Venezuela / Investigan la fuga del dirigente opositor Eduardo Lapi

Venezuela tras la aventura golpista
10/04/2007

El gobierno venezolano ordenó investigar las cuentas bancarias de todos los sospechosos de colaborar en la fuga del dirigente opositor Eduardo Lapi, quien hace ocho días escapó de la cárcel de San Felipe, estado de Yaracuy. Lapi, quien durante nueve años fue gobernador del estado Yaracuy, región noroccidental de Venezuela, estaba preso desde hacía 10 meses.

El pasado lunes, un día después de haberse evadido, envió por correo electrónico una declaración de prensa, en la que narra cómo logró escaparse tras desarmar el sistema de aire acondicionado cuando se encontraba en la Consultoría Jurídica del penal.

En el escrito, el dirigente político expone las injusticias e irregularidades cometidas en su caso, entre ellas las de haber sido detenido sin ser acusado previamente de algún delito.

Tras la fuga del dirigente político, 29 personas, entre civiles y militares que custodiaban el penal, han sido detenidos por las autoridades venezolanas, y sus cuentas bancarias investigadas, entre ellas la de una juez que fue destituida de su cargo por haber ordenado la libertad de los sospechosos. 'El estado venezolano no puede permitir que exista complacencia con las personas acusadas por estar presuntamente involucradas en la evasión', declaró el ministro de Justicia, Pedro Carreño, quien ordenó las investigaciones. Este es el segundo caso de un preso político que logra escapar de una cárcel, durante ocho años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. El primero fue el líder sindical del partido opositor Acción Democrática (AD), Carlos Ortega, quien junto a otros tres militares detenidos, los coroneles y hermanos, Jesús y Darío Farías, y su sobrino, el capitán Rafael Farías, lograron fugarse la cárcel militar de Ramo Verde. Ortega, de 60 años, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), encabezó a finales del 2002 una huelga petrolera de dos meses (63 días desde diciembre hasta enero de 2003) contra el gobierno del presidente Chávez. El líder sindical contó con el apoyo del sector económico del país, agrupado en la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) y grupos políticos de la oposición. El paro petrolero, como lo denominó el gobierno chavista, le acarreó un proceso judicial que lo llevó a solicitar asilo político en marzo de 2003, en Costa Rica, por espacio de un año.

Los militares fugados, todos pertenecientes al Ejército son acusados de estar implicados en el caso de los 100 paramilitares colombianos detenidos en una finca llamada Daktari, ubicada en el estado Miranda, vecina a la capital venezolana. Curiosamente, tanto Ortega como Lapi lograron escaparse de sus respectivas prisiones un domingo en horas de la madrugada.