Irak: la gestión de la seguridad bajo el control de los lobbies privados
La Blackwater USA, una de las mayores sociedades privadas dedicadas a la gestión de la seguridad y protección del personal extranjero y de las infraestructuras económicas en Irak, se vio implicada el 17 de septiembre en un incidente, todavía sin aclarar, donde murieron ocho civiles iraquíes. La noticia del tiroteo de Bagdad ha puesto de manifiesto la cuestión de los agentes de seguridad privados presentes en Irak, sobre los que los que se tiene informaciones escasas e incompletas: es difícil cuantificar el número de agentes así como el de las sociedades presentes y las condiciones contractuales bajo las que operan. Los agentes facturan a las empresas para las que trabajan cientos de millones de dólares, creando una potente industria de la seguridad privada cuyas actividades son indispensables para el ejército americano y para el propio gobierno iraquí.
-
Elisa Morici
Elisa Morici
-
Desde principios de los noventa, las Private Security Companies (PSC, Compañías de Seguridad Privada) han intervenido en diversos contextos postbélicos peligrosos. Son sociedades privadas contratadas por los gobiernos extranjeros para proteger a sus propios representantes y personal diplomático, para apoyar al ejército, a las organizaciones internacionales y a las sociedades empresariales, así como para escoltar y vigilar los edificios y las estructuras económicas. En la postguerra iraquí, estas empresas son consideradas como una tercera fuerza militar del país, por su entidad y su equipamiento, por detrás de las tropas extranjeras, el ejército nacional y la policía.
Desde principios de los noventa, las Private Security Companies (PSC, Compañías de Seguridad Privada) han intervenido en diversos contextos postbélicos peligrosos. Son sociedades privadas contratadas por los gobiernos extranjeros para proteger a sus propios representantes y personal diplomático, para apoyar al ejército, a las organizaciones internacionales y a las sociedades empresariales, así como para escoltar y vigilar los edificios y las estructuras económicas. En la postguerra iraquí, estas empresas son consideradas como una tercera fuerza militar del país, por su entidad y su equipamiento, por detrás de las tropas extranjeras, el ejército nacional y la policía.
-
A pesar de que el recurso a los contratistas por parte de los gobiernos de la coalición, y en particular por el ejército americano, es considerable; faltan informaciones oficiales sobre el número de sociedades que trabajan, los individuos implicados, y los términos de los contratos. No existen cifras exactas sobre el número de compañías destinadas a proteger a los sujetos que trabajan en la reconstrucción: una lista elaborada en 2004 por la Coalition Provisional Authority por petición del Congreso americano, contaba 60 empresas distintas, con un total de 20.000 empleados. Actualmente, según reflejan los órganos de información del gobierno federal americano, las agencias con las que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado tienen contratos son 28, pero parece que el número real de contratas y subcontratas es mayor; las estimaciones más recientes hablan de 100.000 individuos.Las informaciones disponibles sobre los contratos entre el Departamento de Estado (o Departamento de Defensa americano) y las PSC son escasas. Un informe sobre las concesiones en Irak de julio del 2007, a cargo del Gongressional Research Service, indica que entre las principales empresas de seguridad, según los contratos firmados por el Departamento de Estado, se encuentra la Blackwater USA, la DynCorp International LLC y la Triple Canopy Inc.; mientras que para los servicios directos al Departamento de Defensa, sólo aparece la Aegis Defense Services, empresa inglesa propiedad de un antiguo oficial del ejército de Su Majestad, Tim Spicer.Los servicios de seguridad proporcionados por las PSC abarcan un amplio espectro: desde la consulta y planificación en materia de seguridad, a la protección de personas, convoyes y vigilancia de infraestructuras económicas y de edificios, pasando por el adiestramiento militar y de las fuerzas de policía, mantenimiento de armas, y administración de las prisiones militares, además de otras tareas inherentes a la gestión logística de las bases del ejército. Como no se conocen los términos estipulados en los contratos, no es posible definir con exactitud las condiciones de trabajo, los costes de las prestaciones y su supuesta rentabilidad económica frente al mantenimiento de un ejército regular.Algunos analistas mantienen que el uso de agentes provenientes de terceros países, con