Sarkozy revoluciona el sistema social en Francia
Anuncia más flexibilidad laboral, penalización de las prejubilaciones y menos plazas de funcionario
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Sara Acosta
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París - El presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, ha llevado a la práctica esta semana la primera parte de su gran apuesta presidencial: el anuncio de una reforma global que devuelva la eficacia al agotado sistema social galo.
Sin embargo, las cuentas no salen. Según reconoció este viernes el primer ministro, François Fillon, 'Francia está al borde de la quiebra'. La previsión de déficit público para 2008 ronda el 2,4% a pesar del recorte previsto, la deuda seguirá superando el 60% del PIB y el crecimiento económico será de un raquítico 1,9% en 2007, según las estimaciones elaboradas por la Comisión Europea. Además, la presión de Bruselas para corregir estos desequilibrios se empieza a notar.
Alemania, recién salida de un periodo de desaceleración, reclama que las dos primeras economías del Viejo Continente 'den ejemplo', en una velada crítica a la demanda de Francia de prolongar dos años el acuerdo alcanzado entre todos los países de la UE (previsto en 2010) de alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas.
Así, el impetuoso nuevo presidente ha acaparado la agenda política en los últimos días para proponer a sus compatriotas un 'nuevo contrato social' y una 'revolución cultural' para reinventar el sector público. Como postre y por si a alguien no le hubiera quedado claro, un Sarkozy vehemente se ha llegado a autoinvitar en la cadena de televisión de máxima audiencia para explicar el detalle de su apuesta por la sociedad 'del trabajo, el mérito y la solidaridad'.
El primer objetivo será recortar los privilegios de los regímenes especiales de jubilación, de los que se benefician 1,6 millones de personas y cuestan unos 5.000 millones de euros al año a los contribuyentes. La medida, creada para compensar la dureza de determinados sectores (ferrocarriles, metro, electricidad o gas, entre otros) u oficios particulares (ópera o teatro) 'hoy crea más injusticias que justicias', según Sarkozy. Su propósito es armonizar la edad de jubilación y el tiempo de cotización de estos regímenes (que en el caso de la Ópera se remonta a la corte del Rey Luis XIV) al régimen del sector público. El objetivo es que todos coticen 40 años. Con esta reforma, Sarkozy sabe que abrirá la caja de los vientos contestatarios.
Los sindicatos ya han anunciado una huelga general para el 17 de octubre, pero el plan de Sarkozy va más allá. Más flexibilidad laboral al pedir la anulación de la ley de 35 horas laborales semanales, la mayor imposición de impuestos para prejubilaciones, la interrupción del seguro del paro para aquellos desempleados que rechacen dos trabajos o una mejor orientación en el gasto de la Seguridad Social son más medidas de esta estrategia global con la que Sarkozy se asegura 'que ningún tema tome una importancia principal'.
La reforma de la función pública es la otra asignatura pendiente. Sarkozy quiere individualizar el acceso al funcionariado, rompiendo con el carácter colectivo de la visión francesa sobre la administración pública.
Uno de cada dos funcionarios que se jubilen no será reemplazado, y las carreras profesionales responderán a criterios de mérito, experiencia e implicación. Los nuevos candidatos al funcionariado, compuesto por cinco millones de personas, podrán optar a un nuevo estatus que estará a medio camino entre el funcionario y el empleado con contrato privado.La inmigración será regulada con cuotas
La política de inmigración de Francia quedó sellada esta semana en el Parlamento. La Asamblea Nacional dio paso al establecimiento de cuotas, que se regirán por el país de procedencia del candidato y por la situación de cada sector laboral en Francia.
El objetivo, según el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, para quien 'el modelo de integración de Francia ha fracasado, es ' alcanzar el equilibrio entre los diversos componentes de inmigración, económica o familiar, y las grandes regiones de procedencia'.
