Secreto máximo: Te estamos escuchando
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Traducido por Juana Vera, para el Equipo de Traducción de Cubadebate y Rebelión
Traducido por Juana Vera, para el Equipo de Traducción de Cubadebate y Rebelión
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Podría tratarse de una escena de Kafka o de Brazil. Imagínese una agencia gubernamental en un rollo burocrático, porque accidentalmente le entregan a usted un documento marcado “secreto máximo” que contiene un registro con algunas de sus llamadas telefónicas privadas.
Usted lo lee, lo sopesa y se pregunta qué significa, luego, dos meses después, se presenta el FBI a su puerta, le exige que le devuelva el documento y le ordena olvidarse de que alguna vez lo vio.
Según sabemos esto es precisamente lo que le ocurrió al abogado de Wahington DC. Wendell Belew en agosto del 2004, justamente cuando nadie fuera de un pequeño grupo de altos funcionarios y espías sabían que la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) estaba escuchando las llamadas telefónicas de los norteamericanos sin la correspondiente orden judicial. Belew no sabía qué pensar del asunto, pero ahora, gracias a una metedura de pata del gobierno, él y un colega tienen la extraña distinción de ser los únicos norteamericanos que pueden probar que sus conversaciones fueron escuchadas por un programa de vigilancia de la NSA.
Estas dos personas piden un millón de dólares cada uno en un litigio que han iniciado contra el gobierno, y los expertos dicen que entre otras 50 demandas judiciales similares, son estas las que más posibilidades tienen de convencer a un juez para que declare ilegal el programa de la NSA.
Los problemas de Belew con el Programa de Vigilancia Terrorista comenzaron en el 2004, cuando asumió la representación en los EE.UU. de la prominente oficina de caridad pública Al-Haramain originaria de Arabia Saudita . La Al-Haramain fue una de las más importantes entidades caritativas de Arabia Saudita que trabajó para diseminar una visión estricta del Islam mediante la filantropía, el trabajo de misioneros y el apoyo a las mezquitas en todo el mundo.
Funcionarios federales estaban investigando la sucursal de la entidad en Ashland, Oregon, por supuestos vínculos con el terrorismo y ya había congelado los bienes de la entidad caritativa en los EE.UU. Belew era uno de varios investigadores contratados para tratar de sacar a Al-Haramain de la lista negra del Departamento del Tesoro de los EE.UU., esfuerzo que implicaba un gran papeleo de aquí para allá, y de allá para acá entre los abogados y la sede del Departamento del Tesoro en Washington DC. justo en la acera del frente de la Casa Blanca.
El 20 de agosto de 2004, el también abogado de la entidad Al-Haramain Lynne Bernabei observó que uno de los documentos del Departamento del Tesoro estaba marcado como “secreto máximo”. Bernabei entregó el documento a abogados y directores de la sede de Al-Haramain en Arabia Saudita, y una copia a Belew. El documento era una lista de las conversaciones telefónicas sostenidas por Belew y su colega Asim Ghafoor con un director de la entidad basificado en Arabia Saudita llamado Soliman al-Buthi.
Al-Buthi era empleado del gobierno saudita y trabajaba voluntariamente como coordinador de las sucursales americanas de Al-Haramain, incluida la de Oregon. En una entrevista telefónica con Wired News, al-Buthi dijo que es ahora gerente general del departamento de medio ambiente en la ciudad de Riyad, y que trabaja específicamente en un proyecto para prevenir la fiebre aviar. Al-Buthi negó tener vínculos con el terrorismo tanto ahora como en el 2004. “Yo pienso que la mejor manera de diseminar el Islam es mediante la sabiduría, no con la armas ni la violencia”, declaró.
Pese a las protestas de inocencia de al-Buthi, este hombre y la sucursal americana de Al-Haramain fueron sumadas a la lista pública de terroristas del 9 de septiembre de 2004, apenas unas semanas después que el gobierno le había entregado la lista de llamadas telefónicas a los abogados de la entidad. No está claro cuándo los funcionarios se percataron de que habían entregado un documento clasificado a una organización que consideraban terrorista, pero el FBI se presentó en la oficina de Belew en octubre exigiendo que le devolvieran el registro de llamadas y aconsejando al abogado olvidarse del contenido del documento.
