EL GOBIERNO AUTONÓMICO (PP) PERMITIRA "ENLADRILLAR" EL ENCLAVE INCLUSO SI EL TRIBUNAL DEROGA LA LEY QUE LO AVALA.
El mayor complejo urbanístico de España se llama Marina de Cope y está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un parque natural, para impulsar un gigantesco desarrollo urbanístico que albergará a 60.000 personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000 hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle el alto tribunal. Pero el Ejecutivo murciano ha advertido por escrito al tribunal de que sus planes seguirán adelante incluso si el Constitucional anula la ley que desprotegió Marina de Cope. Nadie parará las máquinas.
ELPAIS.com/RAFAEL MÉNDEZ/Madrid/01-04-2007
El Gobierno de Murcia sigue a la vanguardia en legislación prourbanística. Si en 2001 desprotegió por ley 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarla, ahora advierte de que mantendrá sus planes —entre ellos 11.000 viviendas en espacio protegido— aunque prospere el recurso contra esa ley que el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la comunidad ha remitido un escrito al juzgado en el que advierte de que un eventual fallo en contra del Constitucional derogará la ley, pero eso no implica que los lugares dejen de ser urbanizables. La jugada tranquiliza a los promotores al garantizar la entrada de las máquinas en la costa virgen.
La última playa
AQUÍ SE PONDRÁ LADRILLO PARA 60.000 PERSONAS
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La urbanización en la costa al sur de Murcia es, con toda probabilidad, el mayor pelotazo en curso en España. En los últimos 70 kilómetros vírgenes del litoral mediterráneo hay previstas decenas de miles de casas. La operación ha sido diseñada con minuciosidad y ejecutada con precisión por el Gobierno regional, del PP, desde 2001.
Ese año, el ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel aprobó la Ley del Suelo. En una disposición adicional aparentemente técnica de última hora, la norma desprotegió miles de hectáreas de parques naturales en la costa. El cálculo exacto es complicado, pero los profesores de la Universidad de Murcia y miembros de Ecologistas en Acción Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, afirman que son 14.000 hectáreas; el Gobierno de Murcia ha reconocido la desprotección de 7.000 hectáreas y los socialistas afirman que son 11.000.
Esa disposición “ajustó” los espacios naturales de Murcia “a los Lugares de Importancia Comunitaria”. Así, Murcia se limitaba a preservar los lugares definidos por Bruselas, cuya protección es menor que la que tenían los parques naturales. Ante la imposibilidad de un recurso normal —ya que la comunidad le dio rango de ley— 50 diputados del PSOE recurrieron al Constitucional en 2001. El recurso no se ha resuelto, pero debe de estar próximo.
En 2004, el Ejecutivo murciano aprobó por decreto las directrices de ordenación del litoral, el plan para urbanizar unas 85.000 hectáreas (parte de ellas, las que desprotegió años antes) de la costa. Este plan permitiría construir 800.000 casas en 30 años, accesibles por tierra gracias a una nueva autopista entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y por aire por un nuevo aeropuerto.
El principal proyecto de este megapelotazo es Marina de Cope: una nueva ciudad para 60.000 habitantes, con 11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una marina artificial con 2.000 amarres. Ocupará 2.156 hectáreas, 1.843 de ellas desprotegidas en 2001 de (de las cuales hay 2,961 millones de metros cuadrados urbanizables) en del parque regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre.
La zona es un reducto virgen, pero, en unos años, gracias a 3.800 millones de inversión, será comparable a Marina d’Or. El boletín oficial de Murcia que aprobó la “actuación de interés regional” incluyó fotos en color de gente jugando al golf, lo que le dio aspecto de folleto publicitario. Los municipios de Lorca (PSOE) y Águilas (PP) apoyan el plan.
La asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas en Acción, la Asociación de Naturalistas del Sureste y una asociación de vecinos, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia el decreto de urbanización. Al procedimiento se sumó el 17 de noviembre de 2006 el abogado del Estado, lo que significa que el Gobierno también se opone a la desprotección
El Gobierno y los ecologistas defendieron ante el tribunal que no se debía urbanizar la zona, al menos hasta el fallo del Constitucional: argumentaban que de nada serviría una sentencia si llega con el parque natural ya construido ya que sería “imposible restaurar los espacios desprotegidos”.
En el intercambio de escritos con el Tribunal, el abogado del Gobierno autónomo ha avisado de que “sea cual sea el fallo del Tribunal Constitucional, éste no afecta a las directrices de ordenación del litoral”. En el escrito, de 60 folios, fechado el 7 de febrero y recién notificado, la Comunidad adelanta su estrategia por primera vez. El texto añade que “el fallo concreto” sobre Marina de Cope es independiente del recurso de inconstitucionalidad, ya que “la estimación del recurso de inconstitucionalidad no afectaría al presente litigio”.
En una pirueta legal, el abogado alega que si el Constitucional estima el recurso y anula la desprotección, el parque natural no volvería a ser parque natural; sino que pasaría a ser Lugar de Interés Comunitario, figura de menor rango que no impide los chalés. Es decir, diga lo que diga el Alto Tribunal sobre la desprotección de las 11.000 hectáreas, el decreto que al amparo de esa ley permite urbanizar la costa virgen seguirá adelante. Este diario intentó el viernes, sin éxito, obtener la versión del Gobierno murciano.
Además de retar al Constitucional con su interpretación, el Gobierno murciano desoye a su propio consejo jurídico. Éste dictaminó en 2004 que Marina de Cope tenía que esperar y que el suelo debía “quedar exento de actuaciones no previstas en el status de protección anterior de ese suelo, a fin de preservarlo ante una posible sentencia [del Constitucional] que anule la desprotección”. El dictamen añadía que la urbanización es “totalmente incompatible con la conservación” de la zona.
Ahora, Murcia apuesta por los hechos consumados y tranquiliza a los promotores: habrá urbanización aunque el Constitucional anule la Ley del Suelo.
La última playa
Marina de Cope es la joya de la corona, con la que la Comunidad de Murcia quiere dejar pequeña a Marina d'Or. La operación tenía un pequeño gran inconveniente: el terreno pertenecía al parque regional Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, con ocho hábitats prioritarios para la Unión Europea y una de las pocas poblaciones de tortuga mora que quedan. El Gobierno murciano decidió desprotegerlo.La zona se había librado del urbanismo por la falta de agua y su agreste orografía. El paisaje es marrón, seco, similar al del cabo de Gata. Un camino de tierra conduce a calas semidesérticas; otras, sólo son accesibles por barco. Ahora, con la saturación de la costa, se convierte en el objeto deseado por las promotoras y ejemplo de la protesta contra el urbanismo. En 2004, comenzó a aparecer por Murcia una pintada: "Cope no se vende". Años después, el lema es: "Murcia no se vende" y los ecologistas están agrupados en toda España en el movimiento "el territorio no se vende".Pero se enfrentan a gigantes. En Marina de Cope y en las directrices del litoral hay mucho dinero en juego. Iberdrola poseía parte del terreno porque allí proyectó una central nuclear hace 25 años. En 2004 vendió el 40% de sus 328 hectáreas a Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha por 36 millones de euros, según una nota de la eléctrica.La constructora Aucosta (Ploder, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Autopistas del Sureste, FCC y Unicaja, entre otros) ha invertido 650 millones en 114 kilómetros de autopista de peaje entre Cartagena y Vera. La vía abrió al tráfico el viernes sin inauguración oficial. La concesionaria espera 7.000 vehículos en su primer año y unos 30.000 dentro de 30 años.El viernes, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un aeropuerto a Sacyr (del murciano Luis del Rivero), Cajamurcia, Grupo Fuertes (propietario de El Pozo), entre otros, por 135 millones.
