Chile: La depreciación acelerada y 'el modelo' - El debate del día después

Michelle Bachelet, presidenta de Chile.
Foto: Alex Ibáñez (Presidencia Chile)


Nelson Soza Montiel (especial para ARGENPRESS.info)

País/es: Chile

En muy pocas oportunidades como ahora, con el rechazo de proyecto de depreciación acelerada -una de las medidas contenidas en el plan ‘Chile Invierte’ anunciado por el Ministerio de Hacienda en marzo pasado-, ha quedado tan al descubierto la existencia de dos visiones crecientemente confrontadas al interior de la Concertación respecto de la necesidad de una profunda ‘reconversión’ del modelo económico chileno.

Según la propuesta de Hacienda, la depreciación acelerada permitiría deducir de impuestos durante 2007 y 2008 la mitad del gasto en activo fijo en que incurran las empresas. Este incentivo estimularía a las empresas a adelantar sus decisiones de compra de maquinarias y equipos. Según las cuentas oficiales, al cabo de ambos años la tasa de inversión crecería en unos tres puntos porcentuales y en casi medio punto el Producto Interno Bruto (PIB). El costo de la rebaja tributaria representaría para el fisco un menor ingreso estimado en US$ 540 millones -aunque podría ser mayor en la medida que, por la naturaleza de las compras de bienes de capital, muchos de estos gastos continúan siendo devengados en años posteriores.

La medida es sin duda la más relevante del paquete de iniciativas (el tercero en un año) con las cuales el Gobierno busca desempantanar el bajo nivel de crecimiento que por casi una década -y a pesar de las inmejorables condiciones de precios del cobre y otras exportaciones- arrastra la economía nacional.

Aunque pocos podrían cuestionar tan loable objetivo global, mucho más difícil ha sido tragarse las argumentaciones del ministro Andrés Velasco en cuanto a que también la depreciación buscaba reactivar a las pequeñas empresas del país. Motivos para dudar de ello hay varios: la mayoría de las Pymes no está cambiando computadores ni vehículos todos los años, y muchas ni siquiera tienen activos fijos. Su problema es mucho más ‘básico’: se trata de capital de trabajo, de acceso al crédito y de un endeudamiento generado precisamente desde que el Banco Central elevó a un nivel innecesariamente alto las tasas de interés afines de la década pasada. Y además los asesores de Velasco le habría aconsejado la improcedencia de acudir en ayuda de las Pymes que fueron afectadas por ese ajuste…porque en su gran mayoría éstas ya habrían quebrado.

Queda, pues, claro, que si Hacienda pensó en un destinatario de los incentivos tributarios de US$ 540 millones, éstas no son las Pymes, sino que las grandes empresas y los grupos económicos: tienen liquidez y perfectamente pueden sentirse ‘estimuladas’ tributariamente a adelantar inversiones que igual ejecutarían dentro de dos o más años.

Quizás no sea perverso que la dinamización del aparato productivo -aquél que es moderno y tiene reales posibilidades de insertarse y competir de manera ventajosa en la economía global- deba ir necesariamente de la mano de unidades productivas cada vez mayores, integradas verticalmente, y donde las Pymes asuman un reparto muy secundario de ‘maquiladoras’. Después de todo, es el patrón que, con muy pocas variantes, viene siendo reproducido -y aún estimulado- por los Acuerdos de Libre Comercio suscritos por Chile: no más de una veintena de empresas genera casi cuatro quintos de nuestras exportaciones.

Sólo que quienes -desde esa perspectiva tecnocrática- alentaron un paquete eventualmente promovido como reactivador, soslayan el hecho de que ocho de cada diez empleos de nuestra economía son generados por las Pymes.

La propuesta de Velasco y su equipo expresa en el fondo una visión maniquea, elitista y excluyente de la sociedad. Pero este pensamiento manchesteriano, que haría parecer izquierdizante a los neoconservadores del equipo del Presidente George W. Bush, está alojado en la raíz de las políticas del Gobierno; anida en muchos think tank de la Concertación y sus códigos cruzan trasversalmente a sus partidos.

Tan trasversal resulta este pensamiento y tan incomprensible es hoy guiarse según las anquilosadas pautas de izquierdas y derechas, que el presidente del Partido Socialista acusa como un pecado de lealtad al Gobierno haber votado en contra de la propuesta de Velasco, mientras que un senador de su propio partido (y ex ministro de Economía de Aylwin) lo hace junto a los partidos de derechas -que, a su turno, se desligan crecientemente de la defensa corporativa del gran empresariado.

De hecho, no han sido los sectores del ‘progresismo’ concertacionista, sino el ex presidente y senador de la Democracia Cristiana Adolzo Zaldívar -tradicionalmente vinculado a las posiciones más conservadoras al interior de su partido- quien ha advertido que el país está en ‘una situación límite, con una tecnocracia que ha avanzado sobre la base de un poder trasversal dentro de la Concertación y de alguna forma respaldado por grupos económicos, poderes fácticos que han impuesto un modelo contrario a nuestra realidad y a la gente’.

Pero frente a la trasversalidad de ese pensamiento tecnocrático y neoliberal imperante -con algunos altibajos- bajo todas las administraciones de la Concertación, parece haberse terminado de configurar un contrapeso. Este emergió inicialmente al alero de Zaldívar (cuando tomó las riendas partidarias) y del influyente Consejo Económico y Social de la DC -liderado por el economista Ricardo Ffrench- Davis. Pero a él han terminado sumándose otros parlamentarios ‘díscolos’ de su partido y de otros de la Concertación.

Después de 17 años de administraciones concertacionistas y cuando sus liderazgos ya no pueden seguir invocando a la transición como excusa para gobernar pensando sólo en el mes siguiente, la necesidad de (re)preguntarse sobre ‘el modelo’ económico parece al fin estar ganado un momento y un lugar. Este debate de fondo no podrá soslayar qué tipo de crecimiento económico requiere el país (¿sesgado hacia la economía ‘real’ o dependiente de las expectativas de los agentes financieros, como suelen ser las políticas de Hacienda y del Banco Central?), ni cuánta mayor concentración de la riqueza es ‘socialmente deseable’. De preguntarse respecto de cómo y dónde utilizar los recursos fiscales. De someter a la opinión ciudadana, sin ideologismos pero tampoco sin mirar sólo al pragmatismo, cuánto más (o menos) Estado, regulaciones o subsidios son necesarios para aminorar las brechas de desigualdad existentes (después de todo, ha sido merced a una decisión política que se impuso la necesidad de subsidiar, siquiera temporalmente, al Transantiago).

Uno de los eventuales escenarios pos la reunión de Cerro Castillo de mediados de mayo próximo -convocada precisamente para amainar las rencillas y ‘ordenar la casa’- es que las enmiendas reclamadas por este grupo en apariencia inorgánico cobren mayor presencia, fuerza y coordinación. Porque, además, la propuesta de reformular o perfeccionar el ‘modelo’ va muy amarada a la de refundar la Concertación, para enfrentar sus evidentes muestras de agotamiento propias y de cansancio ciudadano. Esa quizás sea una de las últimas oportunidades de la Presidenta Bachelet para evitar que, tarde o temprano, las señales actuales impliquen su quiebre o su derrota. Que al final es lo mismo.

ARGENPRESS.info/20/04/2007