Ya en ese momento, Belew le había entregado una copia del registro de llamadas al reportero del Washington Post David Ottaway, quien había escrito algunos trabajos sobre cómo el gobierno investigaba y conformaba sus listas de personas y agrupaciones sospechosas de financiar el terrorismo. Ottaway no reportó sobre el registro de llamadas y cuando el FBI llamó al Post, el diario diligentemente entregó la copia.
Este pudo haber sido el final de la historia, pero en diciembre del 2005, el New York Times reveló que el gobierno había estado espiando las comunicaciones de los norteamericanos con el exterior sin una orden judicial para hacerlo, y los abogados de Al-Haramain se percataron de por qué el FBI se había empeñado tanto en recuperar el documento.
“Al levantarme por la mañana leí el artículo y pensé ‘Dios mío, tenemos un registro de una escucha ilegal y puede o no haber sido la NSA, pero pensándolo bien sí fue la NSA’”, dijo Thomas Nelson, representante de Al-Haramain y Belew, “así que decidimos hacer la demanda”.
Los abogados recuperaron una de las copias restantes del documento –presumiblemente de Arabia Saudita-- y la utilizaron para incorporar una causa en el Tribunal del Distrito de Oregon en febrero del pasado año. La solicitud era por daños causados por el gobierno por un valor de 1 millón de dólares para cada uno, Belew y Ghafoor, y el descongelamiento de los activos de Al-Haramain, en tanto esta acción fue consecuencia de las imputaciones de espionaje.
La demanda judicial tiene grandes posibilidades de abrirse paso a través de la extraña trampa sin salida que ha frustrado otros esfuerzos por desafiar la vigilancia sin autorización practicada por el gobierno de Bush.
Desde que se publicó el artículo en el Times en el 2005, y se produjo posteriormente el reconocimiento por parte del gobierno de Bush de su programa de vigilancia, se han presentado unos 50 litigios contra este programa de la NSA, que impugnan al gobierno y a varias compañías de telecomunicaciones que supuestamente cooperan con el espionaje contra sus usuarios, incluidas las compañías BellSouth, Verizon y Sprint.
Los abogados del Departamento de Justicia y las compañías telefónicas han dicho que los demandantes en esos casos no tienen bases para la reclamación porque carecen de pruebas de haber sido víctimas directas de la escucha ilegal. Al propio tiempo, el gobierno afirma que no está obligado a revelar que un individuo está bajo este tipo de vigilancia porque el “privilegio del secreto estatal” le permite no revelar informaciones que pongan en peligro la seguridad nacional.
El documento tangible coloca al caso Belew en una posición única para vencer ese obstáculo, afirma Shayana Kadidal, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a prisioneros de Guantánamo. Este centro también ha incorporado su propia demanda judicial pero carece de las pruebas documentales concretas de Belew. Este centro arguye que la posibilidad de que se ejerza esa vigilancia afecta el trabajo de los abogados.
“La posición del gobierno se basa en que si usted no dispone de pruebas concretas de la vigilancia, usted no tiene caso”, dice Kadidal, “y de todos los casos este es el único que tiene prueba documental de la vigilancia”.
La evidencia también le da a los tribunales suficientes elementos para dirimir de inmediato si el Presidente tenía autoridad para espiar a Belew y Ghafoor sin una orden judicial, dijo Jon Eisenberg, uno de los abogados de Belew. “Sabemos cuántas veces fue vigilado”, le dijo Eisenberg al juez el mes pasado. “Lo único que le queda a este tribunal es escuchar los argumentos orales sobre la legalidad del programa”.
El Departamento de Justicia no está dispuesto a admitir que los dos abogados fueron arrastrados al programa de vigilancia extrajudicial de la NSA. “El gobierno nunca ha confirmado ni negado que los demandantes fueran vigilados, mucho menos vigilados de conformidad con el Programa de Vigilancia Terrorista”, escribió el vocero Dean Boyd en un correo electrónico a Wired News.
