"El servicio doméstico es la puerta de entrada de las mujeres más pobres, especialmente indígenas y afrodescendientes, al mercado del trabajo", explicó a IPS María Elena Valenzuela, especialista regional en género y empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En América Latina, el trabajo doméstico remunerado es realizado fundamentalmente por mujeres. Suman casi 14 millones y representan 14 por ciento del total de trabajadoras en la región, según Valenzuela.
Los países con mayor proporción de mujeres en el servicio doméstico son Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.
La cantidad de trabajadoras domésticas ha aumentado desde 1990, pero han disminuido las que laboran "puertas adentro" y han aparecido modalidades como el empleo por día. Pero junto a esta tendencia conviven formas inaceptables de semi-esclavitud o trabajo doméstico infantil. La dispar regulación de sus derechos es otra tónica de la región.
En casi todos los países, las trabajadoras remuneradas en el hogar tienen acceso a un salario mínimo, pero éste suele ser menor al percibido por el resto del mundo laboral, explicó Valenzuela. Asimismo, presentan bajos niveles de cobertura de previsión de retiro, salud y seguros por cesantía debido a vacíos legales o por incumplimientos de los empleadores.
Sus jornadas de trabajo suelen ser más largas que las del conjunto de los trabajadores. Algunos países sólo establecen horarios mínimos de descanso y otros no tienen reguladas las vacaciones anuales ni los beneficios maternales.
Según Valenzuela, es Uruguay el que presenta ahora la ley sobre trabajo doméstico más avanzada de América Latina. Fue aprobada en 2006 y básicamente equipara derechos con el resto de la fuerza laboral del país.
Gracias a esta nueva norma y a la reconstrucción de su sindicato, tras años de desaparición, estas trabajadoras uruguayas pudieron negociar aumentos de sueldos y mejoras laborales en los Consejos de Salarios tripartitos (gobierno, patrones y sindicatos).
En tanto en Paraguay, el 14 de este mes entró en vigor una disposición que extiende el seguro social a las empleadas domésticas de todo el país, un beneficio que antes sólo regía en Asunción. La medida favorece a unas 290.000 personas.
El seguro incluye la cobertura de enfermedad profesional o no, maternidad, accidente de trabajo, prestaciones de atención médico-quirúrgica y dental, medicamentos, hospitalización y un subsidio en dinero.
En julio, Guatemala creó el Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular, que otorga servicios de maternidad, atención médica para hijos de hasta cinco años y asistencia hospitalaria en caso de accidentes.
Pero no aprobó el acceso de estas trabajadoras al programa de pensiones IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) ni al de enfermedad común referida a la consulta médica de rutina.
El año pasado en Chile se aprobó una ley en la cual se establece que el sueldo de las trabajadoras domésticas debe equipararse al mínimo nacional en forma progresiva. Del 75 por ciento recibido hasta 2008 se pasó a 83 por ciento este año y en 2010 y 2011 deberá aumentar a 92 y 100 por ciento, respectivamente.
A ella se suma otra norma, sancionada este año, que consagra el goce de los feriados para empleadas puertas adentro y afuera.
Para el caso de Perú, una ley prohíbe desde marzo obligar a las trabajadoras del hogar a usar uniformes o cualquier otra vestimenta que las identifique como tales en espacios públicos. De ese modo se busca evitar la discriminación.
Valenzuela también destaca las campañas lanzadas por los gobiernos de Argentina y de Brasil para incentivar el registro de las empleadas domésticas. En el caso argentino se incluyeron inclusive beneficios tributarios para los empleadores que cumplan con la ley.
Pero los desafíos legales y culturales aún son muchos. "Junto con equiparar sus derechos al del resto de los trabajadores, es necesario valorizar la actividad", apuntó.
Sandra Castilla, presidenta de la Fundación Amas de Llave de Colombia, dijo a IPS que "aún son muchas las personas en este país que consideran que contratar a una mujer para el servicio doméstico es hacerle un favor".
"Y si les pagan lo que compete a la ley, es por bondad", agregan esas personas en Colombia, donde no existe regulación especial en materia de trabajo doméstico.