retribuciones inferiores a las de ciudadanos americanos y sin costes de alimentación, alojamiento o transporte para los locales, convierte a las PSC en un recurso más económico. Sobre todo, comparado con el despliegue de soldados del ejército americano; ya que además, en caso de despido o accidente, el Gobierno americano no tendrá que pagar ni seguro, ni indemnización, ni las pensiones a las que se ven sujetos los soldados.Ambos argumentos son discutibles. Ante todo, los costes varían de sociedad en sociedad y dependen de los beneficios negociados en el contrato, no es correcto establecer a priori la conveniencia económica: un análisis del Congreso americano de febrero de 2007 denunciaba que el coste de la contratación de la sociedad Blackwater era entre 4 y 10 veces más elevado con respecto a la utilización de militares americanos. Como segunda observación, en cuanto al ahorro indirecto al no tener que pagar pensión o invalidez por heridas recibidas en combate, se podría argumentar que la profesionalidad de las fuerzas privadas deriva del adiestramiento recibido en manejo de armas, pagado por el Gobierno y los contribuyentes americanos.
A pesar de que el recurso a los contratistas por parte de los gobiernos de la coalición, y en particular por el ejército americano, es considerable; faltan informaciones oficiales sobre el número de sociedades que trabajan, los individuos implicados, y los términos de los contratos. No existen cifras exactas sobre el número de compañías destinadas a proteger a los sujetos que trabajan en la reconstrucción: una lista elaborada en 2004 por la Coalition Provisional Authority por petición del Congreso americano, contaba 60 empresas distintas, con un total de 20.000 empleados. Actualmente, según reflejan los órganos de información del gobierno federal americano, las agencias con las que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado tienen contratos son 28, pero parece que el número real de contratas y subcontratas es mayor; las estimaciones más recientes hablan de 100.000 individuos.Las informaciones disponibles sobre los contratos entre el Departamento de Estado (o Departamento de Defensa americano) y las PSC son escasas. Un informe sobre las concesiones en Irak de julio del 2007, a cargo del Gongressional Research Service, indica que entre las principales empresas de seguridad, según los contratos firmados por el Departamento de Estado, se encuentra la Blackwater USA, la DynCorp International LLC y la Triple Canopy Inc.; mientras que para los servicios directos al Departamento de Defensa, sólo aparece la Aegis Defense Services, empresa inglesa propiedad de un antiguo oficial del ejército de Su Majestad, Tim Spicer.Los servicios de seguridad proporcionados por las PSC abarcan un amplio espectro: desde la consulta y planificación en materia de seguridad, a la protección de personas, convoyes y vigilancia de infraestructuras económicas y de edificios, pasando por el adiestramiento militar y de las fuerzas de policía, mantenimiento de armas, y administración de las prisiones militares, además de otras tareas inherentes a la gestión logística de las bases del ejército. Como no se conocen los términos estipulados en los contratos, no es posible definir con exactitud las condiciones de trabajo, los costes de las prestaciones y su supuesta rentabilidad económica frente al mantenimiento de un ejército regular.Algunos analistas mantienen que el uso de agentes provenientes de terceros países, con retribuciones inferiores a las de ciudadanos americanos y sin costes de alimentación, alojamiento o transporte para los locales, convierte a las PSC en un recurso más económico. Sobre todo, comparado con el despliegue de soldados del ejército americano; ya que además, en caso de despido o accidente, el Gobierno americano no tendrá que pagar ni seguro, ni indemnización, ni las pensiones a las que se ven sujetos los soldados.Ambos argumentos son discutibles. Ante todo, los costes varían de sociedad en sociedad y dependen de los beneficios negociados en el contrato, no es correcto establecer a priori la conveniencia económica: un análisis del Congreso americano de febrero de 2007 denunciaba que el coste de la contratación de la sociedad Blackwater era entre 4 y 10 veces más elevado con respecto a la utilización de militares americanos. Como segunda observación, en cuanto al ahorro indirecto al no tener que pagar pensión o invalidez por heridas recibidas en combate, se podría argumentar que la profesionalidad de las fuerzas privadas deriva del adiestramiento recibido en manejo de armas, pagado por el Gobierno y los contribuyentes americanos.