Pero aunque el documento fuera un memo inocuo no relacionado con la vigilancia de la NSA su efecto inesperado ha sido preocupar a los espías del gobierno.
Poco después de presentarse la demanda judicial, el documento fue extraído subrepticiamente del tribunal y llevado a una sala segura controlada por el Departamento de Justicia conocida como Entidad Segura para Información Compartimentada en Portland, Oregon. Según documentos gubernamentales el registro sigue siendo un documento clasificado de secreto máximo que contiene “información compartimentada sensible”, es decir, información relacionada con o derivada de fuentes, métodos o procesos analíticos de inteligencia, según la definición de las comunidades de inteligencia y defensa.
Ni siquiera los abogados que presentaron el documento al tribunal tienen acceso a él, en tanto se les ha permitido presentar declaraciones, selladas, basadas en lo que recuerdan de su contenido.
Otros aspectos del caso también apoyan la interpretación que los demandantes hacen del documento. El pasado año, el Juez Garr King del Distrito de Portland examinó el documento y leyó informaciones clasificadas presentadas por el Departamento de Justicia. Luego le ordenó al gobierno reunirse con los demandantes para conversar sobre la entrega de otros documentos relacionados. Es poco probable que el tribunal hubiera permitido la continuación del caso de no existir pruebas de que los dos individuos fueron objeto de vigilancia.
Y si la vigilancia hubiera sido legal y ordenada por el tribunal, King se hubiera visto obligado a descartar el litigio. Según el Acta para la Vigilancia de la Inteligencia Exterior, conocida como FISA, los blancos de vigilancia de la contra inteligencia o el contra terrorismo solo pueden demandar al gobierno cuando no se ha emitido una orden judicial autorizando esa acción. Los abogados de Belew y Ghafoor se apoyan en este punto. “De haber existido una orden judicial de conformidad con la FISA, el caso se habría venido abajo el primer día”, dice Nelson. “La conducta del gobierno en este caso deja claro que la orden judicial no existió”.
Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que incluso si los abogados fueron vigilados, no se pude juzgar la autoridad del Presidente para hacerlo sin analizar las razones específicas de por qué los dos eran vigilados, y esas razones sería secretos nacionales que podrían dar pistas a los terroristas, de manera que ningún tribunal podrá nunca pronunciarse sobre el programa.
“Esto no quiere decir que no haya espacios donde ventilar los temas que se discuten y que continúan siendo de gran interés público, sino que la solución de estos asuntos deben dejarse en manos de la rama política del gobierno”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia sobre el caso.
Pero el gobierno tiene un auditorio nuevo, aunque no necesariamente amistoso, para su argumento de no permitir a los jueces juzgar. En agosto de 2006, un tribunal especial ordenó que la demanda de Belew se consolidara en un solo procedimiento que abarca otras 54 demandas relacionadas con la ASN para presentarlo al magistrado Vaughn Walter del Tribunal del Distrito de San Francisco.
Walter ha presidido la acción judicial que hace más de un año presentó la Fundación Electronic Frontier contra la compañía telefónica AT&T por supuesta colaboración con el programa de vigilancia de la NSA. Este juez levantó polvo en julio cuando emitió un dictamen seminal que permitió que el caso contra la AT&T procediera pese a los reclamos del gobierno de que se desestimara la demanda porque tocaba aspectos de seguridad nacional. Walter dictaminó que los privilegios del secreto estatal no se aplicaban a todo el caso porque el gobierno había admitido que el programa existía. (Recientemente Walker rechazó una moción presentada por Wired News que solicitaba desclasificar evidencias sobre el caso).
El gobierno apeló esta decisión sobre secreto estatal ante el Tribunal de Apelaciones del 9no distrito y le solicitó al juez que pusiera fin a los 55 casos pendientes en este tribunal, pero Walker, un republicano con inclinaciones libertarias, ha mantenido los casos vivos, con la observación de que cualquier decisión del tribunal de apelaciones podría abrirse paso a través del sistema hasta el Tribunal Supremo, proceso que podría llevar años.
