BOLIVIA: Demuelen 220 casas humildes que "desvalorizaban" propiedades de vecinos ricos
El alcalde Percy Fernández destituyó a la hermana del prefecto Rubén Costas y a otros cinco altos funcionarios del municipio cruceño implicados en el escándalo
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(Bolpress y Agencias) - Maquinaria pesada de la alcaldía de Santa Cruz demolió el martes en el municipio de Warnes 220 viviendas de interés social que le costaron al Estado más de 15,8 millones de bolivianos, las cuales "desvalorizaban" lujosas propiedades que se construyen en terrenos colindantes. Seis altos funcionarios del municipio cruceño implicados en el escándalo fueron destituidos, entre ellos la hermana del prefecto Rubén Costas, en tanto que el Poder Ejecutivo inició un proceso penal en contra de los responsables.
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En el marco del Programa de Vivienda Social y Solidaria que impulsa el gobierno de Evo Morales, el 31 de octubre debían entregarse las humildes viviendas de la urbanización La Comarca, situada en el límite de los municipios Warnes y Santa Cruz de la Sierra, en beneficio de aproximadamente 760 personas de escasos recursos.
Sin embargo, a las 10 de la mañana del martes 28 de octubre, maquinaria pesada del municipio de Santa Cruz comenzó a demoler las viviendas, cada una valuada en ocho mil dólares en promedio.
La Alcaldía de Santa Cruz emitió la orden de demolición el 17 de enero, pero la medida quedó en suspenso tres meses después luego de que la Prefectura del departamento gestionó un proceso de conciliación entre representantes de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
La empresa constructora y autoridades de Warnes se comprometieron a paralizar obras hasta que se definan los límites municipales, pero los trabajos se reanudaron al amparo de un fallo del 27 de junio de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia que prohibió la demolición, informó el abogado de los adjudicatarios Marco Socaire.
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En defensa de intereses privados
La representante Presidencial en Santa Cruz Gabriela Montaño denunció que el empresario Gabriel Camacho Cuellar construye casas lujosas en terrenos que colindan con la urbanización La Comarca. Camacho y el conocido abogado Otto Richter presionaron a la Alcaldía cruceña para que se deshaga de estos vecinos pobres.
Gabriel Camacho "ya había amenazado que no iba a permitir que familias ‘carachas' (pobres) del plan de vivienda solidaria vivan cerca de sus terrenos porque bajaban el rédito económico de sus terrenos", aseguró Montaño.
La Alcaldía de Santa Cruz procedió a la destrucción de 152 viviendas para favorecer a familias ricas, ratificó el viceministro de Vivienda José Lambertin. "Existen intereses vinculados al orden económico, a potenciados que colindan con esta propiedad, a gente que odia a la gente pobre y no le quiere dar el mínimo derecho", agregó el viceministro de Justicia Wilfredo Chávez.
"Vemos que aquí existe toda una ligazón que francamente parece de terror entre autoridades del Gobierno Municipal de Santa Cruz y autoridades de la Prefectura cruceña, las mismas que actúan de una manera tan abusiva contra su propia población", dijo la representante presidencial Montaño.
El alcalde Percy Fernández destituyó a los funcionarios del municipio implicados en el caso: los oficiales mayores de Planificación y de Defensa Ciudadana, Alvaro Mier y Herland Vhiestrox, respectivamente; a la jefa de Control de Edificaciones Isabel Vera; al director de Seguridad Ciudadana Ernesto Gómez; al comandante de la Guardia Municipal Adolfo García, y a la directora de Regulación Urbana María E. Costas, hermana del prefecto de Santa Cruz Rubén Costas.
Isabel Vera insistió en que el documento conciliatorio suscrito entre las partes era claro, pero no fue cumplido. Alvaro Mier, quien emitió la resolución para la demolición en enero, explicó que el problema "era eminentemente técnico y no político", y mostró un certificado del municipio de Warnes del 10 de diciembre de 2007 que indica que los terrenos de la urbanización La Comarca están fuera de la jurisdicción de la primera sección de la provincia Warnes.
El Poder Ejecutivo inició un proceso penal contra los responsables de la destrucción de las viviendas, en tanto que el alcalde Fernández instruyó que toda la documentación del caso sea remitida al Ministerio Público.
El alcalde de Warnes Nils Carmona y representantes de la empresa constructora presentaron una demanda en la Fiscalía por daños causados al municipio y a los adjudicatarios. El fiscal de Distrito Jaime Soliz ordenó investigar el caso a los fiscales José Centenaro, Alex Osinaga y Antonio Abella.
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Sin embargo, a las 10 de la mañana del martes 28 de octubre, maquinaria pesada del municipio de Santa Cruz comenzó a demoler las viviendas, cada una valuada en ocho mil dólares en promedio.
La Alcaldía de Santa Cruz emitió la orden de demolición el 17 de enero, pero la medida quedó en suspenso tres meses después luego de que la Prefectura del departamento gestionó un proceso de conciliación entre representantes de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
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Gabriel Camacho "ya había amenazado que no iba a permitir que familias ‘carachas' (pobres) del plan de vivienda solidaria vivan cerca de sus terrenos porque bajaban el rédito económico de sus terrenos", aseguró Montaño.
La Alcaldía de Santa Cruz procedió a la destrucción de 152 viviendas para favorecer a familias ricas, ratificó el viceministro de Vivienda José Lambertin. "Existen intereses vinculados al orden económico, a potenciados que colindan con esta propiedad, a gente que odia a la gente pobre y no le quiere dar el mínimo derecho", agregó el viceministro de Justicia Wilfredo Chávez.
"Vemos que aquí existe toda una ligazón que francamente parece de terror entre autoridades del Gobierno Municipal de Santa Cruz y autoridades de la Prefectura cruceña, las mismas que actúan de una manera tan abusiva contra su propia población", dijo la representante presidencial Montaño.
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BolPress - Bolivia/30/10/2008
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