-
Las lagunas informativas no permiten valorar objetivamente la conveniencia económica de recurrir a compañías privadas de seguridad en la reconstrucción iraquí. Sin embrago, hay quetener en cuenta que, desde un punto de vista político, Estados Unidos nopuede permitirse enviar a Irak 200.000 soldados máscuando la mayor parte de la opinión pública y política americana se muestra a favor de la retirada o, al menos, de la reducción del despliegue militar.Actualmente, los contingentes americanos en Irak no disponen de hombres suficientes para sustituir a las contratas. Las funciones desarrolladas por los agentes de seguridad privada por cuenta del ejército americano son sólo una parte de las actividades que hasta hace poco desarrollaba el propio personal militar, como la vigilancia de infraestructuras económicas importantes, o el mantenimiento de las bases. El pasado junio, el Washington Post comentaba el éxito logrado enel empleo de agentes de seguridad privada para proteger convoyes militares, previendo un aumento de las contratas enIrak, sin embargo las críticas de las autoridades iraquíes tras el incidente de la Blackwater amenazan con reducir las concesión de licencias a estas sociedades.Sin embargo, la contribución a la seguridad del país hecha por la PSC es irrenunciable para el gobierno iraquí. Si bien las concesiones escapan a la jurisdicción penal iraquí y no cuentan con el apoyo de la población local; la violencia interna no parece disminuir, la policía iraquí es todavía débil y los propios policías son objetivo de los atentados más sangrientos. Algunas cuestiones referentes al uso de las contratas están sin resolver, como la escasa información y coordinación de las acciones entre éstas y el ejército en las situaciones de mayor peligro, con el consiguiente riesgo para ambas partes, además de la responsabilidad de las contratas frente a abusos o la dudosa legalidad en base a las leyes estadounidenses, que reflejan la falta de medios de aplicación concretos. Finalmente, habría que realizar una reflexión sobre el aumento de la industria de la seguridad. Tras los contratos millonarios firmados por las PSC americanas, pero también inglesas, sudafricanas y de otros países, se ha creado una fuerza de presión económica internacional, compuesta por un número impreciso de actores privados que aprovechan la inestabilidad post bélica, y donde interesa la falta de seguridad. Para proteger los propios intereses económicos, las cúpulas de estas sociedades podrían verse tentadas a buscar apoyo político, dentro del propio país, además de mantener la violencia y buscar nuevos conflictos en otros países. Esta hipótesis no está exenta de fundamentos, en cuanto a Estados Unidos y la reconstrucción iraquí: justo después de la guerra, hubo acusaciones sobre la presunta relación entre el poder político y los intereses de las grandes industrias por el vínculo existente entre el vicepresidente Dick Cheney y la sociedad Halliburton, encargada de otorgar los contratos y las ventas en Irak.El propio sistema de financiación de los partidos norteamericanos permite la participación en la vida política de poderes económicos más fuertes, los cuales pueden ejercer presión sobre los programas políticos.