Según los abogados de Belew, este caso ofrece una oportunidad única de interrumpir definitivamente ese proceso.
En una audiencia a principios de febrero, Eisenberg le dijo a Walker que los documentos clasificados colocan a Belew en una situación diferente a la de otros casos porque el juez dispone de suficientes evidencias para decidir si la vigilancia sin previa orden judicial fue ilegal sin esperar a que el 9no Circuito decida sobre el tema del secreto estatal.
“Tan solo hay que leer los estatutos para decidir si el Presidente tiene derecho a emprender estas acciones in una orden judicial”, dijo Eisenberg.
Se espera que Walter emita su dictamen en marzo acerca de si suspende el caso o fija una fecha para la audiencia y probablemente se trasfiera el documento, bajo custodia, desde las instalaciones de seguridad en Portland hasta San Francisco, donde el juez pueda revisarlo.
Mientras tanto el programa de la NSA está sufriendo cambios.
En otro litigio en agosto pasado, la Jueza del Tribunal de Distrito en Michigan Anna Diggs Taylor consideró el programa de vigilancia de la NSA inconstitucional e ilegal, decisión que en estos momentos está siendo apelada en el 6to Circuito. A la luz de ese dictamen y de crecientes presiones políticas, en enero el Fiscal General Alberto Gonzales anunció básicamente el fin del espionaje sin autorización judicial al decir que el programa de la NSA continuaría pero que empezaría a recibir órdenes judiciales “innovadoras” de los tribunales de inteligencia exterior.
Ahora con el programa reformado, el Departamento de Justicia ha solicitado que varias de las demandas sean descartadas por considerarse discutibles.
Según el Departamento del Tesoro, en estos momentos al-Buthi es un “terrorista global especialmente designado” y sobre él pesa una acusación en los Estados Unidos por no haber declarado la suma de 150 mil dólares en cheques de viajero reunidos para ayudar a los refugiados chechenios la última vez que viajó a este país.
Podría tratarse de una escena de Kafka o de Brazil. Imagínese una agencia gubernamental en un rollo burocrático, porque accidentalmente le entregan a usted un documento marcado “secreto máximo” que contiene un registro con algunas de sus llamadas telefónicas privadas.
Usted lo lee, lo sopesa y se pregunta qué significa, luego, dos meses después, se presenta el FBI a su puerta, le exige que le devuelva el documento y le ordena olvidarse de que alguna vez lo vio.
Según sabemos esto es precisamente lo que le ocurrió al abogado de Wahington DC. Wendell Belew en agosto del 2004, justamente cuando nadie fuera de un pequeño grupo de altos funcionarios y espías sabían que la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) estaba escuchando las llamadas telefónicas de los norteamericanos sin la correspondiente orden judicial. Belew no sabía qué pensar del asunto, pero ahora, gracias a una metedura de pata del gobierno, él y un colega tienen la extraña distinción de ser los únicos norteamericanos que pueden probar que sus conversaciones fueron escuchadas por un programa de vigilancia de la NSA.
Estas dos personas piden un millón de dólares cada uno en un litigio que han iniciado contra el gobierno, y los expertos dicen que entre otras 50 demandas judiciales similares, son estas las que más posibilidades tienen de convencer a un juez para que declare ilegal el programa de la NSA.
Los problemas de Belew con el Programa de Vigilancia Terrorista comenzaron en el 2004, cuando asumió la representación en los EE.UU. de la prominente oficina de caridad pública Al-Haramain originaria de Arabia Saudita . La Al-Haramain fue una de las más importantes entidades caritativas de Arabia Saudita que trabajó para diseminar una visión estricta del Islam mediante la filantropía, el trabajo de misioneros y el apoyo a las mezquitas en todo el mundo.
Funcionarios federales estaban investigando la sucursal de la entidad en Ashland, Oregon, por supuestos vínculos con el terrorismo y ya había congelado los bienes de la entidad caritativa en los EE.UU. Belew era uno de varios investigadores contratados para tratar de sacar a Al-Haramain de la lista negra del Departamento del Tesoro de los EE.UU., esfuerzo que implicaba un gran papeleo de aquí para allá, y de allá para acá entre los abogados y la sede del Departamento del Tesoro en Washington DC. justo en la acera del frente de la Casa Blanca.
