VENEZUELA Y BOLIVIA EN LA ENCRUCIJADA DEL SOCIALISMO DEL S. XXI

Rubén Alemán

“No creo que el socialismo del siglo XXI, del que se habla en Caracas y en La Paz, y por impulso del chavismo y de Morales, en algunos documentos de los sin tierra brasileños y en varios papeles de Vía Campesina, vaya a tener gran cosa que ver con la noción de socialismo que hemos elaborado en Europa. Lo intuyó ya Mariátegui, que anduvo por varios países europeos y luego pensó en ello. Y seguramente lo intuyó Guevara en la aventura boliviana que le llevó a la muerte”.

Estas palabras de Francisco Fernández Buey nos pueden servir de reflexión acerca de los procesos democrático-revolucionarios que se están viviendo en estos dos países latinoamericanos. Más allá de la opinión que desde los distintos sectores de la izquierda transformadora podamos tener acerca de Fernández Buey y sus postulados epistemológicos, podemos ir aventurando hechos ciertos de ambos procesos.


1. DEFENSA DE LAS MAYORÍAS.

El proceso bolivariano bebe, desde el punto de vista teórico, de Mariátegui y Gramsci. Si bien no hablamos de una revolución marxista-leninista, sí vemos en él connotaciones socialistas, tal y como han señalado en los últimos años Hugo Chávez Frías o José Vicente Rangel. Aunque se respeta la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, el objetivo final es la socialización –que no estatalización, sólo de los sectores estratégicos- de la economía. La defensa de la producción nacional y de los agentes económicos endógenos, llámese campesino, comerciante o pequeño empresario, no está consiguientemente reñida con la defensa a ultranza de la clase trabajadora. Es más, su actividad productiva y social se supedita a los intereses de la mayoría: los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Un ejemplo palmario lo representa el art. 89 de la Constitución Bolivariana cuando establece que el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Los derechos laborales son irrenunciables. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. Pero donde más se evidencia la defensa imprescriptible y fundamental de la clase trabajadora es en la priorización que se establece en el hecho constitucional de que cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. Los pasos en Bolivia parecen dirigirse por el mismo camino garantista en perfecta coherencia con el pasado y presente sindicales de Evo Morales, algo que parecía que el reloj de la economía había abandonado definitivamente después del presunto “fin de la Historia” que preconizaban los Fernández de la Mora o Fukuyama de turno.

El socialismo venezolano recupera la figura jurídica de la solvencia laboral, abandonada por el neoliberalismo no sólo en Latinoamérica sino también en la llamada Europa Social. A partir de ahora, y fruto precisamente de la defensa de la parte más débil de la relación laboral, la revolución democrática rescata el papel protagónico de la Administración a la hora de supervisar todo despido para evitar abusos y arbitrariedades empresariales. Algo que existía antes de la contrarreforma laboral española de 1.995 con el objetivo de comprobar de forma fehaciente que la rescisión contractual por parte de la empresa obedece a criterios objetivos y no al puro capricho económico del patrón o patrona.


2. CONSENSO DEMOCRÁTICO.

Ambos procesos han sido fruto del resultado democrático propiciado por la libre expresión de la voluntad popular por mucho que les pese a las oligarquías locales venezolanas y bolivianas. Tanto Chávez como Morales han obtenido un respaldo ciudadano más que sobrado, con más del 50% de los votos, llegando en algunas elecciones a un porcentaje incluso mayor: en las últimas elecciones presidenciales Hugo Chávez Frías consiguió el 62,89%. Esto no lo han aceptado nunca dichas oligarquías ni los medios de comunicación progolpistas. En el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) los caciques de la provincia de Santa Cruz en la República de Bolivia tampoco, necesitados de “autonomía” para poder controlar a su antojo las enormes bolsas de gas existentes en su territorio.

Señala el art. 72 de la Constitución Bolivariana: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor al veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.” Mayor garantía democrática no puede existir. De hecho, esta Constitución es la única de América Latina que recoge la posibilidad de someter a sus gobernantes a referéndum revocatorio. El propio Chávez fue sometido a tal proceso referendatario, aprobando con nota el examen. Aun así, la derecha parafascista venezolana desconfía de la naturaleza democrática del gobierno bolivariano…

Pero el consenso democrático del que hablaba Gramsci con el fin de que las mayorías dominadas alcancen el poder y por lo tanto la posición de clase hegemónica en la sociedad adquiere todo su valor en estos países –Ecuador parece estar subiéndose también al carro de la historia de la mano de Rafael Correa, tras el fiasco del coronel “bolivariano” Lucio Gutiérrez- mediante la democratización de las instituciones y, lo más importante, mediante la participación protagónica del mismo pueblo. La creación de núcleos de desarrollo endógeno, junto con la potenciación de las misiones y la constitución del Banco de la Mujer y otros organismos sociales son también exponente máximo de la democratización de Venezuela, ya que la democracia no debe limitarse a acudir una vez cada cuatro o cinco años a las urnas.


3. NACIONALISMO INTERNACIONALISTA.

La defensa de los intereses nacionales no está reñida con los ideales integracionistas de Martí, Bolívar, Sandino o Guevara. Y no sólo bajo la bandera de la unidad de la patria latinoamericana para deshacerse de la bota del imperialismo norteamericano que tanto daño ha hecho –y hace- a los más pobres del continente. Ese nacionalismo popular se defiende pacíficamente pero organizando a sus Fuerzas Armadas y al propio pueblo bajo la figura de la “legítima defensa” ante posibles injerencias gringas, por otra parte ya consumadas y felizmente abortadas por ejemplo el 11 de abril de 2.002 con el golpe de estado Carmoníaco. Se trata asimismo de rescatar la memoria de estadistas como Salvador Allende pero revisando los errores fundados en la ingenuidad izquierdista que tanto daño hizo a Chile por culpa de la confianza depositada en elementos desleales y traidores como el fascista ya difunto Augusto Pinochet.

Ese internacionalismo socialista lo demuestran día a día los pueblos venezolano y boliviano. No sólo apoyando los logros sociales de Cuba sino reafirmando cotidianamente su voluntad antimilitarista con la denuncia constante de la agresión a Iraq, Afganistán, Líbano o Palestina.

El Socialismo del s. XXI está ante una encrucijada histórica: el socialismo de Estado o el socialismo del Pueblo. Parece que esta nueva experiencia democrática está siguiendo el camino del socialismo popular, bebiendo de las fuentes clásicas de los movimientos revolucionarios y a la vez corrigiendo los errores económicos o de libertad de expresión –con los límites, que naturalmente los tiene- que se pudieron cometer en otras experiencias vividas en el s. XX. Experiencias que, con sus aciertos y sus errores forman parte del acervo político de todos aquellos y aquellas que nos reclamamos de la izquierda democrática, revolucionaria y transformadora.

(*) Rubén Alemán Sánchez es miembro del Consejo Nacional de UNIDAD DEL PUEBLO
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