Las lagunas informativas no permiten valorar objetivamente la conveniencia económica de recurrir a compañías privadas de seguridad en la reconstrucción iraquí. Sin embrago, hay quetener en cuenta que, desde un punto de vista político, Estados Unidos nopuede permitirse enviar a Irak 200.000 soldados máscuando la mayor parte de la opinión pública y política americana se muestra a favor de la retirada o, al menos, de la reducción del despliegue militar.Actualmente, los contingentes americanos en Irak no disponen de hombres suficientes para sustituir a las contratas. Las funciones desarrolladas por los agentes de seguridad privada por cuenta del ejército americano son sólo una parte de las actividades que hasta hace poco desarrollaba el propio personal militar, como la vigilancia de infraestructuras económicas importantes, o el mantenimiento de las bases. El pasado junio, el Washington Post comentaba el éxito logrado enel empleo de agentes de seguridad privada para proteger convoyes militares, previendo un aumento de las contratas enIrak, sin embargo las críticas de las autoridades iraquíes tras el incidente de la Blackwater amenazan con reducir las concesión de licencias a estas sociedades.Sin embargo, la contribución a la seguridad del país hecha por la PSC es irrenunciable para el gobierno iraquí. Si bien las concesiones escapan a la jurisdicción penal iraquí y no cuentan con el apoyo de la población local; la violencia interna no parece disminuir, la policía iraquí es todavía débil y los propios policías son objetivo de los atentados más sangrientos. Algunas cuestiones referentes al uso de las contratas están sin resolver, como la escasa información y coordinación de las acciones entre éstas y el ejército en las situaciones de mayor peligro, con el consiguiente riesgo para ambas partes, además de la responsabilidad de las contratas frente a abusos o la dudosa legalidad en base a las leyes estadounidenses, que reflejan la falta de medios de aplicación concretos. Finalmente, habría que realizar una reflexión sobre el aumento de la industria de la seguridad. Tras los contratos millonarios firmados por las PSC americanas, pero también inglesas, sudafricanas y de otros países, se ha creado una fuerza de presión económica internacional, compuesta por un número impreciso de actores privados que aprovechan la inestabilidad post bélica, y donde interesa la falta de seguridad. Para proteger los propios intereses económicos, las cúpulas de estas sociedades podrían verse tentadas a buscar apoyo político, dentro del propio país, además de mantener la violencia y buscar nuevos conflictos en otros países. Esta hipótesis no está exenta de fundamentos, en cuanto a Estados Unidos y la reconstrucción iraquí: justo después de la guerra, hubo acusaciones sobre la presunta relación entre el poder político y los intereses de las grandes industrias por el vínculo existente entre el vicepresidente Dick Cheney y la sociedad Halliburton, encargada de otorgar los contratos y las ventas en Irak.El propio sistema de financiación de los partidos norteamericanos permite la participación en la vida política de poderes económicos más fuertes, los cuales pueden ejercer presión sobre los programas políticos.
-
La falta de información sobre el uso de las contratas y la constitución de intereses económicos que sacan provecho de la guerra y de la reconstrucción, se refleja en las dos cuestiones fundamentales, la información y los intereses privados, que aparecen en el debate sobre el conflicto iraquí desde sus inicios. Una última consideración de carácter político sobre la ausencia de una alternativa eficaz que permita prescindir de las PSC, o por lo menos disminuir el poder económico que están consiguiendo: incrementar el número de soldados de la coalición es imposible para los Estados implicados, y la policía iraquí no está preparada para proporcionar protección al personal extranjero presente en Irak, al menos hasta que no mejoren las condiciones de seguridad del país.
La falta de información sobre el uso de las contratas y la constitución de intereses económicos que sacan provecho de la guerra y de la reconstrucción, se refleja en las dos cuestiones fundamentales, la información y los intereses privados, que aparecen en el debate sobre el conflicto iraquí desde sus inicios. Una última consideración de carácter político sobre la ausencia de una alternativa eficaz que permita prescindir de las PSC, o por lo menos disminuir el poder económico que están consiguiendo: incrementar el número de soldados de la coalición es imposible para los Estados implicados, y la policía iraquí no está preparada para proporcionar protección al personal extranjero presente en Irak, al menos hasta que no mejoren las condiciones de seguridad del país.
-
Links
Mapa Iraq
Enlaces
Irak: el parasitismo de la clase política entre violencia y emergencia humanitaria
(AP) Irak: el futuro de Irán y EEUU
Mapa Iraq
Enlaces
Irak: el parasitismo de la clase política entre violencia y emergencia humanitaria
(AP) Irak: el futuro de Irán y EEUU
-
Equilibri.net - Italy/27/09/2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario