La compañía Lloyds exigió una sola condición para firmar el contrato: Trident Maritime se haría cargo de la custodia de las flotas mercantes. El gobierno de Sri Lanka debatió durante tres días y al final aceptó las condiciones de Lloyds ante el temor de un colapso inminente del abastecimiento nacional. A partir de ese día, los buques blindados de Trident Maritime escoltaron a las flotas mercantes de Sri Lanka y controlaron la corriente de mercancías por el golfo de Mannar. Al principiar la guerra de Irak, Tim Spicer estrenó y se puso al frente de una nueva compañía militar privada, Aegis Defence Services, quizá la más célebre de sus empresas. Durante la guerra de Irak, las compensaciones netas de Aegis Defence Services sumaron 293 millones de dólares, uno de los contratos más lucrativos de una compañía militar privada.
En Guerreros corporativos: el ascenso de la industria militar privada, Peter W. Singer señala que uno de los rasgos distintivos de los estados democráticos reside en el control de la violencia militar dentro de un marco establecido, y la restricción de su influencia en el mundo de la política y de la sociedad civil. La privatización de la violencia ha llevado, sin embargo, al dominio de las compañías militares privadas, a su reglamentación de modo directo o indirecto de los conflictos bélicos internacionales, imponiendo sus estrategias y tácticas militares. Por lo común estas compañías tienen sus cuarteles generales en los países ricos e industriales de Occidente; pero sus campos de acción y dominio se encuentran en las naciones pobres y hambrientas, que antes se llamaban “tercer mundo”, entidades caóticas e ingobernables que necesitan sólo de un pantano de miseria, corrupción, trafico de influencias, fraudes fiscales y señores de la guerra energúmenos, como en el caso de Sierra Leona, para disponer el arribo de los comandos militares privados al servicio de intereses particulares o estatales. El monopolio de la violencia legítima, como Max Weber definía al Estado, parece haber desaparecido.
En febrero de 1997, Julius Chan, jefe de Gobierno del Estado Independiente de Papúa-Nueva Guinea, admitió que no tenía otra alternativa que contratar a Sandline International para someter a las fuerzas insurgentes. La compañía militar privada debía prestar los siguientes servicios: poner a su disposición unidades de mercenarios con vasta experiencia, capacidad de fuego de largo alcance y grupos selectos de combate que instruyeran a las tropas papúas en tácticas militares y operaciones de inteligencia y espionaje. Sin embargo, una desafortunada indiscreción en el gabinete de Julius Chan dio a conocer el contrato a los medios de comunicación. De modo que Australia se interpuso para defender sus importantes inversiones financieras en Papúa-Nueva Guínea, y el ejército nacional papuense se opuso con toda energía al compromiso con Sandline International. El golpe de Estado de los militares papuenses terminó con el contrato; 48 mercenarios fueron detenidos –ingleses, sudafricanos, italianos, franceses, etíopes, noruegos y filipinos–, sus armas, entre ellas cuatro helicópteros de origen bielorruso, fueron decomisadas; pero cuatro semanas después, por presiones políticas inexplicables, los 48 mercenarios fueron puestos en libertad y expulsados de la isla.
Tim Spicer, dueño de Sandline International, presentó ante los tribunales internacionales una demanda por incumplimiento de contrato y, para sorpresa de muchos jueces, se le dio la razón y ganó el litigio: el nuevo gobierno de Papúa debió pagar los 18 millones de dólares restantes. El escándalo levantó un torbellino en la prensa británica; se hablaba de los nuevos mercenarios patrocinados por gobiernos y consorcios financieros. En su autobiografía, Spicer afirmó que el gobierno británico estaba informado con todo detalle de la Operación Bougainville, la intervención mercenaria en Papúa-Nueva Guínea. A principios de 1998, un nuevo escándalo político sacudió a Inglaterra y casi llevó a Robin Cook, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, a presentar su renuncia irrevocable. A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU a Sierra Leona, Tim Spicer y la Sandline transportaron en un Boing 727 de carga 30 toneladas de armas de fuego –de fabricación búlgara– con destino a Freetown, capital de Sierra Leona, país donde la guerra civil se desplegaba con toda furia, un genocidio perpetrado por los señores de la guerra. Spicer había firmado un contrato millonario con el depuesto presidente Ahmad Tejan Kabbah, exilado en Inglaterra para restituir su gobierno.
Tim Spicer fue acusado y se declaró inocente. Por esos días argumentó que no sólo había informado a su gobierno, sino que la política británica era clara y distinta: restablecer el gobierno del presidente Kabbah. Los escándalos no arruinaron los negocios de Spicer, sino, por el contrario, lo acreditaron como “un empresario de una seriedad incuestionable”.
En mayo de 2001 fundó otra compañía militar privada, Trident Maritime, dedicada a la protección de las compañías aseguradoras de navieras; el caso más sonado y espectacular fue su intervención en Sri Lanka. Lloyds of London, la conocida marca de seguros, rehusaba firmar la prima para proteger a la flota mercante de Sri Lanka, porque la guerrilla tamil multiplicaba las condiciones de inseguridad, y la piratería de los Tigers of Tamil Eleam en el océano Índico se había vuelto un verdadero peligro. Los piratas acechaban a las flotas de Sri Lanka, en cualquier momento sucedían los ataques; por ejemplo, en agosto de 1997, el asalto al contenedor Nedlloyd Sao Paolo frente al puerto de Colombo puso en alerta a la compañía de seguros. Seis lanchas se lanzaron al abordaje cuando las alarmas sonaron, los piratas habían saqueado el inmenso contenedor y habían dejado marineros asesinados y heridos.
La compañía Lloyds exigió una sola condición para firmar el contrato: Trident Maritime se haría cargo de la custodia de las flotas mercantes. El gobierno de Sri Lanka debatió durante tres días y al final aceptó las condiciones de Lloyds ante el temor de un colapso inminente del abastecimiento nacional. A partir de ese día, los buques blindados de Trident Maritime escoltaron a las flotas mercantes de Sri Lanka y controlaron la corriente de mercancías por el golfo de Mannar. Al principiar la guerra de Irak, Tim Spicer estrenó y se puso al frente de una nueva compañía militar privada, Aegis Defence Services, quizá la más célebre de sus empresas. Durante la guerra de Irak, las compensaciones netas de Aegis Defence Services sumaron 293 millones de dólares, uno de los contratos más lucrativos de una compañía militar privada.
En Guerreros corporativos: el ascenso de la industria militar privada, Peter W. Singer señala que uno de los rasgos distintivos de los estados democráticos reside en el control de la violencia militar dentro de un marco establecido, y la restricción de su influencia en el mundo de la política y de la sociedad civil. La privatización de la violencia ha llevado, sin embargo, al dominio de las compañías militares privadas, a su reglamentación de modo directo o indirecto de los conflictos bélicos internacionales, imponiendo sus estrategias y tácticas militares. Por lo común estas compañías tienen sus cuarteles generales en los países ricos e industriales de Occidente; pero sus campos de acción y dominio se encuentran en las naciones pobres y hambrientas, que antes se llamaban “tercer mundo”, entidades caóticas e ingobernables que necesitan sólo de un pantano de miseria, corrupción, trafico de influencias, fraudes fiscales y señores de la guerra energúmenos, como en el caso de Sierra Leona, para disponer el arribo de los comandos militares privados al servicio de intereses particulares o estatales. El monopolio de la violencia legítima, como Max Weber definía al Estado, parece haber desaparecido.
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