Israel estudió de antemano las consecuencias del ataque que finalmente perpetró contra el convoy humanitario marítimo. ¿Qué objetivos busca con el desencadenamiento de esta crisis diplomática de escala mundial? ¿Por qué desafía Tel Aviv a su aliado turco y a su protector estadounidense?
El ataque que tres navíos lanzadores de misiles clase Saar de la Marina de Guerra israelí perpetraron el 31 de mayo de 2010 contra la Flotilla de la Libertad, en aguas internacionales del Mediterráneo, es una demostración de la decisión de Tel Aviv de “huir hacia el frente”.
La Flotilla de la Libertad es una iniciativa de los militantes por la defensa de los derechos humanos que obtuvo el apoyo del gobierno turco. Su objetivo consiste simultáneamente en llevar ayuda humanitaria a la población de la franja de Gaza y en romper de esa forma el bloque ilegalmente implantado por el ejército israelí contra el millón y medio de personas que viven en esa región.
A la luz del derecho internacional, la decisión de abordar barcos civiles en aguas internacionales constituye un «acto de guerra». Jurídicamente hablando, hubo robo de barcos y de la carga de dichos barcos, secuestro de pasajeros de dichas embarcaciones y homicidio, o sea asesinato, e incluso premeditación, según informaciones de la televisión turca que afirman que los comandos israelíes tenían una lista de personalidades que debían ser eliminadas durante el asalto.
Este acto de guerra, cometido contra barcos que navegaban bajo las banderas de Grecia y Turquía, fue perpetrado como medio de perpetuar el bloqueo, que constituye en sí mismo una violación del derecho internacional.
Al recurrir al argumento de la «legítima defensa», las autoridades israelíes proclaman explícitamente su propia soberanía sobre las aguas internacionales de 69 millas náuticas frente a las costas palestinas ya que necesitan esa anexión, temporal o duradera, para garantizar el mantenimiento del bloqueo, medida que presentan como una necesidad de seguridad del Estado de Israel.
Al abordar un barco turco y matar a varios de los pasajeros que viajaban a bordo del mismo, Tel Aviv decide en primer lugar dar una respuesta de carácter militar a la crisis diplomática que sus relaciones con Ankara vienen atravesando desde enero de 2009. El objetivo de esa iniciativa es provocar dos crisis, una en el seno del Estado Mayor turco y otra entre este último y el actual gobierno de Turquía. Pero es posible que ello conduzca a una ruptura total de las relaciones militares entre Turquía e Israel, a pesar de que Turquía fue –a lo largo de medio siglo– el más importante aliado de Israel en la región. Por lo pronto, ya se anunció una anulación de las maniobras conjuntas turco-israelíes por tiempo indefinido. Esta crisis puede tener por demás repercusiones sobre las relaciones comerciales entre Turquía e Israel, en momentos en que Turquía es un socio vital para la economía israelí.
Israel estaba obligado, sin embargo, a destruir la credibilidad de Turquía en momentos en que ese país se halla en plena fase de acercamiento a Siria e Irán y muestra su aspiración a ejercer una autoridad regional junto a sus nuevos socios. Por lo pronto, Israel tenía que castigar a Ankara por el papel que ha desempeñado en la negociación del Protocolo de Teherán sobre la industria nuclear iraní.
En cuanto a Turquía, que esperaba una intervención israelí muy dura pero no de carácter letal, el momento ha llegado para ese país de tomar posición como protector de la populación palestina, conforme a la doctrina neo-otomana planteada en el plano teórico por el profesor Ahmet Davutoglu, actual ministro turco de Relaciones Exteriores. Sin esperar al regreso del primer ministro Recep Erdogan, quien se hallaba de viaje por Latinoamérica, las autoridades turcas procedieron a retirar a su embajador de Tel Aviv y formaron un gabinete de crisis alrededor del viceprimer ministro Bulent Annc. Este gabinete de crisis se puso en contacto de inmediato con los 32 gobiernos de los países de origen de los miembros del convoy humanitario atacado.