Además, el texto adapta la enmienda por la que se establecerán pruebas de ADN, con cargo al candidato en los casos de solicitud dudosa de reagrupamiento familiar. La medida, que ha levantado gran revuelo, ya se aplica en 12 países europeos, entre ellos España.
Sin embargo, las cuentas no salen. Según reconoció este viernes el primer ministro, François Fillon, 'Francia está al borde de la quiebra'. La previsión de déficit público para 2008 ronda el 2,4% a pesar del recorte previsto, la deuda seguirá superando el 60% del PIB y el crecimiento económico será de un raquítico 1,9% en 2007, según las estimaciones elaboradas por la Comisión Europea. Además, la presión de Bruselas para corregir estos desequilibrios se empieza a notar.
Alemania, recién salida de un periodo de desaceleración, reclama que las dos primeras economías del Viejo Continente 'den ejemplo', en una velada crítica a la demanda de Francia de prolongar dos años el acuerdo alcanzado entre todos los países de la UE (previsto en 2010) de alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas.
Así, el impetuoso nuevo presidente ha acaparado la agenda política en los últimos días para proponer a sus compatriotas un 'nuevo contrato social' y una 'revolución cultural' para reinventar el sector público. Como postre y por si a alguien no le hubiera quedado claro, un Sarkozy vehemente se ha llegado a autoinvitar en la cadena de televisión de máxima audiencia para explicar el detalle de su apuesta por la sociedad 'del trabajo, el mérito y la solidaridad'.
El primer objetivo será recortar los privilegios de los regímenes especiales de jubilación, de los que se benefician 1,6 millones de personas y cuestan unos 5.000 millones de euros al año a los contribuyentes. La medida, creada para compensar la dureza de determinados sectores (ferrocarriles, metro, electricidad o gas, entre otros) u oficios particulares (ópera o teatro) 'hoy crea más injusticias que justicias', según Sarkozy. Su propósito es armonizar la edad de jubilación y el tiempo de cotización de estos regímenes (que en el caso de la Ópera se remonta a la corte del Rey Luis XIV) al régimen del sector público. El objetivo es que todos coticen 40 años. Con esta reforma, Sarkozy sabe que abrirá la caja de los vientos contestatarios.
Los sindicatos ya han anunciado una huelga general para el 17 de octubre, pero el plan de Sarkozy va más allá. Más flexibilidad laboral al pedir la anulación de la ley de 35 horas laborales semanales, la mayor imposición de impuestos para prejubilaciones, la interrupción del seguro del paro para aquellos desempleados que rechacen dos trabajos o una mejor orientación en el gasto de la Seguridad Social son más medidas de esta estrategia global con la que Sarkozy se asegura 'que ningún tema tome una importancia principal'.
La reforma de la función pública es la otra asignatura pendiente. Sarkozy quiere individualizar el acceso al funcionariado, rompiendo con el carácter colectivo de la visión francesa sobre la administración pública.
Uno de cada dos funcionarios que se jubilen no será reemplazado, y las carreras profesionales responderán a criterios de mérito, experiencia e implicación. Los nuevos candidatos al funcionariado, compuesto por cinco millones de personas, podrán optar a un nuevo estatus que estará a medio camino entre el funcionario y el empleado con contrato privado.La inmigración será regulada con cuotas
La política de inmigración de Francia quedó sellada esta semana en el Parlamento. La Asamblea Nacional dio paso al establecimiento de cuotas, que se regirán por el país de procedencia del candidato y por la situación de cada sector laboral en Francia.
El objetivo, según el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, para quien 'el modelo de integración de Francia ha fracasado, es ' alcanzar el equilibrio entre los diversos componentes de inmigración, económica o familiar, y las grandes regiones de procedencia'.
Además, el texto adapta la enmienda por la que se establecerán pruebas de ADN, con cargo al candidato en los casos de solicitud dudosa de reagrupamiento familiar. La medida, que ha levantado gran revuelo, ya se aplica en 12 países europeos, entre ellos España.
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Cinco Días - España/23/09/2007
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