La situación de los derechos humanos en Túnez al cumplirse 20 años de gobierno del presidente Ben Ali
El 7 de noviembre del 2007 se cumplirán 20 años de la llegada al poder del presidente de Túnez, Zine Al Abidine Ben Ali.
Los dos decenios de gobierno del presidente Ben Ali han sido malogrados por una constante de violaciones de derechos humanos, que han incluido detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y malos tratos, juicios injustos, hostigamiento e intimidación del colectivo de defensores de los derechos humanos, y restricciones de la libertad de expresión y de asociación.
"Después de 20 años, ya es hora de que el presidente tunecino y su gobierno tomen medidas concretas para hacer cesar las violaciones de los derechos humanos, la persecución y la represión que se cometen bajo pretexto de mantener la seguridad y la estabilidad política –dice Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África –. Se necesitan, especialmente, reformas urgentes que pongan fin a los juicios injustos, a la tortura bajo custodia y a los intentos de las autoridades por silenciar la disidencia legítima."
Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general, que dejen claro a las autoridades tunecinas que han de actuar para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se han cometido bajo el gobierno del presidente Ben Ali.
"El buen desempeño económico de Túnez no debe seguir utilizándose como pretexto para hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar a diario en el país –añade Malcolm Smart–."
Resumen
Amnistía Internacional ve con gran preocupación el poco o ningún progreso que ha habido en la situación de los derechos humanos en Túnez en los 20 años de gobierno del presidente Zine Al Abidine Ben Ali.
Pese a algunas reformas legislativas progresistas que parecían brindar mayor protección a los derechos humanos, la situación de estos derechos en Túnez ha sufrido un marcado deterioro desde la entrada en vigor de la ley antiterrorista del 2003. Esta ley contiene una imprecisa definición de terrorismo de la que se han servido las fuerzas de seguridad para perseguir al colectivo de defensores de los derechos humanos y a las personas que critican y se oponen pacíficamente al gobierno, y silenciar así cualquier crítica. Siguen denunciándose casos de tortura y otros malos tratos, incluso en las prisiones. Centenares de presos políticos, entre ellos presos de conciencia, recluidos en conexión con actividades supuestamente terroristas, están encarcelados en condiciones constitutivas de pena o trato cruel, inhumano y degradante, y posiblemente de tortura. Muchos han sido juzgados y condenados en juicios injustos, incluso celebrados ante tribunales militares.
Tortura y otros malos tratos
Es corriente que se someta a los detenidos políticos a tortura y otros malos tratos cuando se encuentran bajo custodia de las fuerzas de seguridad, especialmente la del Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, para obtener "confesiones" y otras declaraciones que puedan utilizarse después como pruebas de cargo en sus procesos. Posteriormente muchos detenidos se han retractado de esas declaraciones en el juicio, alegando que habían sido obtenidas por medio de tortura o malos tratos. La tortura y los malos tratos suelen producirse cuando los detenidos se encuentran recluidos en régimen de incomunicación. La legislación tunecina estipula un límite de seis días para el periodo de garde à vue o detención preventiva, pero, en la práctica, las fuerzas de seguridad violan esta disposición con impunidad, manteniendo a los detenidos en régimen de incomunicación incluso varias semanas. También se ha denunciado que los presos condenados en conexión con supuestos actos de terrorismo u otros cargos relacionados con la seguridad han sido torturados o sometidos a malos tratos en las prisiones. Las autoridades tunecinas no han investigado ni han dado pasos para llevar a la justicia a los perpetradores en prácticamente ningún caso de presunta tortura o malos tratos.
Juicios injustos, incluso celebrados ante tribunales militares
Desde su entrada en vigor en diciembre del 2003, la ley antiterrorista ha sido ampliamente utilizada por las autoridades para aprehender, detener y procesar a supuestos terroristas. Sin embargo, es frecuente que las personas condenadas reciban largas penas de prisión tras ser sometidas a juicios descaradamente injustos, celebrados incluso ante tribunales militares. En muchos casos la condena se ha basado exclusivamente en "confesiones" presuntamente obtenidas por medio de tortura y de las que los propios encausados se retractaron durante el juicio, hechos que el tribunal no investigó. El acceso de los abogados defensores a sus clientes es cada vez más limitado en casos relacionados con terrorismo.
