Democracia y evangelización, retos de los obispos
14/11/2007
Opinión
Bernardo Barranco V.
Bernardo Barranco V.
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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se reúne esta semana en su 84 asamblea plenaria. El objetivo, según anunciaron los propios obispos, será: “ofrecer un acercamiento al acontecimiento de Aparecida, con vistas a impulsar la nueva evangelización en México, la conversión de los agentes de pastoral, la dimensión misionera como esencial al ser de la Iglesia”. Se reúnen para analizar el documento del Celam en Aparecida, Brasil, redactado en mayo pasado y del cual se desprenderán algunas líneas de acciones en común. Por ello la finalidad de esta asamblea se antoja importante porque Aparecida lanzó una advertencia dramática a las Iglesias latinoamericanas, ya que no sólo existe una caída en picada de fieles, sino que la Iglesia ha venido perdiendo centralidad social, rebasada por nuevas prácticas sociales que configuran sentidos comunes alejados a las tradicionales normas católicas, entrando ésta a terrenos amenazantes en términos de cultura.
Los obispos deben aventurar un diagnóstico certero y crítico de la realidad actual y las opciones que como colectivo han venido tomando. Si el tema central es la evangelización, sin duda deben repensar el papel del laico, de la mujer, de los nuevos tejidos sociales y de construir una pastoral de la cultura capaz de encarar y dialogar con una sociedad más secular con mayores niveles de escolaridad.
A raíz de las disputas en torno a la teología de la liberación, los obispos favorecieron desde los años 80 la pastoral de las elites, beneficiando a movimientos como el Opus Dei y Legionarios de Cristo. Después de lustros, los resultados se antojan pobrísimos por lo que es indispensable accionar nuevas formas de animación laical en ámbitos ahora ajenos y casi desconocidos a la sociedad clerical. Sin embargo, no nada más se abordará la dimensión misional de la Iglesia; otro punto central de los obispos reunidos, ahora en Cuautitlán, será cómo colocar su propia agenda en la actual circunstancia mexicana.
La figura utilizada por Michelangelo Bovero, de que el gobierno mantiene “posturas casi de rodillas frente a la Iglesia católica”(La Jornada, 9/11/07), si bien técnicamente es un tanto exagerada, muestra que el carácter laico del Estado no está del todo claro en México, al menos en los dos últimos gobiernos. A pesar de que miembros de la alta jerarquía sostienen que fortalecer el carácter laico del Estado es condición necesaria para una relación sana con la Iglesia y una garantía para la libertad religiosa, sus hechos, demandas y presiones parecieran apuntar hacia la dirección del retorno a privilegios y canonjías.
El desafío pastoral de fondo no es únicamente la evangelizaron, como ellos mismos han expresado, sino también situar el papel de la Iglesia en el delicado momento actual de transición democrática; es decir, cómo la Iglesia contribuye a la procuración, fortalecimiento y consolidación de la democracia en México. Los obispos mexicanos, salvo en el año electoral de 2000, cuando saludaron la alternancia, les ha costado mucho trabajo adaptarse e interactuar con el proceso de transición democrática. ¡Da la impresión de que han probado qué tan resistente es!
Durante el proceso electoral de 2006 hubo un momento, que duró semanas, en que las querellas políticas, jurídicas y normativas entre varios obispos contra partidos, como el PRD y México Posible, opacaron los propios comicios. Otro ejemplo es el excesivo protagonismo del cardenal Rivera, que hemos analizado ampliamente en estas páginas.
Bajo el paraguas de la libertad religiosa, la Iglesia ha venido demandando ampliar su espacio de acción y posicionamiento social. Sobre la cuestión, la insistencia del Vaticano es notoria y en esta asamblea están en juego dos grandes posturas. Una encabezada por el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, quien llama a la moderación, y más que una presión política o jurídica se inclina por una acción comunicativa; es decir, explicar, argumentar y fundamentar con claridad a la sociedad qué pretende la Iglesia con la libertad religiosa. Crear condiciones para futuros escenarios.
En contraparte, existen posiciones más beligerantes, dispuestas a correr riesgos, orquestar acciones más determinantes con la finalidad de ampliar la capacidad de movimiento, entre otras, de los derechos políticos del clero, especialmente quitar candados y garantizar la libre expresión política de la alta jerarquía. Esta posición añadiría una acción comunicativa más agresiva combinando el cabildeo y presión a la clase política.
Las demandas que van detrás de la libertad religiosa son de dominio público: a) impartición y libertad de enseñanza religiosa en las escuelas públicas; b) apertura a favor de la asociaciones religiosas para que pueda poseer medios de comunicación no impresos; c) derogación de contar con autorización para la transmisión de actos religiosos a través de la radio y la televisión; d) simplificación administrativa para la internación de extranjeros en carácter de ministros de culto; e) que a los ministros de culto no se les limite su libertad de expresión política, particularmente durante las campañas; f) reconocimiento de la objeción de conciencia en el sistema jurídico mexicano; g) suprimir la disposición legal que limita la asistencia de autoridades a actos de culto público.