El 20 de agosto de 2004, el también abogado de la entidad Al-Haramain Lynne Bernabei observó que uno de los documentos del Departamento del Tesoro estaba marcado como “secreto máximo”. Bernabei entregó el documento a abogados y directores de la sede de Al-Haramain en Arabia Saudita, y una copia a Belew. El documento era una lista de las conversaciones telefónicas sostenidas por Belew y su colega Asim Ghafoor con un director de la entidad basificado en Arabia Saudita llamado Soliman al-Buthi.
Al-Buthi era empleado del gobierno saudita y trabajaba voluntariamente como coordinador de las sucursales americanas de Al-Haramain, incluida la de Oregon. En una entrevista telefónica con Wired News, al-Buthi dijo que es ahora gerente general del departamento de medio ambiente en la ciudad de Riyad, y que trabaja específicamente en un proyecto para prevenir la fiebre aviar. Al-Buthi negó tener vínculos con el terrorismo tanto ahora como en el 2004. “Yo pienso que la mejor manera de diseminar el Islam es mediante la sabiduría, no con la armas ni la violencia”, declaró.
Pese a las protestas de inocencia de al-Buthi, este hombre y la sucursal americana de Al-Haramain fueron sumadas a la lista pública de terroristas del 9 de septiembre de 2004, apenas unas semanas después que el gobierno le había entregado la lista de llamadas telefónicas a los abogados de la entidad. No está claro cuándo los funcionarios se percataron de que habían entregado un documento clasificado a una organización que consideraban terrorista, pero el FBI se presentó en la oficina de Belew en octubre exigiendo que le devolvieran el registro de llamadas y aconsejando al abogado olvidarse del contenido del documento.
Ya en ese momento, Belew le había entregado una copia del registro de llamadas al reportero del Washington Post David Ottaway, quien había escrito algunos trabajos sobre cómo el gobierno investigaba y conformaba sus listas de personas y agrupaciones sospechosas de financiar el terrorismo. Ottaway no reportó sobre el registro de llamadas y cuando el FBI llamó al Post, el diario diligentemente entregó la copia.
Este pudo haber sido el final de la historia, pero en diciembre del 2005, el New York Times reveló que el gobierno había estado espiando las comunicaciones de los norteamericanos con el exterior sin una orden judicial para hacerlo, y los abogados de Al-Haramain se percataron de por qué el FBI se había empeñado tanto en recuperar el documento.
“Al levantarme por la mañana leí el artículo y pensé ‘Dios mío, tenemos un registro de una escucha ilegal y puede o no haber sido la NSA, pero pensándolo bien sí fue la NSA’”, dijo Thomas Nelson, representante de Al-Haramain y Belew, “así que decidimos hacer la demanda”.
Los abogados recuperaron una de las copias restantes del documento –presumiblemente de Arabia Saudita-- y la utilizaron para incorporar una causa en el Tribunal del Distrito de Oregon en febrero del pasado año. La solicitud era por daños causados por el gobierno por un valor de 1 millón de dólares para cada uno, Belew y Ghafoor, y el descongelamiento de los activos de Al-Haramain, en tanto esta acción fue consecuencia de las imputaciones de espionaje.
La demanda judicial tiene grandes posibilidades de abrirse paso a través de la extraña trampa sin salida que ha frustrado otros esfuerzos por desafiar la vigilancia sin autorización practicada por el gobierno de Bush.
Desde que se publicó el artículo en el Times en el 2005, y se produjo posteriormente el reconocimiento por parte del gobierno de Bush de su programa de vigilancia, se han presentado unos 50 litigios contra este programa de la NSA, que impugnan al gobierno y a varias compañías de telecomunicaciones que supuestamente cooperan con el espionaje contra sus usuarios, incluidas las compañías BellSouth, Verizon y Sprint.