La ley antiterrorista y las disposiciones del Código de Justicia Militar también se han utilizado para condenar a ciudadanos tunecinos devueltos a Túnez por las autoridades de otros países, entre éstos: Francia, Italia y Estados Unidos. Estas personas han sido acusadas de tener vínculos con organizaciones terroristas y sus causas se han trasladado a tribunales militares. Los juicios que se celebran en estos tribunales violan varias garantías procesales, incluido el derecho a una revisión completa del caso por un tribunal superior. Los individuos condenados por estos tribunales sólo tienen derecho a que revise sus casos el tribunal militar de casación, que sólo entiende de cuestiones de procedimiento y no de fondo. Según los informes, el tribunal militar de la ciudad de Túnez ha condenado a por lo menos 15 civiles hasta a 10 años de prisión en lo que va de año.
Presos políticos recluidos en condiciones inhumanas y degradantes
En los últimos tres años, centenares de personas han sido detenidas y recluidas por razones políticas o relacionadas con la seguridad, pero las autoridades gubernamentales tunecinas continúan negando la existencia de presos políticos o presos de conciencia y afirman que se trata de delincuentes comunes. Los presos políticos suelen ser objeto de discriminación y de un trato duro en prisión, y los presos han protestado reiteradamente, incluso declarándose en huelga de hambre, contra la negación de cuidados médicos, la interrupción de las visitas familiares y las condiciones de su reclusión, que incluye periodos prolongados en régimen de aislamiento. Amnistía Internacional teme que las condiciones de estos presos puedan constituir trato cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, incluso tortura. Se informa, por ejemplo, de que en fechas próximas al 16 de octubre de este año, Ousama Abbadi, Mohammed Amine Jaziri, Ramzi el Aifi, Oualid Layouni y Mahdi Ben Elhaj Ali fueron torturados y maltratados por guardias penitenciarios en la Prisión de Mornaguia. Los cinco hombres fueron atados y recibieron puñetazos y patadas. Ousama Abbadi fue golpeado en el rostro y sufrió una hemorragia interna en el ojo derecho. También sufrió una herida profunda en la pierna. Cuando lo visitó su abogado, fue necesario transportarlo en silla de ruedas porque no podía ni ponerse de pie. Se alega que otras personas recluidas en la Prisión de Mornaguia fueron desnudadas por completo y arrastradas por el pasillo, delante de varias celdas, y que se violó a otro detenido insertándole un bastón en el ano. No se conoce que se llevara a cabo ninguna investigación de estas alegaciones.
La libertad de expresión constantemente amenazada
Las autoridades tunecinas siguen restringiendo duramente la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, y los periodistas y directores de los medios de comunicación continúan trabajando en un clima de intimidación y de temor. Las publicaciones extranjeras se censuran y los periodistas que critican al gobierno son despedidos de sus periódicos o amenazados con el despido, hostigados mediante campañas de calumnias en la prensa oficial, o perseguidos por la vía judicial utilizando la legislación sobre difamación. Se ha impedido, incluso por la fuerza, que los periodistas celebraran reuniones o que asistieran e informaran sobre actos organizados por organizaciones independientes de derechos humanos o que podían ser críticas de las autoridades. Las autoridades tunecinas también han socavado la libertad de expresión de creencias religiosas. Desde que las autoridades ordenaron una aplicación estricta del decreto ministerial de la década de 1980 que prohibía que las mujeres de las instituciones educativas y las que trabajaban para el gobierno usaran el hijab (pañuelo islámico para cubrir la cabeza), ha ido creciendo el hostigamiento de las mujeres que lo usan y de los hombres con barba y que visten el qamis (camisa larga hasta la rodilla). Las mujeres sufren a menudo de una manera desproporcionada: algunas han sido llevadas a comisarías de policía donde las han forzado a firmar declaraciones comprometiéndose a no usar el hijab. A otras, la policía no uniformada les ha arrancado el hijab en medio de la calle. Algunas se han visto obligadas a quitarse el hijab para poder ganar acceso a escuelas, universidades o lugares de trabajo, o a quitárselo en la calle.
Aumentan las restricciones que reprimen a las organizaciones de derechos humanos y al colectivo que defiende estos derechos
Las organizaciones de derechos humanos continúan sufriendo crecientes actos represivos. El gobierno bloquea habitualmente la inscripción legal de nuevas ONG independientes impidiéndoles que presenten sus solicitudes de inscripción o negándose a proporcionarles comprobante de haberla presentado.
La inscripción oficial y el reconocimiento ante la ley no garantizan, sin embargo, que una organización pueda funcionar sin injerencias de las autoridades. Las organizaciones debidamente inscritas deben obtener autorización oficial antes de celebrar reuniones y actos públicos, pero tal autorización se deniega si el acto concierne a los derechos humanos en Túnez. Los propietarios de los centros escogidos para celebrar este tipo de reuniones o actos los cancelan a menudo con poco aviso, cediendo, al parecer, a la presión de las autoridades.
El colectivo de activistas y de defensores de los derechos humanos tiene que hacer frente al hostigamiento y a veces a la violencia física de las autoridades. El día 1 de este mes, el abogado Raouf Ayadi fue insultado, arrojado al suelo y arrastrado por agentes de policía para impedir que visitara a un activista de derechos humanos y a un periodista que se habían declarado en huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades a expedirles pasaportes. Otros defensores de los derechos humanos, y sus familiares, viven diariamente bajo la vigilancia de agentes de seguridad. Policías no uniformados suelen interceptar e interrogar a los clientes de los abogados especializados en derechos humanos cuando entran o salen de sus bufetes, y presionarlos para que cambien de abogado. Las actividades de los abogados y defensores de los derechos humanos están sumamente restringidas y sus movimientos sometidos a estrecha vigilancia. Las líneas de teléfono de las organizaciones de derechos humanos, así como sus conexiones de Internet, se suspenden con frecuencia, impidiendo su comunicación con otras personas y su libre acceso a la información.
Injerencia e intimidación que socava la independencia del poder judicial
Las autoridades tunecinas niegan la existencia de irregularidades graves y estructurales en la administración de la justicia en el país, y tratan a menudo de silenciar a las personas que intentan denunciar la sistemática injerencia política que socava la independencia de la magistratura.
Por ejemplo, en septiembre del 2005, se prohibió el acceso a sus oficinas a los miembros de la Asociación de Magistrados de Túnez (AMT), que clamaban por una magistratura más independiente. Según los informes, algunos magistrados fueron además trasladados a áreas remotas, alejadas de sus hogares y familias, para intentar intimidarlos y silenciarlos. La libertad de circulación de los jueces también suele restringirse. En septiembre del 2006 se prohibió que Wassila Kaabi, magistrado y miembro de la junta directiva de la AMT, viajara a Hungría para participar en una reunión de la Unión Internacional de Magistrados. La legislación tunecina dispone que los magistrados deben obtener autorización del secretario de Estado de Justicia para salir del país.
Amnistía Internacional pide al presidente Ben Ali que celebre el 20º aniversario de su subida al poder tomando medidas concretas para abordar las graves violaciones de derechos humanos que persisten desde hace tanto tiempo en Túnez, entre otras cosas, ordenando la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia, reformando los procedimientos y prácticas de detención y reclusión, y asegurando que se investigan con urgencia todas las alegaciones de tortura y otros malos tratos a los presos y se procesa a los responsables. La organización también pide que todas las personas acusadas en virtud de la legislación antiterrorista, así como de otros cargos, sean sometidas a un juicio justo, que se ponga fin al hostigamiento e intimidación del colectivo de defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas, y que las autoridades tunecinas respeten y defiendan el derecho a la libertad de expresión y de asociación.