Todo el personal diplomático turco se ha puesto en función de plantear el problema creado a la mayor cantidad posible de Estados y organizaciones internacionales. En una conferencia de prensa, el propio viceprimer ministro Bulent Annc exigió la inmediata restitución de los tres barcos turcos y de su carga, así como –en primer lugar– la liberación de los cientos de ciudadanos turcos secuestrados. El viceprimer ministro calificó el ataque de acto de «piratería» (no de acto de guerra), ofreciendo así al gobierno de Netanyahu la posibilidad de presentar el asunto como un «exceso» y no como una política. Conforme a esa misma lógica, el presidente [turco] Abdullah Gul exigió por su parte que los tribunales israelíes juzguen a los responsables de la matanza.
Desde Chile, el primer ministro Erdogan declaró: «Esta acción es totalmente contraria a los principios del derecho internacional, es el terrorismo de un Estado inhumano. Yo me dirijo a todos los que han apoyado esa operación: Ustedes apoyan [el derramamiento de] sangre. Nosotros apoyamos el derecho humanitario y la paz».
En el transcurso de la tarde, Ankara planteó la cuestión ante el Consejo de la alianza atlántica. Turquía es miembro de la OTAN. En caso de no recibir la respuesta que espera de parte del gobierno israelí, Ankara pudiera calificar el ataque de acto de guerra y solicitar la ayuda militar de los Estados miembros de la OTAN invocando el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.
El gobierno de Netanyahu ya exhortó a sus ciudadanos a salir de Turquía, donde manifestaciones espontáneas en las que la gente pide venganza están teniendo lugar ante los consulados de Israel.
El 26 de mayo de 2010, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reúne un Tel Aviv con el secretario general de la Casa Blanca, Rahm Emmanuel. Este último le hizo entrega de una invitación enviada por el presidente Barack Obama, invitación que la parte israelí acaba de anular sólo 5 días después de su entrega.
En lo tocante a Estados Unidos, esta crisis recuerda a la que se produjo el 8 de junio de 1967 con el navío estadounidense USS Liberty. En plena Guerra de los Seis Días, los israelíes atacaron un navío de vigilancia electrónica de la US Navy, con saldo de 34 muertos y 171 heridos. Tel Aviv presentó excusas afirmando que se trataba de un “error” cometido en el campo de batalla, mientras que –aunque aceptó oficialmente las excusas israelíes– Washington interpretó el incidente como una ofensa deliberada. Se estima que, en aquel momento, los israelíes quisieron castigar así a los estadounidenses por haberlos criticado.
En el actual caso, el ataque contra la Flotilla de la Libertad puede ser una acción de castigo por el voto de Washington a favor de una resolución de los Estados firmantes del Tratado de No Proliferación [nuclear], resolución que exige que Israel declare sus armas nucleares y que acepte los controles del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
La decisión israelí de atacar barcos civiles en aguas internacionales tiene lugar después del asesinato de un dirigente palestino perpetrado por una unidad del Mossad en los Emiratos Árabes Unidos, del descubrimiento de un extenso sistema de copia y falsificación de pasaportes emitidos por diferentes Estados occidentales y de la negativa israelí de asistir a la conferencia internacional de seguimiento del Tratado de No Proliferación [nuclear].
Esta secuencia de hechos puede interpretarse como una sucesión de violaciones cometidas por un Estado que se siente seguro de su impunidad –y pudiera tratarse, en ese caso, de una violación más– o como una escalada consecutiva a un breve desencuentro público con la administración estadounidense –y se trataría entonces de una forma de proclamar el liderazgo del movimiento sionista demostrando que Tel Aviv toma decisiones y Washington no tiene más remedio que aceptarlas.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se encontraba de viaje por Norteamérica, decidió poner fin a su visita a Canadá y anular su encuentro con el actual inquilino de la Casa Blanca. No obstante, el presidente Obama lo contactó telefónicamente para pedirle explicaciones.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, declaró que no existe justificación alguna para la operación israelí. El Relator Especial sobre los Derechos Humanos en los territorios ocupados palestinos, Richard Falk, subrayó que, más allá de la violación de la libre circulación marítima, el problema central sigue siendo el bloqueo. «Si no se implementan acciones inmediatas y decisivas para contrarrestar el enfoque israelí sobre Gaza, nosotros todos seremos cómplices de una política criminal que amenaza la supervivencia de una comunidad sitiada», declaró Falk.
El Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado a una reunión urgente. El ministro turco de Relaciones partió hacia Nueva York.
*Analista político francés.
Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace
Red Voltaire/03/06/2010