En marzo de 2008, la OIT aprobó la idea de evaluar la creación de un futuro Convenio Internacional sobre Trabajadoras Domésticas y Trabajo Decente, que fije estándares mínimos para el desarrollo de esta actividad. Gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales respondieron el 31 de agosto un cuestionario preparado por la OIT. Ahora se espera que en la Conferencia de este organismo, a realizarse en junio de 2010 en Ginebra, se tome una decisión al respecto.
MARGINADOS RURALES
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que 120 millones de personas, que equivalen a 22 por ciento de la población regional, residen en el campo, donde los índices de pobreza e indigencia son mayores que en las ciudades.
La agricultura es la principal fuente de trabajo, pese al progresivo avance de otras actividades remuneradas en ese universo poblacional.
En el estudio titulado "Condicionantes laborales de la pobreza rural en América Latina", el consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Emilio Klein, advierte que en la región es una tendencia generalizada pagar a los trabajadores informales por debajo del salario mínimo nacional, que es baja la sindicalización y que se ve trabajo infantil.
En el sector rural también hay menor proporción de beneficiarios de los sistemas de pensiones, apunta.
En Argentina hay cerca de 1,5 millones de trabajadores rurales y su principal conquista ha sido la aprobación de la ley 25.191, de 2001, que creó un registro de empleadores y trabajadores del sector.
Con ello se instauró una libreta de uso obligatorio donde figuran todos los datos del trabajador: salario, composición de la familia, retenciones para la jubilación, seguro de salud y asignaciones familiares. De cualquier modo, este sector es el que muestra los mayores índices de empleo informal, sin la cobertura social correspondiente.
Sólo en 2008 se aprobó una ley que establece una jornada de ocho horas para el sector, que comenzó a regir en enero. "Antes se acostumbraba a trabajar de sol a sol", dijo a IPS Carlos Figueroa, secretario nacional de relaciones institucionales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
Ahora lo legal son ocho horas de lunes a viernes, medio día los sábados y si el empleador quiere que la persona trabaje más o que lo haga en feriado o domingo debe pagar horas extra.
También a fines el año pasado en Uruguay se aprobó una ley que establece ocho horas de trabajo para los peones rurales, con descanso intermedio, y con un ciclo semanal que no puede exceder las 48 horas. También impone el pago doble por horas extras en caso de exceder esos límites.
No obstante, las organizaciones de trabajadores rurales, que suman unas 180.000 personas, estiman que será difícil implementar la norma, puesto que "hay peones que ni se enteraron que se promulgó, menos van a saber cómo es y cómo se va a controlar".
En Chile, la Mesa Laboral Agrícola, conformada por el gobierno, organizaciones sindicales y empresariales, firmó en agosto un acuerdo para elaborar el "Estatuto del Trabajador Agrícola de Temporada" e implementar otros beneficios, como bonos de salas cunas para hijos e hijas de temporeras. El gobierno, además, se comprometió a coordinar la fiscalización.
El Estatuto, cuyo anteproyecto debería estar listo en octubre, reconocerá la especificidad del trabajado agrícola de temporada, regulando sus contratos, jornadas laborales y horas extras, registro de control de asistencia y otros derechos como negociaciones colectivas y sindicalización.
En Brasil también se destaca la firma, en junio, de un Compromiso Nacional para Mejores Prácticas Laborales del sector de la Caña de Azúcar, que Antonio Lucas, de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), definió a IPS como "un compromiso moral" para "humanizar la relación de trabajo".
El acuerdo tripartito, suscrito entre el gobierno, el sector sindical agropecuario y el empresariado, beneficiará, según la Contag, a unos 600.000 cortadores de caña de azúcar que trabajan en condiciones precarias y hasta de semi-esclavitud.
Del compromiso de 18 puntos, Lucas destacó la contratación directa de trabajadores por parte de las empresas, evitando así el modelo de subcontratación con intermediarios que se presta para un sinnúmero de abusos y prácticas ilegales, especialmente con los trabajadores inmigrantes.
También hay avances en materia de fijación de los salarios y de seguridad laboral. Entre los desafíos del sector agropecuario, Lucas menciona la baja sindicalización y negociación colectiva, la falta de guarderías para hijos y la insuficiente fiscalización.
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*Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Helda Martínez (Bogotá), Fabiana Frayssinet (Río de Janeiro), Raúl Pierri (Montevideo).