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Los dos decenios de gobierno del presidente Ben Ali han sido malogrados por una constante de violaciones de derechos humanos, que han incluido detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y malos tratos, juicios injustos, hostigamiento e intimidación del colectivo de defensores de los derechos humanos, y restricciones de la libertad de expresión y de asociación.
"Después de 20 años, ya es hora de que el presidente tunecino y su gobierno tomen medidas concretas para hacer cesar las violaciones de los derechos humanos, la persecución y la represión que se cometen bajo pretexto de mantener la seguridad y la estabilidad política –dice Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África –. Se necesitan, especialmente, reformas urgentes que pongan fin a los juicios injustos, a la tortura bajo custodia y a los intentos de las autoridades por silenciar la disidencia legítima."
Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general, que dejen claro a las autoridades tunecinas que han de actuar para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se han cometido bajo el gobierno del presidente Ben Ali.
"El buen desempeño económico de Túnez no debe seguir utilizándose como pretexto para hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar a diario en el país –añade Malcolm Smart–."
Resumen
Amnistía Internacional ve con gran preocupación el poco o ningún progreso que ha habido en la situación de los derechos humanos en Túnez en los 20 años de gobierno del presidente Zine Al Abidine Ben Ali.
Pese a algunas reformas legislativas progresistas que parecían brindar mayor protección a los derechos humanos, la situación de estos derechos en Túnez ha sufrido un marcado deterioro desde la entrada en vigor de la ley antiterrorista del 2003. Esta ley contiene una imprecisa definición de terrorismo de la que se han servido las fuerzas de seguridad para perseguir al colectivo de defensores de los derechos humanos y a las personas que critican y se oponen pacíficamente al gobierno, y silenciar así cualquier crítica. Siguen denunciándose casos de tortura y otros malos tratos, incluso en las prisiones. Centenares de presos políticos, entre ellos presos de conciencia, recluidos en conexión con actividades supuestamente terroristas, están encarcelados en condiciones constitutivas de pena o trato cruel, inhumano y degradante, y posiblemente de tortura. Muchos han sido juzgados y condenados en juicios injustos, incluso celebrados ante tribunales militares.
Tortura y otros malos tratos
Es corriente que se someta a los detenidos políticos a tortura y otros malos tratos cuando se encuentran bajo custodia de las fuerzas de seguridad, especialmente la del Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, para obtener "confesiones" y otras declaraciones que puedan utilizarse después como pruebas de cargo en sus procesos. Posteriormente muchos detenidos se han retractado de esas declaraciones en el juicio, alegando que habían sido obtenidas por medio de tortura o malos tratos. La tortura y los malos tratos suelen producirse cuando los detenidos se encuentran recluidos en régimen de incomunicación. La legislación tunecina estipula un límite de seis días para el periodo de garde à vue o detención preventiva, pero, en la práctica, las fuerzas de seguridad violan esta disposición con impunidad, manteniendo a los detenidos en régimen de incomunicación incluso varias semanas. También se ha denunciado que los presos condenados en conexión con supuestos actos de terrorismo u otros cargos relacionados con la seguridad han sido torturados o sometidos a malos tratos en las prisiones. Las autoridades tunecinas no han investigado ni han dado pasos para llevar a la justicia a los perpetradores en prácticamente ningún caso de presunta tortura o malos tratos.
Juicios injustos, incluso celebrados ante tribunales militares
Desde su entrada en vigor en diciembre del 2003, la ley antiterrorista ha sido ampliamente utilizada por las autoridades para aprehender, detener y procesar a supuestos terroristas. Sin embargo, es frecuente que las personas condenadas reciban largas penas de prisión tras ser sometidas a juicios descaradamente injustos, celebrados incluso ante tribunales militares. En muchos casos la condena se ha basado exclusivamente en "confesiones" presuntamente obtenidas por medio de tortura y de las que los propios encausados se retractaron durante el juicio, hechos que el tribunal no investigó. El acceso de los abogados defensores a sus clientes es cada vez más limitado en casos relacionados con terrorismo.
La ley antiterrorista y las disposiciones del Código de Justicia Militar también se han utilizado para condenar a ciudadanos tunecinos devueltos a Túnez por las autoridades de otros países, entre éstos: Francia, Italia y Estados Unidos. Estas personas han sido acusadas de tener vínculos con organizaciones terroristas y sus causas se han trasladado a tribunales militares. Los juicios que se celebran en estos tribunales violan varias garantías procesales, incluido el derecho a una revisión completa del caso por un tribunal superior. Los individuos condenados por estos tribunales sólo tienen derecho a que revise sus casos el tribunal militar de casación, que sólo entiende de cuestiones de procedimiento y no de fondo. Según los informes, el tribunal militar de la ciudad de Túnez ha condenado a por lo menos 15 civiles hasta a 10 años de prisión en lo que va de año.
Presos políticos recluidos en condiciones inhumanas y degradantes
En los últimos tres años, centenares de personas han sido detenidas y recluidas por razones políticas o relacionadas con la seguridad, pero las autoridades gubernamentales tunecinas continúan negando la existencia de presos políticos o presos de conciencia y afirman que se trata de delincuentes comunes. Los presos políticos suelen ser objeto de discriminación y de un trato duro en prisión, y los presos han protestado reiteradamente, incluso declarándose en huelga de hambre, contra la negación de cuidados médicos, la interrupción de las visitas familiares y las condiciones de su reclusión, que incluye periodos prolongados en régimen de aislamiento. Amnistía Internacional teme que las condiciones de estos presos puedan constituir trato cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, incluso tortura. Se informa, por ejemplo, de que en fechas próximas al 16 de octubre de este año, Ousama Abbadi, Mohammed Amine Jaziri, Ramzi el Aifi, Oualid Layouni y Mahdi Ben Elhaj Ali fueron torturados y maltratados por guardias penitenciarios en la Prisión de Mornaguia. Los cinco hombres fueron atados y recibieron puñetazos y patadas. Ousama Abbadi fue golpeado en el rostro y sufrió una hemorragia interna en el ojo derecho. También sufrió una herida profunda en la pierna. Cuando lo visitó su abogado, fue necesario transportarlo en silla de ruedas porque no podía ni ponerse de pie. Se alega que otras personas recluidas en la Prisión de Mornaguia fueron desnudadas por completo y arrastradas por el pasillo, delante de varias celdas, y que se violó a otro detenido insertándole un bastón en el ano. No se conoce que se llevara a cabo ninguna investigación de estas alegaciones.
La libertad de expresión constantemente amenazada
Las autoridades tunecinas siguen restringiendo duramente la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, y los periodistas y directores de los medios de comunicación continúan trabajando en un clima de intimidación y de temor. Las publicaciones extranjeras se censuran y los periodistas que critican al gobierno son despedidos de sus periódicos o amenazados con el despido, hostigados mediante campañas de calumnias en la prensa oficial, o perseguidos por la vía judicial utilizando la legislación sobre difamación. Se ha impedido, incluso por la fuerza, que los periodistas celebraran reuniones o que asistieran e informaran sobre actos organizados por organizaciones independientes de derechos humanos o que podían ser críticas de las autoridades. Las autoridades tunecinas también han socavado la libertad de expresión de creencias religiosas. Desde que las autoridades ordenaron una aplicación estricta del decreto ministerial de la década de 1980 que prohibía que las mujeres de las instituciones educativas y las que trabajaban para el gobierno usaran el hijab (pañuelo islámico para cubrir la cabeza), ha ido creciendo el hostigamiento de las mujeres que lo usan y de los hombres con barba y que visten el qamis (camisa larga hasta la rodilla). Las mujeres sufren a menudo de una manera desproporcionada: algunas han sido llevadas a comisarías de policía donde las han forzado a firmar declaraciones comprometiéndose a no usar el hijab. A otras, la policía no uniformada les ha arrancado el hijab en medio de la calle. Algunas se han visto obligadas a quitarse el hijab para poder ganar acceso a escuelas, universidades o lugares de trabajo, o a quitárselo en la calle.
