Extorsiones a diputados renuevan dudas sobre política de seguridad en México
Extorsiones a diputados en México
"Hay algunos individuos haciéndoles llamadas, para extorsionar a algunos compañeros diputados argumentando que tienen secuestradas a sus familias (...). Está resultando fuera de control este asunto", dijo la presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta, cuando el martes anunció la suspensión de la sesión plenaria.
Una veintena de diputados del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN, derecha) fueron amenazados por teléfono mediante un método de extorsión muy expandido en México en el que los delincuentes llaman, frecuentemente al azar, para pedir un rescate por un familiar supuestamente secuestrado.
La sucesión de llamados extorsivos creó pánico entre los diputados involucrados; incluso una legisladora debió ser atendida en su banca por un desmayo.
A tres días de cumplir un año al frente del gobierno, y además de los llamados, una sucesión de hechos ocurridos en las últimas horas y otros no resueltos volvieron a poner entre signos de interrogación la eficacia de la política de seguridad de Calderón, el eje central de su mandato.
Horas antes del incidente en el Parlamento, en la ciudad de Tijuana (noroeste), fronteriza con Estados Unidos, el dirigente de una organización ciudadana que viene denunciando la violencia del crimen organizado en el estado de Baja California, salvó su vida en una situación digna de película tras ser atacada su casa por un comando armado.
Alberto Capella, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, armado con un fusil de asalto que le había dejado uno de sus escoltas, pudo mantener a raya durante un cuarto de hora y repeler el ataque de unos 20 sicarios que intentaban entrar en su domicilio.
Otro caso de inseguridad se produjo en el estado de Oaxaca (sur), que el año pasado vivió un violento y largo conflicto popular en el que murieron al menos 13 opositores al gobernador Ulises Ruiz, por el que todavía no hay detenidos.
En la capital estatal una mujer fue detenida de forma violenta el lunes por varias decenas de agentes municipales y luego abusada sexualmente, según denunció, tras negarse a ceder un estacionamiento a una familiar de una funcionaria del gobierno estatal.
La detenida, Ivette Suárez, que fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 58.000 pesos (unos 5.200 dólares) acusada de haber agredido a 15 agentes, denunció haber sufrido golpes y abusos sexuales durante su arresto, indicó la prensa.
Entre varios hechos no resueltos, la ONU aseguró la semana pasada que, en contra de lo declarado por el gobierno, este año se produjeron más de una quincena de asesinatos de mujeres no resueltos en Ciudad Juárez (noroeste), donde desde 1993 se han reportado unas 400 de esas muertes.
La ONU también pidió que se aclaren las denuncias de abusos sexuales de 17 mujeres a manos de policías durante un operativo para acabar con una protesta en Salvador Atenco (centro de México).
La batalla contra el narcotráfico emprendida por Calderón ha empezado a dar resultados sólo en los últimos meses y tras una depuración total de los altos mandos policiales, con la confiscación de más de 40 toneladas de cocaína.
De su lado, defensores de derechos humanos han denunciado múltiples casos de presuntos abusos por parte de los militares que participan en los operativos contra el narcotráfico.
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MEXICO (AFP) Pese a que cuando hace casi un año fue investido presidente de México Felipe Calderón prometió "recuperar la seguridad publica", las dificultades para imponerla se expresaron incluso en el Parlamento, donde unas 20 llamadas extorsivas obligaron a suspender una sesión..."Hay algunos individuos haciéndoles llamadas, para extorsionar a algunos compañeros diputados argumentando que tienen secuestradas a sus familias (...). Está resultando fuera de control este asunto", dijo la presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta, cuando el martes anunció la suspensión de la sesión plenaria.
Una veintena de diputados del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN, derecha) fueron amenazados por teléfono mediante un método de extorsión muy expandido en México en el que los delincuentes llaman, frecuentemente al azar, para pedir un rescate por un familiar supuestamente secuestrado.
La sucesión de llamados extorsivos creó pánico entre los diputados involucrados; incluso una legisladora debió ser atendida en su banca por un desmayo.
A tres días de cumplir un año al frente del gobierno, y además de los llamados, una sucesión de hechos ocurridos en las últimas horas y otros no resueltos volvieron a poner entre signos de interrogación la eficacia de la política de seguridad de Calderón, el eje central de su mandato.
Horas antes del incidente en el Parlamento, en la ciudad de Tijuana (noroeste), fronteriza con Estados Unidos, el dirigente de una organización ciudadana que viene denunciando la violencia del crimen organizado en el estado de Baja California, salvó su vida en una situación digna de película tras ser atacada su casa por un comando armado.
Alberto Capella, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, armado con un fusil de asalto que le había dejado uno de sus escoltas, pudo mantener a raya durante un cuarto de hora y repeler el ataque de unos 20 sicarios que intentaban entrar en su domicilio.
Otro caso de inseguridad se produjo en el estado de Oaxaca (sur), que el año pasado vivió un violento y largo conflicto popular en el que murieron al menos 13 opositores al gobernador Ulises Ruiz, por el que todavía no hay detenidos.
En la capital estatal una mujer fue detenida de forma violenta el lunes por varias decenas de agentes municipales y luego abusada sexualmente, según denunció, tras negarse a ceder un estacionamiento a una familiar de una funcionaria del gobierno estatal.
La detenida, Ivette Suárez, que fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 58.000 pesos (unos 5.200 dólares) acusada de haber agredido a 15 agentes, denunció haber sufrido golpes y abusos sexuales durante su arresto, indicó la prensa.
Entre varios hechos no resueltos, la ONU aseguró la semana pasada que, en contra de lo declarado por el gobierno, este año se produjeron más de una quincena de asesinatos de mujeres no resueltos en Ciudad Juárez (noroeste), donde desde 1993 se han reportado unas 400 de esas muertes.
La ONU también pidió que se aclaren las denuncias de abusos sexuales de 17 mujeres a manos de policías durante un operativo para acabar con una protesta en Salvador Atenco (centro de México).
La batalla contra el narcotráfico emprendida por Calderón ha empezado a dar resultados sólo en los últimos meses y tras una depuración total de los altos mandos policiales, con la confiscación de más de 40 toneladas de cocaína.
De su lado, defensores de derechos humanos han denunciado múltiples casos de presuntos abusos por parte de los militares que participan en los operativos contra el narcotráfico.
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Reuters América Latina
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AFP/29/11/2007
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