Los abogados del Departamento de Justicia y las compañías telefónicas han dicho que los demandantes en esos casos no tienen bases para la reclamación porque carecen de pruebas de haber sido víctimas directas de la escucha ilegal. Al propio tiempo, el gobierno afirma que no está obligado a revelar que un individuo está bajo este tipo de vigilancia porque el “privilegio del secreto estatal” le permite no revelar informaciones que pongan en peligro la seguridad nacional.
El documento tangible coloca al caso Belew en una posición única para vencer ese obstáculo, afirma Shayana Kadidal, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a prisioneros de Guantánamo. Este centro también ha incorporado su propia demanda judicial pero carece de las pruebas documentales concretas de Belew. Este centro arguye que la posibilidad de que se ejerza esa vigilancia afecta el trabajo de los abogados.
“La posición del gobierno se basa en que si usted no dispone de pruebas concretas de la vigilancia, usted no tiene caso”, dice Kadidal, “y de todos los casos este es el único que tiene prueba documental de la vigilancia”.
La evidencia también le da a los tribunales suficientes elementos para dirimir de inmediato si el Presidente tenía autoridad para espiar a Belew y Ghafoor sin una orden judicial, dijo Jon Eisenberg, uno de los abogados de Belew. “Sabemos cuántas veces fue vigilado”, le dijo Eisenberg al juez el mes pasado. “Lo único que le queda a este tribunal es escuchar los argumentos orales sobre la legalidad del programa”.
El Departamento de Justicia no está dispuesto a admitir que los dos abogados fueron arrastrados al programa de vigilancia extrajudicial de la NSA. “El gobierno nunca ha confirmado ni negado que los demandantes fueran vigilados, mucho menos vigilados de conformidad con el Programa de Vigilancia Terrorista”, escribió el vocero Dean Boyd en un correo electrónico a Wired News.
Pero aunque el documento fuera un memo inocuo no relacionado con la vigilancia de la NSA su efecto inesperado ha sido preocupar a los espías del gobierno.
Poco después de presentarse la demanda judicial, el documento fue extraído subrepticiamente del tribunal y llevado a una sala segura controlada por el Departamento de Justicia conocida como Entidad Segura para Información Compartimentada en Portland, Oregon. Según documentos gubernamentales el registro sigue siendo un documento clasificado de secreto máximo que contiene “información compartimentada sensible”, es decir, información relacionada con o derivada de fuentes, métodos o procesos analíticos de inteligencia, según la definición de las comunidades de inteligencia y defensa.
Ni siquiera los abogados que presentaron el documento al tribunal tienen acceso a él, en tanto se les ha permitido presentar declaraciones, selladas, basadas en lo que recuerdan de su contenido.
Otros aspectos del caso también apoyan la interpretación que los demandantes hacen del documento. El pasado año, el Juez Garr King del Distrito de Portland examinó el documento y leyó informaciones clasificadas presentadas por el Departamento de Justicia. Luego le ordenó al gobierno reunirse con los demandantes para conversar sobre la entrega de otros documentos relacionados. Es poco probable que el tribunal hubiera permitido la continuación del caso de no existir pruebas de que los dos individuos fueron objeto de vigilancia.
Y si la vigilancia hubiera sido legal y ordenada por el tribunal, King se hubiera visto obligado a descartar el litigio. Según el Acta para la Vigilancia de la Inteligencia Exterior, conocida como FISA, los blancos de vigilancia de la contra inteligencia o el contra terrorismo solo pueden demandar al gobierno cuando no se ha emitido una orden judicial autorizando esa acción. Los abogados de Belew y Ghafoor se apoyan en este punto. “De haber existido una orden judicial de conformidad con la FISA, el caso se habría venido abajo el primer día”, dice Nelson. “La conducta del gobierno en este caso deja claro que la orden judicial no existió”.
Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que incluso si los abogados fueron vigilados, no se pude juzgar la autoridad del Presidente para hacerlo sin analizar las razones específicas de por qué los dos eran vigilados, y esas razones sería secretos nacionales que podrían dar pistas a los terroristas, de manera que ningún tribunal podrá nunca pronunciarse sobre el programa.