Aumentan las restricciones que reprimen a las organizaciones de derechos humanos y al colectivo que defiende estos derechos
Las organizaciones de derechos humanos continúan sufriendo crecientes actos represivos. El gobierno bloquea habitualmente la inscripción legal de nuevas ONG independientes impidiéndoles que presenten sus solicitudes de inscripción o negándose a proporcionarles comprobante de haberla presentado.
La inscripción oficial y el reconocimiento ante la ley no garantizan, sin embargo, que una organización pueda funcionar sin injerencias de las autoridades. Las organizaciones debidamente inscritas deben obtener autorización oficial antes de celebrar reuniones y actos públicos, pero tal autorización se deniega si el acto concierne a los derechos humanos en Túnez. Los propietarios de los centros escogidos para celebrar este tipo de reuniones o actos los cancelan a menudo con poco aviso, cediendo, al parecer, a la presión de las autoridades.
El colectivo de activistas y de defensores de los derechos humanos tiene que hacer frente al hostigamiento y a veces a la violencia física de las autoridades. El día 1 de este mes, el abogado Raouf Ayadi fue insultado, arrojado al suelo y arrastrado por agentes de policía para impedir que visitara a un activista de derechos humanos y a un periodista que se habían declarado en huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades a expedirles pasaportes. Otros defensores de los derechos humanos, y sus familiares, viven diariamente bajo la vigilancia de agentes de seguridad. Policías no uniformados suelen interceptar e interrogar a los clientes de los abogados especializados en derechos humanos cuando entran o salen de sus bufetes, y presionarlos para que cambien de abogado. Las actividades de los abogados y defensores de los derechos humanos están sumamente restringidas y sus movimientos sometidos a estrecha vigilancia. Las líneas de teléfono de las organizaciones de derechos humanos, así como sus conexiones de Internet, se suspenden con frecuencia, impidiendo su comunicación con otras personas y su libre acceso a la información.
Injerencia e intimidación que socava la independencia del poder judicial
Las autoridades tunecinas niegan la existencia de irregularidades graves y estructurales en la administración de la justicia en el país, y tratan a menudo de silenciar a las personas que intentan denunciar la sistemática injerencia política que socava la independencia de la magistratura.
Por ejemplo, en septiembre del 2005, se prohibió el acceso a sus oficinas a los miembros de la Asociación de Magistrados de Túnez (AMT), que clamaban por una magistratura más independiente. Según los informes, algunos magistrados fueron además trasladados a áreas remotas, alejadas de sus hogares y familias, para intentar intimidarlos y silenciarlos. La libertad de circulación de los jueces también suele restringirse. En septiembre del 2006 se prohibió que Wassila Kaabi, magistrado y miembro de la junta directiva de la AMT, viajara a Hungría para participar en una reunión de la Unión Internacional de Magistrados. La legislación tunecina dispone que los magistrados deben obtener autorización del secretario de Estado de Justicia para salir del país.
Amnistía Internacional pide al presidente Ben Ali que celebre el 20º aniversario de su subida al poder tomando medidas concretas para abordar las graves violaciones de derechos humanos que persisten desde hace tanto tiempo en Túnez, entre otras cosas, ordenando la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia, reformando los procedimientos y prácticas de detención y reclusión, y asegurando que se investigan con urgencia todas las alegaciones de tortura y otros malos tratos a los presos y se procesa a los responsables. La organización también pide que todas las personas acusadas en virtud de la legislación antiterrorista, así como de otros cargos, sean sometidas a un juicio justo, que se ponga fin al hostigamiento e intimidación del colectivo de defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas, y que las autoridades tunecinas respeten y defiendan el derecho a la libertad de expresión y de asociación.
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Más información
Informe 2005
Informe 2005
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Amnistía Internacional - USA/06/11/2007
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