Defensa de Posada ratifica que él trabajó 25 años para la CIA

02-05-2007
Cubadebate
El archivo electrónico de cortes federales (PACER) publicó en la tarde del lunes una moción de la defensa de Luis Posada Carriles, en respuesta a la del gobierno que intenta impedir que en el juicio fijado ante la Corte Federal de El Paso (Texas), el próximo 11 de mayo, se hable de los vínculos del terrorista con la CIA.
Los abogados objetaron la petición del gobierno y argumentaron que para Posada es relevante discutir su vínculo con la Agencia de Inteligencia norteamericana, porque “pone el caso en un contexto, y ese contexto está determinado por la relación de 25 años de Posada con la CIA”.
El pasado 20 de abril los fiscales John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la división de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, presentaron una moción para excluir todo tipo de “evidencia, testimonio, preguntas o argumentos” sobre esta relación, que según la defensa de Posada “se prolongó durante 25 años”.
Los abogados de Posada afirman en su réplica que los propios documentos del gobierno reconocen que Posada Carriles era un operativo encubierto y pagado de la CIA. “Sin embargo, es incorrecta la afirmación del gobierno de que su servicio a los Estados Unidos paró en 1976.”
Luis Posada Carriles está acusado en Venezuela por la voladura de un avión cubano que costó la vida a 73 personas, el 6 de octubre de 1976. Estados Unidos se ha negado a certificarlo como terrorista y ha entablado contra él un juicio por mentir a Inmigración y portar un pasaporte falso.
Los fiscales presentaron un documento desclasificado por la CIA, supuestamente firmado por Posada el 13 de febrero de 1976, donde se consigna que ha cesado su vínculo con la agencia y no puede revelar secretos de su trabajo con esta.
La defensa del terrorista argumentó este lunes que el record histórico, desclasificado por el propio gobierno, demuestra que Posada sí continuó esa relación y participó en nombre del gobierno en operaciones para armar a los contras nicaragüenses después de la Revolución sandinista, y “en otros conflictos contra las guerrillas comunistas en los años 80”.
Los abogados insisten en que el gobierno sabía que el nombre de guerra era Ramón Medina, y piden a la Corte establecer en este juicio, a través de evidencia desclasificada, la larga e histórica asociación de Posada con la CIA, más su asistencia en el ejército norteamericano, cuando se alistó para ir a Vietnam, aunque finalmente no participó en esa fracasada invasión.
Argumentan en su Respuesta que "aunque el gobierno prefiera procesar este acusado en un vacío, la defensa tiene el derecho a dar a conocer al acusado ante el jurado".
Entrevistado vía telefónica por Cubadebate, José Pertierra, abogado que representa a Venezuela para la extradición del terrorista, comentó “que cada vez se revelan detalles de mayor gravedad, porque de acuerdo con esta moción, el terrorista no era un tiro al aire, sino que estaba trabajando para la CIA el 6 de octubre de 1976 (fecha de la voladura del avión cubano). Si comenzó a trabajar para la CIA en 1960 y su relación duró más de 25 años, como dicen sus abogados, la cuenta es clarísima.”

MOCIÓN PARA DESCARTAR EVIDENCIA COMO MENTIROSO

En otra moción presentada también el lunes 30 de abril, los abogados de Posada le piden al tribunal que prohíba el uso de cualquier evidencia o declaraciones hechas por Posada a las autoridades de Inmigración durante su entrevista sobre la solicitud de naturalización presentada anteriormente. Argumentan que el gobierno engañó a Posada y a su entonces abogado, Eduardo Soto, al no haberles informado que habían encaminado una investigación penal.
Los abogados afirman que la fiscalía usó la entrevista de naturalización que le hizo a Posada del 25 al 27 de abril de 2006 para acumular más información, aunque "era claro que Posada no calificaba para la naturalización debido a sus antecedentes penales en Panamá".
El propósito fundamental de la entrevista, añade la defensa, fue lograr evidencia para encausar a Posada por fraude inmigratorio. “El gobierno, después de arrestar a Posada en mayo de 2005, trató de detenerlo indefinidamente con una orden de detención inmigratoria, aunque encaminó dos investigaciones penales: (1) Investigando su manera de ingreso en los Estados Unidos, y (2) Investigando su involucramiento en las bombas en los hoteles en Cuba”, indica esta moción que intenta desechar como evidencia la entrevista de naturalización –la prueba de que mintió.
Añade la defensa que “el allanamiento de las oficinas de Caribe Foundation en Hialeah, Florida, el 18 de noviembre de 2005, terminó siendo un tesoro de evidencia sobre Posada y su aliado financiero Santiago Álvarez que Inmigración ya tenía en sus manos cuando entrevistaron a Posada sobre su solicitud de naturalización en abril de 2006. La investigación sobre Posada continuó y el gobierno obtuvo la colaboración de informantes confidenciales en Guatemala (quienes proporcionaron información sobre el involucramiento de Posada en las bombas en La Habana) y en Carolina del Sur, cuya información fue utilizada para interrogar a Posada en abril de 2006.”
Durante esa entrevista en abril de 2006, el gobierno también tenía unas entrevistas con oficiales policíacos relacionados con Posada, una entrevista a Posada hecha el 17 de mayo de 2006 después de su arresto, un pasaporte guatemalteco a nombre de Manuel Enrique Castillo López con la foto de Posada (obtenido del allanamiento de Caribe Foundation), entrevistas con oficiales de Inmigración del Puerto de Miami que permitieron el ingreso del Santrina por aduana, y el itinerario de vuelo de Ernesto Abreu, confirmando su vuelo a Guatemala como parte de la conspiración para ingresar a Posada a los Estados Unidos.
Argumentan que antes de dicha entrevista, el gobierno ya sabía que Posada no calificaba para la naturalización por la condena en Panamá. Afirman que un indulto en el exterior no tiene validez para asuntos de inmigración: “La condena en Panamá es un delito de carácter moral y una felonía con agravantes. Eso lo descalifica de por vida para la naturalización. La entrevista consecuentemente era innecesaria y el gobierno lo sabía de ante mano. Aun así, lo entrevistó para obtener información que posteriormente utilizó para encausarlo por fraude inmigratorio”, dicen los abogados del terrorista.
"No creo que esta segunda moción de Posada prospere, porque si el gobierno sabía de antemano que el terrorista no calificaba para la naturalización también lo debería haber sabido su equipo. Fue Eduardo Soto (su abogado) el que pidió la naturalización, sabiendo que una persona que ha cometido una felonía con agravantes no califica para la ciudadanía. Si inmigración lo citó y Posada quiso ir voluntariamente, lo que dijo en la entrevista bajo juramento es evidencia en este caso", confirmó Pertierra a Cubadebate.