Martín Suso
Falta poco más de un mes para las elecciones en Bolivia. Es sabido que en tiempos de campañas electorales suelen extremarse situaciones. Son el resultado de maniobras de propaganda que en ocasiones bordean la desesperación, y por eso mismo desdibujan límites. Sobrepasando las intenciones de los que provocan dichos trances, quedan lastres políticos que tarde o temprano se constituirán en costos a pagar.
En el complejo devenir que vive el país, antes denominado “Proceso de cambio” y ahora calificado con más precisión como “Revolución democrática y cultural”, las elecciones de diciembre constituirán otro importante punto de inflexión. Más allá de los cargos de presidente y vice, que casi todos los sondeos otorgan a la dupla Evo Morales-Alvaro García Linera, se decidirá la autonomía de una región (el Chaco), cinco departamentos (La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Oruro) y doce municipios. Hay que recordar que cuatro departamentos (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz) ya llevaron adelante referendos autonómicos ilegales. En el caso de los doce municipios, decidirán si se convierten en “Municipios Indígenas”, lo que supondría otro paso en la descolonización interna y en la construcción de poder territorial, tanto a nivel de recursos como de instituciones culturales, políticas y sociales. La realidad de los pueblos originarios comienza a visibilizarse y ocupar un lugar formal y con identidades propias en la nueva estructura estatal: el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, según lo define la nueva Constitución.
Luego de una intensa labor para implementar el nuevo padrón biométrico, los resultados indican que se ha superado en un millón de inscritos el registro utilizado en enero de 2009, para un total actual de 4.990.000 personas en condiciones de votar, incluyendo algunos residentes en el extranjero (Argentina, Brasil, España y EEUU).
A riesgo de simplificar, se puede afirmar que dos son los candidatos con posibilidades de cosechar cantidades significativas de votos. El primero es Manfred Reyes Villa, del PPB-Concertación Nacional. Recibe el respaldo de sectores conservadores y de fuertes grupos de poder; son los mismos que en el pasado reciente apostaron por el desmembramiento del país. Fue revocado como prefecto (gobernador) de Cochabamba por medio de consulta popular, y sobre él pesan diversos cargos por corrupción administrativa. Su candidato a la vicepresidencia es el ex prefecto de Pando, actualmente encarcelado por la masacre de campesinos en aquella región. Ese departamento amazónico es ejemplo de territorio históricamente abandonado y aislado, sometido a señoríos de horca y cuchillo que lo regían como un feudo.
El segundo es Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, conocido empresario del cemento y otros rubros comerciales como la franquicia de Burger King. Su propaganda electoral hace énfasis en la generación de empleo y el respaldo a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, fue uno de los principales paladines de las privatizaciones salvajes desde su cartera como ministro de planeamiento en 1992, época en la que campeaba el neoliberalismo en Bolivia.
Los medios de comunicación privados (un 85% del total) se suman en su mayoría a la campaña contra Evo Morales. Recurren a toda clase de trucos, embustes y lugares comunes con muy escasa imaginación y magra incidencia en la opinión pública. Según el periodista Ricardo Bajo, las audiencias consumen esa programación antigubernamental, pero sortean sus propuestas de alineamiento político.
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Alianzas estrafalarias
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Los dos candidatos mencionados son prototipo de pactos estrambóticos. Uno pretende aliarse y conquistar a desempleados y subempleados, producto de las privatizaciones que él mismo alentó siendo funcionario público. El otro hace una apuesta excesiva, colocando como víctima en el escenario político a un promotor de asesinatos. Mientras tanto, Evo parece signado con el don de la ubicuidad, visitando cada día cuatro o cinco localidades de una punta a otra del territorio nacional. Como indica el analista Adalid Cabrera Lemuz, esa maratónica campaña proselitista, que incluso hace temer a sus aliados por la salud del presidente, la desarrolla casi solo, con la única compañía de García Linera. Da la impresión de que el resto de los candidatos del MAS reiteran viejas prácticas de la política nacional, mediante las cuales se ocupaban curules “agarrados a la levita del candidato principal” y sin mayores esfuerzos propios.
Entre las viejas prácticas surgió otra inesperada. En la ciudad de Santa Cruz, varios integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, líderes de barras bravas futboleras y ex miembros de la Prefectura hicieron alianza pública con el MAS. Es necesario recordar que se trata de criminales que en el año 2008 atizaron y organizaron saqueos y destrucción de oficinas públicas, instituciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. Funcionaron como violentos grupos de choque ocupados en demostraciones racistas, golpizas a campesinos y amenazas a ciudadanos que no se plegaban a las propuestas separatistas de las élites locales. Sirvieron, en fin, como base propicia para el desarrollo del proyecto terrorista que fue descubierto y frustrado por el gobierno.
Lo sorprendente de este monumental transfugio público es que dichos individuos sólo argumentaron que habían sido engañados. Algunos sectores del MAS se congratulan, explicando que es necesario recibir con los brazos abiertos a toda persona que se quiera sumar al proceso de cambio. Exhiben a los facinerosos como especie de trofeos de guerra en cada acto político.
Por el contrario, otros militantes se preguntan si esta extraña asociación entre víctimas y verdugos no es ofensiva, o una especie de versión criolla del Síndrome de Estocolmo, en la cual los depredadores no muestran arrepentimiento por los desmanes y prácticas segregacionistas, y sólo se lamentan por haber sido estafados.
Como sea, más allá de una táctica de espectacular efecto mediático, la alianza se instala inesperadamente como actualización de viejas prácticas políticas caracterizadas por el camaleonismo, la impunidad y la desfachatez. Habrá que ver cómo el MAS explica semejante fenómeno, a todas luces enfrentado a los nuevos valores que pretende consolidar la ya mencionada Revolución democrática y cultural. Por el momento, y por encima de razonamientos de ocasión, el traspaso de delincuentes de un extremo al otro del espectro partidista es simple y crudamente eso.
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ALAI/02/11/2009