“Esto no quiere decir que no haya espacios donde ventilar los temas que se discuten y que continúan siendo de gran interés público, sino que la solución de estos asuntos deben dejarse en manos de la rama política del gobierno”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia sobre el caso.
Pero el gobierno tiene un auditorio nuevo, aunque no necesariamente amistoso, para su argumento de no permitir a los jueces juzgar. En agosto de 2006, un tribunal especial ordenó que la demanda de Belew se consolidara en un solo procedimiento que abarca otras 54 demandas relacionadas con la ASN para presentarlo al magistrado Vaughn Walter del Tribunal del Distrito de San Francisco.
Walter ha presidido la acción judicial que hace más de un año presentó la Fundación Electronic Frontier contra la compañía telefónica AT&T por supuesta colaboración con el programa de vigilancia de la NSA. Este juez levantó polvo en julio cuando emitió un dictamen seminal que permitió que el caso contra la AT&T procediera pese a los reclamos del gobierno de que se desestimara la demanda porque tocaba aspectos de seguridad nacional. Walter dictaminó que los privilegios del secreto estatal no se aplicaban a todo el caso porque el gobierno había admitido que el programa existía. (Recientemente Walker rechazó una moción presentada por Wired News que solicitaba desclasificar evidencias sobre el caso).
El gobierno apeló esta decisión sobre secreto estatal ante el Tribunal de Apelaciones del 9no distrito y le solicitó al juez que pusiera fin a los 55 casos pendientes en este tribunal, pero Walker, un republicano con inclinaciones libertarias, ha mantenido los casos vivos, con la observación de que cualquier decisión del tribunal de apelaciones podría abrirse paso a través del sistema hasta el Tribunal Supremo, proceso que podría llevar años.
Según los abogados de Belew, este caso ofrece una oportunidad única de interrumpir definitivamente ese proceso.
En una audiencia a principios de febrero, Eisenberg le dijo a Walker que los documentos clasificados colocan a Belew en una situación diferente a la de otros casos porque el juez dispone de suficientes evidencias para decidir si la vigilancia sin previa orden judicial fue ilegal sin esperar a que el 9no Circuito decida sobre el tema del secreto estatal.
“Tan solo hay que leer los estatutos para decidir si el Presidente tiene derecho a emprender estas acciones in una orden judicial”, dijo Eisenberg.
Se espera que Walter emita su dictamen en marzo acerca de si suspende el caso o fija una fecha para la audiencia y probablemente se trasfiera el documento, bajo custodia, desde las instalaciones de seguridad en Portland hasta San Francisco, donde el juez pueda revisarlo.
Mientras tanto el programa de la NSA está sufriendo cambios.
En otro litigio en agosto pasado, la Jueza del Tribunal de Distrito en Michigan Anna Diggs Taylor consideró el programa de vigilancia de la NSA inconstitucional e ilegal, decisión que en estos momentos está siendo apelada en el 6to Circuito. A la luz de ese dictamen y de crecientes presiones políticas, en enero el Fiscal General Alberto Gonzales anunció básicamente el fin del espionaje sin autorización judicial al decir que el programa de la NSA continuaría pero que empezaría a recibir órdenes judiciales “innovadoras” de los tribunales de inteligencia exterior.
Ahora con el programa reformado, el Departamento de Justicia ha solicitado que varias de las demandas sean descartadas por considerarse discutibles.
Según el Departamento del Tesoro, en estos momentos al-Buthi es un “terrorista global especialmente designado” y sobre él pesa una acusación en los Estados Unidos por no haber declarado la suma de 150 mil dólares en cheques de viajero reunidos para ayudar a los refugiados chechenios la última vez que viajó a este país.
Al-Buthi le dijo a Wired News que él siempre había declarado el dinero al entrar a los Estados Unidos, pero no sabía que tenía que hacer otro tanto al abandonar el país, y que en dos ocasiones ha sido interrogado por las autoridades sauditas y relevado de todos los cargos en su contra.
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http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/03/72811?currentPage=all
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