Todo indica que las demandas clericales en torno a la libertad religiosa no prosperarán en el corto plazo. El gobierno de Felipe Calderón no ha mostrado entusiasmo por el costo político que la iniciativa conlleva en este momento y la clase política parlamentaria no sólo cerró la posibilidad de incluirla en la reforma del Estado, sino que varios protagonistas cuestionaron agriamente la forma en que la Iglesia lanzó sus demandas, en este caso los abogados católicos del cardenal Rivera, de los cuales se demarcó la presidencia de la CEM. En lo político existe mayor comodidad, es terreno conocido; sin embargo, en el de la evangelización hay un déficit acumulado porque existen claros signos de anorexia pastoral. Veremos los resultados.
Los obispos deben aventurar un diagnóstico certero y crítico de la realidad actual y las opciones que como colectivo han venido tomando. Si el tema central es la evangelización, sin duda deben repensar el papel del laico, de la mujer, de los nuevos tejidos sociales y de construir una pastoral de la cultura capaz de encarar y dialogar con una sociedad más secular con mayores niveles de escolaridad.
A raíz de las disputas en torno a la teología de la liberación, los obispos favorecieron desde los años 80 la pastoral de las elites, beneficiando a movimientos como el Opus Dei y Legionarios de Cristo. Después de lustros, los resultados se antojan pobrísimos por lo que es indispensable accionar nuevas formas de animación laical en ámbitos ahora ajenos y casi desconocidos a la sociedad clerical. Sin embargo, no nada más se abordará la dimensión misional de la Iglesia; otro punto central de los obispos reunidos, ahora en Cuautitlán, será cómo colocar su propia agenda en la actual circunstancia mexicana.
La figura utilizada por Michelangelo Bovero, de que el gobierno mantiene “posturas casi de rodillas frente a la Iglesia católica”(La Jornada, 9/11/07), si bien técnicamente es un tanto exagerada, muestra que el carácter laico del Estado no está del todo claro en México, al menos en los dos últimos gobiernos. A pesar de que miembros de la alta jerarquía sostienen que fortalecer el carácter laico del Estado es condición necesaria para una relación sana con la Iglesia y una garantía para la libertad religiosa, sus hechos, demandas y presiones parecieran apuntar hacia la dirección del retorno a privilegios y canonjías.
El desafío pastoral de fondo no es únicamente la evangelizaron, como ellos mismos han expresado, sino también situar el papel de la Iglesia en el delicado momento actual de transición democrática; es decir, cómo la Iglesia contribuye a la procuración, fortalecimiento y consolidación de la democracia en México. Los obispos mexicanos, salvo en el año electoral de 2000, cuando saludaron la alternancia, les ha costado mucho trabajo adaptarse e interactuar con el proceso de transición democrática. ¡Da la impresión de que han probado qué tan resistente es!
Durante el proceso electoral de 2006 hubo un momento, que duró semanas, en que las querellas políticas, jurídicas y normativas entre varios obispos contra partidos, como el PRD y México Posible, opacaron los propios comicios. Otro ejemplo es el excesivo protagonismo del cardenal Rivera, que hemos analizado ampliamente en estas páginas.
Bajo el paraguas de la libertad religiosa, la Iglesia ha venido demandando ampliar su espacio de acción y posicionamiento social. Sobre la cuestión, la insistencia del Vaticano es notoria y en esta asamblea están en juego dos grandes posturas. Una encabezada por el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, quien llama a la moderación, y más que una presión política o jurídica se inclina por una acción comunicativa; es decir, explicar, argumentar y fundamentar con claridad a la sociedad qué pretende la Iglesia con la libertad religiosa. Crear condiciones para futuros escenarios.
En contraparte, existen posiciones más beligerantes, dispuestas a correr riesgos, orquestar acciones más determinantes con la finalidad de ampliar la capacidad de movimiento, entre otras, de los derechos políticos del clero, especialmente quitar candados y garantizar la libre expresión política de la alta jerarquía. Esta posición añadiría una acción comunicativa más agresiva combinando el cabildeo y presión a la clase política.
Las demandas que van detrás de la libertad religiosa son de dominio público: a) impartición y libertad de enseñanza religiosa en las escuelas públicas; b) apertura a favor de la asociaciones religiosas para que pueda poseer medios de comunicación no impresos; c) derogación de contar con autorización para la transmisión de actos religiosos a través de la radio y la televisión; d) simplificación administrativa para la internación de extranjeros en carácter de ministros de culto; e) que a los ministros de culto no se les limite su libertad de expresión política, particularmente durante las campañas; f) reconocimiento de la objeción de conciencia en el sistema jurídico mexicano; g) suprimir la disposición legal que limita la asistencia de autoridades a actos de culto público.
Todo indica que las demandas clericales en torno a la libertad religiosa no prosperarán en el corto plazo. El gobierno de Felipe Calderón no ha mostrado entusiasmo por el costo político que la iniciativa conlleva en este momento y la clase política parlamentaria no sólo cerró la posibilidad de incluirla en la reforma del Estado, sino que varios protagonistas cuestionaron agriamente la forma en que la Iglesia lanzó sus demandas, en este caso los abogados católicos del cardenal Rivera, de los cuales se demarcó la presidencia de la CEM. En lo político existe mayor comodidad, es terreno conocido; sin embargo, en el de la evangelización hay un déficit acumulado porque existen claros signos de anorexia pastoral. Veremos los resultados.
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